Mostrando entradas con la etiqueta Guerrero. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Guerrero. Mostrar todas las entradas

lunes, 7 de junio de 2021

Conferencia de prensa a 20 años de la Masacre del Charco (Mayo de 2018)

Sin castigo, las atrocidades del ejército en El Charco.

 


Ayutla de los Libres, Guerrero 7 de junio de 2021.– La masacre del El Charco perpetrada por el ejército es uno de los crímenes más pérfidos y cobardes que han perpetrado los militares contra padres de familia que pernoctaban en uno de los salones de la escuela primaria indígena Caritino Maldonado Pérez. Los gritos del general Oropeza Garnica de “salgan perros” condensaron el odio y la acción irracional del uso de la fuerza que ha utilizado el ejército contra la población pobre del estado de Guerrero. Estos hechos atroces se focalizaron contra indígenas del pueblo Na Savi que han pagando con su sangre la lucha contra la pobreza y la discriminación racial.

En la madrugada del 7 de junio de 1998 elementos castrenses de la XXVII zona militar arremetieron cobardemente contra los indígenas. De acuerdo con los testimonios de las víctimas y otros datos de prueba, los militares dispararon 284 municiones y lanzaron dos granadas de fragmentación. El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante asesinado, 4 adultos y un niño, heridos de gravedad y posteriormente detenidos ilegalmente, mientras que otros 22 indígenas, cuatro de ellos niños y una estudiante, fueron detenidos ilegalmente y torturados.

Por estos hechos las autoridades nunca investigaron a los militares, por el contrario, los indígenas de El Charco fueron sometidos a proceso por diferentes cargos penales como rebelión, sabotaje entre otros. Algunos de ellos fueron privados de su libertad. Para acallar este crimen el gobierno señaló a los indígenas como subversivos para garantizar impunidad a los militares y encubrir las ejecuciones arbitrarias, torturas, lesiones y detenciones ilegales que arrancaron la vida de los indígenas.

A la fecha el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha emitido un informe de admisibilidad, mientras en el plano interno las autoridades se han mostrado indolentes ante el asunto.

Como centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, condenamos la impunidad en la que se encuentra el presente caso. Es inconcebible que a 23 años no se haya iniciado alguna indagatoria ni que las autoridades locales y federales realicen investigaciones objetivas e independientes para esclarecer el caso y brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Pese a estas acciones deleznables, las víctimas y las comunidades Na Savi sobreviven en la pobreza y marginación, sin que los gobiernos atiendan las demandas históricas de los pueblos indígenas de Ayutla. Desde aquella fecha funesta quedaron en la orfandad 44 hijas e hijos de los indígenas que fueron ejecutados, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de concluir la primaria y de encontrar un trabajo digno. El gobierno los ha condenado a sobrevivir en condiciones deshumanizantes. Su fortaleza como hombres y mujeres de la lluvia que se forman en el campo, ha sido la fuente de su salvación. Siguen dando la batalla contra el oprobio y resistiendo los embates de gobiernos racistas y etnocidas. Pese a los nuevos cambios en el gobierno federal, no se ha iniciado un proceso de justicia transicional para el esclarecimiento de estos crímenes.

No se puede mantener en la impunidad hechos cruentos catalogados como graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones arbitrarias de los 10 indígenas y un estudiante, porque en los hechos los militares tienen licencia para matar. Esta herida abierta se desangra a lo largo y ancho del estado con los crímenes atroces de la guerra sucia, las matanzas y masacres perpetradas por el instituto castrense y las corporaciones policiacas.

A 23 años de la masacre de El Charco, exigimos que se abran las investigaciones prontas e imparciales para dilucidar estos hechos y ofrecer verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas.  Es impostergable la implementación de políticas públicas orientadas a resarcir los daños y proteger los derechos fundamentales de la población indígena de Ayutla de los Libres.

ATENTAMENTE.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El Charco. (del 7 de junio de 1998).

El Ejército Mexicano manchado de sangre y sin Gloria.

En El Charco,
un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros
disparados al corazón de los famélicos cuerpos,
enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indígena,
mezclada con las lágrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJÉRCITO MEXICANO
SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?
Después, los mixtecos fueron saliendo
libres nuevamente a compartir su miseria.
¡Casi dos años de prisión!
Sus familias abandonadas,
sus heridas abiertas,
el recuerdo de los muertos
y los dos sobrevivientes aún presos
en un penal de máxima seguridad.
La esperanza en que algún día no habrá impunidad
y sus hijos sonreirán llenos de vida
les sigue invitando a caminar.
EL PODER JUDICIAL SE CUBRE DE
LEGALIDAD.
¿’ÓNDE QUEDA LA JUSTICIA?

