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sábado, 29 de mayo de 2021
martes, 25 de mayo de 2021
14 años de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo: Y la Justicia ¿cuándo?
Ciudad de México a 25 de mayo del 2021
Es desafortunado y agobiante
llegar a un año más de la detención desaparición de nuestros seres queridos los
luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, para
nosotros como sus familiares, es como si el tiempo se hubiese suspendido en
aquel momento en el que los vimos por última vez, en nuestra mente están
presentes siempre, pues albergamos en nuestra memoria su imagen para nunca
olvidarlos, mantener digna y firme nuestra exigencia de encontrarlos y castigar
a todos los responsables de este crimen que han cometido en su contra.
Estos 14 años, han sido sin duda
muy complejos, ya que en este largo camino de lucha quienes nos han acompañado
han padecido de manera sistemática la persecución y represión por parte del
Estado por brindar de manera solidaria y fraterna su acompañamiento;
ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, prisión por motivos
políticos, y amenazas constantes por parte de cuerpos paramilitares han sido la
constante que han padecido compañeros por abrazar una lucha fraterna, como lo
han sido integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Durante estos 14 años, si bien le
hemos arrancado al Estado por la fuerza algunos logros como la resolución de
amparo 942/2013, y el hecho de que el caso esté en la SCJN, no hemos recibido
por parte de éste voluntad política para resolverlo, sino todo lo contrario,
hasta el momento seguimos con la impunidad, injusticias, criminalización y
represión, por exigir nuestro derecho a saber la verdad y exigir justicia para
nuestros familiares detenidos desaparecidos.
Han pasado más de dos años desde
la última vez en que vimos al Lic. Alejandro Encinas, quien se comprometió a
realizar las gestiones para avanzar en la resolución del caso, sin embargo,
hasta el momento no ha habido ninguna interlocución desde el 2019 y han cerrado
los canales de comunicación para avanzar en el caso. Lo cual es muestra de la
supuesta voluntad y de su “gran compromiso contra la impunidad”.
Hoy al cumplir un año más, es
deleznable que la SCJN no haya emitido hasta el momento una sentencia respecto
del caso, es más, que ni si quiera haya agendado en la lista de temas a
discutir el caso de Gabriel y Edmundo el cual se encuentran en esta
institución, en espera, desde junio del 2020 cuando decidió atraerlo, y sobre
todo sin que se conozca el dictamen de sentencia propuesto por la Juez
Margarita Ríos Fargat. Hecho que evidencia que este gobierno no pretende ser
diferente a los demás y menos en los temas que se supone ha dicho que son
“prioridad” para su gobierno, “buscar a los desaparecidos” y “terminar con la
impunidad”.
Esta supuesta importancia de
resolver todos los casos de los detenidos desaparecidos y terminar con la
impunidad sigue ausente para la mayoría en nuestro país, y es lamentable que
sólo se utilicen las cifras y los informes para aparentar que este tema es
importante, cuando es un hecho que la situación no ha cambiado.
Como hemos reiterado en varias
ocasiones, no es en el discurso en donde se manifiesta la voluntad, sino en los
hechos y para ello se debe presentar a los detenidos desaparecidos, que saben
perfectamente en donde están, o tienen los recursos para saberlo, por aquello
de que se “justifican” que no fue en su gobierno cuando se cometieron y sin
embargo no lo han hecho.
En el caso de Gabriel y Edmundo
hay 8 detenidos actualmente en diversos penales federales por su participación
en su desaparición forzada, y dos prófugos, entre ellos el exprocurador del
estado de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez y el entonces director de la policía
ministerial Pedro Hernández Hernández y a pesar de tener sumos indicios de la
participación de elementos del ejército en el hecho, hoy 14 años después, éstos
siguen sin ser investigados y sin avance en la SCJN para que se enjuicie y
castigue a todos los responsables, tanto intelectuales como materiales.
La justicia en los casos de
desaparición forzada como en muchos crímenes de Estado, no existe, basta con
mirar los casos que han podido obtener una sentencia favorable y que sobre todo
lleve a determinar el paradero de los detenidos desaparecidos, el caso de
Gabriel y Edmundo es desafortunadamente un caso más que se encuentra en esta
misma situación. Que como hemos señalado a pesar de tener una resolución de
amparo a favor de las víctimas y de haber llegado a la SCJN, este sigue sin
resolverse producto de la nula impartición de justicia que se vive en el país.
La justicia debe manifestarse en
actos y hechos concretos, no en el papel, ya que de nada sirve que estas
existan en los códigos y en las leyes si en los hechos quienes están encargados
de procurarla y garantizarla no la cumplen.
Quienes de manera reiterada
sufrimos un crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada de un
familiar, exigimos no más impunidad y simulación, exigimos hechos concretos que
permitan transformar la situación vigente que hemos vivido desde hace 14 años y
muchos más para quienes se les ha ido la vida buscando a sus seres queridos sin
encontrarlos y ver justicia, No queremos discursos, queremos hechos y un
gobierno que se diga de transformación debe empezar por garantizar verdad y
justicia para los miles de detenidos desaparecidos.
Por ello, exigimos una vez más a
la SCJN garantizar el acceso a la verdad y la justicia, no sólo para Gabriel y
Edmundo, sino por todos los detenidos desaparecidos que de manera histórica han
sido invisibilizados y que han mantenido en la impunidad desde hace más de 40
años.
La transformación no se dará con
detenidos desaparecidos y más aun sin Verdad, Justicia, Memoria y sobre todo
garantías de no repetición.
Queremos Verdad y Justicia para
Gabriel y Edmundo y los miles de detenidos desaparecidos en el país.
¡Ni perdón ni Olvido, juicio y
castigo a los responsables!
¡Vivos se los llevaron, Vivos los
queremos!
Atentamente
Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos Hasta Encontrarlos
domingo, 29 de octubre de 2017
Facturas de muerte
¿Cuánto por una vida? ¿Quién osa
tasar el valor de un desaparecido para su familia? ¿Cómo calcula el mal
gobierno responsable de su desaparición cuanto pagar por cada uno? ¿Será:
hombre: tanto, mujer: tanto, por edad, peso y estatura: tanto, por mil 800 días
de cautiverio en sus cárceles clandestinas de campos militares y bases navales:
tanto, por cada tortura que recibieron: choques eléctricos, sumersión en aguas
negras, golpes, conato de ahogamiento, gritos e injurias: tanto, por no
quebrarse y no abandonar a pesar de todo lo anterior sus principios y
convicciones: tanto? ¡No, señores! Sólo los secuestradores le ponen precio a
sus víctimas, y ustedes y sólo ustedes, son los responsables de la desaparición
forzada de nuestros hijos y familiares.
La Secretaría de Gobernación, que
coordina y emite las órdenes para la desaparición forzada, está tratando de
convencer, por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a algunos
de los familiares de los desaparecidos políticos que están agrupados en el
Comité ¡Eureka! para que acepten un pago como reparación del daño.
¿Por qué la insistencia para que
los familiares acepten dinero por sus desaparecidos? ¿Qué está detrás? ¿Alguna
negociación internacional? ¿Cerrar de una vez por todas los expedientes de
desaparición forzada que siguen abiertos porque la imprescriptibilidad del
delito en las leyes internacionales y nacionales así lo marca?
El mal gobierno ya le quitó todo
a nuestros hijos y familiares al secuestrarlos y desaparecerlos y ahora
pretende que sus familias sean las que les quiten su dignidad a cambio de
dinero. El Comité ¡Eureka! honra la memoria de las compañeras y compañeros que
ya no están con nosotros y que hasta el último día de sus vidas jamás pensaron
en aceptar de este mal gobierno otra cosa que no fuera la libertad de los suyos
y el castigo de los culpables. Nosotros no le ponemos precio a una vida y menos
a la de nuestros hijos y familiares. Buscamos erradicar la desaparición
forzada, exigimos justicia y que acabe la impunidad. Y sostenemos nuestras
palabras: Que ni se le ocurra al mal gobierno acercarse con su factura de
muerte. Ni con todo el dinero pagarían la vida de un desaparecido.
