Detención del Coordinador Regional de la Casa de la Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, Guerrero

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS

DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

                                                                                                             

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. 28 de agosto de 2012.

A las organizaciones fraternas

A  los medios de comunicación

Al  pueblo en general.

Hoy 28 de agosto de 2012 aproximadamente las  7:30 de la mañana fue detenido por la Policía Ministerial, nuestro compañero MAXIMO TRANQUILINO SANTIAGO, Coordinador Regional  de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, Gro., mientras se dirigía de su domicilio a esta Casa de Justicia.

Hoy nos enteramos que la Agencia del Ministerio Publico y el Juzgado de Primera Instancia con sede en esta ciudad, le dieron curso a una averiguación previa y a la causa penal 76/2012-II, en contra de los compañeros Coordinadores Regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco, los comandantes regionales Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomas, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente Quintero, acusados de haber privado de la libertad al C. Silvino Encarnación Gabino, vecino de la comunidad de Yoloxochitl, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario acusado de haber asesinado a un vecino de la comunidad de Yoloxochitl. Derivado de esta denuncia, el Juez de Primera Instancia libero las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros y hoy, la policía ministerial llevo a cabo la detención de nuestro compañero Máximo Tranquilino Santiago.

De manera inmediata nuestros pueblos y comunidades se han movilizado y por acuerdo de la asamblea que se ha instalado en nuestra Casa de Justicia, se ordeno la detención de los Agentes del Ministerio Publico y del C. Juez Mixto de Primera Instancia todos con sede en esta ciudad, ya que han incumplido los acuerdos de no agresión y de coordinación en materia de impartición de justicia y de seguridad con nuestro sistema comunitario, además de transgredir la Ley Numero 701 de Reconocimiento, de derechos y cultura de los pueblos y comunidades originarias del Estado de Guerrero, promulgada desde el mes de abril de 2011, en la cual se reconoce la legalidad y legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, y en el que se establece la obligatoriedad para las dependencias del Estado de hacer valer y respetar las actuaciones de la CRAC y Policía Comunitaria.

Aproximadamente a las 14:30 horas de este día, nuestra Policía Comunitaria detuvo a las siguientes personas: FILOMENO VAZQUEZ ESPINOZA, JOSE LUIS BERNABE FERNANDEZ, OMAR SANDOVAL LEON Y NAPOLEON HERNANDEZ GARIBO, Juez Mixto de Primera Instancia, Secretario de Acuerdos penales del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Agente Titular del Ministerio Publico y Agente Auxiliar del Ministerio Publico, respectivamente. Se les ha tomado su declaración en relación a la detención de nuestro compañero y todos manifestaron desconocer las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios, la ley numero 701, así como los acuerdos de coordinación que desde hace años hemos mantenido con las distintas dependencias. Cabe señalar que el C. Filomeno Vázquez, se negó a dar cualquier dato o declaración incluso se opuso a que se pudieran tomar fotografías para documentar sus declaraciones. También se informa que al C. Omar Sandoval Leon, al momento de su detención se le recogió una pistola pietro beretta, calibre 9 mm. Con un cargador y 4 cartuchos útiles, con la que pretendió resistirse a la detención. Todos los detenidos se han puesto a disposición de nuestra máxima autoridad que es la asamblea regional, se encuentran bien de salud y se les informo del motivo de su detención y del procedimiento que habrá que seguir para lograr su liberación.

Ha sido acuerdo de la asamblea reunida el día de hoy, de convocar para el día de mañana miércoles 29 de agosto del año en curso, a todas las autoridades municipales y agrarias, de las comunidades, a reunirse en esta Casa de Justicia Comunitaria. Estamos convocando a que ante la asamblea regional se presenten los representantes del Gobierno del Estado: Secretario de Gobierno, Procuradora General de Justicia, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, para destrabar el presente conflicto, así como para establecer claramente la relación que habremos de seguir en lo posterior. En este mismo sentido, hacemos amplia la invitación a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales y políticas para que nos acompañen en esta asamblea regional que seguramente sentara bases para que los pueblos sigan avanzando en la construcción de este modelo organizativo de los pueblos.

Todo lo anterior lo vemos como parte de una campaña en marcha, del gobierno del estado y del gobierno federal, para hostigar y debilitar la organización de nuestros pueblos, dividir y lastimar a nuestras comunidades. Lo anterior se suma a la detención en días pasados de nuestro compañero Agustín Barrera Cosme, a las amenazas de muerte en contra de Cirino Placido Valerio, al desconocimiento como asesor de nuestro compañero Valentín Hernández; al agudizamiento del conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada que ha generado la muerte del Comisario Municipal de Tilapa el C. Crisóstomo Bruno Peñaloza; a la presencia creciente de grupos de la delincuencia organizada amafiados con el poder público, que están sembrando el terror y la inseguridad en toda la población. Todo esto lo vemos como partes de una estrategia del gobierno y las empresas mineras para debilitar a nuestros pueblos y así lograr consolidar su establecimiento en territorio comunitario para el saqueo y el despojo de nuestros recursos minerales y naturales.

Ante esto, el gobierno estatal ha respondido con incumplimiento a acuerdos alcanzados con nuestra institución comunitaria. Ha negado la dotación de 202 armas para nuestra policía comunitaria, arguyendo un sinfín de requisitos, cuando la delincuencia organizada todos los días está ampliando su poder. Nos niega armas para la defensa de nuestras comunidades y le otorga vehículos y equipamiento al ejército federal, aun cuando la SEDENA cuenta con presupuesto suficiente además de los recursos que le son asignados del ilegal Plan Mérida.

Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier otra agresión que se genere con motivo de esta lucha, ya que tenemos la información de que se están estableciendo retenes de la policía ministerial y estatal dentro del territorio comunitario. Manifestamos nuestra disposición a dialogar para generar acuerdos ante la asamblea general de nuestros pueblos.

Llamamos  a nuestros pueblos y comunidades a que se movilicen y a que demos prueba del valor y la razón que nos ha mantenido fuertes y unificados desde la constitución de nuestra Policía Comunitaria en 1995. Llamamos la atención a las organizaciones fraternas a nivel estatal, nacional e internacional a que se pronuncien en contra de esta campaña  de agresiones y a que se mantengan de pie con nuestra lucha.

“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”

¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria

Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy y Abel Barrera

Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy, Presidenta del "Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy" y Abel Barrera, Director del "Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan". Transmitido por CNN en Español el 5 de Agosto de 2011

El “genocidio cultural” en Guerrero

Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 36

Carta de Kerry Kennedy a sus hijas, al regresar de Guerrero

Queridas Cara, Mariah y Michaela:

Pasé la semana anterior en México con Abel Hernández Becerra, ganador del premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, y su equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, visitando comunidades indígenas de la región de la Montaña, en Guerrero, la zona más pobre del estado más pobre del país.

Ser indígena en Guerrero es como era ser afroestadunidense en Misisipi hace 50 años. La gente apenas subsiste en la miseria, y el hambre es rampante. El racismo tiene una historia larga y perversa y continúa arraigado en el presente. Quienes se atreven a decir la verdad a los que tienen el poder son amenazados, encarcelados, torturados, desaparecidos, violados y asesinados con absoluta impunidad.

Abel y su equipo en Tlachinollan son los líderes de los derechos civiles de nuestros tiempos. Arman a las comunidades con las herramientas del activismo, dan seguimiento a los abusos, confrontan a los perpetradores y siguen adelante pese a constantes amenazas de muerte. Son consejeros legales, abogados en juicios, organizadores de la comunidad, activistas ambientales. El personal de Tlachinollan trabaja con grupos activistas indígenas y campesinos, y propugna un mejor acceso a representación legal, atención a la salud, vivienda, educación, agua entubada, energía eléctrica y otros servicios.

La violencia en aumento relacionada con los recientes esfuerzos del gobierno de México por combatir el narcotráfico condujo a Abel a condenar la militarización excesiva y denunciar abusos. A su vez, él y su equipo han soportado cada vez más amenazas y violencia.

Hablé con Inés, mujer que fue violada por militares mientras dos soldados vigilaban. Con todo en contra, tuvo el valor de denunciar y llevar adelante la acusación contra los perpetradores. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que su caso debía ser transferido de la jurisdicción militar a la civil.

Apenas el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de México sostuvo el principio de que los casos de abusos de militares contra civiles deben ser transferidos a tribunales civiles. En respuesta, el Ejército Mexicano emitió un comunicado conjunto con la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR), en el que rebajaba la opinión del más alto tribunal del país a mero “criterio de orientación”. Al no adoptar ninguna acción la procuraduría, el caso se mantiene en la jurisdicción militar, donde ha languidecido durante largos nueve años. (Apenas esta semana, Inés fue informada de que su caso por fin ha sido transferido a la jurisdicción civil. Ahora corresponde a la PGR lograr que los violadores sean llevados ante la justicia.)