Durante la gestión de Ángel Heladio Aguirre Rivero, como Gobernador del Estado de Guerrero, la madrugada del 7 de junio de 1998, en una escuela en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, un grupo de elementos del ejército mexicano comandados por el General Alfredo Oropeza Garnica, masacró a 11 indígenas e hirió a 5 mas.

martes, 25 de mayo de 2021

¡DENUNCIA URGENTE! LOS ARDILLOS INCURSIONAN EN COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ Y HIEREN A COMPAÑERO.


Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación libre
25 de mayo de 2021.
Cuando la lucha por la vida se sostiene, la muerte acecha todo el tiempo pues desprecia la vida y por tanto la ataca con brutalidad.
Así nos ha pasado una y otra vez; lo hicimos saber y lo sabíamos el día que se presentó en la Ciudad de México el Informe "Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ" el pasado 16 de mayo. Se los dijimos a los malos gobiernos y lo sabía la prensa nacional e internacional.
Les dijimos que los grupos narco-paramilitares nos estaban matando y que a cada acción de denuncia contra estos ataques que hacemos, "Los Ardillos" nos responden con ataques y que lo seguirán haciendo mientras los malos gobiernos sigan siendo cómplices de los grupos delincuenciales.
Hoy martes 25 de mayo de 2021 a plena luz del día a las 11:50 am, el grupo narcoparamilitar que desde 2015 violenta a nuestras comunidades lo han hecho de nuevo. "Los Ardillos" desde la comunidad de Zelocotitlán, descendieron a Zacapexco, disparando contra la comunidad. Resultando herido de bala un compañero de nuestras comunidades.
Cabe resaltar que el mal gobierno no nos ha escuchado, al contrario, se ha burlado de nosotros y nosotras, programa reuniones para después cancelarlas y nos quiere ofrecer migajas. En este caso la Guardia Nacional, la Marina y la Policía estatal llegaron hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 4 horas después del ataque. Por lo tanto, responsabilizamos a Andrés Manuel Lopez Obrador, a Hector Astudillo gobernador del estado de Guerrero, a Daniel Machaca Portillo jefe de la policía Estatal del estado de Guerrero y al fiscal del estado Jorge Zuriel por el ataque y las consecuencias que éste acarree.
No nos silenciarán, seguiremos denunciando y resistiendo al crimen organizado y a los malos gobiernos.
Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.

domingo, 18 de noviembre de 2018

DE NUEVO HOSTIGAMIENTO A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI


(familia solicita apoyo)

Publicado en El Zenzontle,

Estamos consternados, lastimados, flagelados. El día lunes 12 de noviembre por la noche hubo un nuevo ataque contra los compas del CECOP: les quemaron las 4 motos acuáticas y la cabañita que en la playa tenía el compañero Marco Antonio Suástegui.

Este negocio familiar él lo inició desde hace unos 17 años (antes de que iniciara siquiera la lucha de defensa del río contra la presa la Parota), y con mucho esfuerzo lo fueron levantando poco a poco. Este ha sido su medio de vida y el sostén de su familia, además de que de ahí han aportado ingresos para el mismo movimiento; gracias a ello el compañero Marco Suástegui nunca ha tenido la necesidad de  aceptar negociaciones para vender al movimiento. Y el Gobierno lo sabía.

No habíamos querido hacer público esto hasta que contáramos con la autorización del compañero. Hoy su esposa nos informó que además de todo, el compa se puso muy mal dentro de la cárcel al saber la noticia. Este es su único medio de vida, le preocupa de qué van a vivir sus hijos mientras él sigue preso. No entiende igual que muchos de nosotros por qué hay tanta maldad en el mundo.

El compa ha dedicado 15 años a la defensa de las tierras de miles de personas, y ahora sucede esto. Esta es la cuarta vez que está preso por ser luchador social, y no dudamos que este sea una forma de hostigamiento y represión más por parte del Gobierno del estado.

Saben que los compañeros próximamente saldrán libres porque son inocentes, y saben que la defensa de la tierra y del río sigue en pie a pesar de tener encarcelados a casi todos los dirigentes del CECOP, por eso ahora vienen a lastimar a los compañeros de esta manera, y por eso también está metiendo manos dentro de la CRAC para golpear a los compañeros que han reorganizado al CECOP y la CRAC-PC de Cacahuatepec los últimos meses.

Responsabilizamos directamente a César Flores Maldonado, operador político del gobernador del estado. Desde que los compañeros lo detuvieron en la Comandancia de la CRAC-PC ubicada en La Concepción por la portación ilegal de armas de alto calibre en territorio comunitario y compra ilícita de tierras en los bienes comunales para lucrar con la posible construcción de la Presa La Parota, hubo un encono personalizado de este sujeto contra los compañeros.

Derivado de eso fue que César Flores orquestó el ataque del 7 de enero de 2018 que acabó con la vida de 11 personas, la fuga del "Chistorete", que estaba en reeducación por su propia confesión de que lo habían contratado para asesinar a Marco Suástegui; así como la detención injusta de 25 compañeros, unos campesinos defensores del río y la tierra y otros policías comunitarios.