¡Vivos se los llevaron ! ¡Vivos
los queremos!
Comité ¡Eureka!, personas y
organizaciones que se solidarizan. Rosario Ibarra, Concepción Ávila, Matilde
González, Celia Piedra, Luz Pineda, Claudia Rosario Piedra, Carlos Piedra,
Jorge Gálvez, Florentino Jaimes, Elada Nevarez, Inti Martínez Gaytán, Laura
Gaytán, Armando Gaytán, Octavio Márquez Vázquez, Alma Gómez C., Francisco V. M.
Ornelas Gómez, Carlos Fazio y 41 firmas más
(Publicado en El correo ilustrado
de La Jornada el 25 de julio de 2107).
Dos aclaraciones del Comité
¡Eureka! (Publicado en El correo ilustrado de La Jornada el 26 de julio de
2017).
Sólo para agradecerles la
publicación de nuestra carta ayer y hacer dos aclaraciones:
1) Nosotros pusimos 18,000 días
(dieciocho mil días) por los más de 47 años que lleva efectuándose la
desaparición forzada en México; no fue por error.
2) La consigna que fue acuñada en
el seno del Comité ¡Eureka! y que en un inicio sólo era gritada y publicada en
escritos por nosotros y que después también por el Frente Nacional Contra la
Represión y que ahora es de muchos, afortunadamente para el reclamo de la
libertad de los desaparecidos, pero que desgraciadamente sólo se ha replicado
en tantas voces por todo el mundo porque la desaparición forzada y la impunidad
en este país ha llegado a los niveles tan terribles que hoy vemos es: ¡Vivos
los llevaron! ¡Vivos los queremos! Es sin el se.
Conforme la fueron adoptando
otras organizaciones la fueron modificando, lo cual no hace ninguna diferencia
porque la lucha es la misma.
Estas palabras sólo tienen el
afán de aclarar porqué en la carta se redactó así y también porque tratamos de
preservar la memoria histórica de esta lucha.
Gracias de nuevo.
Comité ¡Eureka! Claudia Piedra
jueves, 31 de agosto de 2017
Comunicado del FNLS en el Día Internacional del Detenido Desaparecido
Sierra de Zongolica y sus valles
a 30 agosto de 2017
A los familiares de las víctimas
del terrorismo de Estado.
A las organizaciones
independientes, ambientalistas, defensores de los derechos humanos.
A los medios de comunicación
nacional e internacional
Al pueblo en general:
Desde la zona centro del estado
de Veracruz, integrantes del frente nacional de lucha por el socialismo (FNLS)
denunciamos:
En el marco del 30 de agosto día
internacional del detenido desaparecido, como cada año no olvidamos esta fecha
histórica, donde cada vez se suman organizaciones solidarias y personalidades
progresistas, que retoman el planteamiento como eje rector, donde al principio
nadie quería gritar por los detenidos desaparecidos, hoy el pueblo ha perdido
el miedo, decide organizarse para exigir la presentación con vida de sus seres
queridos víctimas de desaparición forzada. Esta lucha en México tiene sus
antecedentes desde los años 70 del siglo pasado, tiempo en el que se cometieron
miles de desapariciones forzadas, cuya responsabilidad es del Estado mexicano,
de ahí su política transexenal, independientemente de quien ocupe la silla
presidencial no han dejado de cometerlas.
En sus orígenes esta fecha se
empezó a reivindicar por los esfuerzos de familiares latinoamericanos que
impulsaron la exigencia de presentación con vida de sus seres queridos desde
1981, uno de ellos son la Federación Latinoamericana de Comités de Familiares
de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM). Este esfuerzo de familiares reivindicó el
30 de agosto como el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, por los más
de 810 casos documentados y posteriormente retomados y reconocidos por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre
del 2010, quienes a base de movilizaciones y acciones políticas exigieron el
juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos
aberrantes crímenes.
La detención-desaparición forzada
se objetiva contra el pueblo en general en particular contra el pueblo
organizado, las víctimas son activistas políticos, periodistas críticos y
honestos, luchadores sociales, defensores de derechos humanos y toda persona
que cuestione la ignominia que emana del Estado.
La detención desaparición forzada
como política de Estado tiene un origen de clase y un objetivo, infundir el
terror para que el pueblo organizado no desenmascare los efectos de la
dictadura del capital, donde la barbarie de las fuerzas represivas se
profundiza. Mientras el Estado mexicano y sus políticos de oficio son
indolentes, su cinismo e inhumanidad se materializa cuando la dilación y
omisión se antepone a las exigencias del pueblo y familiares de las víctimas.
A la fecha en México son más de
300 mil los detenidos desaparecidos, entre ellos están, los revolucionarios
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, nuestro compañero Fidencio
Gómez Sántiz, el activista Teodulfo Torres Soriano, Francisco Paredes Ruiz, las
hermanas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el señor Lauro Juárez, el
periodista Ramón Ángeles Salpa.
La detención-desaparición forzada
es un crimen de lesa humanidad, por su aberrante naturaleza ofende, agravia e
injuria a la humanidad en su conjunto. No sólo dañan a la persona o víctima
directa, familiares y conocidos del desaparecido, sino que afecta y lesiona a
la especie humana.
Es una práctica constante en
México para frenar la denuncia de los crímenes de Estado, es el hostigamiento
permanente a familiares de detenidos-desaparecidos a través de amenazas,
seguimiento policíaco-militar hasta la detención desaparición forzada y la
ejecución extrajudicial para que desistan de su lucha.
Esta política, pese a la magnitud
del fenómeno, desde las institu¬ciones existe el empecinamiento de extender el
halo de impunidad para los perpetradores y no para establecer un marco jurídico
que sancione y enjui¬cie a los autores materiales e intelectuales de estos
aberrantes crímenes.
Es más fácil discutir sobre
“lavado de dinero”, “corrupción”, “prepa¬rarnos para el 2018” que hablar sobre
las personas detenidas-desapa¬recidas; en algunos medios de comunicación hablan
de garantizar el proceso jurídico a las personas, pero ¿Por qué a los
detenidos-desapa¬recidos, no les garantizó ese proceso?, ¿por qué los sometieron
a ese flagelo? La respuesta es sencilla, las leyes burguesas están hechas para
garantizar impunidad e inmunidad a los responsables del baño de sangre en el
pueblo mexicano.
Razón por la que ningún militar,
funcionario o policía son juzgados y sancionados por los crímenes de Estado y
de lesa humanidad. Hacerlo sería evidenciar la responsabilidad del gobierno
mexicano en las más de 300 mil desapariciones forzadas, que el clima de terror
tiene un se¬llo de clase, porque a todas las víctimas las identifica su
condición de pobreza y miseria de pertenecer a las masas trabajadoras.
La urgencia de aprobar una Ley
sobre Seguridad Interior, está intrín¬secamente relacionada con el terrorismo
de Estado en nuestro país, porque esta medida legislativa es con la intención
de garantizar la total impunidad a las fuerzas federales, en los hechos
legaliza el Estado policíaco-militar y con ellos el cometido de crímenes de
Estado y de lesa humanidad, cuyos saldos deleznables campean en todo el
territo¬rio nacional.
Estos argumentos son la
comprobación de que en nuestro país se impone de manera paulatina un Estado
policíaco-militar, es la manifestación más nítida de la militarización no sólo
de las calles, sino de toda la vida pública. En los hechos es la expresión de
la violencia institucional con el objetivo de apuntalar una oleada represiva y
una ofensiva neoliberal que devela un panorama aún más adverso para el pueblo
mexicano.
