México D.F., 12 de noviembre de 2011.- El martes 8 de noviembre, al igual que mi hijo Juan Francisco y sus compañeros, el Dr. Ernesto Méndez Salinas del Instituto de Biotecnología de la UNAM-Campus Morelos fue asesinado en la colonia Teopanzolco de de Cuernavaca.
Un asesinato más que se suma a la lista de pérdidas humanas que han desgarrado a la comunidad universitaria en los últimos meses; que se suman a la larga lista de robos, extorsiones, secuestros y violaciones; además de operativos militares y policiacos, que nos han convertido, a todos los ciudadanos Morelenses, en rehenes de la delincuencia organizada y del gobierno en nuestra propia entidad.
En estos largos 8 meses en los que hemos recorrido el norte y el sur del país, hemos recogido los testimonios y el dolor de cientos de víctimas de esta guerra absurda. El dolor, la injusticia y la impunidad han seguido creciendo por todos los rincones del país; la paz, la justicia y la dignidad se nos siguen negando.
El ejecutivo Estatal, los distintos gobiernos municipales del Estado, los diputados y los partidos políticos insisten en que la situación está controlada, que aquí no pasa nada, la realidad es que el tejido social y la gobernabilidad de nuestro Estado se han venido deteriorando en forma alarmante; el número de asesinatos se ha multiplicado: 80 asesinatos perpetrados en lo que va del año, cinco veces superior a la cifra del primer trimestre de 2010. Según el Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública (SIIS) 2011 elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) el número de ejecutados en nuestro Estado es de 1 500 ejecuciones del 2006 al primer trimestre del año 2011;es decir, un muerto diario, lo que nos coloca en el tercer lugar de las 5 entidades más peligrosas del país sólo debajo de Chihuahua y Durango.
Un nada honroso récord de los distintos niveles de gobierno del Estado de Morelos
El gobernador, Marco Antonio Adame Castillo; el procurador de justicia, Pedro Luis Benítez Vélez; el Presidente Municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigos; no han estado a la altura de la emergencia nacional que hoy vivimos respondiendo por lealtad política y partidista a la política del ejecutivo federal y su estrategia de guerra.
Sin tener en cuenta que esta guerra sin fin donde los flujos de dinero y las complicidades políticas continúan intactas mientras que los ciudadanos en México y el Estado de Morelos quedamos atrapados entre la lógica del mercado y la del orden militar, llenos cada vez más de muerte y de miedo. Estos funcionarios vienen minimizando los hechos de violencia en el Estado reduciéndolos todos, a conflictos entre particulares, negando por ejemplo, que las 37 mujeres asesinadas en lo que va del año son feminicidios reduciéndolos a conflictos pasionales; indignantes son las declaraciones del procurador Benítez cuando asegura que Morelos “No es Ciudad Juárez, el estado de México tiene más asesinatos de mujeres que nuestra entidad”.
Los políticos de este Estado siguen, como lo dijimos 14 de abril en el plantón de la plaza de armas de Cuernavaca, sumidos en sus intereses, empantanados en sus pequeñas y mezquinas ambiciones ideológicas, mediáticas y electoreras; empeñados en idioteces…lejos de detener esta violencia demencial están despojando a nuestros jóvenes de la esperanza y de sus sueños, y les están mutilando su creatividad, su libertad y su paz.
Compartimos con el Rector de la UNAM, José Narro, la opinión de que el gobierno del Estado y del municipio no han entendido que “la primera responsabilidad que tienen es brindar seguridad a sus gobernados, además de que tienen que cumplir con su función de prevenir los asesinatos y cualquier delito”.
La muerte, la violencia, la impunidad y el cinismo parecen imparables en este territorio que, hasta hace pocos años, era considerado un paraíso. Hoy Morelos se ha vuelto un infierno; sus habitantes hemos visto cómo la desidia y la desvergüenza de la clase política, ha convertido el territorio morelense en el campo de batalla de los grupos de narcotraficantes con la complacencia de todas las autoridades.
Hay una crisis de instituciones, de credibilidad, de legitimidad por la falta de respuestas a la ciudadanía. La inseguridad, la violencia y el poder del crimen organizado han roto el tejido social, provocando en quienes tienen la oportunidad, la migración a otras entidades; hay miedo e indignación en la población que no se puede ir del Estado.
La gente común ha visto afectada su vida cotidiana y su economía al tener que tomar medidas extremas de seguridad; actualmente no se puede hablar de la situación de inseguridad y el narcotráfico en lugares públicos o con personas desconocidas, se debe reducir al mínimo las salidas y horarios de diversión, no se puede transitar a pie de noche y mucho menos confiar en las distintas policías y el ejército por la sospecha de que están aliadas al crimen organizado y en el mejor de los casos, en lugar de proteger a la población, van a abusar de su autoridad y violentar los derechos humanos de la ciudadanía.
Fuera del caso de mi hijo y sus amigos en el que, gracias a una gran movilización y presión social, se logró una investigación científica que llevó a la captura de algunos de los involucrados en el multi-homicidio, en muchos otros casos, no hay un sólo responsable detenido o como en el caso de Jethro Ramsés Sánchez, no sólo no se ha detenido a todos los involucrados sino se ha protegido a los autores intelectuales y a varios militares de alto rango de la 24ª zona militar, en particular al General Leopoldo Díaz, ex responsable de la esta zona militar, cómplice confeso de haber mentido a autoridades federales y locales.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se suma hoy al dolor de la familia y amigos del Dr. Ernesto Méndez Salinas, hacemos nuestra la indignación de la comunidad académica de Morelos, y en particular, de la Máxima casa de estudios del país ya que la muerte del Dr. Méndez se suma a las de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, asesinado el pasado 26 de octubre; Julio Cesar Meléndez Solís de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, acaecido un día después; Joaquín García-Jurado Carmona de la Facultad de Arquitectura-UNAM en agosto de 2010 aunadas a las desapariciones de Yadira Dávila Martínez , académica del ITESM campus Morelos y de la UNAM, ocurrida el 5 de agosto de este año; Jesús Israel Moreno Pérez de la facultad de Geografía y Filosofía de la UNAM, el pasado 8 de julio y Adriana Eugenia Morlett Espinosa, estudiante de la Facultad de Arquitectura-UNAM en septiembre de 2010.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad exige el cese inmediato del clima de inseguridad en el Estado de Morelos; alto a la estrategia de guerra que el gobierno viene implementando en su lucha contra el narcotráfico; exigimos el esclarecimiento del caso del artero asesinato del Dr. Méndez Salinas y la reparación del daño que su pérdida ocasiona a sus familiares; así mismo exigimos la investigación, resolución y la no victimización de todos y cada uno de los casos que esta guerra absurda ha dejado a nuestro Estado.