Damos este grito desesperado, pedimos la intervención inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como medidas cautelares de protección para los familiares de los presos políticos y los compañeros defensores que estamos haciendo el proceso organizacional del CECOP y la CRAC de Cacahuatepec ahora. 

Asimismo, hemos pensado entre varios compas que sería bueno solidarizarse. Quienes puedan depositar para apoyar el sostén de la familia del compañero Marco y los otros presos, pueden hacerlo, será de mucha ayuda (así sean $50). 
La esposa del compañero ha autorizado que se deposite a este número de cuenta Santander: 20006914959.
O tarjeta: 5579 0990 1165 0381(se puede hacer desde Oxxo).

Pueden avisar mediante un mensaje de su depósito al número  7441172454 (es el celular de la esposa de Marco). O recolectar y enviar víveres a los compañeros. Recibir visitas en el penal dará mucho aliento también a estos compañeros. También pudiéramos fijar una fecha para entre varios levantar nuevamente la cabañita de los compañeros.

Confiamos en que el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan nos sabrá dar el acompañamiento jurídico tan necesario. Ya el día de ayer 14 de noviembre se presentó la denuncia formal en el Ministerio Público.

¡Exigimos justicia!

¡Castigo a los culpables!

¡Ya no más impunidad!

Y a pesar de todo,

¡La tierra no se vende!

¡Se ama y se defiende!

¡Viva el CECOP!

¡Viva el río!

¡Viva la tierra!

¡Vivan los Bienes Comunales de Cacahuatepec!

¡En pie de lucha!

¡Ni presos políticos, ni presa La Parota!

jueves, 21 de diciembre de 2017

Comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo

COMUNICADO

3 de diciembre de 2017

Al pueblo de México
A los pueblos del mundo

Estamos presentes.

Nunca como hoy nuestro pueblo había sufrido tanto la pobreza y la injusticia. Nunca como hoy la desigualdad se ha ensañado sobre el pueblo trabajador. Nunca como hoy asistimos a una política de entrega de la soberanía nacional sobre el territorio, los recursos mineros y el petróleo. Nunca como hoy había existido un gobierno que se pusiera de rodillas frente al imperio de los gringos. Nunca como hoy el gobierno había fracasado en garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos, y entregado al crimen organizado el territorio. Pero, también, nunca como hoy, el pueblo había estado tan indignado y harto de la simulación de los partidos políticos, que viven en la casa del poder y que son cómplices de la política corrupta y entreguista del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Liberación Popular somos una organización modesta pero comprometida totalmente con el pueblo. Cumple un año más de existencia. Nacimos como resultado de la injusticia que viven nuestro pueblo y de la necesidad de lograr la liberación popular, que significa construir un país auténticamente libre e independiente. Hemos crecido en medio de la estrategia de guerra sucia con la que el gobierno pretende eliminar a los mejores luchadores sociales y a los que no se doblegan ante las tentaciones del dinero, y para ello desata una ofensiva de guerra de baja intensidad en contubernio con el crimen organizado, cuya actuación nos hace recordar los escuadrones de la muerte.

Que nadie se deje engañar. El clima de violencia que se vive en el país y se agudiza en el Estado de Guerrero es solo una mascarada que pretende ocultar el verdadero problema del narcotráfico, de la demanda de drogas que existe en nuestro país vecino, y que es el gran negocio del Gobierno mexicano.

Que nadie se engañe. Las elecciones en nuestro país son la gran farsa en la que se compran votos al por mayor y sólo sirven para escoger quiénes serán los políticos que se habrán de enriquecer y que aplicarán la misma política de explotación a nuestro pueblo y de entrega de la riqueza nacional al extranjero.

Nosotros hemos escogido el camino más largo y difícil. El de construir el ejército del pueblo. Y que será el que ponga sus fuerzas en las guerras del pueblo para conseguir la justicia tantas veces prometida y tantas veces postergada.

Estamos presentes en nuestras comunidades, formando comités clandestinos y preparándonos militarmente. Acumulando fuerzas en silencio y en espera de que la semilla de la conciencia, del cambio revolucionario que nosotros y otras organizaciones hermanas estamos sembrando a lo largo y ancho del país.

Nos siguen faltando 43. Los estudiantes normalistas que fueron desaparecidos por las fuerzas políticas y militares. Pero también nos faltan a los cientos de luchadores sociales que han sido asesinados por los grupos del crimen organizado al servicio de los poderes fácticos que son los que realmente gobiernan este país.

Seguiremos creciendo en medio de la estrategia de guerra sucia y de baja intensidad. Y hacemos un llamado a los auténticos luchadores por las causas justas a que se incorporen a nuestras filas. En este cuarto aniversario de vida y organización clandestina de la FAR-LP conmemoraremos a los comandantes Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, pero también conmemoraremos al comandante Ernesto Che Guevara en el 50 aniversario de su muerte.

Por la liberación popular.
Vivan las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR-LP.