Conocí a dos mujeres cuyos esposos, Raúl y Manuel, presidente y vicepresidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, fueron asesinados luego que denunciaron abusos y crímenes contra la naturaleza cometidos por militares. Esas viudas se preguntan cómo darán de comer a sus hijos. Unos vecinos dieron a una de ellas cinco costales de maíz, con lo cual es difícil que subsistan: necesitarían 2 mil 200 dólares, cifra imposible de reunir en su comunidad, para construir una casa en un lugar donde pudieran conseguir empleo.

Conocí a otro organizador comunitario y abogado por los derechos humanos, quien me dijo que recibió ocho balazos por tratar de que se fincaran responsabilidades por narcotráfico y robo a un miembro de la elite del poder local.

Dos líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), marido y mujer, se ocultan a causa de las constantes amenazas de muerte que han recibido por demandar castigo a abusos militares.

Quienes se atreven a demandar derechos básicos están en el mayor riesgo. Su valentía hace eco a John Lewis, Rosa Parks y Martin Luther King Jr., defensores y organizadores de Estados Unidos que también pusieron su vida al servicio de los demás. Como esos defensores, los líderes de los grupos indígenas son señalados y atacados.

A la vista de estos ataques, es asombroso el nivel de conformidad con la injusticia que muestran quienes tienen autoridad. En el poblado de Ayutla encontré a un defensor que pasó dos años en prisión por un crimen que no cometió, y fue liberado cuando su impugnador admitió que había fabricado la acusación contra 15 miembros de la OPIM. Pregunté al procurador estatal por qué no retiró los cargos contra tres hombres que aún tenían orden de detención por la misma denuncia falsa. Su falta de interés por la justicia elemental era asombrosa. “Ah, no se preocupe”, me dijo. “No pasarán más de 72 horas en prisión”.

Me alegré cuando el recién electo gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, prometió atender todas las demandas que hicimos, pero nuestro optimismo no duró mucho. Recordé al gobernador que la oficina de Tlachinollan en Ayutla, cerrada durante dos años luego del asesinato de dos defensores locales de los derechos humanos, fue reabierta en junio sólo con la promesa de que el gobernador ofrecería seguridad. Sin embargo, los policías asignados a la oficina se presentaron sólo cuatro días y desde entonces no han vuelto. “¡Esta tarde estarán allá!”, proclamó. Cuando nos fuimos, cinco días después, no había policías a la vista. (Una buena noticia: luego de que el relato de ese encuentro apareció en la prensa nacional, el sábado en la mañana, dos policías aparecieron en la oficina, y siguen asignados a ella desde entonces.)

Inés quería encontrarse cara a cara con el gobernador. “Cómo no”, me dijo él; “yo seré el anfitrión, pediré que vengan las autoridades federales, y también estará Tlachinollan” para asegurar que todos estuvieran de acuerdo en los siguientes pasos a dar en el caso de ella. Cuando Abel llamó para concertar la cita, el secretario del gobernador explicó que éste tenía muchas ocupaciones, pero que él se reuniría con ellos.

Toda esta violencia, duplicidad e impunidad ocurren en el contexto de la horripilante pobreza y marginación de la población indígena en el México rural. En buena parte de la región de la Montaña, como en muchas comunidades indígenas en todo Guerrero, el acceso a los servicios básicos es casi inexistente.

Un hombre al que conocí salió de su casa a la una de la mañana para bajar de la montaña con su esposa y su hijo de dos años, con el fin de llegar a las 8 a la farmacia más cercana para comprar medicina contra la disentería. La farmacia estaba cerrada.

A una comunidad le dijeron que los alumnos tenían que llevar a la escuela sus propias sillas y pupitres, comprar un escritorio para el maestro y pagarle su salario, aunque se supone que el gobierno tiene que proporcionar todo eso. Cuando la comunidad logró satisfacer los requisitos, en vez de enviar un profesor, el gobierno mandó un estudiante de tiempo parcial que también debía hacerse cargo del mantenimiento.

Para esos niños indígenas no hay libros que les enseñen su lengua nativa, sus tradiciones y su historia, o que muestren a un solo indígena en un papel de modelo a seguir. Las clases se dan en español, y a menudo se hace que los alumnos se avergüencen de su entorno indígena, de su lengua y sus raíces. Como señala Abel, en un contexto de tan extendida pobreza, ese trato equivale a un “genocidio cultural”.

En la parte del estado de Nueva York, donde vivimos, un camino de terracería se considera pintoresco, y allí los precios de los bienes raíces son mucho más altos que los de los que están en caminos pavimentados. Pero la brecha que tomamos de Metlatónoc a Xalpatláhuac nada tiene de pintoresca. Es un camino de un solo carril, de dos kilómetros de largo, y nos llevó una hora completa sortear baches del tamaño de una tina de baño, jorobas elefantinas y lodazales. Las comunidades donde no hay carretera pavimentada tienen escaso acceso a víveres, medicinas, ropa, empleos o materiales de construcción, y llegan a estar aisladas durante meses en la temporada de lluvias. Uno de los momentos más terribles del viaje fue cuando nuestra caravana recibió parte de un deslave, en el que arena y piedras se desprendieron de las muy deforestadas montañas y golpearon como municiones nuestro vehículo.

En Xalpatláhuac, el padre Mario reunió a unos 70 y tantos catequistas que esperaron tres horas nuestra llegada, mientras nos retrasaban las brechas y lodazales. No perdieron el tiempo: cuando llegamos ya tenían una lista de asuntos a tratar con la delegación. El padre Mario describió cada tema, y luego dos o tres miembros de la delegación se pusieron de pie y hablaron de las experiencias y desafíos de su vida cotidiana. Varias personas relataron cómo una casa de la ciudad de México paga menos de 100 pesos mensuales por la electricidad, mientras esa misma casa en las montañas, con tres focos, llega a pagar varios cientos de pesos. Una mujer narró que había comenzado a coser ropa para obtener ingresos, pero el consumo de energía de la máquina de coser era más alto de lo que ganaba con las prendas que cosía.

Muchos otros hablaron de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno en tierras consideradas sagradas por los indígenas, sin que se consultara con las comunidades y mucho menos se les pidiera permiso o se hicieran planes para compartir ganancias con ellas. La degradación ambiental es una preocupación importante.

Otros más hablaron de que se han perdido comunidades enteras a la migración, ya sea dentro de México, hacia los campos agrícolas del norte o hacia Tlapa York, conocida también como Manhattan y Queens, donde muchas familias indígenas de Guerrero se han visto obligadas a buscar trabajo. Las viudas de la migración son abandonadas a su suerte junto con sus hijos. Las comunidades se parten en dos. En los campos, las condiciones son aún más horrendas que en los poblados, pues hombres y mujeres indígenas quedan como sirvientes de sus patrones, y las familias enfrentan robo de salarios, trabajo infantil y asalto sexual.

En este contexto luchan Abel y su equipo todos los días. Aunque parezca increíble, no recuerdo haber encontrado un grupo más alegre de amigos. Trabajan duro, ríen con facilidad y tienen confianza absoluta unos en otros. Es algo asombroso de ver, y un verdadero tributo al espíritu humano. Cuando le pregunté a Abel qué lo sostiene, habló del espíritu de la comunidad que él y sus colegas han aprendido de los pueblos indígenas de la Montaña, los cuales comparten todo lo que tienen y viven en beneficio de las comunidades, sus ríos, sus bosques, sus montes. Las palabras en el muro de Tlachinollan resuenan con verdad: “La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los pueblos me’phaa, na savi, nahuas, nn’anncue y mestizos”.

Cara, Mariah y Michaela, recuerden, por encima de todo, que nuestras vidas son más hermosas cuando la amistad está presente entre nosotros. Éste es el verdadero espíritu detrás de la justicia genuina: que nos interesemos lo suficiente por los demás para procurar que los traten con dignidad, como nosotros queremos ser tratados. Tenemos nuevos amigos en Abel y Tlachinollan, y no veo la hora de compartir esta amistad con ustedes.

Todo mi amor, mamá.

Traducción: Jorge Anaya

Video de Al Jazzera sobre incursiones militares en la Sierra de Guerrero

El documental está en inglés con los testimonios en castellano

Agradecemos la colaboración del compañero Enrique Victoria

Conmemoración X aniversario (2008) de la masacre en El Charco, Ayutla de los libres, Guerrero.

“… las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".

Se agradece el apoyo técnico de Espacec.





La Masacre de El Charco,
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ocurrida el 07 de junio de 1998.

Informe de seguimiento a un año
Elaborado por la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos



En El Charco, un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros disparados al corazon de los famelicos
cuerpos enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indigena mezclada con las lagrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJERCITO MEXICANO SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?.

Mexico, D.F., a 7 de junio de 1999.




BREVE CRONOLOGIA


En la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.

Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.