Cuernavaca, Morelos, 11 de noviembre de 2011
Javier Sicilia Z.
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
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lunes, 14 de noviembre de 2011
martes, 5 de abril de 2011
PENALIZAN LUCHA POR LA AUTONOMÍA DE SAN JUAN TLACOTENCO
Nuevamente, como en toda la República Mexicana, un dirigente de la lucha por la autonomía de su comunidad indígena ha sido sujeto a proceso penal sin razón alguna. ANTONIO ALVARADO GUERRERO, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Autónoma de San Juan Tlacotenco, del Municipio de Tepoztlán, Estado de Morelos está siendo acusado de despojo y daño en propiedad ajena, no porque haya cometido ilícito alguno sino solo porque encabeza la lucha legal por la autonomía de su Comunidad.
En 1929 un decreto presidencial "restituyó" bienes agrarios AL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, cuando la Constitución de 1917 prohibía a los municipios tener más bienes que los necesarios para su labor de Gobierno. Desde entonces EL MUNICIPIO, ha simulado ser una comunidad agraria con la complicidad de las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Gobierno Estatal, que han utilizado a esas "autoridades comunales" para convertir la propiedad agraria en el más grande fraccionamiento del Estado de Morelos, convirtiendo en suelo urbano un suelo de vocación agraria y forestal y despojando progresivamente a las comunidades, verdaderas comunidades de San Juan Tlacotenco, Santa Catarina Zacatepec, Amatlán de Quetzalcóatl, San Andrés de la Cal, Santiago Tepetlapa y santo Domingo Ocotitlán, que si son comunidades indígenas, que si conservan el régimen comunal, que si viven de sus labores agrícolas y forestales.
San Juan Tlacotenco inicio hace cuatro años una demanda para que su poblado fuese reconocido como comunidad autónoma respecto de Tepoztlán y de esa determinación de lucha surge la represión brutal de la que ha sido objeto este poblado.
Como en todo el país, tanto las autoridades del Estado de Morelos como las autoridades federales, han concentrado su esfuerzo y su poder en acabar con la lucha de San Juan Tlacotenco. Han cerrado el comedor campestre que la Comunidad tenía en el mirador de La Pera y el camino de acceso al poblado de San Juan Tlacotenco que partía de ese mirados. Han permitido al Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, la tala indiscriminada de los bosques de san Juan Tlacotenco. Han simulado programas de "reforestación" para CERCAR GRANDES SUPERFICIES DE BOSQUE con miras a su sustracción del régimen comunal.
AHORA INICIAN UN PROCESO PENAL ABSOLUTAMENTE INJUSTIFICADO CONTRA EL DIRIGENTE DE LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA.
Los pueblos del Municipio de Tepoztlán no permitirían esa agresión artera contra la lucha por la autonomía indígena.
LIBERTAD PARA ANTONIO ALVARADO GUERRERO.
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SAN JUAN TLACOTENCO
En 1929 un decreto presidencial "restituyó" bienes agrarios AL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, cuando la Constitución de 1917 prohibía a los municipios tener más bienes que los necesarios para su labor de Gobierno. Desde entonces EL MUNICIPIO, ha simulado ser una comunidad agraria con la complicidad de las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Gobierno Estatal, que han utilizado a esas "autoridades comunales" para convertir la propiedad agraria en el más grande fraccionamiento del Estado de Morelos, convirtiendo en suelo urbano un suelo de vocación agraria y forestal y despojando progresivamente a las comunidades, verdaderas comunidades de San Juan Tlacotenco, Santa Catarina Zacatepec, Amatlán de Quetzalcóatl, San Andrés de la Cal, Santiago Tepetlapa y santo Domingo Ocotitlán, que si son comunidades indígenas, que si conservan el régimen comunal, que si viven de sus labores agrícolas y forestales.
San Juan Tlacotenco inicio hace cuatro años una demanda para que su poblado fuese reconocido como comunidad autónoma respecto de Tepoztlán y de esa determinación de lucha surge la represión brutal de la que ha sido objeto este poblado.
Como en todo el país, tanto las autoridades del Estado de Morelos como las autoridades federales, han concentrado su esfuerzo y su poder en acabar con la lucha de San Juan Tlacotenco. Han cerrado el comedor campestre que la Comunidad tenía en el mirador de La Pera y el camino de acceso al poblado de San Juan Tlacotenco que partía de ese mirados. Han permitido al Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, la tala indiscriminada de los bosques de san Juan Tlacotenco. Han simulado programas de "reforestación" para CERCAR GRANDES SUPERFICIES DE BOSQUE con miras a su sustracción del régimen comunal.
AHORA INICIAN UN PROCESO PENAL ABSOLUTAMENTE INJUSTIFICADO CONTRA EL DIRIGENTE DE LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA.
Los pueblos del Municipio de Tepoztlán no permitirían esa agresión artera contra la lucha por la autonomía indígena.
LIBERTAD PARA ANTONIO ALVARADO GUERRERO.
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SAN JUAN TLACOTENCO
domingo, 8 de noviembre de 2009
EXIGIMOS JUSTICIA POR EL ASESINATO DE MIGUEL ANGEL PEREZ DEL CONCEJO DE PUEBLOS DE MORELOS
El Concejo de Pueblos de Morelos expresa su palabra de indignación y coraje por el cobarde asesinato del que fue víctima nuestro hermano Miguel Angel Pérez Casales, indígena de la comunidad nahuatl de Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán, Morelos, y desde las profundidades de nuestra madre tierra que el día de hoy ha abierto sus brazos para abrazarlo definitivamente, elevamos nuestra condena desde cada uno de los 48 pueblos que forman parte de nuestro Concejo para decirles a los señores del poder y del dinero que su sangre derramada no será jamás olvidada y que vamos a exigir justicia y castigo a los culpables de haberle arrancado la vida este día 31 de octubre de 2009.