Ni un paso atrás.

Comandantes Emilio, Esperanza, Camilo y Tlacaélel


Montaña de Guerrero.

Foro “El periodismo en Guerrero bajo la violencia”

Segunda Feria Del Libro Sindical y Popular Acapulco 2017 (Zócalo -Acapulco). Noviembre 19 de 2017.


MENSAJE AL PERIODISTA ZACARIAS CERVANTES CON MOTIVO DEL ACTO DE INTIMIDACION QUE SUFRIO EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Estimado Zacarías

Recibe un saludo fraterno de nuestro Colectivo del Taller de Desarrollo Comunitario.

Nos hemos enterado por los medios de comunicación y las redes sociales del atentado que sufriste en días pasados en Chilpancingo y la verdad no nos extraña pues sabemos que vivimos tiempos de guerra, de impunidad, de barbarie. No nos extraña porque conocemos y seguimos tu trayectoria como periodista honesto y comprometido con la verdad, tan cara en éstos días.

Por tu trabajo periodístico tenemos una visión más amplia y objetiva de la realidad que vive nuestro Estado y en particular hemos sido favorecidos en diversos momentos en que has seguido nuestras actividades, dándonos coberturas muy profesionales y acompañado de alguna manera en nuestra lucha por verdad y justicia, desde que desapareció nuestro compañero Jorge Gabriel Cerón Silva y fuiste el primero en difundir ésta aciaga noticia y nuestra exigencia de su presentación con vida en marzo del 2007, pasando entre otras muchas cosas, por el violento desalojo de nuestro Módulo de Información Cultura y Denuncia y las diversas amenazas de que hemos sido objeto.

Si te decimos que te entendemos y nos solidarizamos contigo es porque hemos vivido la misma situación de sentirte amenazado de muerte y saber que estás solo a merced de la violencia y la impunidad. Seguramente por toda tu experiencia periodística tendrás tus hipótesis y certezas del origen de ésta nueva amenaza que has vivido.

Hemos visto con agrado todas las muestras de solidaridad que has recibido, sin embargo por experiencia propia te decimos que la mejor defensa que podemos tener hoy es la organización, el hacer colectiva la causa común del autocuidado con la familia y los seres cercanos y de mayor confianza. Del Estado y las autoridades no podemos esperar nada pues como tu bien sabes, en éste negocio en que las empresas del narco y sus socios de la clase política han convertido a la violencia, el que paga manda.

Como te lo hemos comentado, nosotros sostenemos que el responsable de la violencia y la inseguridad que vivimos es el Estado, no compartimos la idea de que éste sea víctima del narcotráfico, ni que está rebasado o sea fallido y menos aún que solo sea un problema de corrupción e incapacidad de unos cuantos funcionarios. El negocio conocido ahora como narco, se ha convertido en uno de los pilares de la economía capitalista neoliberal y ha sentado hondas raíces en el país y en las instituciones del Estado, por lo que este lo alienta, lo protege y hasta depende de él mismo para su sostenimiento. Las alianzas y simbiosis de la clase política y los capos del narco en el Estado, el gobierno y sus partidos de nuestro país no es circunstancial ni gratuita, pues están de por medio sus jugosos negocios y su persistencia en el poder.

Por ello vemos indispensable generar un movimiento y una movilización social, que incluya a periodistas dignos como tu, que acose al Estado no solo para buscar que diga la verdad y haga justicia, lo cual evidentemente nunca hará pues sería ponerse la soga al cuello, sino exactamente, al contrario, para desenmascararlo y que los agraviados encuentren la verdad y hagan justicia.

En nuestra opinión no serán los expertos, ni los familiares de víctimas incrustados en la institución del Estado, ni tal o cual organización o vanguardia, ni tal o cual ONG nacional ni internacional por muy buena que sea, ni siquiera la voluntad divina si la existe, la que organice la movilización y el movimiento para lograr la verdad y justicia. Estas no vendrán de arriba nunca, jamás llegarán como una limosna de los de arriba sino como una conquista de abajo y ésta es la lucha que debemos asumir todos quienes sufrimos y enfrentamos la violencia social que azota nuestro país con memoria y sin arriar o cambiar las banderas de verdad y justicia.

Te compartimos una frase que nos dirigió hace algunos años uno de tantos “procuradores de justicia” del Estado de nombre Albertico Guinto, con toda la “sapiensa” que en ese momento le daba su cargo: “No se preocupen muchachos, si alguien quisiera hacerles algo, ya se los hubiera hecho.” Como verás, esta ha sido política de Estado de los gobiernos recientes, incluyendo al actual, para revictimizar a las propias víctimas.


Vale Carnalito, salud y a seguir luchando organizados por verdad y por justicia, que es el único camino digno que nos conduce, entre otros, a la vida digna y al mundo nuevo al que todos aspiramos.

domingo, 2 de octubre de 2016

Homenaje al Camarada Sabino Estrada Guadalupe, militante del PRT

Homenaje al Camarada Sabino Estrada Guadalupe, militante del PRT, en su vigésimo aniversario luctuoso.