Las personas detenidas fueron
Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio ALONSO TRINIDAD, Martin MACARIO SALAZAR, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, Alfonso Olivar MORALES, Javier ANGEL SEVERIANO, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Alonso MARTINEZ, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATARINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Miguel Angel GARCIA CRISTIANO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION o Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Juan GARCIA DE LOS SANTOS, Anastasio RAMIREZ SIMONA, Esteban LEONARDO EPITACIO, Efren CORTES CHAVEZ, Erika ZAMORA PARDO, ademas de los menores de edadFrancisco Cristino CRESCENCIO, Adrian PATRIARCA ANGUSTINO, Bernabe GARCIA DE JESUS, Pedro ESTEBAN AVILA y Meliton CASTRO MORALES.

Tomaron la declaracion preparatoria los agentes del Ministerio Publico Federal coordinados por el subdelegado de averiguaciones previas de la PGR, Miguel Angel ZARAGOZA REYES.

El 11 de junio, fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la PGR en Guerrero, Javier LOMELI, no encontro elementos para procesarlos.

Ellos fueron Alfonso OLIVAR MORALES, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATALINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION, Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Anastacio RAMIREZ SIMONA y Esteban LEOBARDO EPITACIO, Javier ANGEL SEVERIANO, Miguel Angel GARCIA CRISTINO y Martin MACARIO SALAZAR. Cabe señalar que Javier LOMELI, posteriormente fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordeno la liberacion de las 20 personas, incluyendo a 4 menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel HERNANDEZ ALBA, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares, solicito nuevamente 17 ordenes de reaprehension, mismas que giro la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl GUIDO GUZMAN.

Se abrio una nueva causa penal 17/98, por los delitos de motin, sedicion e invitacion a la rebelion, sumandoseles al proceso penal 109/A-1/98 que se le sigue a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ.

El 23 de junio fueron arrestados Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio TRINIDAD AMBROSIO, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO y Juan Carlos GARCIA DE LOS SANTOS, quienes dos dias mas tarde fueron trasladados del Hospital General de Acapulco al Cereso de Acapulco, despues de que se les girara nueva orden de aprehension por los delitos de rebelion y conspiracion. Tal diligencia se realizo en privado en el area de enfermeria del penal de Acapulco, en contradiccion con la Constitucion Politica Mexicana, que establece que debe ser publica.

El 27 de junio la juez Xochilt GUIDO GUZMAN dicto auto de formal prision a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelion, conspiracion e incitacion a la rebelion. Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo SAAVEDRA, ante Maximiliano TORAL PEREZ, juez cuarto de distrito de Acapulco, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelion, terrorismo, acopio de armas, portacion de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.

Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron,
a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.

El 13 -14 de junio fueron reconocidos 11 cadaveres y entregados a sus familiares, los que corresponden a Honorio GARCIA LORENZO, Mauro GONZALEZ CASTRO, originarios de Agua Cachagüe; Mario CHAVEZ GARCIA, Ricardo VICENTE, Fidencio MORALES CASTRO de 21 años, Jose FERNANDO NICASIO, Fernando FELIX GUADALUPE de 25 años de edad, de la comunidad de Ocote Amarillo; Daniel CRISOFORO del Coyul; Ricardo ZAVALA TAPIA de 24 años, del Distrito Federal, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO o Francisco PRISCILIANO de 41años de la comunidad El Potrero, Apolonio JIMENEZ GARCIA de 40 años, y Juan GARCIA DE LOS SANTOS de 23 años (al parecer, existe una contradiccion en dicho nombre, ya que en el expediente juridico aparece como asesinado, pero despues se reporta que se le dio libertad) de El Charco.

El 15 de junio el juez Maximiliano TORAL PEREZ, dicto auto de libertad a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, ya que su defensor de oficio, Hector HERNANDEZ, asento que los hechos no coinciden en la tipificacion de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, el juez les dicto auto de formal prision como responsables de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito. Pese a lo anterior tres dias despues a Efren CORTES CHAVEZ se le nego el derecho a la libertad bajo fianza, con el argumento de que liberarlo constituiria un peligro para la sociedad, ya que lo señala como presunto miembro del grupo armado. El defensor de oficio, interpuso el recurso de apelacion ante el tribunal unitario del vigesimo primer circuito, con sede en Chilpancingo.

El 22 de junio los menores que se encuentran en el Tutelar de Menores dieron sus testimonios al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Adrian PATRIARCA AGUSTINO, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, refirio que fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol. Despues lo trasladaron en helicoptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligandolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal.

Bernabe GARCIA DE JESUS, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que "cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladandome en helicoptero a Cruz Grande y luego a Acapulco". Meliton CASTRO MORALES de 15 años, originario de la comunidad El Coyul y Pedro ESTEBAN de 16 años de Ocote Amarillo, refirieron testimonios parecidos.


VERSIONES OFICIALES

19 al 22 de junio Jose Luis RAMOS RIVERA, subprocurador general de la Republica, dio a conocer la postura oficial de lo ocurrido "No hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturo a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI", ademas de que dio a conocer la existencia de un video. Indico que se realizo la prueba de absorción atomica a cada uno de los fallecidos y en todos los casos se comprobo que accionaron armas de fuego, y se les practico la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos, la cual resulto negativa. Se pronuncio en defensa del Ejercito Mexicano, diciendo que lo de El Charco fue un enfrentamiento, los militares hacian un recorrido en aplicacion de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, y descubrieron a unos hombres armados y al pedirles las armas estos comenzaron a disparar iniciando asi el enfrentamiento, el cual duro de las 450 de la madrugada a las 1100 de la mañana aproximadamente.


VERSIONES CONTRASTANTES

La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.

De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio "los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".

Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.



HOSTIGAMIENTO

Despues de la masacre, los vecinos de la comunidad El Charco, se desplazaron por el temor, ante el incremento de la militarizacion, con gran panico en las comunidades; quienes solicitaron el retiro del Ejercito.

11 de junio alrededor de las 0200 horas, un grupo de 20 personas, a bordo de una Suburban, irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia de Erika ZAMORA PARDO, ubicado en la comunidad de El Rosario, Municipio de Francisco I. Madero, estado de Hidalgo. En donde los amenazaron y robaron documentacion personal. Motivo por el cual su familia tuvo que huir de esa comunidad rumbo a la Ciudad de Mexico. La familia de Efren fue vigilada en Ayutla y Cruz Grande.

Se promovieron dos juicios de amparo contra actos de la justicia federal a favor de 14 campesinos, numero 648/98 promovido ante al juez tercero de distrito, Lucitania GARCIA ORTIZ, y el 649/98 contra actos de las autoridades federales.

30 de junio Ricardo MARTINEZ MARTINEZ, integrante del Bloque Universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM, informo que luego de la detencion de su compañera Erika ZAMORA PARDO y de la muerte de Ricardo ZAVALA TAPIA, se inicio una ola de intimidacion en contra de jovenes de la UNAM y de la UAM, ya que agentes de Gobernacion y militares, pretendian vincularlos con actos subversivos.

04 de julio El defensor de oficio Andres GARCIA BUSTAMANTE, promovio ante el juez segundo de distrito, Xochil GUIDO GUZMAN, testimoniales de los comisarios municipales de Ayutla de los Libres y de El Charco, a favor de 6 detenidos. Sin embargo solo Juan Garcia de los Santos y Eugenio Trinidad AMBROSIO, salieron de inmediato despues de las declaraciones hechas por los comisarios.

08 julio Efrain ZUÑIGA GALEANA, coordinador de los diputados federales priistas guerrerenses, declaro "que el EPR es el sector guerrillero del PRD, los dirigentes del PRD estan al servicio del EPR, son quienes los estan subsidiando".

15 de agosto. Ampliacion de declaracion con efectivos del Ejercito mexicano, con el mayor de infanteria del 78 Batallon de Infanteria, Jose GARNICA MARQUEZ y el soldado raso Jose Monico quienes coincidieron en señalar que el general Juan Alfredo OROPEZA GARNICA estaba al filo de las 700 horas frente a la escuela del El Charco.

20 de agosto fueron detenidos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, indigenas mixtecos, cuando se presentaron a declarar a favor de Efren CORTES CHAVEZ y Erika ZAMORA PARDO. En el Juzgado Tercero de Distrito se habia autorizado el amparo contra la orden de aprehension, pero al no depositarse la garantia se anulo y procedieron las ordenes de aprehension. Se encuentran acusados de rebelion y conspiracion, segun el expediente 1798, causa 49/98, en el Segundo Juzgado de Distrito con sede en Acapulco. El 26 de agosto se les dicto auto de formal prision.

INDEFENSION JURIDICA.

25 de agosto Fue detenido el abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, Asesor Juridico de la OCSS, quien atendia el caso de los presos a consecuencia de los hechos en El Charco. Se le acusa de despojo, robo y daños, a raiz de una toma de tierras que realizo un grupo de colonos en los Mogotes, Municipio de Coyuca de Benitez, en enero de 1997. Cabe señalar que el Juez Sexto Penal del Distrito Judicial de Galeana, Adolfo VAN METEER ROQUE, quien le dicto el auto de formal prision por los delitos de despojo, robo y daños, sin derecho a fianza, es el mismo que anteriormente, el 4 de diciembre de 1995, en la causa penal numero 145-1/994, ventilada ante el mismo juzgado sexto de lo penal, ya habia sentenciado en contra del señor Ranulfo SAMANO BARBOSA por el delito de despojo del mismo bien inmueble objeto del proceso penal. Destacamos que dicha persona es quien se presento como quejoso en contra del Lic. Jose SANCHEZ SANCHEZ.