Nuestro hermano y compañero Miguel Angel Pérez Casales fue citado a las 11 de la mañana en un sitio cercano a Ahuatepec para realizar un presupuesto de herrería, misma que trabajaba en su domicilio ubicado en la colonia Tetecolala colindante con CIVAC en los limites entre los municipios de Jiutepec y Tepoztlán, poco antes de que se preparara para asistir al Encuentro Indígena en la comunidad de Coajomulco en donde se recibiría a partir de las 4 de la tarde a la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, mismo que había realizado un recorrido por Morelos para exigir justicia y libertad para los presos políticos. Ya no llegó a la reunión. Su familia lo buscó todo el resto del día sábado y no fué sino hasta el día domingo 1o. de noviembre cuando personal de la Funeraria Morelos se apersonaron en su domicilio y avisaron para que la esposa de Miguel Angel se trasladara al SEMEFO de Cuernavaca para identificar su cuerpo cuando tuvieron noticias de él. Hasta entonces se supo que el cuerpo de Miguel había sido localizado en un sitio ubicado en Ahuatepec ya sin vida, con un letrero infamante que nada tiene que ver ni con la trayectoria ni con la vida de lucha que significó el compromiso de él en la lucha por defender la tierra y que más bien busca desviar las causas reales de su homicidio. Hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado se trasladaron familias y compañeros para presentar testimonio de los hechos, exigiendo en lo inmediato una investigación a fondo y de manera imparcial para establecer con claridad los móviles del atentado y localizar a los responsables de privarle la vida.
Esta demanda de justicia hoy la presentamos ante todo el pueblo de Morelos porque, lejos de presentar información verídica y confiable, las autoridades han actuado con toda la mala fe que significa dar a conocer el hecho como si se tratara del asesinato de una persona dedicada a la venta de tierras, además de incumplir claramente con lo establecido en las leyes para integrar una investigación seria y profesional, apegada a derecho, para determinar con toda veracidad cómo ocurrieron los hechos y los móviles que tuvieron quienes le asesinaron.
La familia no ha sido debidamente informada de todas las acciones legales y periciales para la preservación de la escena del crimen ni los exámenes practicados. Hay notorias contradicciones en las versiones difundidas sobre el tipo de lesiones que tiene el cuerpo. Por lo anterior es que la familia solicitó a través de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa la interposición de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para que se realizara una necropsia independiente por parte de médicos forenses expertos en criminalística, quedando esta queja radicada en la CDH a las 12 de la noche del día primero de noviembre, sin que se llevara a efecto este peritaje durante el día 2 de noviembre, por lo que de ser necesario respaldaremos por las vías nacionales e internacionales esta demanda de la familia de nuestro compañero para que este crimen no quede impune.
Nuestro hermano Miguel Angel Pérez Casales formaba parte de la Comisión Ejecutiva del Concejo de Pueblos de Morelos y era uno de los 2 delegados electos en asamblea de la Comunidad Indígena de Santa Catarina Tepoztlán, para representarla ante este organismo que surgió en el Primer Congreso convocado por los 13 pueblos en defensa de la tierra el agua y el aire en la comunidad indígena de Xoxocotla. Durante los últimos meses formó prte de la Comisión negociadora de los pueblos de Tejalpa y Santa Catarina para solucionar el añejo conflicto limítrofe entre ambas comunidades en el área de reserva ecológica de El Texcal, en una zona de alta conflictividad derivada del Decreto de Expropiación Presidencial para la construcción de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca desde inicios de los años 60s y que culminó con un acuerdo entre las partes para legalizar la posesión por parte de comuneros de Santa Catarina y una cantidad de indemnización a los comuneros de Tejalpa por parte de un fondo federal de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo que disgustó a funcionarios estatales y a muchos de los invasores de la reserva ecológica. Su trayectoria de lucha se remonta a décadas atrás, ya que prácticamente nació en el seno de una familia de luchadores por la tierra, siendo su padre Inocencio Pérez (Chencho Pérez le decían en el pueblo) también asesinado veinte años atrás.
Nuestro hermano Miguel Angel Pérez Casales se destacó por su profundo conocimiento de las raíces y la cultura de los pueblos y reivindicaba orgullosamente su lengua nahuatl, como quedó registrado en las múltiples movilizaciones sociales y políticas donde participó y cuyo testimonio fue recogido en la película sobre los 13 pueblos en defensa del agua la tierra y el aire, múltiplemente galardonada en diversos países del mundo.
Queremos decirle a todo el pueblo de Morelos que esta lucha hoy está más vigente que nunca, y que no vamos a bajar las banderas por las que entregó su vida nuestro compañero y hermano Miguel Angel, por lo que hoy exigimos justicia y castigo a los culpables, y redoblaremos nuestros esfuerzos para seguir los pasos que nos marcara quien ya es nuestro hermano mayor que descansa en los brazos de nuestra madrecita tierra, tonantzin, por lo que hemos decidido bautizar con su nombre nuestro Tercer Congreso del Consejo de los Pueblos de Morelos que llevaremos a cabo el 28 de noviembre en la comunidad indígena de Coajomulco.
Porque la sangre derramada jamás será olvidada: Miguel Angel vive en la lucha de los pueblos de Morelos.
Exijimos justicia y castigo a los culpables del asesinato de nuestro hermano y compañero Miguel Angel Pérez Casales.
Dado en Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, 2 de noviembre de 2009.
Concejo de Pueblos de Morelos.
Nuestro hermano y compañero Miguel Angel Pérez Casales fue citado a las 11 de la mañana en un sitio cercano a Ahuatepec para realizar un presupuesto de herrería, misma que trabajaba en su domicilio ubicado en la colonia Tetecolala colindante con CIVAC en los limites entre los municipios de Jiutepec y Tepoztlán, poco antes de que se preparara para asistir al Encuentro Indígena en la comunidad de Coajomulco en donde se recibiría a partir de las 4 de la tarde a la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, mismo que había realizado un recorrido por Morelos para exigir justicia y libertad para los presos políticos. Ya no llegó a la reunión. Su familia lo buscó todo el resto del día sábado y no fué sino hasta el día domingo 1o. de noviembre cuando personal de la Funeraria Morelos se apersonaron en su domicilio y avisaron para que la esposa de Miguel Angel se trasladara al SEMEFO de Cuernavaca para identificar su cuerpo cuando tuvieron noticias de él. Hasta entonces se supo que el cuerpo de Miguel había sido localizado en un sitio ubicado en Ahuatepec ya sin vida, con un letrero infamante que nada tiene que ver ni con la trayectoria ni con la vida de lucha que significó el compromiso de él en la lucha por defender la tierra y que más bien busca desviar las causas reales de su homicidio. Hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado se trasladaron familias y compañeros para presentar testimonio de los hechos, exigiendo en lo inmediato una investigación a fondo y de manera imparcial para establecer con claridad los móviles del atentado y localizar a los responsables de privarle la vida.