Evento celebrado en el marco de los festejos por el 40 Aniversario del Partido.

Ciudad de México, Agosto 27 de 2016.

Sabino Estrada fue primer presidente municipal del PRT en Copalillo, Guerrero; Presidente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular; Dirigente Nacional del PRT; Presidente del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero y Asesor del EZLN.

CAMARADA SABINO ESTRADA, PRESENTE!!!

Homenaje a Sabino Estrada


Recital Poético de Yolanda Matías, esposa de Sabino. Poesía en Náhuatl .

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Tierra Caliente Guerrero

“Tierra Caliente”. Reportaje del programa “Punto de partida” de Denisse Maerker transmitido por televisa con el tema de la situación de inseguridad en la tierra caliente de Guerrero



miércoles, 30 de marzo de 2016

COMUNICADO SOBRE AMENAZAS A INTEGRANTE DE NUESTRA ASOCIACIÓN, EL TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

Al Pueblo de México

Al Pueblo de Guerrero

A la opinión pública


Alertamos a la opinión pública y a nuestros amigos y colaboradores que el día de ayer 28 de marzo del año en curso, siendo las 12:13 del día recibimos una llamada al teléfono de nuestra oficina, de una persona del sexo masculino, identificándose como Marcos Torres de la CTM, del número 7471350172, solicitando hablar con el C. Javier Monroy y preguntando si seguía siendo el presidente de nuestra asociación, lo cual no nos pareció extraño pues por la forma en que se dirigió y pregunto por el compañero nos pareció normal.  

Al contestar el compañero Javier, dicha persona le comento que se encontraba en el Ayuntamiento y que si la dirección donde nos encontrábamos seguía siendo la misma, porque quería platicar con él para comentarle algunos pormenores del motivo de su llamada y que las siglas de CTM correspondían a los Caballeros Templarios de Michoacán, que traía un encargo y que él sabia como se mueve con la gente de su “organización” y quería saber cómo querían que lo trataran si como amigo o enemigo.

Obviamente que el compañero Javier se negó a continuar la conversación ante lo cual recibió diversas amenazas.

Pudiera parecer un intento de extorsión más de las muchas que padecemos los ciudadanos, sin embargo, nos extraña que seamos víctimas de hostigamientos en períodos en los que nos encontramos realizando actividades en favor de las víctimas de la violencia social, pues recientemente realizamos un evento para recordar a nuestro compañero Jorge Gabriel Cerón Silva a 9 años de su desaparición y a nivel nacional nos encontramos participando en el proceso de elaboración de una Ley sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares para el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas de estos delitos y de sus familiares.


Además cabe recordar que este hecho de hostigamiento no es el primero que ocurre hacia miembros de nuestra Asociación, pues, a partir de que constituimos el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, se dieron una serie de amenazas para que dejáramos de buscar verdad y justicia para nuestras víctimas.

A finales del año 2009 se iniciaron las amenazas y hostigamientos en nuestra contra, lo cual nos llevó a tomar la determinación de interponer una denuncia ante el ministerio público radicada bajo el número DGCAP/1141/2009, recibiendo como respuesta de la Procuraduría de Justicia del Estado, en voz de su entonces titular, “no se preocupen, si quisieran hacerles algo, ya se los hubieran hecho”. Como resultado de esa minimización y omisión por parte de las autoridades, nunca se investigaron los hechos, ni se nos proporcionó información sobre el estado de la denuncia, a pesar de haberla solicitado oficialmente en varias ocasiones, hasta que en el año del 2015 y solo por la intervención de la CODEHUM, de manera indolente se nos dio a conocer que la denuncia ya había prescrito, colocándonos así en un estado de indefensión y riesgo que hasta la fecha prevalece.

En febrero del 2011 fuimos desalojados con violencia del Módulo de Información, Cultura y, Denuncia que teníamos instalado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac y de lo cual están las recomendaciones de la 066/2011 de la CODEHUM y la 084/2012 de la CNDH, que hasta la fecha no se han cumplido; en el mes de agosto del mismo año nuevamente fuimos amenazados por supuestos integrantes del crimen organizado que “solicitaban cuota” para poder brindar seguridad a la labor que realizamos como resultado del desalojo y en caso de negarnos se llevarían “al jefe y al personal”.

Esta situación de hostigamiento se reactivó en el año 2012 y se mantuvo de manera constante hasta mediados del 2013 cuando fuimos retenidos en una localidad de la Costa Grande y trasladados a una entrevista no deseada con gente extraña y en un lugar apartado, relacionada con nuestras actividades de defensa de los derechos humanos en aquella región.

Nuevamente en el año 2014 alertamos de amenazas veladas de represión, cuando a principios de ese año el periódico Milenio, en una tendenciosa nota del periodista Pascal Beltrán del Río, seguramente pagada por el gobierno en turno, difamó al Coordinador de nuestra Asociación, Javier Monroy, de ser “cabeza de una célula guerrillera en Chilpancingo”.