En una desaparición forzada
participan varios agentes y funciona¬rios, no son actos esporádicos o aislados,
desde el que planea la acción, considerado como el autor intelectual, hasta el
que las ejecu¬ta, como el responsable material, ambos son el binomio que obje¬tiva
las desapariciones forzadas en México, quienes con el actual estado de derecho
tienen total discrecionalidad para cometer di¬chos crímenes.
En la actualidad existen serias
di¬ficultades para que los familiares de las víctimas sepan el paradero de las
víctimas, se investigue el caso y se castigue a los responsables; ahora con una
ley como la que pretenden aprobar sería garantizar un marco jurídico a modo,
que no permitiría conocer la verdad de los hechos, no investigaría ni
castigaría a los auto¬res materiales e intelectuales y no abonaría en lo
absoluto a la erradi¬cación esta práctica deleznable.
En el marco del Día Internacional
del Detenido-Desaparecido la exigencia de presentación con vida de todos los
detenidos-desaparecidos de ayer y hoy, continúa, porque es un crimen
imprescriptible; la solidaridad con las víctimas y familiares es un acto de
humanismo proletario, significa asumir el compromiso con nuestros hermanos de
clase y con la humanidad misma.
El Frente Nacional de Lucha por
el Socialismo, se pronuncia por la presentación con vida de los luchadores
sociales y revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya,
quienes desde el 25 de mayo de 2007 están en esta condición inhumana, son 10
años de estar en las mazmorras del Estado mexicano, bajo tortura; exigimos al
gobierno mexicano que acate la resolución 29/2014 emitida por el Noveno
Tribunal Federal Colegiado que indica su búsqueda en campos y cuarteles
militares.
Nos pronunciamos por la
presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz,
detenido-desaparecido el 5 de marzo del año 2016 en Ocosingo, Chiapas; de las
hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, detenidas-desaparecidas el 5 de
julio del año 2007 en Oaxaca; del activista político Teodulfo Torres Soriano;
del Sr. Lauro Juárez; de Francisco Paredes Ruiz, detenido-desaparecido el 26 de
septiembre del año 2007; Ramón Ángeles Zalpa, detenido- desaparecido el 6 de
abril de 2010; así como el juicio y castigo a los autores materiales e
intelectuales de este crimen de lesa humanidad, y la erradicación de flagelo en
el país y el mundo.
La actitud del gobierno mexicano
ante la desaparición forzada es de omisión, aquiescencia, impunidad, es
indiferente a las recomendaciones del grupo de trabajo de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) sobre desaparición forzada, rechaza por la vía de los
hechos la promulgación de una ley general que sancione en su justa dimensión la
ejecución de este crimen atroz.
El 30 de agosto no debe pasar
desapercibido porque representa una conquista popular, es una de las fechas que
expresa la memoria histórica del pueblo, esencialmente la importancia de la
unidad del pueblo, de unir la exigencia de más familias, organizaciones
populares y de toda persona sensible con esta exigencia.
Es una bandera de lucha para
denunciar y desenmascarar al Estado como el único responsable de este crimen de
lesa humanidad, es una necesidad política inaplazable la exigencia de
presentación con vida, así como la erradicación de este cáncer que lacera la humanidad
del pueblo.
Las consignas de ¡VIVOS SE LOS
LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! ¡DESAPARECIDOS PRESENTACIÓN! ¡AHORA SE HACE
INDISPENSABLE, PRESENTACIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES!... resuenan con
mayor fuerza en las calles, la creatividad e iniciativa del pueblo debe brillar
en la exigencia de justicia por cada una de las víctimas ante un Estado
policíaco-militar que incrementa su letalidad contra el pueblo organizado y no
organizado.
Reiteramos que los detenidos
desaparecidos por motivos políticos y sociales, son del pueblo, a ¡EXIGIR LA
PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DEL PAÍS! A exigir
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA!, el silencio y
la indiferencia no es opción ante un Estado antipopular, pro-fascista, sino la
organización y resistencia popular combativa.
FRATERNALMENTE Y COMBATIVAMENTE
¡POR PRESENTACIÓN CON VIDA DE
TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!, ¡30 DE AGOSTO NO ES DE
FIESTA, ES DE LUCHA Y DE PROTESTA? ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!
¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y PARAMILITARIZACIÓN!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS
RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA!
¡POR LA UNIDAD, OBRERO,
CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL
SOCIALISMO
FNLS
lunes, 10 de julio de 2017
domingo, 21 de agosto de 2016
Comunicado del PDPR - EPR
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS,
POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
A un año de cumplirse una década,
a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez el
Estado mexicano los sigue manteniendo en condición de detenidos desaparecidos
por motivos políticos, por su condición de revolucionarios y su militancia en
nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular
Revolucionario (PDPR-EPR).
Nueve años de impunidad del
Estado mexicano; nueve años de creciente espiral represiva contra el pueblo;
nueve años de maniobras dilatorias para tratar de sepultar en el olvido los
crímenes de lesa humanidad; nueve años de terrorismo de Estado; nueve años de
permanente revictimización de las víctimas del terrorismo de Estado; nueve años
de constante hostigamiento a los familiares de todos los detenidos
desaparecidos; nueve años donde no han cesado las detenciones desapariciones
por motivos políticos o sociales.
Nueve años que confirman que el
terrorismo es política de Estado.
Desde los gobiernos profascistas
de Ulises Ruiz y Felipe Calderón primero se negó el crimen de lesa humanidad
mientras nuestros compañeros eran sometidos a tratos crueles y degradantes en
instalaciones de los cuerpos policíaco militares; después se pretendió
desvirtuar su condición de revolucionarios al sostener la burda versión del
"ajuste de cuentas"; posteriormente se maniobró para presentarlos
como muertos y dar carpetazo al crimen de Estado respaldados en nefastos
peritos gubernamentales armando guiones a modo; en la actualidad se pretende
diluir la responsabilidad del Estado en el cometido del crimen omitiendo o
violando su propio marco jurídico oligarca.
En conjunto constituye parte de
la respuesta gubernamental para apuntalar la impunidad y la protección a los
criminales de Estado para que sigan cometiendo nuevos crímenes de lesa
humanidad, que en la actualidad las víctimas directas –tan sólo de ejecutados
extrajudicialmente y detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales-
suman más de medio millón en el transcurso de 16 años. Se configura la magnitud
del genocidio contra los oprimidos y explotados en México.
Durante todo este tiempo desde la
dictadura de opinión, los monopolios de la comunicación y los voceros oficiosos
del régimen han justificado, avalado, promovido y exigido la implementación del
terror como política de Estado, amparándose en el fetiche de la seguridad como
condición para el desarrollo económico y la "paz pública", que desde
el régimen se sostiene como política para diseminar el terrorismo de Estado en
todo el país.
En estos nueve años se confirma
también que los dueños de los monopolios de comunicación y los voceros
oficiosos del régimen enfundados en su oficio de "columnistas",
"analistas", "titulares de espacios noticiosos",... son
parte del engranaje represivo del régimen y al mismo tiempo corresponsables de
los crímenes de lesa humanidad, al desarrollar la criminal labor de
propagandistas y hacer apología a la política profascista del régimen.
Los políticos de oficio
elaboraron leyes que fortalecieron el estado de derecho oligárquico y
establecer un Estado policíaco militar, avalando los crímenes de lesa humanidad
contra todo "transgresor" de la ley; ante la magnitud del fenómeno y
la creciente protesta popular que exige juicio y castigo a los responsables del
terrorismo de Estado, oportunistamente estos mismos politicastros suman en su
discurso la "exigencia" del "esclarecimiento" y no más
"desaparecidos", es decir, sólo buscan asegurar su modus vivendi sin
enjuiciar al Estado mexicano.
