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domingo, 10 de enero de 2016

Jalisco, a la par de Guerrero en cifra de desaparecidos; 3 mil 300 hasta 2015


Juan Carlos G. Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 9 de enero de 2016, p. 25

Guadalajara, Jal.

La Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), organismo civil que ha destacado por defender a los nahuas del sur de Jalisco y las garantías de grupos vulnerables en la entidad, en su informe sobre los derechos humanos 2015 afirmó que el estado se encuentra a la par de Guerrero respecto del alto número de desaparecidos que hasta 2015 ascendió a 3 mil 300.

También por los intentos de entregar cenizas a deudos que buscan a sus familiares, en lugar de cuerpos, sin haber realizado pruebas de ADN para su identificación, dijo.

Jalisco está en fase regresiva dado el deficiente funcionamiento de los organismos públicos protectores como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la comisión legislativa permanente de derechos humanos y la mínima presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resume el informe.

Entre los nahuas se documentaron violaciones flagrantes en 2015, como la agresión de policías de Colima contra unos 300 ejidatarios y comuneros de Ayotitlán, Jalisco, que reclamaban más regalías al consorcio minero Peña Colorada, de la trasnacional Ternium.

También casos de despojos por mineras, la falta de indemnización por expropiaciones en los poblados de Nuevo Guayabillas, Tierra Negra, Telcruz y Las Cañadas, anexos del Ejido Ayotitlán, y talas clandestinas en el cerro del Quelitán.


El informe señala las muchas deficiencias en materia de seguridad pública, la tortura como un método generalizado y que pese al cambio de fiscal general del estado sigue sucediendo, la corrupción en el poder judicial que conlleva graves violaciones a los ciudadanos más desprotegidos y la poca atención en el poder legislativo para encabezar temas sobre la falta de respeto a los derechos humanos en la entidad.

viernes, 9 de septiembre de 2011

Detención de Rocío Moreno, un “golpe de Estado” a la comunidad de Mezcala

Guadalajara
7 septiembre 2011

Rocío Moreno salió libre bajo fianza la tarde del miércoles cerca de las 19:00 horas. Pasó detenida 25 horas gracias a un caso inventado por una conjunción de autoridades de todos los niveles en contra de Rocío Moreno y otros comuneros que confirman que detrás de su detención hay un concierto de intereses económicos y políticos que pretendieron dar un “golpe de Estado” a la comunidad de Mezcala en su lucha de más de diez años en contra del invasor Guillermo Moreno Ibarra y en contra de “proyectos de desarrollo” promovidos por gobiernos de todos los niveles.

Denunciamos que el proceso judicial en contra de Rocío Moreno es un caso burdamente montado pues se acusó a la estudiante de maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) de participar en hechos ocurridos en terrenos comunales de Mezcala el domingo 10 de abril, cuando ella se encontraba en Guadalajara con familiares, como pueden atestiguar una decena de personas.

Tan es un caso burdamente inventado que incluso el propio juez echó para atrás la pretensión del Ministerio Público estatal de acusar a Rocío Moreno de robo, cuando en realidad lo que ocurrió es que una decena de comuneros desmontaron un panel solar instalado por el invasor Guillermo Moreno Ibarra y sus personeros, en terrenos comunales que pertenecen a toda la población.

Al juego se prestaron los jueces penales de Ocotlán, Jesús Alejandro Ortega Reynoso y Óscar Martín Morales Vázquez, que aceparon por válido el argumento del Ministerio Público de que hubo “daños a las cosas” por más de 138 mil pesos, cuando el propio juez apuntó en el expediente que el monto no superaba los 20 mil pesos. Por tal motivo, a fin de salir libre de un caso judicial armando irregularmente, familiares y amigos de la dirigente comunal debieron garantizar el pago de una fianza de 138 mil pesos.