NEGLIGENCIA MEDICA.

16 de agosto fue visitado el menor Francisco CRISTINO CRESENCIO, detenido en el Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo por el doctor Rafael Gomar Yabra, especialista en traumatologia, miembro de la Oficina de Socorro Internacional en Mexico e integrante de la Caravana Vicente Guerrero; alerto que el niño corre el peligro de perder la movilidad del brazo de por vida, debido a la negligencia de las autoridades al negarle la atencion medica adecuada y oportuna. El medico señaloel 16 de agosto observe, que a pesar de la gravedad de las lesiones, probablemente una fractura supracondilia, solo tenia una ferula posterior de yeso rota e inservible, fijada con una venda elastica deshilachada que le retire porque le estaba molestando. El niño presenta severas secuelas neurologicas con gran deterioro funcional del brazo y atrofia muscular avanzada. Por lo tanto no se le ha prestado atencion medica ni psicologica para la recuperacion emocional de un pequeño que solo habla mixteco, y que fue arrancado de su en torno familiar y social en un escenario de violencia militar gubernamental. No hay fundamento para su detencion ya que sus 4 compañeros detenidos por los mismos delitos ya fueron liberados. El 5 de septiembre, Pedro Julio VALDEZ VILCHIS, director general de Comunicación Social del gobierno del estado, nego los hechos. Sin embargo, el menor presentaba limitacion del movimiento de la articulacion del codo izquierdo y semiparalisis de la muñeca y mano izquierda, ya que no puede realizar los movimientos de extension de dicha mano, tambien presentaba hemiatrofia muscular (hipotrofia) de antebrazo y mano izquierda.

Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.

Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.

Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.

Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.

Inicialmente Francisco se encontro incomunicado. Presento su declaracion preparatoria ante el Ministerio Publico Militar. Su familia solo pudo visitarlo pocas veces por falta de recursos. Se le dicto sentencia de 9 meses. Fue liberado el 26 de mayo de 1999.


SEGUIMIENTO DURANTE 1999

Enero aparecio en un diario de Acapulco, una resolucion apocrifa de la CNDH; donde se señala que los hechos ocurridos fueron un enfrentamiento del Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) contra el Ejercito Mexicano. Tambien se desmintio que el Ejercito haya usado granadas de fragmentacion. Que las pruebas hechas a los detenidos salieron positivas, y que en el examen de orina realizado a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, aparecen residuos de cocaina. Mas tarde, la CNDH desmintio esa Resolucion diciendo que el documento publicado es apocrifo.

10 de marzo La juez segundo de distrito, Xochitl GUIDO GUZMAN, sentencio a 5 años de prision a Erika ZAMORA PARDO y Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de conspiracion e invitacion a la rebelion. A Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, indigenas mixtecos se les sentencio a un año de prision y multa de 9 mil 506 pesos 25 centavos, por los delitos de portacion de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada y el Ejercito (cabe señalar que al considerar el beneficio de la pena de 38 dias de trabajo, se debio otorgar su libertad condicional, hecho que ocurrio hasta el 12 de mayo, cuando fueron liberados mediante el pago de una fianza de $ 1000.00 mil pesos cada uno, por resolucion del Tribunal unitario con sede en Chilpancingo). Una semana despues se les dicto otra sentencia a Erika ZAMORA de 3 años y medio a Efren CORTES de 1 año y medio por portacion de arma. Acumulandoseles asi, 8 años y medio a Erika ZAMORA y 6 años y medio a Efren CORTES.

Por la sentencia dictada contra Efren CORTES y Erika ZAMORA, se interpuso apelacion, lo que trajo como consecuencia que se determinara una nueva revision al caso, razon por la cual se giraron ordenes de reaprehension contra los indigenas mixtecos Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNADEZ FRANCISCO, recien liberados.

A un año de la masacre del Charco continuan en prision los 4 indigenas mixtecos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, la estudiante Erika ZAMORA PARDO y el dirigente del PRD, Efren CORTES CHAVEZ, en el Cereso de Acapulco.

OTRAS REPERCUSIONES

Las familias de los detenidos que quedan en indefension economica

Bernardino GARCIA FRANCISCO, 38 años, Comunidad El Paraiso, medico tradicional, integrante de la Organizacion Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT).
Esposa, Maria Claudia PAULA GARCIA (37 años); hijos Florencio (20 años), Eudocio (18), Teresa Felipa (17), Rodrigo (14), Angel (11), Eudes (9), Octavio (4) y Florentino (1)

Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, 43 años, Comunidad El Paraiso.
Esposa, Teresa Margarita Carmen (38); hijosJaime (10), Hermelinda (8), Bonifacio (6), Floriberto (4), Gabriel (3) y Alejandro (1año 9 meses).

Sabino ADELAIDO GARCIA, 30 años, Comunidad El Potrero.
Esposa, Benicia Castro de los Santos (26); hijosLuis (5) y Adelaida (1 año 9 meses ).

Esteban EDUARDO EPITACIO, 43 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Maria Rosa Catarina; (40 años), hijosCristina (28), Valeria (20), Florencia (10), Leobardo (8), Arnulfo (5) y Fulgencio (4).

Alfonso OLIVIA MORALES, 22 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Elena Victoria Sabina (21); hijosNabor (11 meses).

Anastacio RAMIREZ SIMONA, 26 años, Comunidad La Concordia.
Esposa, Victoria Angel Verenciana (24); hijosAgripino (12), Leonilda (7), Carolina (3) y Norberto (1año 6 meses).

Numero de personas afectadas por la detencion arbitraria de los 6 indigenas12 adultos y 27 niños.

LAS VIUDAS DE EL CHARCO.

Catorce mujeres, indigenas mixtecas, se vieron obligadas a trabajar en casa, en el campo, y ahora tambien debieron darse a la tarea de exigir justicia.

Catalina LEOBARDO AURELIA, de 24 años y madre de 6 niños, vecina de Ocote Amarillo, quien perdio a su esposo, Fernando FELIX GUADALUPE, de 25 años, dice "ahora mi trabajo es 4 veces mas que antes y con menos dinero que antes". Ella camina 5 horas desde su comunidad hasta la cabecera de Ayutla, para pedir la indemnizacion por la muerte de su esposo, la que no le quieren dar, diciendole que su esposo murio en enfrentamiento ya que ellos atacaron a las tropas del Ejercito Mexicano. La situacion de las 8 viudas es igual, piden apoyo para mantener a sus hijos y el Gobierno se lo niega. Ahora empiezan a hablar; dicen que la necesidad las obliga a ponerse al frente.

Quienes mas sufren las consecuencias son las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".



CONCLUSIONES.

Los hechos que se presentaron en la Masacre de El Charco señalan que, dificilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento puesto que no se presento ningun herido por parte del Ejercito Federal, lo que sugiere fuertemente que

1. Los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosia y ventaja y no ponderaron las medidas de rendicion como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta resultando 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 de ellas heridas.

2. Llama poderosamente la atencion que el numero de muertos sea mayor al de los heridos, y que ningun militar resultara lesionado. Normalmente es de esperar que el numero de heridos sea mayor al de los muertos y, que cuando se trata de un enfrentamiento haya lesionados de ambos lados.

3. El Lugar de los hechos fue modificado inmediatamente por el Ejercito Mexicano impidiendo la preservacion de las evidencias, violando disposiciones en materia de procedimientos penales.

4. Las necropsias realizadas no consiñan todos los elementos que establecen los protocolos, son insuficientes para determinar las relaciones victima-victimario y el tipo de proyectiles utilizados.

5. Los detenidos fueron puestos a disposicion del Ministerio Publico Militar quien tomo declaraciones a los detenidos, violando la legislación penal y la constitucion.

6. Queda comprobado que los detenidos se mantuvieron en un lugar distinto al destinado ex profeso, lo que refuerza la version de los detenidos de que sufrieron coaccion para su declaracion, y apunta la validacion de los testimonios de tortura fisica y psicologica a la que aluden los detenidos (considerada por la jurisprudencia nacional en la materia), no obstante que los certificados medicos no se hayan consiñado lesiones visibles o externas.

7. Las acciones de la CNDH y las de la Coddehum han sido insuficientes y los derechos de los detenidos han quedado limitados ante la ausencia de un trabajo de campo mas acucioso.

8. Preocupa la detencion del abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, quien habia asumido la defensa de los detenidos de El Charco, bajo un proceso penal fuertemente cuestionado por sus irregularidades, lo que hablaria de una politica sistematica de aislamiento y represion.

9. los ataques y calumnias en contra de las ONG que han atendido el caso, señalandolas como parte de los grupos armados evidencia y refuerza dicha politica de aislamiento.