Posteriormente en el mes de julio del mismo año de manera extraña fuimos agredidos y asaltados en un raro operativo en la Costa; posteriormente el 28 de noviembre del 2014, amaneció en el parabrisas de nuestro vehículo, un mensaje anónimo escrito en un sucio pedazo de cartón, donde nos advertían que por cada marino, militar o policía que cayera derivado de las movilizaciones por verdad y justicia para ayotzinapa, se acortaría un año de vida del compañero Javier y que además nos tenían vigilados.

Es por eso que hoy hacemos de su conocimiento lo sucedido el día de ayer, pues desconocemos el origen de estas amenazas y dado que no es la primera vez, responsabilizamos a las autoridades de la integridad física y moral de nuestro compañero Javier Monroy y demás integrantes de nuestra Asociación, pues desconocemos si son los responsables directos o son omisos y encubren a quienes nos amenazan e intimidan.

Nos preocupa además porque en diversas ocasiones hemos advertido públicamente a las autoridades de violaciones graves de derechos humanos y situaciones de riesgo de ciudadanos y comunidades que se han asumido de manera indolente e irresponsable y han derivado en hechos violentos y tragedias, como fue el caso del asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, solo por mencionar uno de tantos casos.

Por lo anterior solicitamos la solidaridad del Pueblo de Guerrero, la intervención de las instituciones de derechos humanos y de las autoridades correspondientes para que se nos otorguen las garantías necesarias y podamos seguir realizando nuestro trabajo de apoyo, orientación, asesoría y acompañamiento de las víctimas de la violencia social y de desarrollo comunitario en la entidad.



Chilpancingo, Guerrero, a 29 de marzo del 2016

domingo, 20 de marzo de 2016

Conmemoración del IX aniversario de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón Silva.

Conmemoración en Chilpancingo por el IX Aniversario de la Desaparición Forzada de Jorge Gabriel Cerón Silva; hecho ocurrido el 14 de marzo de 2007.

13 de Marzo de 2016. Árbol de la Dignidad Popular, Chilpancingo, Guerrero.


viernes, 18 de diciembre de 2015

Hallazgo de 19 cuerpos en Chichihualco Guerrero

Nota de CNN en español transmitida el 16 de Diciembre de 2015


jueves, 17 de diciembre de 2015

Entrevista del Abogado Vidulfo Rosales comentando de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los dos normalistas asesinados en diciembre de 2011 y de la situación actual en Guerrero



COMUNICADO SOBRE LAS PRESUNTAS FOSAS ENCONTRADAS POR LA PGR EN EL MUNICIPIO DE CHICHIHUALCO GUERRERO.

Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero

Los Otros Desaparecidos de Iguala

Taller de Desarrollo Comunitario A.C

COMUNICADO SOBRE LAS PRESUNTAS FOSAS ENCONTRADAS POR LA PGR EN EL MUNICIPIO DE CHICHIHUALCO GUERRERO.

El miércoles 9 de diciembre de la semana pasada fuimos enterados de la convocatoria por parte de la PGR a familiares de víctimas de la violencia social, a una “reunión privada”, para informar del hallazgo y exhumación de restos humanos en una fosa en el municipio de Chichihualco. No es la primera vez que, por lo menos en Chilpancingo, dicha dependencia convoca a familiares de víctimas condicionándoles a que participen de manera individual, “discreta” y excluyendo a sus organizaciones, en éste caso nuestro Comité.

En dicha reunión se informó del hallazgo y exhumación de 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, esto último propiciado por la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de búsqueda y exhumación de restos por parte de dichas autoridades. Nos llama la atención que ante el reclamo de los familiares asistentes acerca de que se cumpla el ofrecimiento de tomarles muestras de ADN para cotejarlas con los restos encontrados, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR solo dio evasivas y no cumplió con su compromiso, por lo que además nos queda la duda ¿Y entonces para que los convocaron?

Por otro lado, de manera confidencial por el riesgo que éste hecho implica, fuimos informados de que la persona que ubico el lugar donde se encontraba dicha fosa, es familiar de un desaparecido que dejó su lugar de residencia y comenzó a buscar por cuenta propia a su ser querido en el municipio de Chichihualco. Después de un tiempo y muchas adversidades ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos y no las autoridades.

Al hacer la denuncia anónima, las autoridades de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR acudieron al lugar ya en horas de la tarde, sin resguardar el área y sin accionar los protocolos de manera inmediata para la protección de las evidencias y resguardo del lugar, por lo que regresaron al día siguiente, encontrándose con que varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por desconocidos. Un primer reporte señaló 9 cuerpos completos, 8 semicalcinados y restos óseos diversos.

