Represión de la policía del DF contra jóvenes que realizaban
Metro Popular en la estación Zócalo, al término de la Acción Global por
Ayotzinapa. Agosto 26 de 2015.
jueves, 27 de agosto de 2015
martes, 25 de agosto de 2015
Presentación del libro “Descolonizar el Pensamiento Crítico y las Rebeldías”
Gilberto López y Rivas
Raùl Zibechi
Sesiòn de preguntas y respuestas
De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia. EZLN
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN
NACIONAL.
MÉXICO.
16 de Agosto del 2015.
A la Sexta Nacional e
Internacional:
Al Congreso Nacional Indígena:
A l@s de abajo en el mundo:
A quien corresponda:
Una vez más se remarca que, de
arriba, no vendrán la verdad ni la justicia.
Nunca.
Jamás.
De arriba sólo hay que esperar
simulación, engaño, impunidad, cinismo.
El criminal de arriba siempre
tendrá absolución y recompensa. Porque
quien lo juzga es el mismo que le paga.
Son los mismo criminales y jueces.
Son cabezas venenosas de la misma Hidra.
Y ahora tenemos un nuevo ejemplo:
Como zapatistas que somos, nos
hemos dado cuenta de que, gordos y contentos, han regresado a sus casas en el
poblado de La Realidad, dos de los autores intelectuales del asesinato del
compañero maestro Galeano. Supuestamente
estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero. Sabemos ya que han sido declarados inocentes
del crimen por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y
estatal de Chiapas. El autodenominado
“juez” Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez,
Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino
Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos
y sus cómplices de la CIOAC-Histórica saben que son culpables de organizar el
crimen. No los únicos, pero también lo
son.
A escondidas los llevaron de
vuelta a La Realidad. Les dijeron que no
se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune
frente a la justicia de arriba, les suelta la lengua. Ahí declaran, a quien quiera escucharlos, que
no estuvieron presos, sino guardados en una casa donde recibían todas las
atenciones y la felicitaciones del gobierno estatal de Manuel Velasco y de los
líderes de la CIOAC-Histórica por el asesinato del maestro Galeano, y que les
dijeron que tenían que esperar un tiempo para volver a su pueblo “y seguir con
lo que quedó pendiente”.
Ahora falta que salgan a declarar
a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendeguchía, Luis H. Álvarez, Jaime
Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles. Estas personas son algunas de quienes domaron
a la CIOAC-Histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda
paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores
sociales.
También falta que los periodistas
progres los entrevisten y los presenten como víctimas del “feroz” Galeano (él
solo contra más de dos decenas de criminales cioaquistas), reediten la mentira
de un enfrentamiento, publiquen sus fotos amañadas, y cobren con la mano
derecha el servicio prestado, vehículos con chofer incluidos, mientras en sus
medios ensalzan el “gran” desarrollo del suroriental estado mexicano de Chiapas
y, con la mano izquierda, celebran su “compromiso con las luchas sociales”.
Pero…
Como zapatistas que somos,
miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia
quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras
y subsuelos; y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones,
traicionando su historia y principios.
Como zapatistas que somos,
también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios.
Miramos y escuchamos el dolor y
la rabia, hechos reclamo en los familiares de miles de desaparecid@s y
asesinad@s nacionales y migrantes.
Miramos y escuchamos la tenaz
búsqueda de justicia de los familiares de los niños y niñas asesinadas en la
guardería ABC en Sonora.
Miramos y escuchamos la rabia que
se hace digna y rebelde huelga de hambre de anarquistas pres@s en México y en
otras partes de mundo.
Miramos y escuchamos la rabia en
los pasos incansables de los familiares de los 47 ausentes de Ayotzinapa.
Miramos y escuchamos la rabia en
el pueblo hermano Nahua de Ostula, agredido por el ejército.
Miramos y escuchamos la rabia en
el pueblo hermano Ñahtó de San Francisco Xochicuautla por el despojo de sus
bosques.
Miramos y escuchamos la rabia del
pueblo hermano Yaqui por los presos injustamente y por el robo descarado de su
territorio.
Miramos y escuchamos la rabia por
la burla que es la investigación por el asesinato de Olivia Alejandra Negrete
Avilés, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Nadia Dominicque Vera Pérez, Mile
Virginia Martin Gordillo y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.
Miramos y escuchamos la rabia del
magisterio democrático que resiste la guerra mediática, policíaca y militar que
padecen por el delito de no rendirse.
Miramos y escuchamos la
indignación de quienes, en el norte revuelto y brutal, son atacados por el
color de su piel y por ese color son sentenciados y condenados.
Miramos y escuchamos la rabia y
el dolor por las mujeres desaparecidas, asesinadas por el delito de ser
mujeres; por l@s diferentes atacad@s porque el Poder no tolera lo que se sale
de su estrecho pensamiento; por la niñez que es anulada sin que siquiera alcance
una cifra en las estadísticas de la macroeconomía.
Miramos y escuchamos que sólo se
reciben mentiras y burlas de quienes dicen administrar la justicia y en
realidad sólo administran la impunidad y fomentan el crimen.
Miramos y escuchamos en todas partes
las mismas promesas de verdad y justicia, y las mismas mentiras. Ni siquiera cambian las palabras, como que ya
tienen un escrito que leen, y mal, todos los de arriba.
Ya es el tiempo en que, cuando el
de abajo pregunta por qué se le ataca, la respuesta del de arriba es “por ser
quien eres“.
Porque en este mundo que dolemos,
el criminal está libre y el justo está preso.
Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado.
Pero también miramos y escuchamos
que cada vez son más las voces que desconfían, que no se dejan, que se rebelan.
Nosotras, nosotros, como
zapatistas que somos, ni confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos
después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera
que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza. Si está arriba, lo está porque oprime a los
de abajo.
No tiene palabra el de arriba, no
tiene honor, no tiene vergüenza, no tiene dignidad.
De arriba, nunca, jamás llegarán
la verdad y la justicia.
Tendremos que construirlas desde
abajo. Entonces el criminal pagará hasta
que quede cabal la cuenta.
Porque lo que arriba no saben es
que cada crimen impune no hace sino enardecer el odio y la rabia.
Y cada injusticia cometida no
hace sino abrir el camino para que esos odio y rabia se organicen.