Esta demanda de justicia hoy la presentamos ante todo el pueblo de Morelos porque, lejos de presentar información verídica y confiable, las autoridades han actuado con toda la mala fe que significa dar a conocer el hecho como si se tratara del asesinato de una persona dedicada a la venta de tierras, además de incumplir claramente con lo establecido en las leyes para integrar una investigación seria y profesional, apegada a derecho, para determinar con toda veracidad cómo ocurrieron los hechos y los móviles que tuvieron quienes le asesinaron.
La familia no ha sido debidamente informada de todas las acciones legales y periciales para la preservación de la escena del crimen ni los exámenes practicados. Hay notorias contradicciones en las versiones difundidas sobre el tipo de lesiones que tiene el cuerpo. Por lo anterior es que la familia solicitó a través de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa la interposición de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para que se realizara una necropsia independiente por parte de médicos forenses expertos en criminalística, quedando esta queja radicada en la CDH a las 12 de la noche del día primero de noviembre, sin que se llevara a efecto este peritaje durante el día 2 de noviembre, por lo que de ser necesario respaldaremos por las vías nacionales e internacionales esta demanda de la familia de nuestro compañero para que este crimen no quede impune.
Nuestro hermano Miguel Angel Pérez Casales formaba parte de la Comisión Ejecutiva del Concejo de Pueblos de Morelos y era uno de los 2 delegados electos en asamblea de la Comunidad Indígena de Santa Catarina Tepoztlán, para representarla ante este organismo que surgió en el Primer Congreso convocado por los 13 pueblos en defensa de la tierra el agua y el aire en la comunidad indígena de Xoxocotla. Durante los últimos meses formó prte de la Comisión negociadora de los pueblos de Tejalpa y Santa Catarina para solucionar el añejo conflicto limítrofe entre ambas comunidades en el área de reserva ecológica de El Texcal, en una zona de alta conflictividad derivada del Decreto de Expropiación Presidencial para la construcción de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca desde inicios de los años 60s y que culminó con un acuerdo entre las partes para legalizar la posesión por parte de comuneros de Santa Catarina y una cantidad de indemnización a los comuneros de Tejalpa por parte de un fondo federal de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo que disgustó a funcionarios estatales y a muchos de los invasores de la reserva ecológica. Su trayectoria de lucha se remonta a décadas atrás, ya que prácticamente nació en el seno de una familia de luchadores por la tierra, siendo su padre Inocencio Pérez (Chencho Pérez le decían en el pueblo) también asesinado veinte años atrás.
Nuestro hermano Miguel Angel Pérez Casales se destacó por su profundo conocimiento de las raíces y la cultura de los pueblos y reivindicaba orgullosamente su lengua nahuatl, como quedó registrado en las múltiples movilizaciones sociales y políticas donde participó y cuyo testimonio fue recogido en la película sobre los 13 pueblos en defensa del agua la tierra y el aire, múltiplemente galardonada en diversos países del mundo.
Queremos decirle a todo el pueblo de Morelos que esta lucha hoy está más vigente que nunca, y que no vamos a bajar las banderas por las que entregó su vida nuestro compañero y hermano Miguel Angel, por lo que hoy exigimos justicia y castigo a los culpables, y redoblaremos nuestros esfuerzos para seguir los pasos que nos marcara quien ya es nuestro hermano mayor que descansa en los brazos de nuestra madrecita tierra, tonantzin, por lo que hemos decidido bautizar con su nombre nuestro Tercer Congreso del Consejo de los Pueblos de Morelos que llevaremos a cabo el 28 de noviembre en la comunidad indígena de Coajomulco.
Porque la sangre derramada jamás será olvidada: Miguel Angel vive en la lucha de los pueblos de Morelos.
Exijimos justicia y castigo a los culpables del asesinato de nuestro hermano y compañero Miguel Angel Pérez Casales.
Dado en Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, 2 de noviembre de 2009.
Concejo de Pueblos de Morelos.
martes, 29 de septiembre de 2009
Porros del SNTE atacan a disidentes en Morelos
Los expulsan a golpes de oficinas de la sección 19; siete lesionados
Autoridades locales vigilan el ataque sin intervenir
El Movimiento Magisterial de Bases, en asamblea permanente; culpa a Gordillo y Adame
Durante la noche del domingo y la mañana de ayer grupos de porros armados con piedras y palos entraron por la fuerza a las oficinas de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sacaron a golpes a integrantes del Movimiento Magisterial de Bases, quienes se habían apoderado del inmueble como parte de su protesta contra la Alianza por la Calidad de la Educación. Siete personas resultaron golpeadas y tres se encuentran hospitalizadasFoto Jorge García Madrigal y Guillermo Luna / La Jornada Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal La Jornada
Cuernavaca, Mor., 28 de septiembre. Unos 200 golpeadores recuperaron esta madrugada las oficinas de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), que integrantes de Movimiento Magisterial de Bases (MMB) ocupaban desde el 18 de agosto de 2008 para exigir que se cancelara en Morelos la Alianza por la Calidad de Educación (ACE). Seis profesores y una menor de edad fueron atacados con piedras y palos con clavos.
Los atacantes irrumpieron dos veces en el inmueble, una alrededor de la medianoche del domingo y la otra a las 11:30 horas de este lunes, y golpearon a los afiliados al MMB sin que autoridad alguna interviniera, pese a que el edificio está a una cuadra del ayuntamiento y a dos del palacio de gobierno.
La mayoría de los agresores eran varones de entre 25 y 35 años de edad armados con palos con clavos, varillas y piedras. En el pecho llevaban un pegote naranja con las siglas del SNTE.
