La noche de ayer 9 de octubre del
2012, la Procuraduría General de la República tuvo que recular en su torpe e
injusto proceder y ordenó la libertad con reservas de ley de los seis
estudiantes de Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Autónoma de Guerrero,
que fueron detenidos arbitrariamente y estaban bajo arraigo para ser
investigados por el asesinato de 16 personas en Coyuca de Catalán, Guerrero.
En un comunicado, la dependencia
federal informó que a través de la Subprocuraduría de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo y la Delegación de la PGR en Guerrero, se
solicitó el levantamiento del arraigo a favor de los seis estudiantes.
Se ordenó la libertad bajo reservas de
ley de los universitarios, ya que "el representante social de la
Federación a partir de diversas diligencias, entre ellas, testimoniales,
inspecciones ministeriales, periciales en materia de informática, fotografía,
criminalística y balística, determinó que no se acreditaron las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que fueron detenidos los inculpados".
Añadió que el agente del Ministerio
Público de la Federación resolvió solicitar el levantamiento del arraigo y
concederles la libertad con las reservas de ley, "respetando en todo
momento las garantías constitucionales y derechos humanos de los probables
responsables".
Con ésta acción de mínima justicia, la
Procuraduría General de la República y el Gobierno Mexicano, no quedan libres
de culpa y solo evidencian su arrogancia y prepotencia, resultado de una
estrategia de guerra en contra del pueblo donde la mayoría de las víctimas son
gentes que nada tiene que ver con los delitos que se les fabrican, pues la
incapacidad de los cuerpos de seguridad pública, así como las fuerzas armadas
(ejército y marina), da como resultado un número cada vez más alto de lo que
pomposamente llaman daños colaterales, para explicar el asesinato,
desapariciones forzadas y la represión al pueblo, por parte de ellos mismos.
Evidentemente que aquí se cometió un
delito: la PGR no pudo comprobar que los jóvenes forman parte de la llamada
delincuencia organizada y se evidenció que se trató de un caso más de “falsos
positivos”, es decir, se trató de utilizar a los estudiantes como chivos
expiatorios. Entonces se tendrán que castigar los delitos de falsas
acusaciones, detención arbitraria, tortura, violación de derechos humanos que
han cometido la PFP, la PGR y el Estado Mexicano.
A pesar de que los estudiantes han
sido puestos en libertad bajo las reservas de la ley, nosotros consideramos que
el daño moral requiere repararse, castigarse a los culpables de ésta
arbitrariedad y limpiar la honorabilidad de los jóvenes mediante el reconocimiento
de responsabilidad del estado y de una disculpa pública.
Por ahora, es de reconocerse la lucha
ejemplar de los padres de familia que han defendido a sus hijos con rabiosa
dignidad, que dirigieron y encauzaron el proceso legal interactuando con sus
abogados y la amplia solidaridad de la sociedad y los universitarios
guerrerenses. Con el apoyo de los directivos y maestros de la Unidad Académica
de Veterinaria, su lucha fue tan digna, justa y transparente que el gobierno de
Guerrero se vio obligado a intervenir a favor de los afectados y no cerrar
filas, como generalmente sucede, con la federación.
Nos congratulamos y saludamos la
libertad de Jesús Antonio Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval
Molina, José Luis Dealmonte Díaz, Alan Francisco Alarcón García y Ricardo Muñoz
Arzate, si ellos deciden continuar su lucha por sus derechos, ahí estaremos y
nos comprometemos a seguir apoyando, solidarizándonos y acompañando las justas
luchas del pueblo guerrerense por la vida, la libertad, la justicia y los
derechos humanos.
Chilpancingo, Gro. a 10 de octubre del
2012
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