Finalmente, la Limeddh-FIDH recuerda que el caso de la Masacre de El Charco ha sido mencionada en el mas reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir; a quien hemos solicitado que en su proxima visita a Mexico, ha realizarse probablemente en julio de 1999, lo incluya en su agenda de trabajo al igual que la Masacre de Aguas Blancas, de Las Palancas, Cualac, en Guerrero, y Acteal y otras mas en Chiapas, Oaxaca y el resto del pais.




RECOMENDACIONES

1. Debe investigarse con profundidad la denuncia de ejecucion sumaria con tiro de gracia a Mario CHAVEZ GARCIA, Daniel CRISOFORO JIMENEZ, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO y Fernando FELIX GUADALUPE, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio GARCIA LORENZO quien fue el primero que al salir de la escuela se hinco, levanto las manos en señal de rendicion y dijo "Perdonenme, nosotros no tenemos armas, no tiren" y los militares dispararon contra el. Los estudios de necropsia establecen que algunos de los cuerpos presentan una sola herida de proyectil de arma de fuego, mientras que la mayoria de los cadaveres presentan heridas multiples. Por lo que se requeriria la renecropsia para establecer si hubo tiro de gracia, como lo refieren algunos testimonios, cuando menos, en los cadaveres señalados.

2. Debe investigarse a profundidad los hechos puesto que, según declaraciones militares, ellos estaban en la zona aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, al mando del General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA; sin embargo, operativos de este tipo no requieren el uso de armamento altamente sofisticado. Ademas de que los testimonios de los testigos afirman que participaron 30 tanques, algunos vehiculos Hummers y contaban con enorme armamento. Los militares que participaron en el operativo llegaron rodeando la zona, con horas de antelacion. Por otro lado, participo en este el General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA, Jefe de la 27 Zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km, por lo que no le corresponderia la zona para llevar a cabo un operativo.

3. Deben investigarse las denuncias coincidentes en las que se mencionan que a los detenidos se les traslado a la Zona Militar donde se les torturo y amenazo con desaparecer a sus familiares, obligandoles a firmar declaraciones fabricadas, en las que se declaraban miembros del ERPI e involucraban a dirigentes sociales como a Rocio MESINO de la OCSS, y al ex diputado Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, exiliado en Francia.

4. Deben investigarse las actuaciones del Ministerio Publico Militar, quien no tiene facultades para tomar declaraciones de civiles.

5. Debe de garantizarse el derecho al debido proceso y la valoracion de todos los elementos para que los jueces actuen con plena independencia como lo establecen las normas nacionales e internacionales.

6. De los resultados de la investigacion del caso, se debera sancionar a los responsables y proceder a la indemnizacion de las victimas y sus familiares.

7. A la CNDH solicitamos que agilice la investigacion, ya que a un año de los hechos, no ha emitido ninguna Recomendacion al respecto.

Indígenas de Ojo de Agua Guerrero, cierran accesos a tala de árboles en bosque protegido

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

• Piden a Profepa, Semarnat y Conafort que hagan cumplir la legislación forestal vigente

• Se quejan de historia escasez de agua en la comunidad y desperdicio de madera

• Alertan sobre la posible disminución de agua en ríos de la Costa Chica, Balsas, Papagayo

Tlapa, a 4 de diciembre de 2009- Mujeres, niños, hombres, maestros y autoridades comunitarias Ojo de Agua, municipio de Malinaltepec, cerraron simbólicamente el acceso a una empresa forestal, en rechazo a la extracción de madera en un bosque que está ubicado en la categoría de área protegida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Asimismo exigieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que cancelen el corte de árboles e intervengan para que se reparen los daños ocasionados al ecosistema.

La mañana de este jueves 3 de diciembre, indígenas Me`phaa del pueblo de Ojo de Agua arribaron a la entrada de la Empresa Forestal Comunitaria TEMILITZIN -que se ubica a 15 minutos de la comisaría del pueblo, sobre la carretera Tlapa-Marquelia- para cerrar el paso e impedir que se continúe con la tala irregular de árboles en la zona conocida como Cerro Santiago.

Durante este acto, mujeres, niños y maestros portaban pancartas en cuyos textos se leían frases como: “No destruyan nuestros bosques, piensen en el futuro de nuestros hijos” o “Defendamos nuestro territorio”.

Más tarde, las autoridades de Ojo de Agua realizaron un recorrido con reporteros por la zona devastada; ahí mostraron el desperdicio de madera que ha hecho TEMILITZIN, así como arroyos cubiertos con escombro de las brechas que abrió la empresa para sacar la madera.

Las autoridades encabezadas por el comisario Arturo Flores Galeana señalaron que en una asamblea comunitaria acordaron cerrar el paso a la empresa TEMILITZIN y exigir que se le cancele el permiso de extracción de madera, porque está causando severos daños a la comunidad. Dijo que la más grave fue la escasez de agua que por primera vez enfrentaron este año.

Arturo Flores precisó que a raíz del estiaje que se vivió en Ojo de Agua, una comisión de vecinos se dio a la tarea de investigar las causas y en ese proceso detectaron que el flujo de agua disminuyó a consecuencia de la tala irregular de los árboles. Indicó que ante este problema decidieron, el pasado 24 de noviembre de este año, presentar una “denuncia popular” ante la Profepa para exigir que se suspenda de manera definitiva el programa de manejo forestal en el bosque de la comunidad, pues el impactó no sólo se reduce a ese pueblo sino que está influyendo en la disminución de los caudales de manantiales que desembocan en afluentes de la Costa Chica, el río Balsas y el río Papagayo.

El comisario señaló que por las irregularidades que fueron detectando solicitaron a las autoridades ambientales en el estado, que les den a conocer los permisos que otorgaron así como información sobre la zona a talar, sin embargo, indicó que ha habido una negativa. Arturo Flores mencionó que la misma TEMILITZIN no ha informado sobre sus planes y beneficios que debe dejar a la comunidad.

Destacó que tampoco conocen qué área es la que protege el PNUD a través del proyecto denominado Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) con sede en Tlapa, pues sólo han visto los letreros y carteles.

En ese sentido insistió Arturo Flores que la demanda de la comunidad es justa porque además de que se ha violado la ley forestal por parte de TEMILITZIN, a los vecinos de Ojo de Agua se les ha violado su derecho a la Información, la Consulta, el Agua y Medio Ambiente.


DATOS DE CONTEXTO:

El cerro Santiago es parte del último territorio de vegetación mesófila de la Montaña, (o “bosque de niebla”), habitada por numerosas especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 entre las que destacan los “Helechos Arborescentes” del periodo jurásico, así como el ocelote, el tigrillo, el puercoespín, el jaguar o el puma.

Es parte de la zona más alta de la Montaña donde nace la cadena montañosa contra la que chocan los vientos del Pacífico provocando lluvias que escurren hasta las tres principales cuencas hidrológicas de Guerrero gracias a la inclinación de sus laderas, que supera el 45 por ciento de su pendiente.

Por todas estas característica, el Cerro Santiago fue elegida por el PNUD para llevar a cabo un Programa de Manejo Integral de Ecosistemas (MIE) y es un área “circunscrita a su conservación y uso restringido o prohibido” según la ley forestal en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y de la zonificación forestal.

El estado, no cesa de perseguir a las comunidades indígenas que conforman la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.

Ser na saví y aplicar nuestra justicia
comunitaria es nuestro delito
en esta sociedad en donde
es delito nacer, decir,
omitir, criticar
al sistema
imperante..

Antes que nada reciban cordiales saludos desde el ñuú saví San Isidro Labrador, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero; y mediante la presente nos permitimos de manera enérgica denunciar de manera pública las múltiples violaciones a nuestros derechos humanos por el delito de formar parte de la Coordinadora de Regional de Autoridades Comunitarias, desde hace mas de once años.

Al igual que todas nuestras comunidades hermanas y parte de nuestro sistema de justicia comunitaria, nosotros también nos sumamos a este proyecto comunitario desde hace once años, ya que las condiciones en las que vivíamos eran similares a en esta la región “Costa chica-Montaña.

Las que condiciones que sufrían día a día nuestras comunidades, sin que nadie hiciera nada, eran: asaltos en carreteras, violaciones a pleno luz del día, robo de ganado, maltrato por parte policías estatales ya sea en camino o en carreteras, intimidación y hostigamiento por parte de las autoridades policiales del Estado.

Por esta razón es que de manera decidida y mediante asamblea comunitaria decidimos sumarnos al Proyecto de la Policia comunitaria.

Lo que no imaginamos es que, por sumarnos a este proyecto nos costara mucho, por nombrar ejemplos, la división que sembró el PRI en nuestra comunidad un años después, o sea en el 1999, la discriminación en aprobación de obras por parte del gobierno municipal, el maltrato que desde entonces sufrimos por los gobiernos y la guerrea permanente que han sembrado los partidos políticos en nuestra comunidad.