La medianoche del domingo, unos 200 porros cortaron la electricidad del inmueble, ubicado en la avenida Galeana; agredieron a cinco maestros de la comisión de vigilancia del MMB, a la maestra Angelina Quintero y a la hija de ésta, Andrea Brito Quintero, de 12 años de edad,
Quintero narró que algunos hombres entraron por la puerta principal y otros por las bardas traseras, golpearon a los profesores y los sacaron.
Por la madrugada llegaron integrantes del MMB, a quienes los golpeadores les impidieron entrar y los persiguieron por avenida Galeana.Varios reporteros también fueron insultados y agredidos cuando intentaron tomar fotos y videos del ataque.
Los lesionados son Santiago Aranda Urbina, Ernesto Espinosa Escobedo, el concejal del MMB por Cuernavaca, Nicanor Pérez Reynso, así como la maestra y la menor mencionadas.
En la segunda incursión la maestra Felipa Villegas y el concejal del MMB por la región de Alpuyeca, Fructuoso Figueroa de la Rosa, fueron apaleados por varios porros y el segundo fue atropellado por un automóvil cuando trató de huir.
Ambos maestros y uno que fue herido en un ojo están en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta capital, dijo la vocera del MMB, Blanca Sánchez Arano.
El MMB, así como organizaciones de derechos humanos y civiles, responsabilizaron de la agresión al gobernador Marco Antonio Adame Castillo y a la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Antes del segundo ataque, más de 500 maestros simpatizantes de Gordillo marcharon de la avenida Nezahualcóyotl –a dos cuadras de la sede sindical– a las oficinas de la sección 19, donde los golpeadores se habían atrincherado desde la madrugada.
Fuera se habían reunido decenas de integrantes del MMB. Los porros les lanzaron desde adentro muebles y papeles encendidos, para que se replegaran. Mientras, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal sobrevolaba la zona.
Después del desalojo, maestros “institucionales” entraron a las oficinas, seguidos de Manuel Olvera Rodríguez, dirigente desconocido por las bases en 2008.
Los maestros se concentraron ante el Congreso local, donde advirtieron que seguirán exigiendo que se cancele la ACE y que se abra juicio político contra el gobernador.
Al cierre de esta edición, los “institucionales” seguían en las oficinas y los del MMB, que se declararon en asamblea permanente, en el Congreso estatal.
Autoridades locales vigilan el ataque sin intervenir
El Movimiento Magisterial de Bases, en asamblea permanente; culpa a Gordillo y Adame
Durante la noche del domingo y la mañana de ayer grupos de porros armados con piedras y palos entraron por la fuerza a las oficinas de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sacaron a golpes a integrantes del Movimiento Magisterial de Bases, quienes se habían apoderado del inmueble como parte de su protesta contra la Alianza por la Calidad de la Educación. Siete personas resultaron golpeadas y tres se encuentran hospitalizadasFoto Jorge García Madrigal y Guillermo Luna / La Jornada Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal La Jornada
Cuernavaca, Mor., 28 de septiembre. Unos 200 golpeadores recuperaron esta madrugada las oficinas de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), que integrantes de Movimiento Magisterial de Bases (MMB) ocupaban desde el 18 de agosto de 2008 para exigir que se cancelara en Morelos la Alianza por la Calidad de Educación (ACE). Seis profesores y una menor de edad fueron atacados con piedras y palos con clavos.
Los atacantes irrumpieron dos veces en el inmueble, una alrededor de la medianoche del domingo y la otra a las 11:30 horas de este lunes, y golpearon a los afiliados al MMB sin que autoridad alguna interviniera, pese a que el edificio está a una cuadra del ayuntamiento y a dos del palacio de gobierno.
La mayoría de los agresores eran varones de entre 25 y 35 años de edad armados con palos con clavos, varillas y piedras. En el pecho llevaban un pegote naranja con las siglas del SNTE.
La medianoche del domingo, unos 200 porros cortaron la electricidad del inmueble, ubicado en la avenida Galeana; agredieron a cinco maestros de la comisión de vigilancia del MMB, a la maestra Angelina Quintero y a la hija de ésta, Andrea Brito Quintero, de 12 años de edad,
Quintero narró que algunos hombres entraron por la puerta principal y otros por las bardas traseras, golpearon a los profesores y los sacaron.
Por la madrugada llegaron integrantes del MMB, a quienes los golpeadores les impidieron entrar y los persiguieron por avenida Galeana.Varios reporteros también fueron insultados y agredidos cuando intentaron tomar fotos y videos del ataque.
Los lesionados son Santiago Aranda Urbina, Ernesto Espinosa Escobedo, el concejal del MMB por Cuernavaca, Nicanor Pérez Reynso, así como la maestra y la menor mencionadas.
En la segunda incursión la maestra Felipa Villegas y el concejal del MMB por la región de Alpuyeca, Fructuoso Figueroa de la Rosa, fueron apaleados por varios porros y el segundo fue atropellado por un automóvil cuando trató de huir.
Ambos maestros y uno que fue herido en un ojo están en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta capital, dijo la vocera del MMB, Blanca Sánchez Arano.
El MMB, así como organizaciones de derechos humanos y civiles, responsabilizaron de la agresión al gobernador Marco Antonio Adame Castillo y a la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Antes del segundo ataque, más de 500 maestros simpatizantes de Gordillo marcharon de la avenida Nezahualcóyotl –a dos cuadras de la sede sindical– a las oficinas de la sección 19, donde los golpeadores se habían atrincherado desde la madrugada.
Fuera se habían reunido decenas de integrantes del MMB. Los porros les lanzaron desde adentro muebles y papeles encendidos, para que se replegaran. Mientras, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal sobrevolaba la zona.
Después del desalojo, maestros “institucionales” entraron a las oficinas, seguidos de Manuel Olvera Rodríguez, dirigente desconocido por las bases en 2008.
Los maestros se concentraron ante el Congreso local, donde advirtieron que seguirán exigiendo que se cancele la ACE y que se abra juicio político contra el gobernador.
Al cierre de esta edición, los “institucionales” seguían en las oficinas y los del MMB, que se declararon en asamblea permanente, en el Congreso estatal.
martes, 30 de junio de 2009
Declaración de Coaximalco-Coajomulco.
