México DF a 13 de agosto de 2011
El trece de agosto de 2001 fueron detenidos y torturados en México Distrito Federal Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores. Los tres primeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el último indígena vendedor en mercados ambulantes.
Con estas detenciones que se llevaron a cabo sin orden de aprehensión e infligiendo tortura contra los detenidos, el gobierno de Vicente Fox pretendía resolver el caso de diferentes explosiones en bancos de la Ciudad de México, que habían sucedido cinco días antes. Sin embargo, en realidad, con dichas detenciones sólo le dio continuidad a su política de violación a los derechos humanos que cobró otras víctimas, entre ellas Digna Ochoa y Plácido, abogada que defendió a los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, quien fue asesinada el 19 de octubre de 2001.
En aquél año pocas organizaciones creyeron que el caso de los hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado sería un caso más de violación a los derechos humanos entre los muchos otros –y de mayor gravedad- que ocurrían en aquel entonces.
La gran mayoría quería creer que la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2000 por la presidencia cambiaría las cosas en materia de derechos humanos, pues el Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox llegaban a la presidencia con un discurso en el cual se expresaba la voluntad de garantizar el respeto a los derechos humanos e incluso de investigar las violaciones y castigar a los responsables.
Diez años de gobierno del PAN: seis años a cargo de Vicente Fox y cuatro y medio al mando de Felipe Calderón se han encargado de demostrar que el caso de violación a los derechos humanos que dio origen a nuestra organización es sólo uno de una larga -muy larga ya- cadena de graves violaciones a los derechos humanos en el país; que nuestro caso no fue ni es un caso aislado y que esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos nos da elementos para pensar que son producto de una política sistemática del Estado mexicano.
Afirmamos que dicha política emana del Estado mexicano porque los gobiernos del PRI actuaron con la misma política de represión por motivos políticos y de control social, con sus particularidades y formas específicas por supuesto, pero que también arrojó víctimas de ejecución extrajudicial, masacres, desapariciones forzadas, tortura y amenazas: la masacre del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, la de Acteal, Chiapas en 1997, la del Charco, Guerrero en 1998 etcétera.
Es verdad que en la actualidad la doctrina de “seguridad democrática” haya cobrado más víctimas (es probable que en ningún sexenio priísta haya habido más de 50 mil muertos), también es cierto que la participación de las fuerzas armadas es mayor; que tenemos leyes como la Ley federal contra la delincuencia organizada que viola “legalmente” los derechos humanos de los detenidos o procesados por ese delito, es evidente; que la supuesta práctica extinta de la desaparición forzada ha vuelto con más fuerza, es triste, pero es una realidad. Sin embargo, pensar que ésta es una razón para desear que el PRI regrese al poder es negarse a ver que la mayoría de los mecanismos legales e ilegales de represión política y de control social se comenzaron a establecer con este partido, y que el PAN tan sólo les dio continuidad, los amplió y los adecuó, incluso perfeccionó algunos para imponer a la mayoría de la sociedad los intereses económicos y políticos que ambos (PRI y PAN junto con otros partidos) en esencia defienden en este momento.
Hace diez años no imaginábamos que tendríamos que defender los derechos humanos en un contexto de creciente violencia del Estado y de creciente miseria económica en la gran mayoría de la sociedad; de hecho hace diez años no conocíamos la herramienta de los derechos humanos ni comprendíamos la importancia de la documentación; fue la necesidad la que creó y forjó nuestra organización, ha sido la solidaridad y el trabajo constante la que nos ha permitido mantenernos acompañando diferentes luchas de nuestro pueblo, pero también debemos decir que diez años de luchar desde los derechos humanos nos han enseñado que si bien éstos son una herramienta más que tienen los pueblos para luchar, no es la única.
Nuestro pueblo es sabio y ha creado y utilizado otras herramientas de lucha como la movilización, la difusión, la educación popular y otras más.
Estamos convencidos que en una realidad tan adversa, los defensores y las organizaciones de derechos humanos no podremos realizar con eficacia nuestro trabajo si nos desligamos del movimiento social y si no combinamos nuestras capacidades, conocimientos y experiencia con otros, en aras de alcanzar un objetivo común: superar las causas económicas, políticas y sociales que originan las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de la gran mayoría de la población.
Sabemos, por experiencia, que el Estado mexicano y sus gobiernos siempre han argumentado no ser los responsables del origen de las causas que dan pie a las graves violaciones de los derechos humanos; sabemos que negarán hasta el cansancio la aplicación de una estrategia de represión política y de control social que se fundamenta en la violación sistemática de los derechos humanos; sabemos que pretenderán engañar a la sociedad y mentir sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y dividir al movimiento social, por ello aceptarán ciertas reformas legales o responsabilidades en casos concretos, con el objetivo de disminuir la presión en su contra; pero también sabemos que si documentamos las violaciones de una manera correcta y si el movimiento social se une, podremos demostrar que mienten, que pretenden engañarnos y, sobre todo, que pretenden que en el fondo toda esta realidad injusta siga igual.
Para terminar, agradecemos profundamente la solidaridad y el cariño de muchas personas y de muchas organizaciones que han hecho posible que nuestro Comité de Derechos Humanos cumpla diez años de existencia y de trabajo, a ellos y a nuestro pueblo, víctima cotidiana de la violación a sus derechos, nos debemos, por ellos seguiremos en el esfuerzo de permanecer congruentes en la lucha que elegimos dar.
A diez años de existencia el Comité Cerezo México, organización de derechos humanos refrenda su compromiso de acompañar las luchas de nuestro pueblo en la búsqueda de condiciones de vida digna; refrenda su compromiso con la lucha por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y de conciencia, y reitera que el único responsable de cualquier atentado en contra de la integridad física, psicológica o en los bienes materiales de cualquier integrante de nuestra organización es el Estado mexicano a través de sus instituciones y personas involucradas en los hechos.
¡Por qué ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista!
¡Presos hoy, libres siempre!
¡Alto a la guerra contra el pueblo!
Comité Cerezo México
jueves, 25 de agosto de 2011
Comité Cerezo México: 10 años de luchar desde los DH por la Verdad, la Justicia y la Memoria.
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