Tanto el gobierno y políticos de
oficio son hipócritas y lucran políticamente con los crímenes de lesa humanidad
y el dolor de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, en sus
discursos e "iniciativas" sólo proponen la especialización y crecimiento
del aparato represivo, simulan resolver los crímenes de Estado con más
represión, medran con el dolor de las víctimas del terrorismo de Estado para
hacerse llegar más cotos de poder político y económico.
Para el pueblo va quedando cada
vez más claro que la detención desaparición forzada de personas por motivos
políticos o sociales, así como otros crímenes de lesa humanidad, son práctica y
política del Estado, dichos crímenes se cometen contra el pueblo en acciones de
carácter fascistas. También es obvio que desde el Estado nunca enjuiciarán a
los perpetradores al ser parte de ellos.
Se equivocan quienes piensan que
con el terrorismo de Estado van a quebrantar la voluntad de combatir de nuestro
pueblo y van a aniquilar su lucha y organización por la emancipación popular;
equivocados están si consideran que se abandonará la demanda de la presentación
con vida de todos los detenidos desaparecidos. En contra partida, todo este
tiempo ha significado:
Nueve años de lucha popular
contra la impunidad y el olvido; nueve años de exigir la presentación con vida
de los detenidos desaparecidos que se suman a las víctimas de los años 60's,
70's y 80's del siglo pasado; nueve años de indignación popular y dignidad
combativa que no olvida, ni perdona, ni lo haremos jamás.
Nueve años de la detención
desaparición de nuestros compañeros donde hemos encontrado y recibido la más
fraternal y sincera solidaridad por parte de nuestro pueblo; nueve años donde
sin intención de lucro o protagonismos mezquinos muchos han levantado la
bandera de la presentación con vida de nuestros militantes poniendo a
disposición de esta exigencia sus conocimientos, experiencia y disposición de
lucha, porque los detenidos desaparecidos son del pueblo.
La Comisión de Mediación, la
Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento y otros esfuerzos organizativos, en su
labor humanitaria y de solidaridad han coadyuvado a la búsqueda de nuestros
compañeros, los resultados de su invaluable acción han demostrado y confirmado
que el responsable de la detención desaparición forzada de nuestros compañeros
es el Estado mexicano. Para ellos nuestro más sincero reconocimiento, seguros
estamos que su labor sigue siendo necesaria en tanto coadyuva al conocimiento
de la verdad histórica.
Por experiencia compartida al
lado de nuestro pueblo, hemos reflexionado conjuntamente respecto a la espiral
de terrorismo de Estado que se vive en el país: ¿Qué pasaría si cada uno de los
detenidos desaparecidos hubiese estado organizado y armado? ¿Si hubiera tenido
un arma en la mano para defenderse en igualdad de condiciones ante el aparato
represivo? ¿Qué hubiera sucedido si los más de 300 mil detenidos desaparecidos
hubieran recurrido a la autodefensa armada para hacer frente a los criminales
de Estado? ¿Qué pasará si este pueblo agraviado y ultrajado desde el Estado se
arma contra sus opresores para no permitir nuevos crímenes? ¿Qué pasará cuando
nuestro pueblo decida ejercer la justicia popular?
Sólo la práctica y la historia
serán el juez y darán el veredicto de estas interrogantes. De lo que estamos
seguros es de la necesidad de que el pueblo se arme y procure su propia
autodefensa ante el terrorismo de Estado.
La exigencia popular sigue siendo
la presentación con vida y en libertad de todos los detenidos desaparecidos de
manera forzada; a lo largo y ancho del país se debe seguir exigiendo juicio y
castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa
humanidad y alto al terrorismo de Estado.
¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO DE ESTADO!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS
LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS ¡
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO
DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO
POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 52
República mexicana, a 24 de mayo
de 2016
Informe 10 Años de Desaparición Forzada por Motivos Políticos en México 2006-2016
Presentación del Informe “10 años de desaparición forzada
por motivos políticos en México 2006-2016. Mayo 25, 2016
Miguel Concha Malo
Alan García
Federico Matrogiovanni
Nadín Reyes
Sesión de preguntas y respuestas
martes, 4 de agosto de 2015
Foro “ A 7 años de la Desaparición de Edmundo y Gabriel”
Foro “ A 7 años de la Desaparición de Edmundo y Gabriel”.
Mayo de 2014.
“Son Seres
Humanos”
Padre Miguel Concha
Abogado Sandino
Rivero
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Gilberto
López y Rivas
Cierre del
Foro
Comunicado de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda del caso Gabriel Cruz y Edmundo Reyes a la Opinión Pública y al EPR
A la opinión publica
A los familiares de Edmundo Reyes
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez
Al Ejército Popular
Revolucionario.
Los integrantes de la COMISIÓN
CIVIL DE SEGUIMIENTO y BÚSQUEDA DE EDMUNDO REYES AMAYA Y DE GABRIEL ALBERTO
CRUZ SÁNCHEZ nos dirigimos a ustedes para informarles, que después de haber
sostenido una reunión el pasado 26 de mayo, con el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, Ministro Luis María Aguilar Morales, éste le solicitó a la
Primera Sala de la Corte que ejercitara la facultad de atracción respecto del
recurso de queja presentado por los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez y sus representantes legales.
Es importante recordar que el 19
de junio de 2014, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito mediante resolución ordenó al Procurador General de la República,
Ministerio Público Federal y otros se trasladaran a los lugares de detención y
ocultamiento y realizaran la búsqueda de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO
CRUZ SÁNCHEZ en las principales instalaciones militares, tomaran la declaración
de funcionarios de la PGR, funcionarios estatales y mandos militares que
hubieran estado en función en 2007 para que declararan en relación a la
desaparición; así como informaran sobre inhumación de cadáveres en centros de
detención e instalaciones militares que pudieran coincidir con la de las
víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense.
Si bien, la resolución judicial
fue categórica sobre las acciones que deben realizar las autoridades
responsables, tanto éstas, como el Juez de Distrito se han negado a acatarla en
los términos en que fue dictada, lo que dio lugar a la presentación de un
recurso de queja.
Luego de escuchar los argumentos
de la Comisión Civil y de realizar un análisis del juicio de amparo y la
sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, el Ministro Presidente le solicitó
a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que “atendiendo a las
particularidades del caso concreto y con el objeto de obtener un
pronunciamiento de la Primera Sala, que genere criterios de interés y
trascendencia sobre las medidas para la localización de las personas en
relación con las cuales se haga valer una demanda de amparo por su desaparición
forzada”.
Para la Comisión Civil resulta
evidente que la sentencia es la primera en su tipo que emite un Tribunal del
Poder Judicial de la Federación sobre un caso de desaparición forzada, en la
cual claramente se señalan las acciones que deben llevar a cabo las autoridades
civiles y militares para localizar a las personas cuya desaparición forzada se
les atribuye.
A diferencia de otros casos, las
autoridades civiles y militares no pueden negarse a declarar y a abrir los
cuarteles militares, so pena de incurrir no sólo en desacato sino también en
evidenciar la inexistencia de un orden jurídico que retóricamente utilizan para
soslayar sus obligaciones. La sentencia no sólo pone a prueba la obligación del
Estado sobre el cumplimiento de los mandatos judiciales, también pone a prueba
las facultades legales del Poder Judicial de la Federación para hacer cumplir
sus sentencias.
Dejando a un lado la distancia,
la resolución emitida por el Noveno Tribunal Colegiado guarda similitud con la
sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso
Velásquez Rodríguez Vs Honduras y que fue la base para establecer los criterios
que se siguieron en los casos subsecuentes de desaparición forzada.
Ante los miles de casos de
desaparición forzada que existen en nuestro país, la decisión de la Primera
Sala de la Suprema Corte que emita a partir del caso de EDMUNDO REYES AMAYA Y
GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, puede hacer efectivo el camino para que otras
personas reclamen mediante el amparo la desaparición forzada de sus familiares.