Esta información del hallazgo nos fue confirmada por compañeros del Colectivo “Los Otros Desaparecidos” de Iguala, quienes a su vez fueron informados por personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR que se reúnen con ellos semanalmente.

Nuestro Comité desde su fundación en el año 2007, ha reclamado a las autoridades que se hagan responsables de la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que en caso de haber sido asesinados e inhumados clandestinamente, realicen de manera profesional y responsable la identificación de dichos restos y que complementariamente realicen estudios de ADN a las familias que reclaman personas desaparecidas para que ambos datos sean cotejados adecuadamente y se garantice un trato digno y conforme a derechos a los cadáveres y restos humanos, así como a sus familiares, lo cual está establecido en protocolos incluso internacionales y es la forma de que a nuestro parecer y con la coadyuvancia de los familiares,  se garantice verdad, justicia y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.

Por ello nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR.

Nos preocupa que el gobernador Héctor Astudillo afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de ésta fosa, pues nos hace pensar: que algo encubre, no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño pues podría significar que el mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por ésta dependencia.

Como Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, reiteramos nuestra postura de que el Estado Mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida.

Insistimos en que no confiamos en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el Estado de Guerrero, ni tampoco en la PGR, sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral.

Por lo anterior, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el Comité “Los Otras Desaparecidos de Iguala”,  demandamos a la Procuradora General de la Republica de manera urgente una reunión con nuestros colectivos de familiares y organizaciones acompañantes,  donde sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información, que entre otras cosas discrimina a los colectivos y organizaciones de víctimas y no les garantiza a éstas plenamente sus derechos.

Al Congreso de Guerrero, al Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales les demandamos su intervención inmediata de acuerdo a sus facultades constitucionales, deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses.


¡POR QUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡POR LA VERDAD Y JUSTICIA PARA LOS ASESINADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS!

Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero

Los Otros Desaparecidos de Iguala

Taller de Desarrollo Comunitario A.C

Organizaciones Solidarias e integrantes de la Red de Enlaces Nacionales:

Desaparecidos Justicia A.C de Querétaro

Colectivo Solecito Veracruz

Nuestra Aparente Rendición (NAR)

Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.

Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C.

Asamblea Popular de Familias Migrantes

Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.

Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos

Colectivo por la Paz Xalapa

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos/as – Nuevo León

Grupo Vida

Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca

La Alameda Morelos

Unidos por los Desaparecidos de Baja California

Desaparecidos de Zapotengo Pochutla, Oaxaca

Dirección de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Voces Unidas por la Vida de Culiacán Sinaloa

GAREM Internacional

Red Retoño

Cauce Ciudadano A.C

Siempre Vivos A.C de Chilapa

Comunidad Artística

Desaparecidos del Fuerte y Zona Norte

Unión de Madres y Familiares de Desaparecidos de Sinaloa en los años 70´s

Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Cordoba Veracruz

CESEM



Chilpancingo de los Bravos a 16 de diciembre del 2015.

Presentan denuncia contra Estado mexicano en la CIDH por violaciones a Derechos Humanos de Normalistas de Ayotzinapa el 12 de Diciembre de 2011

Conferencia de Prensa


Por el cuarto aniversario de las violaciones de derechos humanos en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurridas el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero; estudiantes, familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil presentan denuncia contra el Estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Solicitan a la CIDH declare la admisibilidad de esta petición y los responsabilice por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.



viernes, 21 de agosto de 2015

Dictan nueva orden de aprehensión contra Suástegui, informa el gobierno a sus abogados

*Es la sexta causa penal contra el vocero del Cecop, y se emite cuando el Tribunal debe resolver si es liberado, dice Vidulfo Rosales. Se evidencia la intención de mantener a los luchadores sociales en prisión, señala

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El gobierno del estado confirmó que la Fiscalía General del Estado pidió una nueva orden de aprehensión contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por ataques a las vías de comunicación.

Con esta acusación sumarán seis causas penales en contra de Suástegui, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, que se encarga de la defensa del vcero del Cecop.

Después de una reunión con funcionarios del gobierno del estado, ayer en el Palacio de Gobierno, Vidulfo Rosales informó que ahí les dijeron que en unos días se emitirá una nueva orden de aprehensión contra el luchador social, pero añadió que lo grave es que se emite justamente cuando magistrados del Tribunal Superior de Justicia tienen que resolver un recurso de apelación que redundaría en su libertad.

Aclaró que el vocero del Cecop aún no ha sido notificado y la defensa ya tenía antecedente de la nueva orden de aprehensión.

Ayer, en la reunión, los funcionarios del gobierno estatal justificaron la nueva acción penal en que grupos de derecha lograron influir en la Fiscalía General del Estado, en alusión a los protestas contra la libertad de Suástegui en Acapulco.

Aunque el gobernador insiste ante la prensa en que nunca se comprometió a liberar a los luchadores sociales en prisión, porque esa tarea sólo corresponde a los jueces y magistrados, Rosales Sierra dijo que funcionarios del gobierno del estado llamaron a los abogados defensores de Suástegui porque les preocupa esta situación.