Y en la balanza romana de
nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben.
Y pasaremos la cuenta… y la
cobraremos.
Entonces tendremos, sí, la verdad
y la justicia. No como una limosna de
arriba, sino como una conquista de abajo.
La cárcel será entonces para los
criminales y no para l@s just@s.
Y la vida, digna, justa y en paz,
será para tod@s.
Eso, sólo eso.
Desde las montañas del Sureste
Mexicano.
Subcomandante Insurgente
Moisés. Subcomandante
Insurgente Galeano.
México, agosto del 2015.
DENUNCIA POR HOSTIGAMIENTO DE LA PGR AL COMPAÑERO DAVID CABAÑAS BARRIENTOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Los integrantes de la
Organización Política Nacional Izquierda Democrática Popular (IDP) denunciamos
lo siguiente:
El pasado 6 de agosto a las 9.30 de la mañana, se
presentaron dos hombres que dijeron ser de la PGR al domicilio del compañero
David Cabañas Barrientos en el D.F., y descaradamente le preguntaron por su
hermano Manuel Serafín Gervacio quien fue desaparecido por el Estado Mexicano
en Acapulco, Guerrero en septiembre de 1974, fecha de la que hasta hoy ninguna
autoridad ha dado explicación de su paradero, exigencia que ratificamos hoy.
Dada la ofensiva represiva del
Estado Mexicano no dudamos que esta "visita" de la PGR al compañero
David, ex preso político por más de 8 años, recluido en un penal de máxima
seguridad y puesto en libertad por absolución, miembro de nuestra organización
Izquierda Democrática Popular (IDP), tenga el objetivo de intimidar, advertir o
más claramente amenazar con también convertirlo otra vez en víctima del régimen
que asesina, desaparece y tortura a quien se opone y lucha en contra de que
lleve a la práctica sus políticas privatizadoras.
Responsabilizamos al Estado Mexicano de toda agresión a David Cabañas, a
su familia y de cualquier compañero de los movimientos populares del país.
Además exigimos junto a nuestro
pueblo y sus organizaciones la presentación con vida de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, presentación con vida de los más de 152 miembros de la familia Cabañas desaparecidos y de más de 1500 desaparecidos durante la
denominada guerra sucia de los años setenta, así como juicio y castigo a todos los responsables de
estos delitos de lesa humanidad. También
Llamamos a la unidad de todo el pueblo y exigimos la libertad de
todos los presos políticos y cese a la ofensiva contra todos los movimientos
populares del país.
¡POR LA PATRIA EL PODER POPULAR!
COLECTIVO DE PODER POPULAR LUCIO
CABAÑAS BARRIENTOS DE
IZQUIERDA DEMOCRATICA POPULAR
IDP
viernes, 21 de agosto de 2015
COMUNICADO DEL PDPR - EPR
COMUNICADO DOS
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS,
POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTADO
AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
El terrorismo de Estado es una
realidad inocultable en el país; constituye política represiva de la actual
junta administrativa, en donde los crímenes de lesa humanidad como la
detención-desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos
políticos, la represión generalizada contra la CNTE son una constante a lo
largo y ancho del país. Las interminables listas de víctimas del terrorismo de
Estado dejan al descubierto día a día este actuar de la actual junta
administrativa y el odio de clase contra el pueblo.
Dentro de este contexto se sitúa
la intensificación de la permanente ofensiva represiva contra la CNTE en lo
general y en lo particular contra la sección 22 del SNTE en Oaxaca, expresada
en un conjunto de medidas punitivas y autoritarias como el asalto
policiaco-administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO), en acción conjunta del gobierno estatal y federal.
Una venganza política del Estado
contra la CNTE por haber desenmascarado el carácter antipopular de la
democracia burguesa, por ser parte del sindicalismo independiente de los
trabajadores de la educación, por oponerse de manera combativa a las reformas
burguesas de carácter neoliberal y por constituir un contingente en lucha en la
defensa de la educación pública como derecho inalienable del pueblo mexicano.
Ofensiva represiva a exigencias
de la oligarquía que pretende eliminar todo obstáculo para la realización de
sus inversiones en la privatización de la educación pública y la
mercantilización de los derechos constitucionales, oligarquía que no ceja en
sus intentos por apropiarse de la rectoría absoluta de la educación pública.
Violencia institucionalizada
comandada por un grupo oligárquico que pretende concentrar y centralizar más el
poder económico y político para imponer una hegemonía absoluta en función de
sus intereses de grupo y de clase, para destruir todo esfuerzo e iniciativa
popular que busca mejorar las condiciones materiales de existencia del pueblo
como es el derecho a la educación pública y que los trabajadores de la
educación ejerzan legítimamente su derecho a asumirse como sujetos políticos en
la práctica del sindicalismo independiente.
La cruzada represiva nacional
contra los trabajadores de la educación tiene sus antecedentes inmediatos en la
política asumida por éstos antes, durante y después del proceso electoral, por
ser parte del conjunto del movimiento popular independiente que se resiste a
que sus derechos sean conculcados y sus demandas sean ahogadas en el
autoritarismo, la demagogia y la represión en nombre de la democracia burguesa.
Así como también, en los dichos y
señalamientos policiacos que se vertieron desde los monopolios de la
comunicación y las plumas mercenarias por mandato expreso del CISEN y la PGR,
al señalar dolosamente a trabajadores de la educación de tener vínculos con la
guerrilla, específicamente con nuestro partido y ejército, con el claro
propósito de armar un expediente judicial que justifique desde actos represivos
hasta crímenes de Estado contra trabajadores de la educación, luchadores
sociales y revolucionarios. Que el pueblo sepa que ninguno de los acusados
dolosamente desde algunos medios de comunicación pertenece a nuestro partido y
ejército.
Políticos de oficio de toda
índole han cerrado filas una vez más para atentar contra los intereses y
derechos del pueblo, es el caso del servilismo del gobierno perredista-panista
de Oaxaca para con la oligarquía, su vocación represiva evidencia que la
filiación política dentro de la democracia burguesa es en esencia antipopular y
represiva, sello característico de estos politicastros.