Denunciamos que este caso judicial inventado responde a otros intereses. Mediante la detención arbitraria e injusta de Rocío Moreno, y las órdenes de aprehensión en contra de otros diez comuneros se pretendió dar un “golpe de Estado” en contra de la comunidad de Mezcala para detener el proceso legal que existe en contra del invasor Guillermo Moreno. Así lo demuestra el hecho de que el miércoles 7 de septiembre por la mañana se saqueó la Casa Comunal, y fueron tirados a la basura documentos del expediente jurídico que se sigue en contra de la invasión de el predio El Pandillo, lo demuestra la asistencia de una funcionaria de la Procuraduría Agraria que pretendió legalizar un Asamblea de Comuneros convocada este mismo miércoles sin respetar los reglamentos.

Denunciamos que en esos hechos participaron, por un lado, abogados del empresario-invasor Guillermo Moreno Ibarra, así como policías municipales de Poncitlán del gobierno que encabeza el perredista Carlos Maldonado Guerrero. También participaron en estas reuniones el ex delegado municipal Nicolás Baltazar (militante del PRD) que ha promovido diversos proyectos económicos que han dañado terrenos de la comunidad.

Además se anunció que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano del gobierno del estado asistirían a poner en marcha proyectos de gobierno, en conjunto con el gobierno municipal y la nueva autoridad comunal, que no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población.

De modo que no se trató de una simple orden de aprehensión. Es evidente que actúan en concierto diversos funcionarios y autoridades: agentes del ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco que integraron una averiguación previa en la que se inventan cargos y hechos; un juez que aceptó fincar cargos a Rocío Moreno y otros comuneros sin existir siquiera mínimos elementos de prueba; policías investigadores que fingen ser reporteros de un diario para citar a Rocío Moreno y detenerla mediante engaños; representantes de la Procuraduría Agraria que participan como edecanes de una autoridad comunal impugnada; funcionarios del gobierno del estado que aprovechan una detención irregular para tratar de imponer proyectos económicos que han sido repelidos por la comunidad desde hace diez años. Y como chicle que pega todas piezas aparece el empresario invasor Guillermo Moreno Ibarra en el papel de garante de todos intereses económicos y políticos en juego.

Todas las piezas del rompecabezas revelan entonces que las órdenes de aprehensión en contra de diez comuneros, y la detención de Rocío Moreno son un golpe de Estado a la comunidad de Mezcala que tratan de revertir una lucha de diez años en contra del invasor, contra de capitalistas que pretenden hacer jugosos negocios y de gobiernos tratan de imponer sus proyectos a espaldas de la población.

Pero la jugada de este concierto de intereses políticos y empresariales salió mal.
La detención de Rocío Moreno no hizo sino reforzar la voluntad de lucha y resistencia de la comunidad.

Tras la exhibición de este burdo “golpe de Estado” en contra de la comunidad de Mezcala, exigimos que se desestimen los cargos en contra de Rocío Moreno y otros diez comuneros, que se sancione a ministerios públicos y jueces que actúan como personeros del invasor Guillermo Moreno, y que a las autoridades de todos los niveles que dejen de actuar de manera parcial a favor de un grupo de prestanombres del invasor para dedicarse a aplicar la ley y la justicia sin corruptelas y sin favoritismos.


Asamblea de comuneros de Mezcala

Grupo Libertario Solidaridad

Colectivo Cuadernos de la Resistencia

Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil

Brigada Callejera

Colectivo Rebelión Cotidiana

Seminario Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas

jueves, 8 de septiembre de 2011

Acción urgente para exigir la liberación de Rocío Moreno

Rocío Moreno, estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y representante de la Asamblea de Comuneros de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco, fue detenida mediante engaños el martes 6 de septiembre a las 18:00 horas en la puerta del diario Milenio Jalisco.

Rocío Moreno llegó al diario Milenio Jalisco luego de que una persona, que se hizo pasar como miembro de la redacción de dicho periódico, la convocara a las instalaciones del rotativo.

