Eduardo Ibarra Aguirre
Si la obtención de resultados en la investigación del estallido de dos granadas de fragmentación en Morelia, Michoacán, la noche del 15, dependiera del uso y abuso de los adjetivos calificativos por los hombres y mujeres obligados a informar al país, ya tendríamos los nombres completos y las fichas policiacas de los autores materiales. Importan muchísimo más los autores intelectuales. Y éstos difícilmente serán descubiertos.
Pero si el principal obligado en actuar con responsabilidad y mesura institucionales da rienda suelta a su irritación, como si fuera un mexicano más y no el titular del Ejecutivo federal, se comprende que los ánimos exaltados se abran paso peligrosamente por todo el país y se multipliquen las voces que le exigen: “¡Proponga la pena de muerte!”
Es el miedo y la impotencia ciudadanas ante la creciente inseguridad en sus bienes y vidas la que se extiende por la República , mucho más allá de las sedes y zonas de influencia de los cárteles que desde tiempo ha sustrajeron ciudades y regiones completas a la soberanía del Estado.
Es la incompetencia de un gobierno --integrado básicamente por amigos y socios políticos-- que el 11 de diciembre de 2006 anunció la Operación Conjunta Michoacán , como el primer paso de lo que después llamó Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado –en buena medida una operación facciosa para ganar legitimidad presidencial, justificar la presencia del Ejército alrededor de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa e inhibir el vigoroso y diverso reclamo social y político--, y que 22 meses después exhibe un fracaso estrepitoso y entrega un desastre en materia de seguridad pública con un altísimo costo en vidas humanas y la impunidad a la orden del día.
Eludo deliberadamente adoptar una de las múltiples hipótesis que circulan y que la lectora Mónica Vega , nativa de Morelia, sintetiza así: “que si un grupo de narcopolíticos lleva agua a su molino, aprovechando los llamados de AMLO a sacar de Los Pinos a los panistas… que si golpe de Estado… que si el modelo del 11 de septiembre fraguado desde el interior del sistema para tener pretexto de militarizar la entidad y luego el país entero”. Además, claro está, de la generalizada acusación al narcotráfico, así como la hipótesis de que proviene de un grupo fascista. Para apuntalar a cualesquiera de ellas existen elementos suficientes, lo que falta es información clara y con fuentes identificables, como siempre sucede en nuestro país.
“Me siento triste, indignada y preocupada”, dice la editora quien, como millones de ciudadanos, no encuentra respuestas claras del gobierno de la República , sino llamados confusos y rutinarios a “la unidad nacional” –que en este país se formulan desde los tiempos en que Manuel Ávila Camacho despachaba en Palacio Nacional--, en los que con gran torpeza o aguda perversidad política Calderón Hinojosa coloca en el mismo plano a la disidencia política que “a los criminales”.
No pareciera ser un exabrupto producido por las emociones y estados de ánimo que ya singularizan sus piezas oratorias, pues el discurso del Ángel de la Independencia , del día 16, tuvo continuidad en el pronunciado en San Pedro Garza García, Nuevo León –una de las cunas de la plutocracia-- el 17, al insistir en su vacío reclamo de unidad y advertir sobre los riesgos de “pretender obtener dividendos a partir del dolor y el sufrimiento de las familias que perdieron a sus seres queridos”.
La pregunta ineludible es unidad nacional para qué y en torno de quién.
Y una respuesta la formuló la Cámara de Diputados al exigirle al principal inquilino de Los Pinos un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado y que ésta incluye a los tres poderes de la Unión , así como a los gobiernos de los estados y los municipios. Es un paso indispensable.
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