Funcionarios de gobierno federal
encabezados por Emilio Chuayffet Chemor a las órdenes del grupo oligarca
representado por Claudio X González, son los directamente responsables de todos
los crímenes de Estado que se han cometido y se cometan contra los trabajadores
de la educación; responsabilidad compartida por todos aquellos voceros
oficiosos del Estado mexicano.
Dentro de los más recientes
crímenes de Estado está la múltiple ejecución extrajudicial cometida en el
Distrito Federal el viernes 31 de julio. Este múltiple crimen tiene patente de
Estado, es inocultable el sello característico de los asesinatos políticos
cometidos por el PRI desde antaño.
Todos los hilos del cometido de
este crimen apuntan hacia el gobierno priista de Veracruz confabulado con el
gobierno federal, porque Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de la revista
proceso, en su trabajo se destacó por ser crítico de las políticas
gubernamentales, por lo cual no dejó de ser hostigado hasta el último día de su
existencia, razón por la que se encontraba desplazado de manera forzada en el
DF, cuyo jefe de gobierno le hace el juego a ambos gobiernos priístas.
La activista política y
ambientalista Nadia Vera Pérez que fue violada y torturada antes de ser
asesinada, al igual que al resto de mujeres ahí ultimadas, también tiene el
signo de cómo castigan los gobiernos priistas a los opositores políticos; a la
vez es evidente la mano de los grupos paramilitares patrocinados por las
empresas transnacionales.
Múltiple crimen de Estado que por
todos lados pone en evidencia la típica acción de terrorismo de Estado y
contrainsurgencia impulsadas por el Pentágono. Otra prueba de la autoría del
crimen son las líneas de investigación que el Estado desliza y que sólo
conducen a la impunidad, al pretender diluirlo en la mítica "delincuencia
organizada", presentando chivos expiatorios que como en todos los casos
resultan ser parias del capitalismo.
La lucha de los trabajadores de
la educación por la defensa de la educación pública, así como la lucha contra
el terrorismo de Estado no es exclusiva de ningún sector por separado,
constituye necesidad política enfrentarlo en un sólo frente con la acción
popular combativa; al terrorismo de Estado se le combate con la organización de
la autodefensa de las masas; a las leyes neoliberales se les hace frente con la
acción política de las masas generalizada en todo el país bajo un frente
unitario contra el gobierno antipopular y represivo.
Construyamos juntos estrategia y
táctica de forma creativa y combativa que se equipare y supere la embestida
gubernamental-oligarca. El pueblo tiene el derecho de recurrir a cualquier
forma de autodefensa.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS!
¡A SEGUIR EXIGIENDO LA
PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO DE ESTADO!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS
POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DE ZONA
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
AÑO 51
República mexicana, a 12 de
agosto de 2015.
Comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Liberación del Pueblo
Comunicado No.6
A todos los pueblos del Mundo.
A todos los pueblos de México
HERMANAS, HERMANOS.
Desde nuestra trinchera les damos
un fraternal saludo. Hemos permanecidos callados, lo que no es sinónimo de
desánimo, no es querer ignorar o no querer ver todo lo que acontece en el país;
trabajamos en silencio para que los órganos de inteligencia del Estado Mexicano
no puedan saber dónde estamos.
A los padres y familiares de los
43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a casi un año de que se cumpla el
primer aniversario del peor crimen de lesa humanidad, les refrendamos nuestra
solidaridad y compromiso de actuar, estamos en pie de lucha en espera del
llamado del pueblo para actuar en consecuencia.
A los maestros del estado de
Oaxaca les damos un fraternal y combativo saludo, desde nuestra trinchera
ponemos su disposición la voluntad de accionar de manera coordinada en la lucha
para contrarrestar el embate del gobierno asesino y represor que encabeza el
sátrapa, ratero y vende-patria Enrique Peña Nieto para imponer la nefasta
reforma educativa que conlleva la privatización de la educación en México.
El gobierno asesino, envió a
Oaxaca más de 20,000 elementos de la División de Gendarmería y de la Policía
Federal al estado de Oaxaca, entrenados por mercenarios franceses e israelitas
para disolver la protesta social, pretenden en esa entidad poner en
funcionamiento nuevas estrategias para el aniquilamiento de los opositores al
sistema, con el uso de equipo sofisticado para reprimir.
Hace un año y nueve meses hicimos
una declaración de guerra contra el Estado Mexicano, hoy decimos que está
vigente. El Magisterio Popular de Oaxaca no está solo; si está planeando
reprimir para acabar con ellos, le decimos al Estado mexicano que al hacer sus
cuentas, sumen a las FAR-LP y demás movimientos que están unidos en la defensa
de Oaxaca.
A todos nuestros hermanos de
lucha y que todavía no se integran al movimiento, es el momento de decir no a
la política fratricida del gobierno, el pueblo de Oaxaca y de México lo
demandan.
¡¡Viva el pueblo de Oaxaca!!.
¡¡Viva el Magisterio Popular de
Oaxaca!!.
¡¡Viva Ayotzinapa!!.
¡¡Vivos se los llevaron, vivos
los queremos!!
Comandancia General:
Emilio, Camilo, Tlacaélel,
Esperanza.
Dictan nueva orden de aprehensión contra Suástegui, informa el gobierno a sus abogados
*Es la sexta causa penal contra
el vocero del Cecop, y se emite cuando el Tribunal debe resolver si es
liberado, dice Vidulfo Rosales. Se evidencia la intención de mantener a los
luchadores sociales en prisión, señala
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El gobierno del estado confirmó
que la Fiscalía General del Estado pidió una nueva orden de aprehensión contra
el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota
(Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por ataques a las vías de comunicación.
Con esta acusación sumarán seis
causas penales en contra de Suástegui, denunció el abogado del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, que se
encarga de la defensa del vcero del Cecop.
Después de una reunión con
funcionarios del gobierno del estado, ayer en el Palacio de Gobierno, Vidulfo
Rosales informó que ahí les dijeron que en unos días se emitirá una nueva orden
de aprehensión contra el luchador social, pero añadió que lo grave es que se
emite justamente cuando magistrados del Tribunal Superior de Justicia tienen
que resolver un recurso de apelación que redundaría en su libertad.
Aclaró que el vocero del Cecop
aún no ha sido notificado y la defensa ya tenía antecedente de la nueva orden
de aprehensión.
