En de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA), la primera de su tipo decretada en México y considerada por las autoridades ambientales “zona prioritarias para la conservación”, está por comenzar la construcción de un macro-complejo hotelero, sin el consenso de los pobladores y sin perseguir un verdadero desarrollo sustentable. Durante 2010 la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y empresarios privados, negociaron con los pobladores del ejido Emiliano Zapata, cuyas tierras colindan con la laguna Miramar (que es vital para la conservación), la concesión de cuatro hectáreas de terreno para la construcción del complejo y el derecho de explotación turística de la laguna por los próximos 30 años.
Varios observadores señalan que las medidas de reubicación y desalojo de poblaciones rurales –sobre todo indígenas– asentadas “irregularmente” en la RIBMA (esto es, instaladas con posterioridad a su decreto, en el año de 1978) buscan expulsar a la población para posteriormente explotar las zonas en términos turísticos o comerciales (como reservorios de diversidad biológica o para la producción de monocultivos).
Lo anterior, particularmente en el caso de las localidades “irregulares” cercanas a las lagunas Suspiro, Ocotal y Ojos Azules (donde se encuentran las comunidades de posible reubicación, Seis de Octubre y Nuevo San Pedro). Y la situación puede extenderse a un puñado de otras localidades “irregulares” (tales como, Nuevo San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Benito Juárez y Ranchería Corozal).
Así, la construcción del complejo turístico en la laguna Miramar le da la razón a quienes interpretan los procesos que tienen lugar en la selva Lacandona, en términos de privatización y subordinación. Las autoridades ambientales, que han avalado este proyecto no buscan vincular a las poblaciones locales con los beneficios y responsabilidades de la conservación, sino que, con sus acciones de facto, resultan corresponsables de los procesos de apropiación de zonas estratégicas de la Selva Lacandona.
En tal tenor se inscribe el desarrollo de centros de ecoturismo en manos de empresarios, o la reconversión de amplias zonas al monocultivo (de palma africana, o de jatropha para la producción de biocombustibles, entre otras plantaciones).
Los pobladores afectados dan cuenta de cómo se determinó el proyecto del complejo hotelero y de sus antecedentes:
El ejido Emiliano Zapata obtuvo su Resolución Presidencial en 1969. El decreto de la RIBMA, que comprende parte de las tierras del ejido, es posterior. El ejido tiene aptitud para la producción agropecuaria y el ecoturismo: tierras planas, agua abundante y un atractivo turístico inigualable. Suman 850 habitantes del ejido; son hablantes de ch’ol y de tzotzil en proporciones semejantes. Son milperos que producen para su propia alimentación. La ganadería es lo único que mandan al mercado. Son muy pocas las familias que no tienen al menos a uno de sus integrantes emigrado, trabajando fuera de la comunidad, muchos en Estados Unidos.
En 1999-2000, los ejidatarios construyeron seis cabañas rústicas, financiadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Pueden albergar a 30 huéspedes y se ubican en la cabecera del ejido, distante a 5.5 kilómetros de la laguna. Para su administración, se constituyó la Sociedad de Ecoturismo de Zapata, Laguna Miramar, la cual cuenta hoy con 125 integrantes, o sea la mayoría de los ejidatarios (salvo un pequeño número de ellos, que renunció a su participación por no resultarles redituable económicamente). No existe otra opción permanente de empleo remunerado en el lugar.
La laguna Miramar es el indiscutible atractivo de la zona. Por ello, en general, los turistas no se hospedan en las cabañas y prefieren acampar o instalar hamacas en la laguna; donde no hay mayor infraestructura para albergarlos. Por ello, en 2002-03 los ejidatarios solicitaron a la CDI y a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la instalación, en las inmediaciones de la laguna, de diez cabañas similares sobre 500 metros cuadrados. También pidieron la construcción de un camino “saca cosechas”; que serviría tanto para acceder a sus parcelas y potreros de la zona, como para mayor facilidad de acceso a los turistas.
Ambas solicitudes fueron denegadas reiteradamente entre 2004 y 2009 por la Semarnat con el argumento de la importancia de la laguna para la conservación ambiental regional.
En 2010 la Sectur informó a los habitantes de Emiliano Zapata que el proyecto de las cabañas sí era viable pero no en la forma modesta que había sido solicitado, sino como un gran complejo hotelero, en un área de 40 mil metros cuadrados (que será concesionada por los ejidatarios) distante de la laguna en poco más de un kilómetro.
El proyecto implicará 22 millones de pesos de inversión pública y privada. Se prevé la construcción de una carretera para acceder al complejo en aras de una mayor comodidad y afluencia de los turistas. Sobre los estudios de impacto ambiental y la autorización de la Semarnat, la Sectur señaló a los ejidatarios que no tenían por qué preocuparse, pues ya aquélla había efectuado los estudios respectivos y signado la autorización del proyecto.