Bueno, pues de manera puntual, denunciamos todas y cada una de las violaciones a nuestros derechos humanos, antes mencionadas, pero más urgentemente denunciamos también la persecución que el gobierno estatal a través del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial “La montaña” con sede en Malinaltepec, ha iniciado contra nuestra comunidad, San Isidro Labrador, mediante la estrategia de fabricación de delitos. Ya que desde hace cuatro años, cuatro ordenes de aprehensión contra el entonces comisario de nombre Jorge Neri Castañon y tres policías comunitarios, dos de los cuales ya fueron ejecutadas.

De igual manera y para contrarrestar nuestra lucha y unión a la CRAC, se han liberado en días recientes 30 ordenes de aprehensión contra 30 compañeros de la comunidad de los cuales siete son policías comunitarias, tres consejeros de nuestra policía comunitaria y el resto todos señores principales de nuestra comunidad, todo lo anterior consta en la averiguación previa numero 36/ 2009, en la agencia del ministerio publico con sede en Malinaltepec, Gro, aun cuando ya existen convenios con el gobierno del Estado de respetar nuestro sistema de justicia comunitaria.

Por lo que desde este espacio nos permitimos amablemente solicitar la solidaridad, apoyo y auxilio de las ONGs hermanas, para que no[s] apoyen en la cuestión judicial, ya que de lo contrario nos encerrarán a todos.

ATT. Ñuu saví ukú ndiva’yí o San Isidro Labrador, municipio de Atlamajalcingo del Monte.

El respeto a nuestra comunidad y a nuestro derecho será justicia.

Firman:
Comisario: Aurelio Neri Castañon
Comandante del la Policía comunitaria: Jesús Ruiz Castañon
Consejero de la policía comunitaria: Simitrio Guerrero Comonfort.

Detiene el Ejército a 12 policías comunitarios en Costa Chica, Guerrero

Los “confundieron” con eperristas; arrestan hasta al presidente de Vigilancia

Liberan a la mitad; el resto es llevado a la PGR, donde pagan más de 100 mil pesos de fianza

LAURA REYES MACIEL (La Jornada Guerrero)

En un operativo en el que participaron al menos 80 efectivos del Ejército mexicano adscritos al municipio de Cruz Grande, en la Costa Chica, detuvieron el pasado sábado a 12 agentes de la Policía Comunitaria de Marquelia, incluido al presidente del Consejo de Vigilancia, por estar supuestamente ligados al grupo armado Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El titular de Justicia y Derechos Humanos del Secretariado Estatal (SE) del PRD, Urbano Lucas Santamaría, informó que la irrupción militar se dio en la comunidad General Enrique Rodríguez, por una supuesta denuncia anónima. Los militares justificaron las detenciones porque los policías comunitarios no tenían en ese momento ninguna identificación.

Sin embargo, horas después del arresto –catalogado por el perredista como arbitrario y del cual se va a avisar a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum)–, fueron puestos en libertad seis de los policías y el resto fue trasladado a la subdelegación en Acapulco de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ahí se les inició una averiguación previa, aunque no se dio mayor información al respecto, y lograron salir pagando una fianza de 100 mil pesos por los seis agentes.

“El argumento que tiene el Ejército es que los policías no tenían ninguna identificación, y que una de las escopetas que traían consigo tenía la punta recortada, pero eso lo hacen los policías porque su armamento es viejo. El ejército creía que pertenecían al EPR”, explicó Lucas Santamaría

Ante esa situación, los policías detenidos tendrán el próximo sábado una asamblea en Marquelia para discutir la situación y presentar el caso a las autoridades en materia de derechos humanos, y de esa forma tengan conocimiento de los atropellos que cometen los militares en la Costa Chica con el pretexto de buscar a personas ligadas con grupos armados.

General Enrique Rodríguez es uno de los 16 poblados de la Costa Chica que cuentan con la Policía Comunitaria, que hasta 2008 sumaba 700 miembros, que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.

Comunicado urgente por la detención de los hermanos Ponce Lola en Ayutla, Guerrero

COMUNICADO URGENTE

Zihuatanejo, Guerrero a 1 de Julio del 2009


Ante los hechos ocurridos hace unas horas de la detención arbitraria por elementos del Ejército a Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola de 28, 20 y 16 años hermanos de Manuel Ponce Rosas(asesinado por su trabajo a favor de los pueblos indígenas del estado) activista y líder de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) en la comunidad de Ocotlán, municipio de Ayutla, acusados con el cargo de portación de armas y trasladados a la PGR en Acapulco la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) exige:

1.-Su presentación inmediata de Victoriano Ponce Lola, Santiago Ponce Lola y Alicio Ponce Lola ya que los cargos que se les imputan pueden ser ficticios como es costumbre del gobierno crear delitos cuando el trabajo de los Defensores de Derechos Humanos es el ver por la seguridad y cumplimiento de la ciudadanía

2.-Liberación inmediata y una investigación exhaustiva ante estos hechos llevados a cabo por la mano opresora del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo

3.-Qué el Ejército deje de realizar acciones que le compete investigar a la autoridad civil en caso de ser ciertos los cargos, así mismo, se respeten sus derechos como ciudadanos a tener un abogado de oficio, realizar la correspondiente llamada a sus familiares y no ser detenidos mas de las 72 horas del tiempo que marca y establece la ley, y ser respetados en su integridad física

4.-Regreso del Ejército a sus cuarteles ya que es obvio con estos hechos la inseguridad ciudadana que se esta llevando a cabo así como la violación a los Derechos Humanos y las Garantías individuales como son las de libre transito

Es vergonzoso que el Estado Mexicano guarde silencio ante los atropellos que se realizan de manera ya cotidiana en contra de las comunidades y ciudades de la entidad guerrerense como de igual forma haga caso omiso ante los pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales sobre el caso impune de Manuel Ponce Rosas, líder de la OFPM el cual fue encontrado asesinado con rastros de tortura en el municipio de Ayutla.

La COMSG se solidariza con los familiares de Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola en este momento de incertidumbre que están pasando, con los integrantes de la OFPM, y los asesores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Responsabilizamos también a el Ejército, y los tres niveles de gobierno de cualquier acto en contra de las familias y los detenidos en su integridad física, moral y psicológica que pueda sucederles.

Y la Responsabilización directa a Zeferino Torreblanca Galindo por lo que pasará así como por su mala actuación como gobernante de esta entidad el cual solo pone en un estado de indefensión a sus gobernados permitiendo el Ejército en las calles.

COMSG
Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero

Responsables de la publicación:
Javier Monroy-TADECO
Luis Muños-CETEG
Hercilia Castro –RMI
Gonzalo Molina-Movimiento Vicente Guerrero de Tixtla

Atentan contra Margarita Martín, la viuda de uno de los líderes mixtecos de Ayutla asesinados

Zacarías Cervantes (El Sur de Acapulco)

Después de una reunión que sostuvieron ayer en Ayutla con integrantes de la Fundación Appleton para el financiamiento de apoyos para Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl Lucas Lucía y para Margarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas, esta última sufrió un atentado a balazos la tarde de ayer cuando se dirigía a su comunidad, La Cortina, denunció anoche el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Margarita Martín de las Nievas y Guadalupe Castro Morales son viudas de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) de Ayutla, que fueron secuestrados el 13 de febrero pasado y sus cuerpos encontrados en una fosa clandestina el 21 de ese mismo mes cerca de la localidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, con huellas de tortura y ejecutados.

Tlachinollan informó anoche que a las 5 de la tarde, cuando Margarita Martín de las Nieves se dirigía a su comunidad, acompañada de su cuñado, Santiago Ponce Lorenzo, hermano de Manuel y de la esposa de éste, Modesta Laureano Petra, en el crucero de Ocotlán, que se encuentra entre la cabecera municipal de Ayutla y La Cortina, un hombre vestido con playera negra y sombrero negro les disparó en tres ocasiones; uno de los disparos pasó cerca de Margarita y dos en el lado donde iba Santiago.

Antes, los tres, Margarita, su cuñado y la esposa de éste, así como la viuda del presidente de la OFPM, Raúl Lucas Lucía, Guadalupe Castro Morales, habían estado en las oficinas de Tlachinollan en Ayutla, en donde se reunieron con miembros de los organismos de la Fundación Appleton para convenir en los apoyos que las viudas de los dos dirigentes de la OFPM recibirán por las gestiones de los organismos de derechos humanos. En el mismo lugar, las viudas se reunieron con representantes de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, a quienes expusieron la situación con motivo de los asesinatos de los dos dirigentes.

Después de la reunión, en la que estuvo también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, intentaron comunicarse vía telefónica con el comandante del primer sector de la región Costa Chica de la Policía Preventiva Estatal, Urbano Palacios García, para que acompañara a Margarita hasta La Cortina, ello como parte de los acuerdos a que llegaron este martes 23 de junio en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) con representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría Pública y Protección Civil del estado, en donde se asumió el compromiso de brindar las medidas cautelares a las viudas de los dos dirigentes de la OPFM.