Ayer, en la reunión, los
funcionarios del gobierno estatal justificaron la nueva acción penal en que
grupos de derecha lograron influir en la Fiscalía General del Estado, en
alusión a los protestas contra la libertad de Suástegui en Acapulco.
Aunque el gobernador insiste ante
la prensa en que nunca se comprometió a liberar a los luchadores sociales en
prisión, porque esa tarea sólo corresponde a los jueces y magistrados, Rosales
Sierra dijo que funcionarios del gobierno del estado llamaron a los abogados defensores
de Suástegui porque les preocupa esta situación.
Agregó que las autoridades
estatales evidencian que la intención es mantener a los luchadores sociales en
prisión.
Detalló que en las cinco causas
penales contra Suástegui están señalados 30 activistas opositores al proyecto
la Parota, de los cuales sólo están detenidos dos, el vocero y María de la Cruz
Dorantes.
Desconoce por qué no se aplicaron
todas las órdenes de aprehensión, “no sé qué esperan, creo que calculan los
momentos políticos. Para ellos era imperativo detener a Marco Antonio y líderes
visibles”.
Reconoció que la estrategia
contra el Cecop funcionó, “ya lograron el objetivo de mermar fuerzas, de
debilitar, el Cecop atraviesa por eso, el debilitamiento de su estructuras, sí
está causando efectos la acción del Estado”.
El 29 de septiembre se giró la
sexta orden de aprehensión
Se dictará una nueva orden de
aprehensión en contra del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras
a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por el delito de
ataques a las vías de comunicación y medios de transporte girada en septiembre
del 2014. Es la sexta orden de aprehensión, y el sexto proceso penal su contra.
Según fuentes de la Fiscalía
General del Estado, hay una sexta orden de aprehensión en contra de Suástegui
Muñoz, bajo la causa penal 150/2014-I y la averiguación previa
TAB/SC/03/0409/2014.
Según un oficio 188/2014, firmado
por la Fiscalía del Estado de la que tiene copia El Sur y fechado el 29 de
septiembre del año pasado, se libró orden de aprehensión contra el vocero del
Cecop y otros tres integrantes.
En dicho oficio se ordena a la
policía ministerial aprehender a Marco Antonio Suástegui Muñoz, Francisco
Cortés Mendoza, Carlos Victoriano Loeza y José Facundo Hernández Ángel “por ser
probables responsables del delito de ataques a las vías de comunicación y a los
medios de transporte cometidos en agravio de la sociedad”.
En dicho documento no se precisa
cuándo se cometió el delito, pero se indicó que dicho expediente está radicado
en el Juzgado Décimo Penal, y allí se libró la orden de aprehensión con fecha
23 de septiembre del 2014, y fue notificada el 29 de ese mismo mes y año.
(Carlos Moreno).
Fuente: El Sur
Situación Jurídica del Vocero del CECOP Marco Antonio Suástegui.
Sesión de preguntas y respuestas en conferencia de prensa
caso Marco Antonio Suástegi. Agosto 14 de 2015.
LIBERTAD A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
México DF, 14 de agosto de 2015
BOLETÍN DE PRENSA
LIBERTAD A MARCO ANTONIO
SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
El 17 de junio de 2014 la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Marco Antonio Suástegui
Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La
Parota (CECOP), movimiento que desde el 28 de julio de 2003 se opone de manera
pacífica a la imposición de la presa La Parota en Guerrero, México, quienes han
sido ejemplo y esperanza de muchos movimientos por el territorio y en defensa
de la vida. El CECOP es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en
defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados
por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).
A más de un año de su injusta
detención, las organizaciones abajo firmantes, junto a muchas otras que se han
sumado a esta causa, urgen a la Segunda Sala Penal en Acapulco tomar una
decisión expedita, independiente y justa, que contemple las pruebas presentadas
por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a
Marco para que se declare su libertad inmediata.
Durante una visita al penal de La
Unión, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 12 de agosto, diferentes organizaciones
de la sociedad civil que hoy respaldan este boletín conocieron de primera mano
el testimonio de Suástegui que relató las violaciones a derechos humanos que ha
sufrido desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima. El día
de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, Marco fue
sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo
detuvieron al haber sido duramente golpeado y haber sufrido el arranque de 3
uñas de los pies. En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic
en Nayarit –que fue ilegal por incurrirse en violaciones al derecho al debido
proceso y a la defensa legal- el defensor de los derechos humanos fue privado
de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica
oportuna. En los 7 meses de permanencia en este penal fue alimentado de manera
escasa, lo que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y
discriminación. Finalmente, ya en el penal de la Unión, el 31 de julio de 2015
Marco Antonio recibió una carta anónima con amenazas de muerte, acción que se
suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y
su familia.
Las graves violaciones a derechos
humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha
emprendida por el CECOP y por su vocero hace más 12 años a favor de la defensa
de la tierra, el territorio y formas de vida de los/as campesinos/as que serían
despojados de todo lo que tienen por la construcción de la Presa La Parota. En
palabras de Marco Antonio “el CECOP es la expresión del amor por la tierra”. El
único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en
diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse
a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en
nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido
demostrado.
El caso de Marco Antonio se suma
a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos
humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos
injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso
con la defensa del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra
integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por
delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio.
La Segunda Sala de lo Penal de
Acapulco tiene en estos momento la posibilidad de hacer justicia y, tomando en
consideración las pruebas presentadas que demuestran su inocencia al destacarse
que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario,
las pruebas exhibidas demuestran la fabricación de los delitos y ponen de
relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, por lo que se debe
dejar a Marco Antonio en libertad.
Las organizaciones abajo
firmantes, somos parte de amplias redes de articulación nacional e
internacional, en defensa de los ríos, el agua y los derechos económicos,
sociales y culturales y estamos pendientes y preocupados por nuestro compañero
Marco Antonio Suástegui, por lo que exigimos su libertad inmediata, la tutela
de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.
Movimiento Mexicano de Afectados
por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Latinoamericana contra
represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar), Movimiento de
Afectados por Represas de Brasil (MAB), International Rivers (IR), Coalición de
Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), Espacio de
Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Espacio DESC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos
los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota (CECOP), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
“Tlachinollan”.
martes, 4 de agosto de 2015
Foro “ A 7 años de la Desaparición de Edmundo y Gabriel”
Foro “ A 7 años de la Desaparición de Edmundo y Gabriel”.