Concejo de Pueblos de Morelos
Declaración de Coaximalco-Coajomulco.
Coajomulco, Huitzilac, Morelos, 20 de junio de 2009.
Desde esta comunidad indígena de Coaximalco-Coajomulco que significa “lugar donde se labra la madera” (cuahuitl: árbol, ximal: labrar, co: lugar), nos hemos reunido los pueblos originarios de Morelos en nuestra asamblea del Concejo de Pueblos de Morelos y hemos acordado emitir nuestra palabra de verdad:
Con el permiso de los elementos de la tierra, el aire y el agua que indican nuestro camino decidido en nuestro Congreso de fundación y plasmado en el Manifiesto que dimos a conocer hará pronto ya tres años, nos dirigimos al pueblo de Morelos para transmitir los sentires de nuestra gente que en Coaximalco-Coajomulco nos dice como en el lugar más importante de captación de agua de lluvia por los bosques mejor conservados del Corredor Ajusco Chichinautzin se padece sed porque no se tiene agua potable.
¿Cómo es posible que los pueblos que contribuyen con su labor a defender el bosque no tienen agua potable? ¿Por qué los que reciben a manos llenas las torrenciales lluvias padecen sed?
Es el contrasentido de una sociedad que no respeta los llamados de la naturaleza y nos muestra la sin razón de los poderosos económicamente pero carentes de la más elemental sensibilidad por respetar a nuestra madre naturaleza, ya que los únicos que tienen agua potable son los fraccionamientos de lujo que se han instalado sobre las que históricamente han sido tierras comunales pertenecientes a nuestros pueblos originarios.
Mientras el gobierno castiga con saña a los humildes leñadores, protege a los talamontes, y cuando el pueblo defiende sus bosques, lo persiguen, encarcelan y los acusan de utilizar los usos y costumbres para actuar ilegalmente. El burro hablando de orejas. En lugar de que se respete el uso del agua que corresponde al pueblo, se nos obliga a subir el agua por empinadas cuestas con pipas de agua, haciendo el recorrido inverso de la naturaleza.
Antes se tenía agua potable y éramos felices, pero caciques de Huitzilac vendieron tierras a fraccionadores y nos la robaron. Antes pasaba el tren y nos dejaba agua, pero ya no pasa el tren y las vías las usan los talamontes para sacar madera a escondidas.
Se ha dado preferencia a los fraccionadotes, pero no a los pueblos originarios. Ahora nos quedamos sin nada. Todos los candidatos prometen resolver el agua, pero nadie cumple. La única pipa nos la donó desde el gobierno de Lauro Ortega, ya vieja, inservible. Captamos agua de lluvia en ollas pero con tierra, no es potable. Dicen que una planta tratadora de agua, cuando los fraccionadotes tienen su dotación concedida por la CNA. Tienen agua los que tienen dinero, los dueños del poder. Eso es, simplemente, injusticia social. Es un gobierno oligárquico, nos hunden en la miseria. De 45 millones a Huitzilac, sólo se destinan 750 mil a Coaximalco-Coajomulco, cuando le corresponde entre 4 a 9 millones de presupuesto, pero el dinero se lo llevan con salarios mensuales de 105 mil pesos, en un pueblo donde lo que hace falta son fuentes de empleo.
Exigimos que se respeten fuentes de trabajo derivados del cuidado del bosque. Que se nos paguen servicios ambientales, porque los pueblos del sur debemos reconocer a los pueblos del norte la preservación de los bosques donde se originan los manantiales que nacen en la parte baja. Sabemos que no hubiera manantiales en Chihuahuita sin bosques en Coajomulco. Coaximalco da vida a Xoxocotla, lo reconocemos nosotros, ¿y los gobernantes cuando lo harán?
Exigimos que se nos reconozca nuestro legítimo derecho al agua y que se legisle el proyecto presentado ante el Congreso del Estado.
Hoy más que nunca Coajomulco está en pie de lucha con el apoyo del Concejo de Pueblos para hacer valer el artículo 39 que establece el derecho del pueblo a elegir al gobierno de su preferencia.
Por eso venimos a decir claramente que nuestros pueblos no votarán por los candidatos que no reconocen ni respetan los derechos indígenas, ni tampoco por aquellos que utilizan la represión para golpear al pueblo. Ni un voto para los partidos y candidatos que nos maltratan, que nos humillan, que nos discriminan.
Sabemos que en nuestros pueblos hay muchas ideas diferentes sobre las elecciones y no vamos a imponer ninguna decisión, pero sí llamamos a ejercer nuestros derechos de manera crítica y conciente, sin aceptar imposiciones de nadie. Esta es nuestra palabra.
Por eso es que aceptamos la invitación del Movimiento magisterial de Bases Morelense a sumar fuerzas para marchar el 27 de junio y decir estas palabras ante todo el pueblo, para demandar la libertad de los presos políticos de Atenco, nuestros hermanos, y para elevar nuestra palabra dolida pero solidaria hasta nuestros hermanos indígenas de Perú que han muerto por defender las reservas naturales en la selva del Amazonas ante un gobierno tiránico como el de Alan García.
Esta es nuestra palabra dada en medio de este gran bosque de agua que hoy nos cubre con el manto de las nubes que han bajado a tomar agua con nosotros.
En defensa de la tierra, el agua y el aire.
Concejo de Pueblos de Morelos.
Declaración de Coaximalco-Coajomulco.
Coajomulco, Huitzilac, Morelos, 20 de junio de 2009.
Desde esta comunidad indígena de Coaximalco-Coajomulco que significa “lugar donde se labra la madera” (cuahuitl: árbol, ximal: labrar, co: lugar), nos hemos reunido los pueblos originarios de Morelos en nuestra asamblea del Concejo de Pueblos de Morelos y hemos acordado emitir nuestra palabra de verdad:
Con el permiso de los elementos de la tierra, el aire y el agua que indican nuestro camino decidido en nuestro Congreso de fundación y plasmado en el Manifiesto que dimos a conocer hará pronto ya tres años, nos dirigimos al pueblo de Morelos para transmitir los sentires de nuestra gente que en Coaximalco-Coajomulco nos dice como en el lugar más importante de captación de agua de lluvia por los bosques mejor conservados del Corredor Ajusco Chichinautzin se padece sed porque no se tiene agua potable.