Sin embargo Tlachinollan denunció anoche que el comandante policiaco que debería brindar seguridad no pudo ser localizado, pues su teléfono siempre estuvo fuera del área de servicio, a pesar de que se supone que ya había recibido instrucciones para que brindara la seguridad que le solicitaran.

Como a Margarita Martín de las Nieves ya se le estaba haciendo tarde, decidió trasladarse sólo con su cuñado y la esposa de éste, pero al pasar por el crucero de Ocotlán sufrieron el atentado.

Según el testimonio que narró Margarita al Centro de Derechos Humanos, ella vio por el espejo al hombre que les disparó y pudo ver que llevaba un arma larga y que todavía intentó seguirlos para continuar disparando.

Tlachinollan informó que fue hasta a las 8 y media de la noche de ayer mismo, cuando el comandante Palacios acudió a La Cortina para recoger los testimonios de Margarita y sus acompañantes, cuando toda la tarde no estuvo localizable porque su teléfono estaba fuera del área de servicio.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que estos hechos pudieron haberse evitado, si las autoridades estatales hubieran cumplido con el compromiso que asumieron en la reunión del martes 23 de brindar seguridad y las medidas cautelares a las viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía.

Sin embargo, señaló que no hay un compromiso serio de las autoridades para brindar las medidas de protección para los familiares de las víctimas de los dos dirigentes asesinados en febrero pasado.

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña recordó que el 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física y que tampoco éstas se han cumplido por parte de las autoridades estatales y federales.

Liberan al indígena arrestado por usar botas tipo militar; el delito no es grave, determinan

Contradicen militares la versión de la Sedena en el asesinato de Bonfilio Rubio

Hay “indicios” de los soldados que mataron a na savi en camión: MP
El camión sí se detuvo, declaran ante el Ministerio Público un sargento y dos efectivos

ROBERTO RAMIREZ BRAVO (Enviado La Jornada)


Huamuxtitlan, 24 de junio. Un sargento y dos soldados de infantería del batallón militar adscrito a Tlapa negaron, ante el juez mixto de este distrito de Zaragoza, que el sábado pasado los soldados hayan disparado contra un autobús de pasajeros porque su chofer no se detuvo, como fue la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre esos hechos, en los que asesinaron al indígena Bonfilio Rubio Villegas.

Se trata del sargento segundo Rigoberto Hernández Prieto y los soldados Eloy Rodríguez García y Félix Ignacio Carranza, quienes declararon ante el juez Fidel Alfaro Alonso, en la causa penal 10/2009, que se sigue al indígena na savi Fausto Saavedra Valera, que la noche del incidente fue detenido por portar botas tipo militar.

En su declaración, Hernández Prieto señaló que aproximadamente a las 10:30 de la noche del sábado 20 de junio estaba en el puesto de revisión en el crucero de Santa Cruz, en el kilómetro 213 más 500 de la carretera Chilpancingo-Las Peñas, Puebla, donde interceptaron al autobús de la compañía Sur número 6148 y placas 367-HR7, procedente de Tlapa, y al hacer la revisión, el soldado Félix Ignacio Carranza le informó de la presencia de Fausto Saavedra y sus botas.

El camión duró detenido hasta que vino el comandante de la fuerza de reacción inmediata –del cual no proporciona el nombre– e interrogó al conductor, Francisco Emanuel Pizano Alejo, para verificar que coincidiera el nombre del na savi con sus registros; luego, cuando le dijo al chofer que se quedaría detenido el indígena, discutieron, porque Pizano Alejo quería que le hiciera una anotación “en su libreta de registro de pasajeros que constara que el propietario de las botas se iba a quedar para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.

El sargento da cuenta de la discusión, pero no dice qué pasó después, cuando ocurrieron los disparos, ya que el expediente para el que hizo su declaración era sólo por el incidente de las botas.

En un sentido similar hablaron los soldados, quienes coinciden en la hora y lugar en que se efectuó la revisión del autobús, y en que durante ésta se encontró al joven de las botas, en los folios del calzado y en los datos del autobús.

El soldado Félix Ignacio precisó que el camión –con capacidad para 49 personas– circulaba con dirección a Huamuxtitlán, y se le indicó que se desviara de su carril para ser revisado y “así lo hizo”.

Eloy Rodríguez, a su vez, dijo que al llegar el autobús se le indicó que bajara su velocidad “y así lo hizo”.

Los tres coinciden en su declaración que al saber que es un delito usar insignias militares, lo detuvieron.

Ninguno da más datos de lo que ocurrió después, respecto a cuando dispararon contra el autobús. Sin embargo, el agente del Ministerio Público (MP) integró la averiguación ZAR/02038/2009 por el delito de homicidio en agravio del indígena Bonifacio Rubio, quien murió de un balazo en el cuello luego de que soldados dispararon contra el camión cuando se retiraba.

El determinador Rosendo García dijo que “está claro” que fueron los militares quienes mataron al civil en el autobús, y afirmó que “hay indicios” de los responsables, pero todavía no hay ningún nombre, y aunque sostuvo que hay colaboración con las autoridades castrenses, no entró en detalles de qué acciones concretas se llevan a cabo, porque, dijo, se podrían “entorpecer” las averiguaciones, ya que los responsables podrían huir.

“Mejor así, calladitos”

En tanto, trascendió aquí que cuatro soldados que participaron esa noche en el ataque al autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público militar con sede en Chilpancingo, aunque no fue posible conseguir sus nombres ni cuál es su situación jurídica, pues fuentes cercanas a la investigación ministerial señalaron que del Ejército no ha habido ningún contacto oficial al respecto.

Libre bajo fianza

Asistido por el abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el indígena na savi Fausto Saavedra Valera, quien fue detenido en posesión de las botas tipo militar –por lo cual se originó el incidente que terminó en que los soldados dispararon contra el autobús de pasajeros y mataron a uno–, será puesto este jueves en libertad, luego de que el juez Fidel Alfaro Alonso determinó que el delito por el que se le acusa no es grave, y ordenó su libertad condicional tras el pago de una fianza de 6 mil pesos.

El acusado se reservó su derecho a declarar. Su abogado –quien pidió la fianza y la ampliación del término para determinar la situación jurídica del detenido– alegó que el delito que se le imputa no está probado, pues se requiere que haya intención de burla o agravio hacia la sociedad o a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no ocurre.

El agente del Ministerio Público adscrito a este caso, Jorge Luis Astudillo, se limitó a pedir que el juez decrete el auto de formal prisión contra el acusado.

Exigen familiares del pasajero baleado por militares que éstos sean juzgados por civiles

Zacarías Cervantes (El Sur de Acapulco)

Chilpancingo

Después de reclamar el cuerpo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo la mañana de ayer, familiares del pasajero Bonfilio Rubio Villegas, quien fue asesinado en un retén militar cerca de Huamuxtitlán la noche del sábado, exigieron ayer a las autoridades federales y estatales que los militares que dispararon en contra del autobús en el que viajaba, sean juzgados por las autoridades civiles para que haya garantías de que se les va a aplicar la ley.

El hermano del fallecido, José Rubio Villegas confirmó que Bonfilio, quien radicaba desde niño en la ciudad de México, y trabajaba como peón de albañil, había venido a la comunidad indígena de Tlatzala, municipio de Tlapa, a despedirse de sus padres porque el 30 de junio se iría a trabajar a Nueva York para poder ayudar a sus papás que ya están ancianos y enfermos, pero de regreso encontró la muerte a manos de los militares que dispararon al camión en el que regresaba a la capital del país.

El cuerpo de Bonfilio Rubio fue trasladado desde la noche del sábado a las instalaciones del Semefo de Chilpancingo para que se le practicara la necropsia de ley. Sin embargo a sus familiares hasta la noche del lunes no les daban información de donde se encontraba, según denunció ayer la cuñada de la víctima, Verónica González González, esposa de José Rubio.

La señora dijo que no les habían informado, hasta que fueron auxiliados por integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el titular del Ministerio Público de Huamixtitlán les dijo que el cadáver lo habían trasladado a Chilpancingo y que tenían que reclamarlo aquí.

Explicó que por eso fue hasta ayer, después de tres días de los hechos, que se presentaron a reclamar el cuerpo en las instalaciones del Semefo en esta capital.

Entrevistado después de reclamar el cuerpo de su hermano, José Rubio denunció que hasta ayer, las autoridades militares no se habían acercado a ellos a ofrecerles alguna explicación o disculpas con respecto a los hechos en los que perdió la vida su hermano.

Dijo que lo único que saben es que “fue asesinado por los militares cuando iba en la flecha que se dirigía a la ciudad de México y cuando los soldados se enojaron porque querían detener a un pasajero porque llevaba botas tipo militar, pero los demás ocupantes de la unidad exigieron que ya dejaran que se fueran porque se les hacía tarde”.

José explicó que saben que en el retén de militares primero le hicieron el alto al chofer del camión; después revisaron a los pasajeros y entonces encontraron a un pasajero que llevaba unas botas tipo militar (Fausto Saavedra Valera) “y entonces lo quisieron bajar sin haber justificación”.

