Comuneros detenidos el domingo pasado por policías municiales y estatales de Sinaloa, cuando bloqueaban la Maxipista y la carretera México-Nogales. Foto Irene Sánchez
Policías desalojaron y detuvieron a 110 comuneros en dos operativos carreteros el domingo.
Los manifestantes exigen al gobierno estatal indemnizaciones y devolución de sus vehículos.
Se han destinado unos $835 millones para atender a los quejosos, asegura subsecretario general.
Comuneros detenidos el domingo pasado por policías municiales y estatales de Sinaloa, cuando bloqueaban la Maxipista y la carretera México-NogalesFoto Irene Sánchez
Javier Valdez e Irene Sánchez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2012, p. 27
Culiacán, Sin., 2 de abril. Unos 200 afectados por la construcción de la presa Picachos iniciaron un plantón en las instalaciones de la Unidad Administrativa, sede del gobierno estatal, para exigir indemnizaciones y la liberación de los 46 campesinos que continúan detenidos, así como la devolución de sus vehículos.
Una de las inconformes en el plantón expresó: nos corrieron de la parte techada del palacio de gobierno, nos obligaron a salir y dormir a la intemperie. Si ellos no quieren que estemos adentro permaneceremos aquí, en la explanada, hasta que nos devuelvan a todos nuestros familiares y nuestros carros, pues aparte de que se llevaron a los compañeros nos quitaron los vehículos.
Señalaron que los agentes ministeriales privaron de la libertad a alrededor de 20 comuneros más que no aparecen en la lista formal de detenidos, sino que se encuentran desaparecidos.
El pasado viernes, al menos 600 pobladores de seis comunidades de la zona serrana de los municipios de Mazatlán y Concordia –donde fue construida la presa–, emprendieron una marcha simultánea de Mazatlán a la capital sinaloense, por las carreteras México-Nogales 15 y la Maxipista.
La tarde del domingo, en dos operativos simultáneos, 200 policías ministeriales –cien por cada tramo– participaron para retirar a los manifestantes de las vialidades.
El gobierno del estado emitió un comunicado donde informó que tras los operativos 110 personas fueron remitidas al Ministerio Público y ante la delegación de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Culiacán, acusadas de obstrucción de las vías generales de comunicación. Estas instancias determinarán su situación legal y la probable ejecución de órdenes de aprehensión.
Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado informaron que, luego de liberar a algunos campesinos, 46 aún rinden declaración, 20 de ellos bajo el resguardo de la autoridad local, pues fueron los que bloquearon la Maxipista, que es estatal, y el resto fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, por bloquear vías de comunicación, en este caso la carretera México-Nogales.
Jesús Santiago Marcial Liparoli, subsecretario general de Gobierno, informó en conferencia de prensa que la actual administración ha destinado recursos para atender a los quejosos. Dijo quese han invertido alrededor de 835 millones de pesos, tanto en indemnizaciones como en mejoras en viviendas, servicios públicos y otros rubos.
Campesinos abandonan diálogo
Aseguró que únicamente se adeudan pagos en cinco o siete casos y negó que haya comuneros desaparecidos. En conferencia de prensa, el funcionario estatal afirmó, insistente, que los campesinos abandonaron la mesa de negociación y optaron por la protesta, ante lo cual tuvo que actuar el gobierno y desalojarlos, porque estaban afectando a terceros.
Durante una gira de trabajo por el municipio de Mocorito, el gobernador Mario López Valdez calificó de sospechoso que los manifestantes de la presa Picachos hayan bloqueado esta carretera durante el operativo que realizan las autoridades estatales para resguardar a los paseantes.
Consideró difícil la determinación de enviar a policías ministeriales a retirar a los campesinos que marchaban por las carreteras, pero fue necesario aplicar la ley y evitar que Sinaloa sea rehén de grupos y exista la impunidad.
El mandatario estatal adelantó que se creará una mesa de diálogo para determinar el monto de recursos que han destinado las autoridades estatales y cuánto se ha entregado a cada uno de los campesinos.
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