¿Cómo es posible que los pueblos que contribuyen con su labor a defender el bosque no tienen agua potable? ¿Por qué los que reciben a manos llenas las torrenciales lluvias padecen sed?
Es el contrasentido de una sociedad que no respeta los llamados de la naturaleza y nos muestra la sin razón de los poderosos económicamente pero carentes de la más elemental sensibilidad por respetar a nuestra madre naturaleza, ya que los únicos que tienen agua potable son los fraccionamientos de lujo que se han instalado sobre las que históricamente han sido tierras comunales pertenecientes a nuestros pueblos originarios.
Mientras el gobierno castiga con saña a los humildes leñadores, protege a los talamontes, y cuando el pueblo defiende sus bosques, lo persiguen, encarcelan y los acusan de utilizar los usos y costumbres para actuar ilegalmente. El burro hablando de orejas. En lugar de que se respete el uso del agua que corresponde al pueblo, se nos obliga a subir el agua por empinadas cuestas con pipas de agua, haciendo el recorrido inverso de la naturaleza.
Antes se tenía agua potable y éramos felices, pero caciques de Huitzilac vendieron tierras a fraccionadores y nos la robaron. Antes pasaba el tren y nos dejaba agua, pero ya no pasa el tren y las vías las usan los talamontes para sacar madera a escondidas.
Se ha dado preferencia a los fraccionadotes, pero no a los pueblos originarios. Ahora nos quedamos sin nada. Todos los candidatos prometen resolver el agua, pero nadie cumple. La única pipa nos la donó desde el gobierno de Lauro Ortega, ya vieja, inservible. Captamos agua de lluvia en ollas pero con tierra, no es potable. Dicen que una planta tratadora de agua, cuando los fraccionadotes tienen su dotación concedida por la CNA. Tienen agua los que tienen dinero, los dueños del poder. Eso es, simplemente, injusticia social. Es un gobierno oligárquico, nos hunden en la miseria. De 45 millones a Huitzilac, sólo se destinan 750 mil a Coaximalco-Coajomulco, cuando le corresponde entre 4 a 9 millones de presupuesto, pero el dinero se lo llevan con salarios mensuales de 105 mil pesos, en un pueblo donde lo que hace falta son fuentes de empleo.
Exigimos que se respeten fuentes de trabajo derivados del cuidado del bosque. Que se nos paguen servicios ambientales, porque los pueblos del sur debemos reconocer a los pueblos del norte la preservación de los bosques donde se originan los manantiales que nacen en la parte baja. Sabemos que no hubiera manantiales en Chihuahuita sin bosques en Coajomulco. Coaximalco da vida a Xoxocotla, lo reconocemos nosotros, ¿y los gobernantes cuando lo harán?
Exigimos que se nos reconozca nuestro legítimo derecho al agua y que se legisle el proyecto presentado ante el Congreso del Estado.
Hoy más que nunca Coajomulco está en pie de lucha con el apoyo del Concejo de Pueblos para hacer valer el artículo 39 que establece el derecho del pueblo a elegir al gobierno de su preferencia.
Por eso venimos a decir claramente que nuestros pueblos no votarán por los candidatos que no reconocen ni respetan los derechos indígenas, ni tampoco por aquellos que utilizan la represión para golpear al pueblo. Ni un voto para los partidos y candidatos que nos maltratan, que nos humillan, que nos discriminan.
Sabemos que en nuestros pueblos hay muchas ideas diferentes sobre las elecciones y no vamos a imponer ninguna decisión, pero sí llamamos a ejercer nuestros derechos de manera crítica y conciente, sin aceptar imposiciones de nadie. Esta es nuestra palabra.
Por eso es que aceptamos la invitación del Movimiento magisterial de Bases Morelense a sumar fuerzas para marchar el 27 de junio y decir estas palabras ante todo el pueblo, para demandar la libertad de los presos políticos de Atenco, nuestros hermanos, y para elevar nuestra palabra dolida pero solidaria hasta nuestros hermanos indígenas de Perú que han muerto por defender las reservas naturales en la selva del Amazonas ante un gobierno tiránico como el de Alan García.
Esta es nuestra palabra dada en medio de este gran bosque de agua que hoy nos cubre con el manto de las nubes que han bajado a tomar agua con nosotros.
En defensa de la tierra, el agua y el aire.
Concejo de Pueblos de Morelos.
lunes, 27 de abril de 2009
Exigen entregar a jóvenes levantados por una patrulla en Cuernavaca
Un jefe policiaco de Morelos está implicado, admiten autoridades
Un agente asegura haber visto a los desaparecidos en la camioneta del comandante, quien los habría acusado de robo e intento de homicidio
La Procuraduría General de Justicia de Morelos distribuyó un volante con las fotografías de Samuel Terroba Rodríguez, Pablo Domínguez Montiel, Daniel Rueda Becerril y José Alfredo Arroyo Juárez, a quienes se vio por última vez la madrugada del 18 de abril a bordo de la patrulla del comandante de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Familiares de los jóvenes y un organismo de derechos humanos exigieron que sean presentados con vidaFoto La Jornada
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Cuernavaca, Mor., 22 de abril. La madrugada del sábado 18 de abril, Daniel Rueda Becerril, de 16 años de edad; José Alfredo Arroyo Juárez, de 23; Samuel Terroba Rodríguez, de 19, y Pablo Domínguez Montiel, de 22 años, estaban frente a la unidad habitacional Morelos, en la colonia Flores Magón de esta capital. Según testigos, policías ministeriales los subieron a la patrulla 01112 de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y desde entonces se ignora su paradero.
Los padres de los cuatro jóvenes se manifestaron este miércoles ante las oficinas del procurador Francisco Coronato Rodríguez para exigir al gobierno federal que intervenga y dé con su paradero. Testigos nos dijeron que se los llevaron en la patrulla 01112 de la Policía Ministerial de la procuraduría, y aquí (en la PGJE) dicen que no los tienen detenidos. Queremos que nos los entreguen, y si cometieron una irregularidad, que los procesen. Tenemos cinco días sin saber en dónde están, dijo María del Carmen Becerril, madre de Daniel Rueda.