Indicó que después, el chofer les pidió a los soldados que le dieran un comprobante de que se les había quedado ahí un pasajero para que en el puesto de revisión de Huamuxtitlán no tuviera problemas con los inspectores que le revisarían la relación de sus pasajeros.

Informó que los militares se negaron a darle el documento y entonces los pasajeros comenzaron a protestar y exigieron que dejaran que el camión siguiera su marcha. Entonces el chofer arrancó el camión y fue cuando los militares le comenzaron a disparar.

Añadió que fue hasta la parada de Huamuxtitlán, cuando se dieron cuenta que Bonfilio Rubio Villegas había recibido un disparo en el cuello y que ya iba muerto.

El hermano del difunto señaló que después de que lo sepulten en Tlatzala van a presentar la denuncia formal en contra de los militares que dispararon y de su superior que dio la orden.
José, quien es profesor de primaria, dijo que el llamado a las autoridades federales y estatales es que no quede impune “lo que hicieron los militares, esto no debe pasar, porque nosotros como ciudadanos confiamos en ellos y lo que hicieron es un hecho que no es justificable”.

Señaló que su hermano vino del Distrito Federal a su pueblo mixteco Tlatzala para despedirse de sus padres, Secundino Rubio y Carmen Villegas, de de 80 años, porque el 30 de junio se iría a trabajar a Nueva York en donde tiene unos familiares. Dijo que su intención era ganar más dinero para poder ayudar a sus padres que ya se encuentran enfermos, Debido a que en el Distrito Federal su trabajo como chalán de albañil es eventual y ganaba muy poco.

“Como su salario no le alcanzaba pues trabajaba de manera eventual, no podía ayudar a nuestros padres, por eso pretendía encontrar un trabajo que le dejara un poquito más por eso se quería ir a Estados Unidos a trabajar”.

Bonfilio era el más joven de los tres hermanos y tres hermanas, era soltero y por ello era quien ayudaba a subsistir a sus padres que ya son de avanzada edad, según informó José el hermano mayor.

Informó que se enteraron que algunos de los militares se encuentran detenidos “pero nos dicen que van a ser juzgados con sus propias leyes y nosotros estamos pidiendo que sean juzgados por las autoridades civiles porque no sabemos como es la ley de los militares, y no estamos seguros que de verdad los vayan a castigar”, dijo.

El hermano del fallecido señaló que sin embargo de manera oficial carecían de información de parte del Ministerio Público con respecto a las investigaciones que se realizan para esclarecer el caso y se deslinden responsabilidades.

Mientras tanto los detenidos, Pizano Alejo Francisco, el chofer del camión baleado y Fausto Saavedra Valera, el pasajero que llevaba las botas tipo militar y a quien pretendían detener los militares en el retén antes de que dispararan en contra de la unidad, seguían detenidos ayer en Tlapa, aunque de manera extraoficial se informó que posiblemente en las próximas horas serían trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Chilpancingo

Continúa sin imputársele delito al indígena arrestado por usar botas tipo militar

Civil habría puesto la mariguana en el camión, denuncia detenido

Intentó fotografiar al conductor, luego subió al autobús, tras ello, “aparecieron” los paquetes

JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal La Jornada Guerrero)



Huamuxtitlan, 23 de junio. Francisco Emanuel Pizano Alejo es originario del Distrito Federal. Vive actualmente en el Valle de Chalco. Tiene 30 años. Desde hace 12 trabaja como conductor de transporte público, pero hace un par que se empleó con la empresa de autobuses Sur.

El domingo rindió su declaración ante el Ministerio Público (MP), en Huamuxtitlán, con ayuda de los abogados de su empresa. El testimonio que ahí rindió fue sobre la muerte del pasajero Porfirio Rubio Villegas, quien viajaba en el camión que iba al Distrito Federal, el sábado por la noche. Pero acerca de los paquetes de mariguana, 10 kilos, que encontraron los soldados en la unidad, tendrá que hacerlo ante la Procuraduría General de la República (PGR), en Chilpancingo. Se sabe que este martes fue trasladado desde Huamuxtitlán.

El lunes como a la 1 de la tarde fue posible hablar con Pizano, cuando aún estaba en la cárcel municipal. Todavía no era consignado a la PGR, pero seguramente ofrecerá a los fiscales la siguiente versión sobre el misterioso hallazgo de la droga en el autobús, que previamente había sido revisado ya con minuciosidad por los soldados en el retén, antes de que ocurrieran los disparos.

Después de la agresión, cuando emprendió la huida, “llegué a la terminal y lo primero que hice fue estacionar el autobús, me acerqué con el comisionista y le pedí de favor que hablara a los servicios de emergencia y a Tlapa para reportar la situación. Así lo hizo. En eso estábamos, no pasaron más de cinco minutos cuando me alcanzan los militares otra vez y estaban afuera de la terminal.

“Me alcanza a agarrar uno por la parte de atrás del pantalón y me dice: ‘¡hazte para acá cabrón, ya valiste verga!’”. Así me dijo. Entonces yo la verdad le di un manotazo y le dije: ‘¡a mí no me vas a llevar cabrón!’. Sí le grité, ya molesto, espantado. Me dijo: ‘¡a mí no me grites!’. Le dije: ‘¡cómo no quieres que te grite si me mataste a un pasajero, traigo un pasajero muerto!’.

“El iba a darme el cachazo, pero cuando dije eso y el pasaje se puso al brinco, le empezaron a gritar que eran unos asesinos. Muchas cosas le gritaron. Como que le midió, entonces se subieron al camión, vieron el cadáver, se bajaron y se retiraron.

Francisco es un joven delgado. Esa condición física parece haber aumentado desde el domingo en la madrugada. Luce ojeras. Es padre de familia.

Cuenta que en medio de la agitación, ya frente a la terminal de autobuses, en Huamuxtitlán, un hombre vestido de civil primero quiso tomarle fotografías. El se negó. Agentes de la Policía Federal (PF) y soldados estaban en el camión, revisando. Abajo, los pasajeros y Pizano.

“Me revisaron el camarote. Tampoco encontraron nada en el camarote. Estuvieron dando vueltas y de repente me dice un militar que su aparato detectaba algo en la parte de atrás del autobús, que si por favor le abría la tapa del motor. Sí, le abrí la tapa del motor. Checó abajo, estuvo checando. Yo vi cuando bajó el civil de la mochila se bajó y dijo, es que aquí no hay nada, vamos a ver allá arriba.

“Como a las 2:30 de la mañana estaban pasando un aparatito los militares en el camión, me imagino que para detectar una sustancia o algo así. Le dieron y le dieron vuelta. Yo vi, y le soy sincero: siento que fue él (quien puso los paquetes de mariguana en el autobús), la persona que estaba tomando fotos de parte de ellos. Traía una mochila grande. Esa persona estaba subiendo y bajando constantemente”.

Iba para Tuncingo

Fausto Saavedra Valera es de Xilistlahuaca, un pueblo na savi de los más alejados de Metlatónoc, en la agreste y pobre zona alta de La Montaña. Tiene 32 años. Hasta el lunes por la tarde su familia no sabía de él. Acudieron al centro de derechos humanos Tlachinollan, en Tlapa, donde abogados de la organización coadyuvaron a localizarlo y también lo asisten en su defensa.

El sábado por la mañana Fausto salió de la localidad y en la noche, tomó en Tlapa el autobús que lo llevaría a Tuncingo, Puebla, donde se encontraría con un amigo. Tenía un empleo para él como peón o campesino. Esta es la versión que ofreció al reportero el lunes, acompañado de Pizano, en una celda diminuta, en Huamuxtitlán.

–¿Cómo fue que te bajaron los soldados por las botas?

–Yo estaba abajo cuando me vieron las botas. Ya habían revisado a toda la gente. Estaban subiendo a la gente cuando un oficial me vio las botas, me dijo que me las quitara y me las quité.

“Ya después de la revisión, estaba subiendo la gente. Ya nos íbamos. Yo iba a subir hasta el último. Alguien me vio las botas y me dijo que me las quitara. Me las quité las dos y ya no me las quería entregar. Yo las quería, pero ya no me las quería entregar”.

–¿Qué te dijeron de los motivos de tu detención?

–Pues que esas botas no los puede cargar otra persona. Le dije que me las había vendido un amigo que trabaja en Tlapa.

–¿Y qué te dijeron cuando les dijiste que te las había vendido un amigo?

–Pues nada. No me dijeron nada. Que me iban a detener por eso. Por las botas. Yo me bajé con mi mochila cuando fue el retén, nomás traía una mochila.

–¿Estando abajo escuchaste si alguien de los soldados dio la orden de disparar?

–Pues yo no escuché nada, porque estaba hablando, no sé quién es el militar con el que hablaba. Estaba hablándole, pidiéndole que me dejara ir, que se quedaran las botas porque el camión todavía estaba ahí. Me dijo que no. Se fue el camión y yo me quedé ahí. Ya después oí los disparos, pero yo estaba abajo, con ellos, con los soldados.