Mayo de 2014.
“Son Seres
Humanos”
Padre Miguel Concha
Abogado Sandino
Rivero
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Gilberto
López y Rivas
Cierre del
Foro
Comunicado de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda del caso Gabriel Cruz y Edmundo Reyes a la Opinión Pública y al EPR
A la opinión publica
A los familiares de Edmundo Reyes
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez
Al Ejército Popular
Revolucionario.
Los integrantes de la COMISIÓN
CIVIL DE SEGUIMIENTO y BÚSQUEDA DE EDMUNDO REYES AMAYA Y DE GABRIEL ALBERTO
CRUZ SÁNCHEZ nos dirigimos a ustedes para informarles, que después de haber
sostenido una reunión el pasado 26 de mayo, con el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, Ministro Luis María Aguilar Morales, éste le solicitó a la
Primera Sala de la Corte que ejercitara la facultad de atracción respecto del
recurso de queja presentado por los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez y sus representantes legales.
Es importante recordar que el 19
de junio de 2014, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito mediante resolución ordenó al Procurador General de la República,
Ministerio Público Federal y otros se trasladaran a los lugares de detención y
ocultamiento y realizaran la búsqueda de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO
CRUZ SÁNCHEZ en las principales instalaciones militares, tomaran la declaración
de funcionarios de la PGR, funcionarios estatales y mandos militares que
hubieran estado en función en 2007 para que declararan en relación a la
desaparición; así como informaran sobre inhumación de cadáveres en centros de
detención e instalaciones militares que pudieran coincidir con la de las
víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense.
Si bien, la resolución judicial
fue categórica sobre las acciones que deben realizar las autoridades
responsables, tanto éstas, como el Juez de Distrito se han negado a acatarla en
los términos en que fue dictada, lo que dio lugar a la presentación de un
recurso de queja.
Luego de escuchar los argumentos
de la Comisión Civil y de realizar un análisis del juicio de amparo y la
sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, el Ministro Presidente le solicitó
a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que “atendiendo a las
particularidades del caso concreto y con el objeto de obtener un
pronunciamiento de la Primera Sala, que genere criterios de interés y
trascendencia sobre las medidas para la localización de las personas en
relación con las cuales se haga valer una demanda de amparo por su desaparición
forzada”.
Para la Comisión Civil resulta
evidente que la sentencia es la primera en su tipo que emite un Tribunal del
Poder Judicial de la Federación sobre un caso de desaparición forzada, en la
cual claramente se señalan las acciones que deben llevar a cabo las autoridades
civiles y militares para localizar a las personas cuya desaparición forzada se
les atribuye.
A diferencia de otros casos, las
autoridades civiles y militares no pueden negarse a declarar y a abrir los
cuarteles militares, so pena de incurrir no sólo en desacato sino también en
evidenciar la inexistencia de un orden jurídico que retóricamente utilizan para
soslayar sus obligaciones. La sentencia no sólo pone a prueba la obligación del
Estado sobre el cumplimiento de los mandatos judiciales, también pone a prueba
las facultades legales del Poder Judicial de la Federación para hacer cumplir
sus sentencias.
Dejando a un lado la distancia,
la resolución emitida por el Noveno Tribunal Colegiado guarda similitud con la
sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso
Velásquez Rodríguez Vs Honduras y que fue la base para establecer los criterios
que se siguieron en los casos subsecuentes de desaparición forzada.
Ante los miles de casos de
desaparición forzada que existen en nuestro país, la decisión de la Primera
Sala de la Suprema Corte que emita a partir del caso de EDMUNDO REYES AMAYA Y
GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, puede hacer efectivo el camino para que otras
personas reclamen mediante el amparo la desaparición forzada de sus familiares.
Atentamente
Comisión Civil de Seguimiento y
Búsqueda para el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez
integrada por:
Gilberto López y Rivas, Miguel
Concha Malo, Dolores González Saravia, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel
Álvarez Gándara, Luis Daniel Vázquez Valencia, Pablo Romo Cedano, Augusto César
Sandino Rivero Espinosa, Leonel Rivero Rodríguez, Margarita Cruz Sánchez y
Nadin Reyes Maldonado.
Ciudad de México 31 julio 2015
Ayotzinapa Entre el Dolor y la Esperanza Carlos Fazio
Participación de Carlos Fazio en el Foro "Ayotzinapa.
Entre el Dolor y la Esperanza" celebrado en Casa Lamm el 10 de Octubre de
2014.
Batallón 27: ¡investigarlo ya!
Batallón 27: ¡investigarlo ya!
Carlos Fazio
El pasado 29 de julio, la
Secretaría de la Defensa Nacional decidió relevar al coronel José Rodríguez
Pérez de la comandancia del 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero. Como
responsable de la unidad, el mando castrense firmó las bitácoras con los
movimientos de entradas y salidas de oficiales y tropa los días 26 y 27 de
septiembre de 2014, cuando fueron detenidos-desaparecidos los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
Según la Sedena, el relevo del
coronel Rodríguez Pérez forma parte de la política de rotación de mandos en el
Ejército Mexicano. Sin embargo, la remoción se da en el marco de fuertes
presiones de familiares de las víctimas y misiones internacionales que
coadyuvan de manera oficiosa en la investigación del caso, para que se les
permita conversar con integrantes del batallón activos la noche de los hechos.
La Defensa no informó qué nueva asignación se le daría al coronel, lo que ha alimentado
la versión de que podría ser llamado a declarar.
Autoridades estatales y federales
han demostrado la comisión de delitos por policías municipales de Iguala y
Cocula. Entre 2011 y 2014, los jefes de policía de Cocula fueron militares
retirados: el teniente Tomás Bibiano Gallegos (luego ejecutado) y el mayor
Salvador Bravo Bárcenas. Ambos habían sido recomendados por el general de
división Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en
Chilpancingo (entonces superior del coronel Rodríguez por la cadena de mando).
Un tercer ex militar, César Nava, era subdirector de seguridad pública del
ayuntamiento y es señalado como uno de los principales operadores en la
desaparición de los normalistas.
