Nuevamente, como en toda la República Mexicana, un dirigente de la lucha por la autonomía de su comunidad indígena ha sido sujeto a proceso penal sin razón alguna. ANTONIO ALVARADO GUERRERO, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Autónoma de San Juan Tlacotenco, del Municipio de Tepoztlán, Estado de Morelos está siendo acusado de despojo y daño en propiedad ajena, no porque haya cometido ilícito alguno sino solo porque encabeza la lucha legal por la autonomía de su Comunidad.
En 1929 un decreto presidencial "restituyó" bienes agrarios AL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, cuando la Constitución de 1917 prohibía a los municipios tener más bienes que los necesarios para su labor de Gobierno. Desde entonces EL MUNICIPIO, ha simulado ser una comunidad agraria con la complicidad de las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Gobierno Estatal, que han utilizado a esas "autoridades comunales" para convertir la propiedad agraria en el más grande fraccionamiento del Estado de Morelos, convirtiendo en suelo urbano un suelo de vocación agraria y forestal y despojando progresivamente a las comunidades, verdaderas comunidades de San Juan Tlacotenco, Santa Catarina Zacatepec, Amatlán de Quetzalcóatl, San Andrés de la Cal, Santiago Tepetlapa y santo Domingo Ocotitlán, que si son comunidades indígenas, que si conservan el régimen comunal, que si viven de sus labores agrícolas y forestales.
San Juan Tlacotenco inicio hace cuatro años una demanda para que su poblado fuese reconocido como comunidad autónoma respecto de Tepoztlán y de esa determinación de lucha surge la represión brutal de la que ha sido objeto este poblado.
Como en todo el país, tanto las autoridades del Estado de Morelos como las autoridades federales, han concentrado su esfuerzo y su poder en acabar con la lucha de San Juan Tlacotenco. Han cerrado el comedor campestre que la Comunidad tenía en el mirador de La Pera y el camino de acceso al poblado de San Juan Tlacotenco que partía de ese mirados. Han permitido al Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, la tala indiscriminada de los bosques de san Juan Tlacotenco. Han simulado programas de "reforestación" para CERCAR GRANDES SUPERFICIES DE BOSQUE con miras a su sustracción del régimen comunal.
AHORA INICIAN UN PROCESO PENAL ABSOLUTAMENTE INJUSTIFICADO CONTRA EL DIRIGENTE DE LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA.
Los pueblos del Municipio de Tepoztlán no permitirían esa agresión artera contra la lucha por la autonomía indígena.
LIBERTAD PARA ANTONIO ALVARADO GUERRERO.
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SAN JUAN TLACOTENCO
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martes, 5 de abril de 2011
miércoles, 18 de marzo de 2009
Ejidatarios denuncian hostigamiento
Israel Dávila, corresponsal La Jornada
Toluca, Méx., 16 de marzo. Ejidatarios de la delegación San Pedro Totoltepec de este municipio denunciaron hoy ante la residencia de gobierno mexiquense que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones del estado los presionan y hostigan para vender sus tierras a precio ínfimo a fin de ampliar el aeropuerto internacional Adolfo López Mateos.
Un centenar de personas llegó a las puertas de la Casa Estado de México, donde habita el gobernador Enrique Peña Nieto –quien se encuentra en el Foro Mundial del Agua, en Turquía– y exigieron que ya no vayan sicarios de la Secretaria de Comunicaciones a ofrecerles migajas por sus tierras.
El gobierno mexiquense planea construir una segunda pista de aterrizaje y edificar otra terminal al oriente de la primera. Según los ejidatarios, inicialmente iban a comprarles 154 hectáreas, pero ahora se habla de unas mil, lo que afectaría a unas 2 mil 500 familias.
Santos Cedillo, uno de los afectados y vocero de los inconformes, explicó: No rechazamos el proyecto de la terminal aérea, sino los precios a que la administración de Enrique Peña nos quiere comprar: de 220 a 300 pesos por metro cuadrado, mientras los hoteleros que ya se han instalado pagan hasta 14 mil. Nos quieren pagar un monto bajísimo, tomando en cuenta que los predios tienen todos los servicios y están a un costado del aeropuerto internacional.
Cedillo refirió que el año pasado los ejidatarios de San Nicolás Tolentino recibieron hasta 3 mil 500 pesos por metro cuadrado.
Toluca, Méx., 16 de marzo. Ejidatarios de la delegación San Pedro Totoltepec de este municipio denunciaron hoy ante la residencia de gobierno mexiquense que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones del estado los presionan y hostigan para vender sus tierras a precio ínfimo a fin de ampliar el aeropuerto internacional Adolfo López Mateos.
Un centenar de personas llegó a las puertas de la Casa Estado de México, donde habita el gobernador Enrique Peña Nieto –quien se encuentra en el Foro Mundial del Agua, en Turquía– y exigieron que ya no vayan sicarios de la Secretaria de Comunicaciones a ofrecerles migajas por sus tierras.
El gobierno mexiquense planea construir una segunda pista de aterrizaje y edificar otra terminal al oriente de la primera. Según los ejidatarios, inicialmente iban a comprarles 154 hectáreas, pero ahora se habla de unas mil, lo que afectaría a unas 2 mil 500 familias.