Atentamente
Comisión Civil de Seguimiento y
Búsqueda para el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez
integrada por:
Gilberto López y Rivas, Miguel
Concha Malo, Dolores González Saravia, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel
Álvarez Gándara, Luis Daniel Vázquez Valencia, Pablo Romo Cedano, Augusto César
Sandino Rivero Espinosa, Leonel Rivero Rodríguez, Margarita Cruz Sánchez y
Nadin Reyes Maldonado.
Ciudad de México 31 julio 2015
martes, 9 de junio de 2015
Entrega de firmas a la SCJN Caso Edmundo y Gabriel.
Mitin informativo posterior a la entrega de firmas a la SCJN. Caso Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sànchez. Mayo 26 de 2015.
martes, 26 de mayo de 2015
Foro: Desaparición Forzada. En el marco de la Gira Nacional Contra la Desaparición Forzada 2015.
Foro: Desaparición Forzada. En el marco de la Gira Nacional
Contra la Desaparición Forzada 2015. Iztapalapa, Distrito Federal. Mayo 17 de
2015.
FNLS una Historia de Lucha y Represión
Desaparición Forzada: un crimen de lesa humanidad
A 8 años de la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya se demuestra que esta práctica es una política de Estado
A 8 años de la Desaparición
Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya se demuestra que
esta práctica es una política de Estado que se mantiene impune por la
protección que existe a las fuerzas armadas, al ejército y cuerpos policiacos.
Organizaciones y abogados
continuarán con la exigencia del cumplimiento de la resolución de poder
Judicial hasta agotar todos los recursos.
Ciudad de México 25 de mayo del
2015
La desaparición forzada de los
Luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya
acontecida el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca a cargo de policías
estatales, federales y el ejército cumple 8 años en la impunidad, 8 años en los
que el Estado Mexicano le ha apostado al desgaste y al olvido de este caso y de
miles más. Sin embargo, estos 8 años para nosotros han sido de trabajo y lucha
constante en los que se ha podido evidenciar al Estado Mexicano como un estado
represor que mantiene como política sistemática la práctica de la desaparición
forzada para mantener un clima de miedo y terror en la población.
En este tiempo transcurrido han
confluido diversos esfuerzos que se han sumado a la exigencia de la
presentación con vida de nuestros familiares; Organizaciones de derechos
humanos, Populares, personas solidarias y personalidades, han contribuido con
su constancia, trabajo y dedicación a este proyecto de lucha.
En estos 8 años, a pesar de que
aun no logramos nuestro objetivo principal que es encontrar a Gabriel y
Edmundo, hemos podido evidenciar, bajo las propias leyes del Estado, que lo que
les hicieron a nuestros seres queridos constituye claramente una desaparición
forzada de personas, así lo constatan las investigaciones realizadas por la
CNDH que dieron como resultado la emisión de la Recomendación 07/2009 y la
resolución emitida el pasado 19 de junio del 2014 por el Poder Judicial de la
Federación en la que se ordena realizar la búsqueda de ambos en los principales
cuarteles militares. Con esto se deja claro una vez más que a pesar de la
negativa del Estado a reconocer la existencia de esta práctica, en los hechos
se demuestra su existencia con la respuesta de sus propias instituciones.
Con este caso sea demostrado que
la justicia no existe en nuestro país, que el Estado encubre y protege a toda
costa a los principales responsables de cometer este crimen de lesa humanidad;
militares, fuerzas armadas y las diversas corporaciones policiacas, las cuales
han permanecido impunes desde hace más de 40 años a pesar de que existen
evidencias y pruebas de su responsabilidad en cientos de violaciones graves a
derechos humanos. Lo cual es evidencia de que las desapariciones forzadas
constituyen una política de Estado que día a día cobra cientos de víctimas más
en el país. Configurándose como una práctica del terrorismo de Estado.
La desaparición forzada de
Gabriel y Edmundo es un caso emblemático, no sólo por el carácter claramente
político que este implica y la evidente participación de agentes del estado en
su desaparición, sino también porque es un caso que ha logrado por la vía
jurídica, de derechos humanos y la presión política que, instancias como la
CNDH y el poder Judicial de la Federación emitan importantes recomendaciones y
resoluciones que generan un antecedente importante en esta materia. Si bien
esta resolución a un no ha sido cumplida, por la impunidad de la que hablamos
anteriormente, queremos señalar que ha sido gracias a la presión y la
constancia que hemos logrado arrancar esta resolución judicial, nada ha sido
producto de dadivas, ni de la voluntad política del Estado, la cual no ha
existido desde hace mucho tiempo.
Esta resolución es producto de 8
años de lucha, de la organización y coordinación de varios esfuerzos que
mantenemos en alto y firme nuestra convicción de seguir luchando hasta dar con
el paradero de Edmundo y Gabriel y castigar a los culpables.
La Gira Nacional Desaparición
Forzada en México, Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Un
crimen de lesa humanidad, que inicio el 16 febrero en Oaxaca con la
participación de la comisión civil de seguimiento y búsqueda e integrantes del
FNLS visito los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Pachuca,
Michoacán, Guadalajara, tuvo como finalidad dar a conocer esta importante
resolución judicial, sensibilizar y transmitir esta experiencia de lucha para
que cada vez más personas conozcan esta situación y abracen la exigencia de la
presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, objetivo que se
cumplió al constatar en los hechos la solidaridad que organizaciones y personas
nos manifestaron en las diversas ciudades que visitamos.
Por ello, ante el clima de
violencia de Estado que se vive en el país seguimos exhortando y llamando al
pueblo a alzar la voz, a exigir el cumplimiento de esta resolución judicial y
la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país.
Señalamos tajantemente que como
familiares, organizaciones, así como los representantes legales, continuaremos
en la exigencia de esta resolución judicial hasta agotar todas las líneas de
investigación que aún quedan por realizar y lograr el paradero de Gabriel y
Edmundo.
¡Por la presentación con vida de
todos los detenidos desaparecidos del país!
¡Vivos se los llevaron, vivos los
queremos!
¡Juicio y castigo a los
responsables!
Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda,
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité Cerezo México, Radio
Estudiantil Libertaria, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Frente
Oriente, Frente Popular Francisco Villa Independiente y Campaña Nacional Contra
la Desaparición Forzada en México.
martes, 3 de junio de 2014
Comunicado del PDPR – EPR Comité Estatal de Puebla sobre los
gobiernos represivos
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE
COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO Y EL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANOS, HERMANAS,
CAMARADAS!
En la capital del estado de
Puebla como en la mayoría de las capitales del país, a la vista de propios,
turistas y extraños, todo es luminaria, modernidad y confort edificado para uso
y disfrute de todos; sin embargo esta opulencia sólo es posible para unos
cuantos, porque la mayoría se resigna o se desvive observando en los aparadores
imaginando que un día podrá obtener un banal suvenir de moda, el degustar
alimentos y bebidas en el restaurante más exclusivo del centro histórico o ser
huésped de un hotel de cinco estrellas.
Lo que interactúa
socioeconómicamente en el primer cuadro de la ciudad es de oropel, elitista y
discriminatorio; domina la desigualdad económica y social, que es profundizada
y tensada día a día, por las voraces reglas de la oferta y la demanda. Quiebran
los estanquillos comerciales y pululan las tiendas de conveniencia de
monopolios del capital nacional y transnacional, al ritmo que aumenta la
población de vendedores ambulantes, indigentes y pordioseros acosados y
extorsionados por empleados municipales y policías. Realidad que predomina en
toda la geografía del estado, que sólo varía de acuerdo al desarrollo de las
fuerzas productivas y quienes detentan los medios de producción que impacta en
la población, en sus niveles de progreso o atraso. La esencia es una:
poseedores y desposeídos; explotados y explotadores; oprimidos y opresores.