De acuerdo con el testimonio de
Bravo, los jefes militares de Guerrero sabían que mandos y tropa bajo sus
órdenes estaban involucrados con grupos criminales. Otras testimoniales señalan
que los coroneles Juan Antonio Aranda y José Rodríguez Pérez, ambos del 27
batallón; el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón y
coordinador del Operativo Guerrero Seguro, así como el almirante José Rafael
Durán, comandante de la octava región naval de Acapulco, habían recibido
denuncias sobre tales nexos. Según obra en los expedientes, conocían el modus
operandi de las policías municipales de Iguala y Cocula y de Guerreros unidos
para secuestrar, extorsionar, fabricar metanfetaminas y desaparecer personas en
fosas clandestinas.
En ese contexto tampoco se
explican las públicas relaciones del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca con
los coroneles Juan Aranda y José Rodríguez, y el capitán José Martínez Crespo.
Por acción u omisión, las huellas de los mandos militares del 27 batallón son
evidentes. Pero, según el ex procurador Murillo Karam, investigar al Ejército
–como le demandaban los padres de las víctimas− era un absurdo completo.
Documentos desclasificados en
virtud de la Ley de Transparencia demuestran que el Ejército conoció en tiempo
real los ataques a los estudiantes y no hizo nada para evitarlos. Un reporte
entregado por la Sedena a Proceso señala que aproximadamente a las 22:30 horas
arribaron al lugar “tres patrullas (…) de las que bajaron policías vestidos de
negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran…”
En una edición posterior la revista reveló que los policías encapuchados
formaban parte del grupo de élite Los Bélicos, integrado por policías
municipales de Iguala y civiles vinculados con Guerreros unidos,
misteriosamente tolerado por los mandos del 27 batallón. El grupo operaba como
una fuerza de acción inmediata y utilizaba un uniforme camuflado gris, similar
al del Ejército, pero cuando salían a sus operativos iban encapuchados y vestidos
de negro, portando armas de alto poder.
Los reportes iban dirigidos a la
35 Zona Militar y estaban firmados por el coronel Rodríguez Pérez. Otro mando
citado en los reportes era el capitán José Martínez Crespo, quien al mando de
la Fuerza de Reacción del 27 batallón patrulló toda la noche y estuvo presente
en los hospitales General y Cristina.
Según el juez Ulises Bernabé
García, los normalistas nunca fueron llevados a la base de la policía municipal
de Iguala, como dijo la PGR. García declaró a Anabel Hernández y Steve Fisher
que a la hora señalada por la procuraduría (23 horas), un militar que se
identificó como capitán Crespo llegó a la comandancia con un grupo de 12
soldados y durante 15 minutos realizaron una minuciosa inspección de la base.
En su informe Estado de la
investigación del caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
sugirió la comparecencia o ampliación de la declaración de nueve militares del
27 batallón. Según la CNDH, cuatro miembros del Ejército recibían diariamente
información de seguridad en el municipio de Iguala y sus testimonios y reportes
serían valiosos para conocer la sucesión de hechos después del ataque a los
estudiantes. También pidió la comparecencia de tres militares que con
posterioridad a las agresiones acudieron a verificar qué estaba sucediendo en
las calles de Iguala, y de otros dos para que declaren acerca del entorno que
imperaba en la ciudad el 26 de septiembre. La CNDH pidió que se le permita
entrevistar directamente a nueve de los 38 soldados que rindieron testimoniales
en los expedientes.
El coronel José Rodríguez Pérez
sabe mucho y debe declarar. También se ha solicitado que se investigue a los
mayores Raymundo Barrera y Luis Alberto Rodríguez Chávez, jefes de personal y
de información, respectivamente, del 27 batallón. Según el organigrama de la
unidad, serían los superiores inmediatos de dos oficiales que participaron en
los hechos: el teniente Vicente Barbosa y el capitán Miguel Hernández Crespo,
ambos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. A raíz de una
manta firmada por El cabo Gil, supuesto líder de Guerreros unidos, existe
confusión si un tal capitán Crespo, protector del narco, es Miguel Hernández
Crespo o José Martínez Crespo; si son la misma persona o ambos están
involucrados.
El racismo judicial y las policías comunitarias en Guerrero
El racismo judicial y las
policías comunitarias en Guerrero
R. Aída Hernández Castillo*
El tema del racismo en México era
hasta hace poco un tema tabú del que se hablaba y se investigaba poco en la
academia mexicana. El levantamiento zapatista en 1994 denunció la vigencia de
estructuras coloniales que siguen marcando la inserción de la población
indígena en la vida nacional y el racismo naturalizado que caracteriza nuestra
sociedad. Sin embargo, hace unos pocos años que se pasó de la denuncia a la
investigación rigurosa en torno a cómo se reproduce el racismo en México. No
nos referimos sólo a prejuicios e ideologías discriminatorias, sino a un
fenómeno estructural que caracteriza a nuestras instituciones, prácticas
políticas e imaginarios colectivos.
El libro del antropólogo Yuri
Escalante Betancourt El racismo judicial en México. Análisis de sentencias y
representación de la diversidad (Juan Pablos Editores, 2015) es un excelente
ejemplo de los aportes que la academia puede hacer a la documentación del
racismo, de sus discursos, sus prácticas y su impacto en la reproducción de la
criminalización de los pueblos indígenas. Este libro nos muestra las
limitaciones de las reformas multiculturales, que si bien a partir de la
modificación en 2001 del artículo segundo constitucional reconocen el derecho
de los pueblos indígenas a sus propios sistemas de justicia, en la práctica
judicial se sigue concibiendo a estas prácticas como primitivas y
anticonstitucionales.
A partir del análisis de
sentencias judiciales que involucran a ciudadanos o comunidades indígenas, Yuri
Escalante nos muestra cómo el racismo marca las interpretaciones y decisiones
de los jueces en torno a supuestos delitos que se configuran ignorando el
contexto cultural de los acusados. Muchas de las citas textuales de sentencias
que se reseñan en el libro parecen sacadas de documentos coloniales,
representando a los indígenas como atrasados, ignorantes e igualados. Una
sección del texto analiza las sentencias que criminalizan a las policías
comunitarias de Guerrero, mostrando las paradojas y contradicciones de un
Estado que, a la vez que emite leyes que reconocen el derecho a los sistemas de
justicia indígena, los utiliza, los coopta y, cuando se interponen a sus
intereses, los criminaliza.