Santos Cedillo, uno de los afectados y vocero de los inconformes, explicó: No rechazamos el proyecto de la terminal aérea, sino los precios a que la administración de Enrique Peña nos quiere comprar: de 220 a 300 pesos por metro cuadrado, mientras los hoteleros que ya se han instalado pagan hasta 14 mil. Nos quieren pagar un monto bajísimo, tomando en cuenta que los predios tienen todos los servicios y están a un costado del aeropuerto internacional.
Cedillo refirió que el año pasado los ejidatarios de San Nicolás Tolentino recibieron hasta 3 mil 500 pesos por metro cuadrado.
domingo, 1 de febrero de 2009
Merodean militares por La Morena, Guerrero, para presionar a ejidatarios.
Acampan a 200 metros de la casa de Torres
MARGENA DE LA O (La Jornada Guerrero)
Chilpancingo, 27 de enero. El Ejército incursionó en el área de La Morena, en la sierra de Petatlán, donde apenas la semana pasada el ecologista Javier Torres Cruz denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que los militares pretenden asesinarlo tras haber denunciado que en diciembre lo detuvieron en un retén y lo entregaron a civiles, quienes lo torturaron.
Lo anterior lo denunció en esta capital el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien precisó que desde el sábado unos 25 militares se encuentran en las cercanías de la comunidad para vigilar al ecologista, aunque aclaró que a la fecha los soldados no han hostigado a la población.
Relató que los soldados instalaron un campamento a 200 metros de la casa de Torres Cruz, para presionar a los ejidatarios de El Camalote, ejido cercano, para que cedan al magnate Carlos Slim Helú las tierras donde se ubica la mina Cuperquín, en la que se descubrieron yacimientos de oro, plata y uranio. Dijo que la intención de Slim, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, es despojar a los ejidatarios de sus tierras para apoderarse de la mina.
De acuerdo con la información que han proporcionado los habitantes de La Morena –mencionó Monroy–, los soldados prácticamente tienen tomado el pueblo, que ahora sólo es habitado por unas 60 mujeres y niños, “acompañados del maestro de primaria, debido a que los padres de familia se encuentran laborando en distintas partes de la sierra”, entre ellos, Javier Torres, aclaró.
Durante una visita que hicieron recientemente a La Morena visitadores de la CNDH, el campesino denunció que recibía amenazas de militares y gente cercana al ex alcalde priísta de Petatlán y líder ganadero Rogaciano Alba Alvarez. Incluso mencionó que éste había matado a algunos de sus parientes.
En ese sentido, el coordinador del Tadeco expuso que el campamento de los militares es para aprehender al ecologista cuando regrese a La Morena.
Pidió al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que garantice la seguridad de la familia del ecologista y exigió la salida de Ejército de esa comunidad.
También exigió que la PGR informe de los avances que tiene sobre la denuncia de Javier Torres contra Rogaciano Alba, en la que lo responsabilizó del asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
MARGENA DE LA O (La Jornada Guerrero)
Chilpancingo, 27 de enero. El Ejército incursionó en el área de La Morena, en la sierra de Petatlán, donde apenas la semana pasada el ecologista Javier Torres Cruz denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que los militares pretenden asesinarlo tras haber denunciado que en diciembre lo detuvieron en un retén y lo entregaron a civiles, quienes lo torturaron.
Lo anterior lo denunció en esta capital el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien precisó que desde el sábado unos 25 militares se encuentran en las cercanías de la comunidad para vigilar al ecologista, aunque aclaró que a la fecha los soldados no han hostigado a la población.
Relató que los soldados instalaron un campamento a 200 metros de la casa de Torres Cruz, para presionar a los ejidatarios de El Camalote, ejido cercano, para que cedan al magnate Carlos Slim Helú las tierras donde se ubica la mina Cuperquín, en la que se descubrieron yacimientos de oro, plata y uranio. Dijo que la intención de Slim, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, es despojar a los ejidatarios de sus tierras para apoderarse de la mina.
De acuerdo con la información que han proporcionado los habitantes de La Morena –mencionó Monroy–, los soldados prácticamente tienen tomado el pueblo, que ahora sólo es habitado por unas 60 mujeres y niños, “acompañados del maestro de primaria, debido a que los padres de familia se encuentran laborando en distintas partes de la sierra”, entre ellos, Javier Torres, aclaró.
Durante una visita que hicieron recientemente a La Morena visitadores de la CNDH, el campesino denunció que recibía amenazas de militares y gente cercana al ex alcalde priísta de Petatlán y líder ganadero Rogaciano Alba Alvarez. Incluso mencionó que éste había matado a algunos de sus parientes.
En ese sentido, el coordinador del Tadeco expuso que el campamento de los militares es para aprehender al ecologista cuando regrese a La Morena.
Pidió al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que garantice la seguridad de la familia del ecologista y exigió la salida de Ejército de esa comunidad.
También exigió que la PGR informe de los avances que tiene sobre la denuncia de Javier Torres contra Rogaciano Alba, en la que lo responsabilizó del asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
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