Polígono urbano blindado por
el aparato policíaco-militar para vigilar, persuadir y contener por medio del
terrorismo de Estado cualquiera de los fenómenos sociopolíticos que se
desarrollan en la entidad. La Puebla de Zaragoza es el estereotipo en el
sentido socioeconómico y político de una capital de cualquier región del mundo
bajo el régimen neoliberal. El publicitado desarrollo del estado de Puebla, con
las técnicas del marketing es con la perversa intención de imponer a nivel
local, nacional e internacional una imagen que no corresponde a la situación
actual que enfrentamos.
Es un hecho que la
mediatización y enajenación producto de la explotación asalariada y de la
opresión política en la que se encuentra sometida la mayoría de los poblanos,
sólo conoce y concibe la realidad actual del estado de Puebla en el pavimento
hidráulico, la pésima construcción o remodelación de hospitales regionales que
hoy se caen a pedazos o que ni siquiera cuentan con el equipo y personal indispensable
para atender el primer cuadro de salud, construcciones de infraestructura que
resultan un gran negocio por medio del tráfico de influencias para favorecer a
los oligarcas del ramo que conjuntamente inflaron los costos y acapararon
cientos de millones de pesos del erario público; el ineficiente engendro del
monopolio del transporte el metrobús; la ignominiosa rueda de la fortuna; la
falsa expectativa a nivel de panacea universal de la instalación de la planta
Audi; la rehabilitación del zócalo que aprovecharon para exportar el adoquín a
Francia. Ese es el estado de Puebla de relumbrón.
Obras públicas que no se
hicieron para resolver las necesidades inmediatas del pueblo trabajador, sino
que se desarrollaron por encargo del capital privado nacional y extranjero con
el fin de generar aún más plusvalía en la etapa actual de intensificación de la
acumulación y concentración originaria del capital, con lo cual Moreno Valle se
posiciona a nivel nacional e internacional como un incondicional de las políticas
neoliberales. Esto como parte de los requisitos a cumplir en el aspecto
económico si quiere mantener viva la posibilidad de ser uno de los candidatos a
la presidencia del país.
Por ello a nivel político,
el gobernador poblano desarrolló toda una maniobra que lo llevó a tener un
papel activo en la reelección de Gustavo Madero a la dirigencia nacional del
PAN. Para afianzar la candidatura, Moreno Valle requiere asegurar en Puebla
posiciones claves que le permitan consolidar su coto de poder en el estado, por
lo que impone la postulación del ahora secretario de gobernación Luis Maldonado
Venegas, quien en fechas pasadas se declarara perredista, afianzando con esto
la precandidatura a la gubernatura. Esto no es de extrañarse, Moreno Valle en
cínica actitud camaleónica, entabla alianzas con la denigrada dirigencia del
PRD, como en su momento lo hizo con la cacique sindical y asesina Elba Esther
Gordillo, con el agente esquirol del neoliberalismo contra la clase trabajadora
Javier Lozano Alarcón, así como lo hace con distinguidos sanguinarios
represores en México y el continente. Eso sin contar que mantiene en nómina a
toda la simetría electoral de la oposición electoral, sumándole un grado de
putrefacción más al estercolero en que están convertidas las cúpulas de los
partidos políticos electoreros.
Pero como los tiempos de los
"tapados" para la grande ya son obsoletos en la lucha burguesa, ahora
los que aspiren a ser los administradores, representantes y defensores de la
oligarquía nacional, transnacional y el imperialismo norteamericano en el país,
sus amos les exigen fidelidad al sistema capitalista y al régimen neoliberal
que tanta injusticia y descontento causan en los pueblos, siendo una prueba a
cumplir la institucionalización de un Estado policiaco-militar, como el eje
fundamental para gobernar e imponer políticas antipopulares y represivas.
Rafael Moreno Valle mantuvo
desde el principio de su administración, características pro-fascistas
inocultables, poniendo en puestos claves a personajes con nefastas
trayectorias. Como parte de su estrategia policiaco-militar designó a Ardelio
Vargas Fosado como Secretario de Seguridad Pública, el flamante
"repartidor de flores", personaje que negara la existencia de nuestro
Partido en el estado de Puebla, quien actualmente se encuentra en el Instituto
Nacional de Migración. Posteriormente contó con la asesoría de Oscar Naranjo,
militar colombiano especializado en contrainsurgencia quien además estuvo
involucrado en casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales implementadas con
la táctica del falso positivo, vinculado al narcotráfico y al paramilitarismo.
Dicha estrategia contrainsurgente, actualmente continúa con José Ventura
Rodríguez Verdín, que además de compartir hijo con el Secretario de Defensa
Salvador Cienfuegos Zepeda, es un militar retirado que cumple desde la
Dirección de Análisis Político estatal papel de policía-político.
Ésta lógica de poner
militares y agentes de inteligencia en Secretarias de Seguridad Pública o como
asesores, corresponde al hecho de que Puebla está entre los primeros cuatro
estados en contribución al PIB nacional por la producción estatal, además por
su ubicación geográfica estratégica ya que conecta al sur-sureste, al
golfo-pacífico del país y finalmente, por los miles de millones de dólares que
se encuentran en juego con los megaproyectos que en su mayoría están pactados
con el capital monopolista nacional y transnacional, donde éste privatiza las
ganancias pero socializa los costos de la devastación ecológica, despojando y
desplazando de sus tierras y único patrimonio familiar-comunitario a
poblaciones enteras, poniendo en riesgo su propia existencia.
En la diligencia de obtener
los méritos necesarios para complacer a la oligarquía, además de su
personalísima afición represora, despliega de forma religiosa políticas
pro-fascistas como la coloquialmente llamada ley bala, que es el colofón de una
seria de medidas arbitrarias que prohíben de forma violenta al pueblo la
libertad de derechos humanos tan fundamentales como el libre tránsito,
expresión de ideas, crítica y protesta desde las masas, la organización y
militancia política disidente. En la carrera por la candidatura y la
presidencia de la República ganará quién más fascista se erija.
Haciendo una retrospectiva,
a nivel nacional el terrorismo de Estado campea con impunidad por todo el país,
y son dos entidades federativas donde se hace la amalgama perfecta entre el
pro-fascismo y el apostolado del neoliberalismo, encarnados en Eruviel Ávila y
desde luego Moreno Valle. Siendo el sello de ambos la brutalidad y barbarie
ejecutada por medio del ejército federal, marinos, las distintas policías y
paramilitares, reflejado en los asesinados extrajudicialmente destacando los
feminicidios, desplazados de manera forzada, detenidos-desaparecidos por
motivos políticos y sociales.
En la espiral del
pro-fascismo que ha imbuido a México, desde la dictadura del capital y de
opinión, ambos entes oligarcas, se incluye al Distrito Federal con la
aquiescencia del policía Mancera, jefe capitalino quién desde que arribó al
poder por la inercia del último bastión perredista del país, se ha dedicado a
anular más del cuarenta por ciento de las políticas públicas de carácter social
y progresista que comenzaron con el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
ampliadas en calidad y cantidad con el Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el retroceso en
el Distrito Federal inicia en la administración de Marcelo en el 2006, quien de
forma hábil y velada fue coartando libertades políticas y democráticas,
reprimiendo a sectores populares bajo la cobertura de obras de destello y
eventos espectaculares. Ninguno de estos tres antecesores de Mancera, capituló
ante el régimen neoliberal y sus testaferros panistas y actualmente priistas,
como lo hizo Miguel Ángel Mancera, que de un manotazo anuló el avance en
educación, salud, acceso a la cultura y seguridad social. Él es el sepulturero
del PRD en el DF y un activo promotor para el retorno del PRI al poder en la
capital del país, que en su imaginación y las ambiciones de su grupo pueden
convertirse en puntos para aspirar a una precandidatura a la presidencia.
