Difusión Cencos México D.F., 17 de junio de 2011
Relatores de la libertad de expresión de la ONU y la OEA manifiestan su beneplácito
Organizaciones estatales, nacionales e internacionales estarán atentas y vigilantes de las condiciones de seguridad para las y los defensores en Ayutla
Durante el acto protocolario de Re-apertura de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Ayutla de los Libres Guerrero diversas organizaciones del Estado de Guerrero, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como representantes de diversas embajadas, manifestaron todo su apoyo y respaldo al trabajo de defensa y promoción de derechos humanos que el CDHM Tlachinollan seguirá realizando en la región de la Costa Chica de Guerrero.
A pesar de que la situación de riesgo no ha sido superada y que no se ha garantizado plenamente la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en Guerrero, ante la necesidad de seguir acompañando a las comunidades y personas de esta región que buscan hacer efectivos sus derechos el CDHM Tlachinollan decidió reabrir su oficina para continuar defendiendo y promoviendo los derechos humanos en la región.
Ante el conocimiento de la Re-apertura de la oficina diversos actores sociales se manifestaron al respecto: Frank La Rue, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas a través de una carta dirigida al Antropólogo Abel Barrera y al CDHM Tlachinollan manifestó su beneplácito por la Re-apertura y mencionó que ésta “demuestra, una vez más, que la tenacidad de organizaciones como la suya terminan por sobreponerse a la adversidad”. Así mismo resaltó en la misiva que la fuerza y el temperamento han hecho del CDHM Tlachinollan "un baluarte en la brega por una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos, incluyendo el de la libertad de expresión y opinión”. Añadió también que la satisfacción que manifiesta en la comunicación “no podrá compararse al de las personas y pueblos indígenas que de nueva cuenta contarán con el apoyo incondicional y altamente competente de su noble organización”.
Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió también una escrito dirigida a Abel Barrera en el que saluda con satisfacción la reapertura de la oficina: “Tomando en consideración el trabajo serio y comprometido del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" en búsqueda de caminos legítimos y pacíficos que garanticen la vigencia de los derechos humanos en el Estado de Guerrero, la Relatoría ha recibido con beneplácito la noticia de la reapertura de la oficina en Ayutla de los Libres. Estamos convencidos que este avance facilitará que su organización continúe cumpliendo la importante misión de promover el pleno respecto de los derechos humanos en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero”.
En el evento estuvieron presentes la Sra. Margarita de las Nieves y Sra. Guadalupe Castro, viudas de los defensores indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Vice-presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quienes fueron desaparecidos y posteriormente ejecutados. Estuvieron presentes integrantes de diversas organizaciones estatales: Manuel Olivares de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Raúl Hernández Abundio defensor de los derechos humanos del Pueblo Indígena Me’phaa; Crisóforo Manzanares Lorenzo, Comisario del Camalote; Álvaro Ramírez Concepción de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM); Marco Antonio Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP); Prócoro Valente Gil del Consejo de los cinco pueblos Tecoanapa; Pablo Guzmán Hernández y Maximino Tranquilino Santiago de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) entre otros.
También estuvieron presentes representantes de organizaciones nacionales como Agnieszka Raczynska, Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”; Ricardo González de Artículo XIX; Dolores González Saravia de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Verónica Rodríguez de Amnistía Internacional; Fernando Santillán del Centro Nacional de Comunicación Social; José Rosario Marroquín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH).
Acudieron también representantes de organizaciones internacionales como Salvador Sarmiento del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy; Ben Leather de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) así como representantes de distintas embajadas en México: Cristina Zametzr, Primera Secretaria de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Alemania; Christoph Meyenburg, Consejero de la Embajada de Austria; Francis Sobry, Segundo Secretario de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Bélgica; Karim Amégan, Consejero de la Embajada de Canadá; Leticia Pico de Coaña, Primera Secretaria de la Embajada de España; Vanesa Acker, Consejera de la Embajada de Estados Unidos; Katy Reid, Segunda Secretaria de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Reino Unido; Delphine Malard, Consejera de Asuntos Políticos, prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea, entre otros.