El martes pasado padres de familia y amigos de los jóvenes protestaron en la unidad habitacional Morelos. En respuesta, el titular de la Subprocuraduría Contra la Delicuencia Organizada de la PGJE, Jorge Arturo García Pedroza, y el coordinador de la Policía Ministerial, Guillermo Vargas Rodríguez, reconocieron en conferencia de prensa la desaparición de los cuatro jóvenes y aseguraron que ya se iniciaron las pesquisas.
También aceptaron que la patrulla en la que supuestamente se llevaron a los cuatro jóvenes es de la Policía Ministerial de Morelos, y que esa unidad está a cargo del comandante de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, Elesban Miguel Alamilla Cabañas. Añadieron que la noche del lunes el jefe policiaco ya no se presentó a la PGJE.
El procurador Coronato Rodríguez informó que se libró una orden de aprehensión contra Alamilla Cabañas por presunta privación ilegal de la libertad, luego que un policía de esta capital –cuyo nombre omitió– declaró que el comandante ministerial participó en la detención de los cuatro jóvenes, a quienes acusó de robo e intento de homicidio.
Indicó que un comandante de la policía metropolitana señaló que la madrugada del 18 de abril recibió dos llamadas de auxilio en la colonia mencionada. La primera fue a las 2:26 horas por disparo de arma de fuego, pero no encontró indicio alguno.
A las 3:10, el agente fue informado por radio sobre una riña en el mismo lugar. Al llegar se encontró con un policía ministerial, quien se identificó como Elesban Miguel Alamilla Cabañas y estaba acompañado de una persona no identificada. El policía vio que en la batea de la patrulla había cuatro personas.
Según el policía, Alamilla Cabañas dijo que presentaría a los jóvenes ante el Ministerio Público por robo e intento de homicidio, y le mostró una pistola tipo escuadra calibre 22, que supuestamente había decomisado a los detenidos, indicó el procurador.
Añadió que uno de los desaparecidos, Pablo Domínguez, es oriundo de Morelia, Michoacán, y rentaba un departamento en el edificio de la colonia Flores Magón donde ocurrieron los hechos.
Según Coronato Rodríguez, Elesban Miguel Alamilla estaba franco la madrugada del sábado, y no realizaba ninguna actividad oficial.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado exigió a la PGJE presentar vivos a los jóvenes, y recordó que la desaparición de personas es un delito de lesa humanidad.
Un agente asegura haber visto a los desaparecidos en la camioneta del comandante, quien los habría acusado de robo e intento de homicidio
La Procuraduría General de Justicia de Morelos distribuyó un volante con las fotografías de Samuel Terroba Rodríguez, Pablo Domínguez Montiel, Daniel Rueda Becerril y José Alfredo Arroyo Juárez, a quienes se vio por última vez la madrugada del 18 de abril a bordo de la patrulla del comandante de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Familiares de los jóvenes y un organismo de derechos humanos exigieron que sean presentados con vidaFoto La Jornada
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Cuernavaca, Mor., 22 de abril. La madrugada del sábado 18 de abril, Daniel Rueda Becerril, de 16 años de edad; José Alfredo Arroyo Juárez, de 23; Samuel Terroba Rodríguez, de 19, y Pablo Domínguez Montiel, de 22 años, estaban frente a la unidad habitacional Morelos, en la colonia Flores Magón de esta capital. Según testigos, policías ministeriales los subieron a la patrulla 01112 de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y desde entonces se ignora su paradero.
Los padres de los cuatro jóvenes se manifestaron este miércoles ante las oficinas del procurador Francisco Coronato Rodríguez para exigir al gobierno federal que intervenga y dé con su paradero. Testigos nos dijeron que se los llevaron en la patrulla 01112 de la Policía Ministerial de la procuraduría, y aquí (en la PGJE) dicen que no los tienen detenidos. Queremos que nos los entreguen, y si cometieron una irregularidad, que los procesen. Tenemos cinco días sin saber en dónde están, dijo María del Carmen Becerril, madre de Daniel Rueda.
El martes pasado padres de familia y amigos de los jóvenes protestaron en la unidad habitacional Morelos. En respuesta, el titular de la Subprocuraduría Contra la Delicuencia Organizada de la PGJE, Jorge Arturo García Pedroza, y el coordinador de la Policía Ministerial, Guillermo Vargas Rodríguez, reconocieron en conferencia de prensa la desaparición de los cuatro jóvenes y aseguraron que ya se iniciaron las pesquisas.
También aceptaron que la patrulla en la que supuestamente se llevaron a los cuatro jóvenes es de la Policía Ministerial de Morelos, y que esa unidad está a cargo del comandante de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, Elesban Miguel Alamilla Cabañas. Añadieron que la noche del lunes el jefe policiaco ya no se presentó a la PGJE.
El procurador Coronato Rodríguez informó que se libró una orden de aprehensión contra Alamilla Cabañas por presunta privación ilegal de la libertad, luego que un policía de esta capital –cuyo nombre omitió– declaró que el comandante ministerial participó en la detención de los cuatro jóvenes, a quienes acusó de robo e intento de homicidio.
Indicó que un comandante de la policía metropolitana señaló que la madrugada del 18 de abril recibió dos llamadas de auxilio en la colonia mencionada. La primera fue a las 2:26 horas por disparo de arma de fuego, pero no encontró indicio alguno.
A las 3:10, el agente fue informado por radio sobre una riña en el mismo lugar. Al llegar se encontró con un policía ministerial, quien se identificó como Elesban Miguel Alamilla Cabañas y estaba acompañado de una persona no identificada. El policía vio que en la batea de la patrulla había cuatro personas.
Según el policía, Alamilla Cabañas dijo que presentaría a los jóvenes ante el Ministerio Público por robo e intento de homicidio, y le mostró una pistola tipo escuadra calibre 22, que supuestamente había decomisado a los detenidos, indicó el procurador.
Añadió que uno de los desaparecidos, Pablo Domínguez, es oriundo de Morelia, Michoacán, y rentaba un departamento en el edificio de la colonia Flores Magón donde ocurrieron los hechos.
Según Coronato Rodríguez, Elesban Miguel Alamilla estaba franco la madrugada del sábado, y no realizaba ninguna actividad oficial.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado exigió a la PGJE presentar vivos a los jóvenes, y recordó que la desaparición de personas es un delito de lesa humanidad.
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