Uno de los ejemplos de
traición al pueblo es la impuesta legalización del control de las
manifestaciones mediante el encapsulamiento de quienes protestan. Medida
represiva que si bien inicia en el Distrito Federal se ha adoptado en estados
como Quintana Roo, San Luis Potosí, Guadalajara, Edo. de México; que a pesar de
la condena nacional e internacional, los congresistas no han quitado el dedo
del renglón para aprobarla y respaldarla. En esencia esas leyes son de perfil
pro fascista.
Hay otros, como Manuel
Velasco Coello en Chiapas que sin mayores posibilidades en la carrera
presidencial, pero en busca de la impunidad por el dispendio económico que ha
hecho en la promoción personal al estilo del jet set de su imagen, aplica
medidas autoritarias y represivas para cobrar notoriedad para entrar en la
disputa de la silla presidencial. Tanto él como el grupo oligárquico que representa
son partidarios del autoritarismo y el fascismo, probado ello con la aprobación
de la ley que prohíbe el hacer manifestaciones públicas.
En Chiapas y Puebla la
criminalización de la protesta popular se agudiza con la legislación del
"Uso Legítimo de la Fuerza" por parte del ejército mexicano. En el
caso de Chiapas esta legalización tiene dos objetivos: el primero, es el de
desarticular al movimiento magisterial-popular por representar una alternativa
que defiende los derechos de los trabajadores y de coordinación con el pueblo
chiapaneco; el segundo, respaldar a los grupos paramilitares, que durante
décadas han mantenido la protección del Estado mexicano.
En el caso de Puebla, el
gobierno oligárquico ya ha evidenciado cuál es el objetivo de aprobar esta ley
fascista: legalizar el asesinato político de luchadores sociales y defensores
de derechos humanos, así como desarticular y aniquilar todo acto de protesta
organizada o espontánea que reivindique y exija derechos fundamentales. Ley
dirigida en contra de académicos progresistas, profesionales de la información,
pueblo organizado, así como de comunidades indígenas y campesinas que se oponen
a ser despojados de sus territorios a causa de megaproyectos mineros,
hidroeléctricos, gasoductos, carreteros, etc., para garantizar las inversiones
económicas de las empresas que serán beneficiadas con la reciente aprobación de
la Ley Energética y de Expropiación.
Basta hacer un análisis
comparado del concepto de Agresión entre la llamada Ley para proteger los derechos
humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de
las instituciones policiales del Estado de Puebla y el Manual del uso de la
fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas (publicado en el Diario
Oficial de la Federación este 30 de mayo del presente año). Tanto la Ley como
el manual están estructurados premeditadamente con una genérica ambigüedad,
donde cada vericueto legaloide equipara a rango criminal a cualquier persona
que responda legítimamente para salvaguardar su integridad física, su familia y
su patrimonio, sobre todo si lo hace de manera organizada con motivaciones
económicas, sociales y políticas. Ante tanta "vulnerabilidad" de las
fuerzas represivas tuvieron que robustecer legalmente al ejército y la marina,
y las diferentes corporaciones policíacas para actuar –a nivel personal o
destacamento– a "su libre albedrío y criterio" contra cualquier
ciudadano o movimiento popular, con tan sólo el llamado de alguna autoridad
civil que requiera el "apoyo" del mismo.
Asimismo, en el Capítulo I,
Concepto y Principios Sobre el Uso de la Fuerza define "El Concepto de la
Expresión Uso de la Fuerza. Es la utilización de técnicas, tácticas, métodos, y
armamento que realiza el personal de las fuerzas armadas para controlar,
repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva
grave". Siendo la "Resistencia no agresiva: conducta de acción u
omisión que realiza una o varias personas, exenta de violencia, para negarse a
obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personal de las
fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado como tal." En
concreto, se pretende que ahora el ejército y policías regulen, controlen,
mediaticen y dirijan por la vía de los hechos mediante la violencia y el uso de
armas cómo tienen que ser las dinámicas tanto en recorrido, contenido como en
forma de expresión de las manifestaciones y acciones políticas de masas.
En referencia al contexto
político de las manifestaciones, la Ley define los "factores que deben ser
tomados en cuenta en los operativos: El poder numérico de los manifestantes.
Las circunstancias de tiempo y lugar en las que se lleven a cabo las
manifestaciones. El fin que persigue la manifestación, ya sea de confrontación
o mera manifestación de ideas. Los aspectos políticos o socioeconómicos
imperantes en el momento de la manifestación". Sustancialmente, el Manual
y la Ley son supraconstitucionales, disfrazados de normas secundarias para que
toda expresión de manifestación sea tipificada para el gobierno mexicano como
un acto de violencia, con lo cual se justifica el uso del monopolio de la
violencia y la fuerza del Estado, ahora con el uso de las armas contra
manifestantes desarmados.
En las movilizaciones y
acciones políticas de masas se ha podido constatar la táctica del aparato
policíaco-militar que despliega contra las manifestaciones: el primer cordón de
policías va con tolete, escudo y macana, mientras que el nivel medio lleva
armas cortas y bazucas que lanzan gas lacrimógeno, además de la utilización de
policías vestidos de civil también armados que actúan para el infiltre y
apañón; todos bajo las órdenes de un mando, ya que en los operativos siempre
hay un mando superior operativo y otro estratégico que determinan el acto
represivo a ejecutarse, por eso es falso que los policías de menor rango actúen
por voluntad y criterio propio. Con lo cual legalizan por un lado, que los
policías rasos se vuelvan el chivo expiatorio de la política policíaco-militar,
desviando la responsabilidad de mandos y del Estado, hacia simples
"errores individuales" y hasta "humanos", que entrando al
teatro legaloide terminan eximiéndolos de una condena real y verdaderamente
justa, quedándose en simples amonestaciones en donde desde el principio se
anula el derecho humano de acceso a la justicia para las víctimas.
Los casos represivos que se
han dado en lo que va del año en Puebla, no es más que la reedición de
prácticas coercitivas en las que el derecho a la protesta es cancelado, el
derecho de petición para la solución de demandas políticas se vuelve una trampa
para encarcelar y desaparecer a luchadores sociales con el objetivo de
descabezar el movimiento y causar terror en la población para que ceje de
manifestarse.
Los hechos lo demuestran:
desalojo de colonos en Ampliación Xilotzoni y encarcelamiento de su líder el
octogenario Delfino Flores; encarcelamiento de los opositores al gasoducto del
Proyecto Integral Morelos: Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís,
Abraham Cordero Calderón, además de otras órdenes de aprehensión por ejecutarse
y la entrada del ejército en comunidades en las que pasará dicho proyecto;
persecución contra Avelino Vélazquez Tapia, contra el Dr. Ricardo Pérez Avilés;
amenazas contra los estudiantes de sociología de la BUAP Alberto Melchor
Montero, Jesús Rene Trujillo Dorado, Aranza Vargas Montes e Iliana de Jesús
Lozano; amenazas contra el sacerdote Martín Hernández Martínez; detención de
los jóvenes estudiantes Juana Marcelino y Daniel García; violencia en las
preparatorias de la BUAP contra estudiantes organizados; amenazas contra Yadira
Llaven, periodista de la Jornada de Oriente; incursiones de 23 camionetas de la
policía en Huehuetlan el Grande, hechos vinculados a intereses de la minera
Autlan; amenazas de muerte a Rubén Sarabia Sánchez "Simitrio"; eso
sin mencionar que las cifras de crímenes de odio ya sea por homofobia o
feminicidio están en aumento...
Porque en los actuales
tiempos de crisis estructural del capitalismo, no hay muchas alternativas de
solución, cuando el capitalismo toca fondo y colapsa sólo hay dos soluciones,
la burguesa o la proletaria esto es fascismo o revolución.