La donación por 30 años de las cuatro hectáreas de terreno y el derecho a explotar turísticamente la laguna tendrían varias etapas: durante los diez primeros años, los empresarios turísticos que efectuarán parte de la inversión no podrán ser removidos de la administración del complejo, pero la directiva de la Sociedad de Ecoturismo de Zapata podrá formar parte de la administración, y recibir diez por ciento de las ganancias. Luego de ese plazo, los ejidatarios tendrán la opción de administrar el complejo, “siempre y cuando” se hayan capacitado (no hay claridad sobre el grado de capacitación que se demandará). De no lograrse la capacitación, la administración continuará en manos de los mismos u otros empresarios en los siguientes diez años. Concluido ese tiempo (ya en el año 2031-2032), nuevamente se abrirá la ambigua posibilidad del cambio de administración, de cara al último periodo de posesión contemplado en el convenio (que concluirá en 2041-2042).
La Sectur ofreció la creación de fuentes de empleo, pavimentar las calles del poblado, construir el camino “saca cosechas” antes demandado, arreglar el drenaje, embellecer las casas para una “mejor presentación” a los turistas, y “con el tiempo”, remodelar la primaria y la secundaria locales. Asimismo, las autoridades de Sectur indicaron a los ejidatarios que los turistas vendrían en grandes grupos y como usuarios de paquetes “todo pagado”.
Luego de que los ejidatarios conocieron la propuesta, efectuaron asambleas para discutirla. Los principales temores expresados fueron: perder el control de sus tierras; el que los empresarios “se sientan los dueños”, mientras ellos se convierten “en sus mozitos” (sus sirvientes), y quedar al margen de las ganancias. Informaron a la Sectur que no aceptaban el proyecto. Sin ocultar su molestia, antes de abordar el helicóptero que siempre la transportaba, la “licenciada Mónica”, encargada de la negociación por parte de la Sectur, increpó a los campesinos: “Está bien, si no quieren ser razonables, el proyecto se hará en la comunidad de Benito Juárez”, localidad considerada “irregular”; los ejidatarios de allí sí aceptarían, según la funcionaria, pues ya antes han solicitado proyectos similares.
Ante esa presión, la asamblea se reunió nuevamente, hubo una fuerte discusión, y el sector de la comunidad proclive al proyecto impulsó y logró por mayoría que se aceptara. A principios de 2011 se firmó el convenio entre las autoridades ejidales, la Sectur y el empresario involucrado.
El proyecto está por comenzar, pero la comunidad está dividida, y no sólo entre quienes están a favor y quienes están en contra, sino: los activos promotores, los que simplemente aceptan la propuesta ante la promesa de los empleos que serán generados; aquellos que la rechazan al considerar que perderán el control de sus tierras y quienes apoyan la idea por buscar una indemnización monetaria. También están los que se oponen mientras no haya un consenso. A decir de algunos, los promotores entusiastas del proyecto son las anteriores autoridades ejidales y representan una franca minoría.
Resulta evidente que la Semarnat usó distintos criterios “ambientales” al evaluar el proyecto y solicitud de los ejidatarios y el de la Sectur e iniciativa privada. ¿Por qué esta discrecionalidad en los criterios?
En un texto publicado por la Semarnat (Patrimonio natural de México. Cien casos de éxito), se señala que la RIBMA es uno de los casos “exitosos de conservación” a cargo de la dependencia, entre otros factores por la generación de distintos proyectos de desarrollo que vinculan a la población local con la preservación del entorno.
El proyecto de la Sectur no genera mecanismos para que las poblaciones asentadas en regiones estratégicas para la preservación ambiental puedan alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, sino que corresponde a planes de largo plazo que aseguran el control de espacios estratégicos a grupos empresariales. No implica otorgar a sectores empobrecidos fuentes de ingreso “seguras y dignas”, sino la reproducción de un modelo que divide a la sociedad entre quienes administran los bienes y conservan 90 por ciento de las ganancias y quienes hacen trabajos precarios y se reparten el diez por ciento restante.
En la lógica empresarial de la Sectur, avalada por la Semarnat, poco importa que los ejidatarios de Emiliano Zapata realicen permanentemente guardias en la laguna para, entre otros objetivos, impedir la cacería furtiva y posibilitar así la conservación de la zona, o el hecho de que, a pesar de encontrarse en una región estratégica, varias de las familias locales tengan al menos a uno de sus miembros trabajando de modo ilegal en Estados Unidos.
Más bien, las enormes carencias de la población ubicada permiten a estas autoridades presionar a los pobladores para que acepten posiciones secundarias en sus tierras y en los proyectos que ellos mismos han gestionado.
Fuente: La Jornada del Campo. Agosto 20 de 2011.
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