Coincidentemente la misma persona que convocó a Rocío Moreno a las instalaciones del diario Milenio Jalisco “avisó” a la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) de que estaría en dicho lugar. Fue así como la policía la detuvo argumentando que había una orden de aprehensión emitida por el juez de primera instancia de Ocotlán, Jalisco derivada de una denuncia penal por daños a las cosas promovida por Crescenciano Santana, quien denunció el desmontaje de un panel solar el pasado 10 de abril. ES importante resaltar que dicho panel estaba en terrenos comunales, por lo que en decisión soberana los comuneros decidieron retirarlo; la policía municipal de Poncitlán atestiguó los hechos y posteriormente se llevaron dicha estructura.

Además del burdo engaño que propició su detención, la aprehensión de Rocío Moreno está plagada de varias irregularidades, entre otras que la estudiante de maestría y representante comunal, no se encontraba en Mezcala el día de los hechos denunciados sino en la ciudad de Guadalajara.

No por coincidencia, su burda detención se da a menos de un mes de que las autoridades agrarias emitan la sentencia definitiva sobre los derechos que tiene la comunidad de Mezcala sobre su territorio. Nos parece claro que esta detención es un montaje que busca provocar y distraer para retrasar la aplicación de la justicia a favor de la comunidad.

Quienes firmamos esta acción urgente para exigir la liberación inmediata libre de cargos de Rocío Moreno no tenemos duda que se trata de un montaje y una represión directa en contra de una dirigente respetada por la comunidad de Mezcala, y quien se ha destacado por la defensa de su territorio y por la lucha en contra de la invasión de terrenos que desde hace diez años ha realizado el empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra. Toda la población de Mezcala conoce que el supuesto comunero Crescenciano Santana es en realidad un prestanombre de Guillermo Moreno.

Denunciamos además que pesan órdenes de aprehensión en contra de otros trece comuneros derivadas de la misma denuncia presentada por el prestanombre del invasor Guillermo Moreno.

La burda detención de Rocío Moreno hace pensar que el juez que emitió la orden de aprehensión y los agentes de la PGJEJ que la detuvieron actúan como personeros del invasor Guillermo Moreno.

Llamamos al presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González, al procurador del estado Tomás Coronado Olmos y a su jefe, el gobernador Emilio González Márquez, a demostrar que no están actuando a favor de un invasor de territorio comunal que ha sido denunciado desde hace diez años y que, en cambio, están a favor de la legalidad y la aplicación de la justicia.

Si es así, Rocío Moreno debe salir de inmediato libre de cargos, y se debe hacer justicia a la comunidad de Mezcala restituyéndole los terrenos que le han sido invadidos desde hace una década.

Exhortamos a los sujetos, colectivos, grupos civiles, redes de derechos humanos y defensores de la justicia a pronunciarse a favor de la liberación de Rocío Moreno, quien es en este momento una presa política por defender los derechos de su comunidad.

Si estás de acuerdo con este llamado, por favor envía correos electrónicos o haz llamadas telefónicas a los siguientes servidores:

Celso Rodríguez González
Presidente del Poder Judicial de Jalisco
Correo electrónico: presisti@prodigy.net.mx
Teléfonos: 1200 1400 1200 1500

Tomás Coronado Olmos
Procurador de Justicia del estado de Jalisco
Correo electrónico: tomas.coronado@jalisco.gob.mx
Teléfono: 3837 6000

Emilio González Márquez
Gobernador del estado de Jalisco
emilio.gonzalez@jalisco.gob.mx
Teléfono: 52 (33) 3030 - 4800

viernes, 18 de febrero de 2011

domingo, 31 de octubre de 2010

Declaración de Temaca



Aprobada en el Tercero Encuentro Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados
(Temacapulín, Jalisco, México, octubre 1 a 7, 2010)