Aprovechamos la oportunidad,
para enviar un saludo y abrazo revolucionario a mujeres y hombres de los
distintos sectores populares, que de forma individual y colectiva mantienen la
exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del
país por motivos políticos y sociales, así como de nuestros compañeros Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Nuestra manera de agradecer su
gesto humanitario es continuar enarbolando las banderas de la revolución y el
socialismo desde nuestras trincheras de lucha.
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE
TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS
DE AYER Y HOY!
¡LIBERTAD DE TODOS LOS
PRESOS POLÍTICOS!
¡A CERRAR FILAS CONTRA EL
TERRORISMO DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DE PUEBLA
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA DE ZONA
DEL
EJÉRCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO
CZ-EPR
Año 50.
Heroica Puebla de Zaragoza,
a 02 de junio de 2014.
martes, 27 de mayo de 2014
Comunicado del PDPR - EPR a 7 años de la detención-desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS
DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
Este 25 de Mayo se cumplen siete
años de la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y
Gabriel Alberto Cruz Sánchez, son siete años de impunidad, de cerrazón, de
complicidades veladas y abiertas para pretender llevar al olvido este crimen de
lesa humanidad y enterrar una demanda nacional de miles de mexicanos que viven
el mismo dolor causado con la aquiescencia del Estado desde hace décadas.
Nuestros camaradas Edmundo Reyes
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son dos revolucionarios que están en esta
condición de detenidos-desaparecidos por su actividad político revolucionaria
que consistía en impulsar las tareas de la revolución que iban desde organizar
la base social, construir la base política y dar alternativas política e
ideológicas tanto en las estructuras internas del partido como los diferentes
sectores populares.
Actividad revolucionaria que no
puede estar desligada a la actitud correcta ante la vida, con ello queremos
decir que nuestros compañeros en cada esfuerzo de organización, de
construcción, de dirección revolucionaria de las masas movilizadas llevaban implícita
la actitud humanista del transformador social, porque así nos forja la praxis
revolucionaria.
Fueron detenidos-desaparecidos
porque en su actividad constructora figuraba el esfuerzo permanente de
organizar a nuestro pueblo contra sus opresores, es decir, lo mismo politizaban
en una colonia popular que en una lejana comunidad; con el mismo fervor
enseñaban a leer y escribir a niños, jóvenes y adultos excluidos del sistema
educativo escolarizado; por eso construían conciencia de clase y con su actuar convocaban
al progreso colectivo por medio de la acción transformadora del individuo para
poder llegar a la transformación de la sociedad.
Ejemplo de dignidad y congruencia
que hoy en su condición siguen librando batallas en la circunstancia que se
encuentran como siempre lo hicieron cuando estaban físicamente entre nosotros.
Físicamente no están con nosotros porque hoy el Estado los mantiene recluidos
en mazmorras clandestinas en estado permanente de tortura, porque tanto es el
cinismo de sus captores criminales que hoy por medio de pintas hacen alarde de
seguirlos torturando.
Resistan compañeros como lo han
hecho hasta ahora guardando los secretos de la revolución, de nuestra parte
también continuamos exigiendo su presentación vivos y en libertad, una demanda
de miles de mexicanos por la presentación de los detenidos-desaparecidos de
ayer y hoy.
La larga noche de terror de los
gobiernos panistas de Fox y Calderón la sigue continuando el gobierno de Peña
Nieto, a los crímenes de lesa humanidad de los gobiernos panistas le ha sumado
otros miles más el actual gobierno priista. Qué equivocados estaban aquéllos
que infundadamente esperaban e hicieron creer que venían tiempos de cambio con
el PRI.
A la exigencia de la presentación
de las víctimas del Estado ha respondido con la clásica demagogia priista, con
una maraña burocrática, con el intento de inhibir la lucha de familiares y
amigos por medio de la cooptación, la coacción y la represión. La creación de
una instancia burocrática más con fines policiacos es el cinismo y burla sin
límites de esta junta administrativa que también tiene manchada las manos de
sangre del pueblo.
En ese contexto utiliza para sus
aviesos fines a personas que con buena fe aún creen en el gobierno a la vez que
a otras, ya cooptadas que se dedican a atacar a nuestro partido con infamias y
a algunas ONG’s de prestigio por su trabajo en el pueblo. Ambas sirven al mismo
propósito fortalecer al Estado.
En burda maniobra intentó diluir
la magnitud de los crímenes de lesa humanidad presentando una lista manipulada
y rasurada, reduciendo las más de 70 mil detenciones-desapariciones a la
raquítica lista de 25 mil. Independientemente de lo conservadora de la cifra
“filtrada” expresa su política de Estado: la detención desaparición de personas
por motivos políticos o sociales es una política de Estado en México de
carácter transexenal. El carácter policíaco de instituciones del gobierno se
ejerce en el trato dado a los familiares y amigos de los
detenidos-desaparecidos.
Desde el Estado se continúa
revictimizando a familiares y amigos, una expresión más del terrorismo de
Estado, una acción más del Estado policiaco-militar, una agresión más al
pueblo.
A siete años de la detención
desaparición de nuestro compañeros agradecemos profundamente la solidaridad
incondicional del pueblo y sus organizaciones, gesto de humanismo y solidaridad
que fortalece la entereza de nuestros compañeros cautivos y fortalece nuestras
convicciones para continuar en las filas de la revolución, exigiendo desde esta
trinchera la presentación de ellos y de todos los detenidos desaparecidos del
país por motivos políticos y sociales.
Si del Estado sólo se ha tenido
arrogancia, cinismo, burocratismo, maniobra palaciega, autoritarismo, burla,
hostigamiento e impunidad; ante la demanda de la presentación de miles de
detenidos desaparecidos enarbolada por miles de ciudadanos es necesario valorar
y revalorar las formas de lucha que se han estado implementando.
Hermanos, hermanas, madres y
padres, seres queridos y amigos víctimas de los crímenes de lesa humanidad,
sinceramente creemos y les proponemos que es necesario desarrollar
cualitativamente las formas de lucha y seguir combinando de forma creativa y
flexible todas las formas de lucha a su alcance.
Al gobierno de Enrique Peña Nieto
le exigimos dé respuesta positiva a la exigencia de presentación con vida de
nuestros compañeros y el resto de detenidos desaparecidos del país.
Ante la continuidad de los
crímenes de lesa humanidad en México y premeditada indolencia del actual
gobierno mexicano, nos dirigimos a los organismos naciones e internacionales
defensores de los derechos humanos no gubernamentales para solicitarles de la
manera más atenta su solidaridad y gestiones humanitarias para encontrar a
nuestros compañeros y coadyuvar a dar curso al caso de nuestros compañeros en
las instancias internacionales de impartición de justicia y en pro de los
derechos humanos.
Un gobierno que continúa con la
política de cometer crímenes de lesa humanidad como política de Estado, no sólo
debe recibir recomendaciones y amonestaciones, ante todo, debe ser enjuiciado
para castigar a los responsables materiales e intelectuales, que siguen bajo el
amparo y la protección del Estado.
A los familiares y amigos de
nuestros compañeros concluye un año y empieza otro más de lucha a la cual hay
que darle nuevos bríos e imprimirle más dinamismo y creatividad, sepan ustedes
que el dolor que los embarga es nuestro, pero éste lo debemos transformar en
acción revolucionaria. Para amigos y familiares de todos los detenidos y
desaparecidos recuerden a un gobierno represor, sólo se le puede enfrentar con
la coordinación y la unidad de esfuerzos y capacidades político-organizativas,
ni una voz y acción por los desaparecidos dispersa y aislada, los desaparecidos
son de todo el pueblo, su causa es nuestra causa, ¿Por qué marchar por
separado?
¡A SEGUIR EXIGIENDO LA
PRESENTACION CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS
LOS PRESOS POLITICOS!
¡A CERRAR FILAS CONTRA EL
TERRORISMO DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 50.
República mexicana, a 22 de mayo
de 2014
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