Agregó que las autoridades estatales evidencian que la intención es mantener a los luchadores sociales en prisión.
Detalló que en las cinco causas penales contra Suástegui están señalados 30 activistas opositores al proyecto la Parota, de los cuales sólo están detenidos dos, el vocero y María de la Cruz Dorantes.

Desconoce por qué no se aplicaron todas las órdenes de aprehensión, “no sé qué esperan, creo que calculan los momentos políticos. Para ellos era imperativo detener a Marco Antonio y líderes visibles”.

Reconoció que la estrategia contra el Cecop funcionó, “ya lograron el objetivo de mermar fuerzas, de debilitar, el Cecop atraviesa por eso, el debilitamiento de su estructuras, sí está causando efectos la acción del Estado”.
El 29 de septiembre se giró la sexta orden de aprehensión

Se dictará una nueva orden de aprehensión en contra del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por el delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte girada en septiembre del 2014. Es la sexta orden de aprehensión, y el sexto proceso penal su contra.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, hay una sexta orden de aprehensión en contra de Suástegui Muñoz, bajo la causa penal 150/2014-I y la averiguación previa TAB/SC/03/0409/2014.

Según un oficio 188/2014, firmado por la Fiscalía del Estado de la que tiene copia El Sur y fechado el 29 de septiembre del año pasado, se libró orden de aprehensión contra el vocero del Cecop y otros tres integrantes.

En dicho oficio se ordena a la policía ministerial aprehender a Marco Antonio Suástegui Muñoz, Francisco Cortés Mendoza, Carlos Victoriano Loeza y José Facundo Hernández Ángel “por ser probables responsables del delito de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte cometidos en agravio de la sociedad”.

En dicho documento no se precisa cuándo se cometió el delito, pero se indicó que dicho expediente está radicado en el Juzgado Décimo Penal, y allí se libró la orden de aprehensión con fecha 23 de septiembre del 2014, y fue notificada el 29 de ese mismo mes y año. (Carlos Moreno).


Fuente: El Sur

Situación Jurídica del Vocero del CECOP Marco Antonio Suástegui.

Sesión de preguntas y respuestas en conferencia de prensa caso Marco Antonio Suástegi. Agosto 14 de 2015.


LIBERTAD A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

México DF, 14 de agosto de 2015

BOLETÍN DE PRENSA

LIBERTAD A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

El 17 de junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), movimiento que desde el 28 de julio de 2003 se opone de manera pacífica a la imposición de la presa La Parota en Guerrero, México, quienes han sido ejemplo y esperanza de muchos movimientos por el territorio y en defensa de la vida. El CECOP es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

A más de un año de su injusta detención, las organizaciones abajo firmantes, junto a muchas otras que se han sumado a esta causa, urgen a la Segunda Sala Penal en Acapulco tomar una decisión expedita, independiente y justa, que contemple las pruebas presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Marco para que se declare su libertad inmediata.

Durante una visita al penal de La Unión, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 12 de agosto, diferentes organizaciones de la sociedad civil que hoy respaldan este boletín conocieron de primera mano el testimonio de Suástegui que relató las violaciones a derechos humanos que ha sufrido desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima. El día de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, Marco fue sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo detuvieron al haber sido duramente golpeado y haber sufrido el arranque de 3 uñas de los pies. En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic en Nayarit –que fue ilegal por incurrirse en violaciones al derecho al debido proceso y a la defensa legal- el defensor de los derechos humanos fue privado de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica oportuna. En los 7 meses de permanencia en este penal fue alimentado de manera escasa, lo que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y discriminación. Finalmente, ya en el penal de la Unión, el 31 de julio de 2015 Marco Antonio recibió una carta anónima con amenazas de muerte, acción que se suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y su familia.

Las graves violaciones a derechos humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha emprendida por el CECOP y por su vocero hace más 12 años a favor de la defensa de la tierra, el territorio y formas de vida de los/as campesinos/as que serían despojados de todo lo que tienen por la construcción de la Presa La Parota. En palabras de Marco Antonio “el CECOP es la expresión del amor por la tierra”. El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado.

El caso de Marco Antonio se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio.

La Segunda Sala de lo Penal de Acapulco tiene en estos momento la posibilidad de hacer justicia y, tomando en consideración las pruebas presentadas que demuestran su inocencia al destacarse que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario, las pruebas exhibidas demuestran la fabricación de los delitos y ponen de relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, por lo que se debe dejar a Marco Antonio en libertad.

Las organizaciones abajo firmantes, somos parte de amplias redes de articulación nacional e internacional, en defensa de los ríos, el agua y los derechos económicos, sociales y culturales y estamos pendientes y preocupados por nuestro compañero Marco Antonio Suástegui, por lo que exigimos su libertad inmediata, la tutela de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.


Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar), Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), International Rivers (IR), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.