En los pasados 18 años los y las
integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) han
trabajado de manera voluntaria en la Costa y Montaña de Guerrero,
constituyéndose en un sistema de justicia y seguridad indígena que ha
disminuido de manera considerable la delincuencia en estas regiones y ha
promovido procesos de reducación para evitar que el crimen organizado reclute a
sus jóvenes. A pesar de que la CRAC, conocida localmente como policía
comunitaria, está contemplada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero y por el artículo 2
constitucional, muchos de sus dirigentes están en prisión acusados de secuestro
por detener a delincuentes y someterlos a procesos de reducación.
Lo que el libro de Yuri Escalante
no menciona es la confluencia que se da entre el racismo judicial y los
intereses del crimen organizado y el narco-estado en la región. Cada vez que
las acciones de la CRAC ponen en peligro los intereses de los gobiernos locales
vinculados con la delincuencia organizada, se enarbola el argumento de su
ilegitimidad y se criminalizan sus procesos jurídicos. Este es el caso de
Nestora Salgado, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá; de Arturo
Campos Hernández y otros 11 compañeros de la CRAC de la comunidad de Paraíso,
municipio de Ayutla.
Surge la interrogante: ¿por qué
ellos y por qué ahora, si por casi dos décadas la comunitaria ha estado
trabajando en la región con reconocimiento e incluso apoyo gubernamental? La
respuesta a esta pregunta se puede encontrar si se investiga: ¿a quiénes
afectan las acciones que obstruían el libre tránsito del crimen organizado en
la región? Mientras los procesos contra estos luchadores sociales se acumulan y
sus compañeros se inmovilizan ante las amenazas de nuevas órdenes de
aprehensión, Los Ardillos y Los Rojos se mueven con libertad en la región,
extorsionando a la población, cobrando derecho de piso y robándose a las
jovencitas que posteriormente prostituyen. La complicidad de las autoridades
locales con estos grupos es un secreto a voces en la región.
No todos los impartidores de
justicia reproducen los discursos y prácticas racistas que documenta Yuri
Escalante: hay excepciones que nos permiten mantener alguna esperanza en el
activismo legal. Tal es el caso del juez José Luis Arroyo Alcántar, magistrado
del primer tribunal unitario del vigesimoprimer circuito, con sede en Acapulco,
quien en abril de 2014 revocó el auto de formal prisión contra Nestora Salgado,
en una sentencia que argumenta que ella se encontraba en ejercicio de sus
funciones como autoridad comunitaria y expone las distintas legislaciones
estatales, nacionales e internacionales que dan sustento legal a las policías
comunitarias. A pesar de la contundencia de estos argumentos, la sentencia no
llevó a la liberación de Nestora Salgado, porque se le han fincado nuevos
delitos. Negar el reconocimiento y la legitimidad de la justicia impartida por
la CRAC es un ejemplo más del racismo judicial. Mantener a Nestora y a los
demás comunitarios en prisión es una forma de ostentar el poder que el crimen
organizado sigue teniendo en nuestro país.
*Profesora-Investigadora de
CIESAS México
sábado, 1 de agosto de 2015
Solidaridad con los zapatistas de la Unión Campesina Autónoma de Río Grande, Oaxaca
Al Caracol Resistencia hacia
un nuevo amanecer La Garrucha.
Al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional.
A la Red Contra La Represión
y por la Solidaridad.
Desde la Unión Campesina
Indígena Autónoma de Rio grande Tututepec Oaxaca, Adherentes a La Sexta,
Integrantes del Congreso Nacional Indígena y de la Red Contra La Represión y
por la Solidaridad, nos pronunciamos en contra de las Agresiones Paramilitares
que se han cometido por los tres niveles de gobierno en estos últimos días en
territorio zapatista, llenándonos de rabia por que los malos gobiernos intentan
destruir de cualquier manera el esfuerzo de Autonomía. Desde el nacimiento de
las comunidades zapatistas el gobierno no ha dejado de atacar a las comunidades
dando continuación a los ataques que se vuelven más frecuentes y que con sus
diferentes caras intentan destruir lo que la Resistencia Zapatista a
reconstruido, en este caso las agresiones paramilitares fueron el pasado 24 de
junio de 2015 en contra del Caracol Resistencia Hacia Un Nuevo Amanecer La
garrucha, desde aquí denunciamos las injusticias en contra de los compañeros
zapatistas, difundiendo la información descrita en la denuncia en la
recuperación donde vivimos, la información se tomo de la denuncia que
textualmente dice : Hoy fecha 24 de junio del año 2015 en el poblado el
Rosario, Municipio Autónomo de San Manuel, donde viven nuestros compañeros
bases de apoyo del EZLN, a las 8:05 am de este día miércoles llegaron 28
paramilitares del ejido Pojkol del barrio Chiquinibal. Iban a bordo de 8
motocicletas y en una Nissan sin placas de circulación. De los 28
paramilitares, 8 de ellos portaban armas de fuego del calibre 22.
Ahí en el Rosario ahí viven
también los 21 paramilitares y son apoyados por ese grupo de 28 paramilitares
del ejido Pojkol del barrio Chikinibal que se encuentran invadiendo nuestra
tierra recuperada.
A las 10:05 am llega una
camioneta marca RAM color blanco sin placas de circulación, con dos personas a
bordo: un ingeniero y el ranchero que se llama Guadalupe Flores que vive en la
ciudad de Ocosingo Chiapas, quien era dueño del terreno antes del año 1994, se
reunieron los 28 paramilitares de Pojkcol y los 21 paramilitares del Rosario
junto con el ranchero y el ingeniero donde al llegar estas dos personas
hicieron una reunión; después de esa reunión entre ellos empezaron a medir el
terreno según que es para construir un templo y también midieron sitios para
construir casas, después de eso el ranchero hizo entrega unos documentos a
manos del grupo paramilitar, supuesto plano del terreno donde es recuperado.
A las 1:26 pm hicieron 10
disparos atrás de la casa de un compañero Base de apoyo intimidando a la
población.