Solidaridad con Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Nosotros, más de 320 personas de 54 países a lo ancho y largo del mundo, afectados y luchadores contra las represas destructivas y activistas por el uso ecológico del agua, la justa utilización de la energía, la autodeterminación de los pueblos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y climática y el respeto a los derechos humanos, nos hemos encontrado en Temacapulín. Nos hemos reunido en un pueblo que se ve en peligro de ser destruido por la construcción de la represa El Zapotillo. Estamos en solidaridad con nuestros anfitriones generosos en Temaca y apoyamos su exigencia para la cancelación de la presa El Zapotillo. Temaca debe vivir, y su lucha es nuestra lucha.

Asimismo, nos solidarizamos con las luchas del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y con las comunidades, pueblos y ciudades de diversos lugares de México, que en estos momentos se encuentran inundadas o sepultadas por toneladas de lodo a causa de la fractura o el desfogue de represas en el país. La crisis climática desato su furia enfrentándonos a excesivas lluvias, a ríos desbordados y a represas peligrosas que se encuentran a su máxima capacidad. Por lo que denunciamos y rechazamos la política obsoleta y desenfrenada de construcción de presas.

¡Aguas para la vida, no para la muerte! El grito hecho en el Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas, realizado en Curitiba, Brasil, 1997, se reafirmó en la Segunda Reunión Internacional en 2003 en Rasi Salai, Tailandia, y nuevamente recobró fuerza durante estos intensos días en Jalisco, en la comunidad de Temacapulín.


Nuestros Logros

Desde Rasi Salai, hemos seguido unidos trabajando para enfrentar a la industria de represas, y a los gobiernos e instituciones financieras que promueven y financian sus actividades destructivas. Nuestras luchas han derrotado a proyectos de presas y ayudado a restaurar y proteger los ríos. Hemos alcanzado importantes conquistas en la lucha por el derecho al consentimiento informado sobre los proyectos en nuestras tierras y por dignas reparaciones y condiciones de reasentamiento.

Estamos implementando con éxito, bajo control comunitario, numerosas experiencias con tecnologías y programas justos y ecológicamente responsables para satisfacer nuestras necesidades de energía, agua, saneamiento y protección contra inundaciones destructivas.

Hemos logrado crear y fortalecer diversas redes regionales, frentes y movimientos nacionales de luchas contra las represas y por los derechos de los afectados.

Estamos construyendo un nuevo modelo de producción y uso de energía y de manejo de agua que satisfaga las necesidades de los pueblos, antes que el interés de las corporaciones nacionales y transnacionales.


Nuestros Desafíos

A 10 años de emitidas las importantes recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, en la mayoría de nuestros países, los derechos de las poblaciones continúan siendo violados por la construcción de represas. Los ríos siguen siendo represados y transvasados, las selvas inundadas, los peces y otras especies exterminadas. En abierta violación de acuerdos internacionales y leyes nacionales, pueblos indígenas y tribales, minorías étnicas y comunidades tradicionales son desproporcionadamente saqueadas y afectadas por la salvaje explotación de sus territorios, tierras y recursos. En muchas partes son obligados a luchar para no ser aniquilados física y culturalmente. Comunidades ribereñas, campesinas y urbanas ven las represas destruir sus modos y medios de vida.

Las mujeres sufren de forma aún más dramática las rupturas de la vida comunitaria y familiar resultante de la construcción de represas. En muchas partes, son discriminadas en los procesos de reasentamiento y reparación. Además, la concentración de miles de trabajadores durante la fase de la construcción muchas veces viene acompañada de prostitución, epidemias y deterioro de los servicios de educación y salud que conciernen de manera muy directa e inmediata la vida de las mujeres.

Jóvenes, ancianos y ancianas también son particularmente vulnerables a las transformaciones económicas, sociales y culturales provocadas por las presas.

