México, D. F., a 30 de junio de 2011
El día de ayer, aproximadamente a las 2 de la mañana un grupo conformado por 3 integrantes del MULT, Municipio de Unificación y Lucha Triqui penetraron al domicilio de Casimiro Martínez Aguilar, vocero en la ciudad de México del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución (MC-197-10) del 7 de octubre del 2010 había solicitado al Estado mexicano de manera oficial y por escrito, el establecimiento de medidas cautelares de protección tanto como para Casimiro como para otros 134 indígenas triquis pertenecientes al Municipio Autónomo de San Juan Copala quien forman parte de una comunidad que ha vivido una serie de actos violentos que van desde las amenazas de muerte, el secuestro, la violación de mujeres, la mutilación, el cerco, asalto y desplazamiento de una población entera y finalmente el asesinato mediante emboscadas, realizadas entre otras personas, por integrantes del Municipio de Unificación y Lucha Triqui.
En todo este periodo el Estado mexicano ha sido omiso en el establecimiento conjunto de medidas de protección lo que ha propiciado que personas para quienes se solicitó medidas cautelares de protección hayan sufrido atentados, como el caso de la emboscada realizada en contra de Jordán González en donde resultara muerta su esposa Teresa Ramírez y otro familiar.
El día de hoy se ha solicitado a la persona encargada por el Estado mexicano para la implementación de dichas medidas, Lic. Saúl Bolaños Bolaños, Subdirector de Politicas Publicas y Monitoreo de los Derechos Humanos, de la Unidad para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación la implementación de medidas de protección inmediatas y el apoyo a la víctima para el seguimiento jurídico del caso.
El asalto al domicilio de Casimiro Martínez Aguilar fue realizado, según toda la información recabada hasta este momento, por Nicolás Merino Martínez, Aurelio Martínez García y Leberano Martínez García, todos ellos integrantes del MULT, quienes durante los últimos veces habían venido amenazando de muerte a Casimiro, por medio de sus hijos y hermano. Amenazas de muerte que explícitamente se han extendido a otras personas con el fin de evitar declaren sobre de este caso.
El Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, organismo de la sociedad civil co-peticionario de las medidas de protección para las comunidades del pueblo triqui que se han organizado en Municipio Autónomo solicita al Estado mexicano la inmediata implementación de las medidas cautelares emitidas por la CIDH el pasado 7 de octubre, atender las demandas de justicia frente a los numerosos atentados y garantizar el retorno de los desplazados de San Juan Copala a su lugar de origen en condiciones de seguridad.
Solicitamos al resto de la sociedad que no permita que las agresiones contra estas comunidades indígenas y sus representantes sigan quedando en el silencio.
Atentamente
David Cilia Olmos
Foro Permanente por la Comisión de la Verdad.
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