A la 1:27 pm entraron en la
casa de un compañero base de apoyo 8 paramilitares de Pojkol pero no
encontraron nadie en ese lugar porque el dueño de la casa ya se había retirado
de su casa para evitar choques, después de 23 minutos vuelven a llegar a otra
casa de otro compañero. Eran la 1:50 pm destruyeron la casa de un compañero
Base de apoyo, robando todas las pertenencias así como el techo de la casa que
son 12 hojas de lámina de 3.5, 2 gallinas, 4 picos, 20 blanquillos, 2 hachas, 2
celda solar, $2000 pesos en efectivo, 2 azadón, una grabadora, un rollo de
manguera de 100 metros y 150 kilos de frijol. Todas esas pertenencias que era
del compañero base de apoyo lo subieron en la camioneta del supuesto ingeniero
y esa camioneta se fue rumbo a Pojkol, llevando toda esas pertenencias robadas
a donde regresaron junto con los 28 personas del Pojkol.
Por estos hechos nosotros
como autoridades de la JBG vemos muy claro que esas dos personas simulándose de
que es ingeniero y el otro ex dueño del rancho, son los asesores de esos grupos
paramilitares.
También nosotros estamos
claros que el mal gobierno está haciendo de muchas maneras y formas cómo nos
ataca, han pasado varias acciones y son los mismos paramilitares que nos han
matado un toro semental donde destruyeron casas, destruyeron nuestra tienda
colectiva, robaron nuestras pertenencias donde fumigaron nuestro potrero con
herbicidas donde se encontraba el ganado colectivo del municipio de San Manuel,
donde estuvieron disparando armas de fuego y dejando letras en la tierra que
dice “territorio pojkol” y también casquillos quemados en el mes de agosto del
año 2014.
Son los mismos paramilitares
que llegaron el día 10 de mayo de este año 2015 donde uno de ellos de nombre
Andrés le disparó una niña Base de apoyo.
Sabemos que los malos
gobiernos intentan apagar cualquier resistencia digna que se interpongan a los
planes del capitalismo, como pasa con las resistencias a lo largo del país y
que utilizaran cualquier estrategia para tratar de destruir lo que se construye
desde abajo y a la izquierda, lo que destruye la explotación, el desprecio, el
despojo y la represión, por eso compañeros desde este espacio les decimos:
¡¡¡NO ESTAN SOLOS!!!
¡¡¡VIVAN LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS ZAPATISTAS!!!
¡¡¡ALTO A LOS ATAQUES
ENCONTRA DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!!!
¡¡¡VIVA EL EJERCITO
ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL!!!
Unión Campesina Indígena
Autónoma de Rio grande.
In Memoriam del Camarada, Maestro, Amigo…… Francisco Gallegos
Participación de
Francisco Gallegos en el funeral del Maestro Fausto Trejo. 22 de Enero de 2011
Participación de Francisco Gallegos en el acto político
cultural “68 en el Corazón de la Memoria”. Octubre de 2009. (Minuto 4:24)
BOLETÍN N° 4 Situación jurídica del comandante Cemeí Verdía Zepeda
A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
El día de ayer, 28 de julio de 2015, se
hizo del conocimiento público que el juzgado tercero de distrito, con sede en
Morelia, le dictó un auto de libertad al compañero Cemeí Verdía Zepeda, al
considerar que no existen pruebas para suponer su responsabilidad en el delito
de violación de la ley federal de armas de fuego y explosivos. Sin embargo no
fue liberado, más aun se le privó ilegalmente de su libertad durante varias
horas; hasta que estuvieron listas dos órdenes más de aprehensión por los
delitos de :
-Robo calificado en agravio del
ayuntamiento de Aquila.
-Homicidio calificado en agravio de
Argel Mejía Valdovinos.
Tras la ejecución de dichas órdenes de
aprehensión fue trasladado al penal de Mil Cumbres ubicado en Morelia,
Michoacán. Cabe mencionar que endicho penal existen personas recluidas ligadas
al cartel de los Caballeros Templarios que operaron en la región de la
costa-sierra de Michoacán.
Hasta la tarde del día de hoy Cemeí
Verdía no tiene un juez asignado a la causa penal que se le sigue y en el mismo
sentido no está definida su situación jurídica. En otras palabras: se encuentra
privado ilegalmente de su libertad.
Por otro lado, debemos señalar que los
nuevos delitos son totalmente falsos y obedecen a una estrategia de represión
orquestada por el gobierno estatal y federal contra los pueblos y comunidades
de la costa-sierra.
En el caso del señalamiento de homicidio
se pide puntualizar que:
-Argel Mejía Valdovinos fue parte del
comando de sicarios que perpetró el atentado contra Cemeí Verdía Zepeda el
pasado 25 de mayo.
-Argel Mejía Valdovinos junto con otras
cinco personas, entre ellos otros miembros de su familia, después de realizar
el atentado se atrincheraron en una cueva durante día y medio (25 y 26 de mayo
de 2015), desde donde se negaron a entregarse a miembros de la Fuerza Rural,
policías comunitarios y policías ministeriales. En dichos hechos fueron asesinados
por el comando de sicarios un comandante de la policía comunitaria de Ostula y
un policía comunitario de Aquila.
-Argel Mejía Valdovinos después del
enfrentamiento quedó gravemente herido y falleció en el punto desde donde
estuvo disparando a los miembros de la Fuerza Rural, policías comunitarios y
policías ministeriales.
-Argel Mejía Valdovinos y su familia son
originarios del poblado de San Cocho en El Salitre de Estopila, Municipio de
Chinicuila, Michoacán. Él y otros miembros de su familia pertenecían al cartel
de los Caballeros Templarios bajo las órdenes de Federico González Medina
‘’Lico’’, quien además es su familiar político.
-Argel Mejía Valdovinos y otros miembros
de su familia salieron huyendo de la región tras el ingreso de los grupos de
autodefensa y los policías comunitarios en 2014 pues se dedicaban
principalmente al robo de ganado, extorsión y secuestro; además de formar parte
del grupo de sicarios que operaba bajo las órdenes de Federico González Medina
‘’Lico’’.
Ante esto y como siempre, hacemos un
llamado a estar atentos por la vulnerabilidad que le han impuesto a Cemeí Verdía
y la situación delicada en la que está la comunidad ya que su aprehensión busca
debilitar sus estructuras y a su gente.
Atentamente
Equipo de apoyo y solidaridad con la
comunidad indígena de Santa María Ostula
29 de julio de 2015
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