La represión de las comunidades y organizaciones que resisten a las presas y la militarización de los territorios, constituye un flagrante atropello a los derechos humanos. Nuestros muertos y perseguidos cuentan una triste historia de la violencia de los constructores de represas, pero también de la resistencia heroica de los pueblos afectados y de su firme decisión de llevar adelante la lucha por un nuevo modo de usar el agua, de producir y utilizar la energía a servicio del pueblo.

Los procesos de privatización impulsados en los años 90 por el FMI y el Banco Mundial transformaron la producción de energía y el agua en un grande negocio. Las corporaciones hacen lucros exorbitantes en la construcción de presas, en el agro-negocio, en el hidro-negocio y en la minería.

Muchos países retornan a una situación semi-colonial para alimentar el capitalismo consumista que domina la sociedad contemporánea.

Grandes represas reducen la capacidad de las sociedades y ecosistemas para adaptarse al calentamiento global. El cambio climático está causando graves daños a las personas y a los ecosistemas, haciendo las represas aún menos seguras, menos viables
económicamente, acelerando la sedimentación de los embalses. Los grandes embalses son una fuente importante de gases de efecto invernadero (GEI).

Nos oponemos al mal llamado “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL) que los gobiernos poderosos y el capital privado promueven para compensar sus emisiones de GEI, incluyendo a las represas como energía limpia y renovable. Nos sumamos a las acciones que desarrollará el movimiento global por la justicia climática, en el marco de la Conferencia de las Partes, que se llevará a cabo en la ciudad de Cancún, México el presente año.

Nos solidarizamos y nos sumamos a las luchas de la Vía Campesina por la soberanía limentaria, que es inseparable de control popular del agua y de la soberanía energética.

Nos solidarizamos y nos sumamos a los que luchan contra la minería y la privatización del agua.


Nuestras Demandas

Las experiencias compartidas y estos cinco días de ricos intercambios nos permiten acordar que:

- Reafirmamos los principios y demandas de las declaraciones de Curitiba y Rasi Salai.

- Nos oponemos a la construcción de todas las represas social y ambientalmente destructivas. Nos oponemos a la construcción de cualquier represa que no haya sido aprobada por las poblaciones afectadas, luego de un genuino proceso debidamente informado y participativo, y que no satisfaga las necesidades básicas priorizadas por las mismas comunidades.

- Gobiernos, instituciones financieras y corporaciones deben someter todas las decisiones sobre represas a la aceptación pública y consentimiento informado por los afectados, como fue recomendado por la Comisión Mundial de Represas, incluyendo las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de la presa.

- Los servicios prestados por las represas existentes debe ser optimizados, el daño social y ambiental minimizado y reparado/compensado, antes de la construcción de cualquier nuevo proyecto.

- Demandamos el respecto total al conocimiento y manejo tradicionales de los territorios de los pueblos indígenas y tribales, comunidades tradicionales y campesinos y de sus derechos colectivos a la autodeterminación y libertad, su consentimiento previo e informado en la planificación y toma de decisiones sobre el agua y la energía.

- Las reparaciones deben ser negociadas y dadas a los millones de personas que han sufrido a causa de las represas, incluyendo la provisión de tierras, viviendas e infraestructura social. Los constructores y promotores de represas, y los que se benefician de las presas, son los que deben pagar los costos de las reparaciones.Deben ser promovidos programas y planes de recuperación y desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas bajo control popular.

- Rechazamos la militarización de nuestros territorios. Exigimos el cese del uso de toda forma de violencia e intimidación contra las personas amenazadas y afectadas por represas y organizaciones que se oponen a las mismas. Rechazamos la militarización de los territorios y el uso de presas y aguas para fines militares. Exigimos que los gobiernos y organizaciones internacionales respecten y protejan los derechos humanos y cesen las persecuciones contra dos defensores de esos derechos.

- La equidad de género debe ser respetada en todas las políticas, programas y proyectos sobre agua y energía.

- Deben realizarse acciones, incluyendo el desmantelamiento, para restaurar los ecosistemas y los estilos de vida que han sido dañados por las represas.

- Rechazamos la privatización de los sectores de energía y agua. Demandamos el control público, efectivo y democrático y la regulación de los servicios de electricidad y agua. Agua y energía no pueden seguir siendo tratados como mercancía, pues son un bien público. Como lo ha reconocido la Asamblea de las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano fundamental, lo que responsabiliza a los gobiernos asegurar el acceso universal al agua de buena calidad; así como asegurar la protección de los recursos hídricos de toda contaminación.

- Las políticas de agua y energía deben ser objeto de amplias y democráticas consultas públicas. En algunos países el dialogo sobre la implementación de recomendaciones de la CMR pueden contribuir de manera relevante.

- Los gobiernos deben proteger la seguridad de las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de las represas existentes, incluyendo inversiones suficientes en la seguridad de las represas, un manejo responsable y participativo de las mismas y elaboración de planos participativos de protección ó evacuación en caso de ruptura y descargas de emergencia.

- Los afectados por presas construidas en un país fronterizo tienen el derecho a ser consultados sobre su construcción y operación. Autoridades de cuencas nacionales e internacionales deben ser participativas y transparentes, e incluir representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales.

- Los gobiernos deben invertir fuertemente en la investigación y aplicación de tecnologías energéticas y manejo de agua ecológicamente responsables. Los gobiernos deben implementar políticas que desincentiven el desperdicio y sobreconsumo, y garantizar la distribución equitativa de la riqueza.

- Rechazamos los subsidios del Mecanismo de Desarrollo Limpio para proyectos hidroeléctricos destructivos, y nos oponemos a todos los mecanismos de mercado de carbono.

- Hidrovías deben seguir el principio “adaptar el barco al río, no el rio al barco”.


Nos Comprometemos a:

- Intensificar nuestras luchas y campañas contra las represas, por los derechos de las poblaciones amenazadas y afectadas, y por la reparación integral de sus pérdidas y restauración de las cuencas.

- Trabajar para la implementación de métodos de manejo del agua y energía, tales como la cosecha de lluvia y modelos comunitarios de energía renovables.

- Luchar contra el modelo consumista y desarrollar campañas contra el consumo de productos intensivos en energía.

- Seguir discutiendo y construyendo colectivamente los principios y directrices de un modelo energético y del manejo del agua, basado en la responsabilidad ambiental y al servicio de los pueblos.

- Intensificar los intercambios entre activistas y movimientos que trabajan sobre represas, agua, energía, justicia ambiental y climática; incluyendo visitas recíprocas con intercambio de personas afectadas de diferentes países.

- Fortalecer nuestros movimientos uniéndolos con otros que luchan contra el modelo de desarrollo neoliberal, y por una justicia global ecológica y social.

- Celebrar cada año el Día de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida (14 de Marzo).

Nuestra lucha en contra las represas destructivas y el modelo actual de manejo de agua y energía, es también una lucha contra un orden social dominado por el imperativo de maximizar sus ganancias, y es una lucha por una sociedad basada en la equidad y la solidaridad.

¡Otro modelo de manejo de energía y agua es posible!

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

¡Agua y energía no son mercancía!

¡Ríos libres para pueblos libres!

miércoles, 11 de marzo de 2009

AMLO en Los Altos de Jalisco: San Juan de los Lagos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó San Juan de los Lagos, Jalisco, el 7 de febrero de 2009. Esta población ubicada en la región conocida como "Los Altos" es muy significativa para la población mexicana pues es uno de los centros religiosos más importante del país. La Virgen de San Juan de los Lagos es una de las más visitadas por los feligreses nacionales. Al retirarse el Presidente del sitio donde se realizó el mitin, algunas personas gritaron vivas al PRI y al PAN. La respuesta de los simpatizantes de AMLO, prudente, fue ignorarlos.