Como invitados de honor estuvieron presentes: Javier Hernández Valencia, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Lic. Juan Alarcón, Presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero; Dr. Hipólito Lugo, Visitador de la de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero; Sra. Tita Radilla, de la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Sr. Julio Mata, integrante de la AFADEM; Eliana García, Asesora en Derechos Humanos en el Senado de la República; Aída Hernández, Perito en antropología en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Carta de Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, para CDHM Tlachinollan
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006 – Tel: (202) 458-6014 – Fax: (202) 458-
6215
15 de junio de 2011
Abel Barrera Hernández
Director, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Mina N.- 77 Col. Centro C.P. 41304
Tlapa de Comonfort, Guerrero
Estimado Señor Barrera,
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda con satisfacción la reapertura de la oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Durante su visita oficial a México realizada en agosto de 2010, esta Relatoría tuvo la oportunidad de observar el compromiso de la organización a su cargo con los derechos humanos de los habitantes del Estado de Guerrero. En compañía de las y los integrantes de su organización, conocimos en Ayutla a algunas de las personas directamente beneficiadas por su trabajo, incluyendo el defensor de derechos humanos Raúl Hernández, líder de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, y a otros notables defensores/as y líderes sociales.
Tomando en consideración el trabajo serio y comprometido del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" en búsqueda de caminos legítimos y pacíficos que garanticen la vigencia de los derechos humanos en el Estado de Guerrero, la Relatoría ha recibido con beneplácito la noticia de la reapertura de la oficina en Ayutla de los Libres.
Estamos convencidos que este avance facilitará que su organización continúe cumpliendo la importante misión de promover el pleno respecto de los derechos humanos en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero.
Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente y desearle éxitos en su importante trabajo,
Catalina Botero Marino
Relatora Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Carta de Frank La Rue, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU
16 de junio de 2011
Abel Barrera Hernández
Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan"
Estimado Señor Barrera,
La Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas desea manifestarle a Usted y a su valeroso equipo su más profunda satisfacción por la reapertura de la oficina del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" en la ciudad de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero.
Durante mi visita oficial a México, realizada en agosto de 2010, tuve el privilegio de entrevistarme con Usted y visitar la población de Ayutla de los Libres. En dicha oportunidad pude constatar directamente el trabajo comprometido y profesional del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" en el Estado de Guerrero, particularmente en la región de la Costa Chica, la Costa Grande, la Montaña y el Centro.
Recuerdo con pesar que en aquél momento sus oficinas permanecían cerradas por la ausencia de condiciones para desarrollar su invaluable labor en favor de los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas de la región. Además, tuve el honor de conocer al defensor de los derechos humanos Raúl Hernández, líder de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, quien permanecía injustamente preso durante los días de mi misión oficial a México y a quien el Centro que Usted dirige defendió con convicción, entereza y sobrada eficacia.
Hoy me entero con satisfacción que el Centro que Usted encabeza ha decidido reiniciar sus actividades en Ayutla de los Libres. La reapertura de sus oficinas demuestra, una vez más, que la tenacidad de organizaciones como la suya terminan por sobreponerse a la adversidad.
La fuerza y el temperamento de su liderazgo han hecho del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" un baluarte en la brega por una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos, incluyendo el de la libertad de expresión y opinión. Por ello, estoy seguro que la satisfacción que le manifiesto en la presente comunicación no podrá compararse al de las personas y pueblos indígenas que de nueva cuenta contarán con el apoyo incondicional y altamente competente de su noble organización.
Por último, aprovecho la oportunidad para saludarle y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con el deseo de tener la ocasión de poder hacerlo personalmente en un futuro próximo.
Le ruego de la manera más atenta se sirva hacer extensiva el contenido de la presente misiva al resto de las personas que laboran en el Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan", a quienes con afecto les envío a través de su hospitalario conducto el más amplio de mis reconocimientos.
Frank La Rue
Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la
Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas
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domingo, 19 de junio de 2011
miércoles, 9 de junio de 2010
Conmemoración X aniversario (2008) de la masacre en El Charco, Ayutla de los libres, Guerrero.
“… las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
Se agradece el apoyo técnico de Espacec.
La Masacre de El Charco,
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ocurrida el 07 de junio de 1998.
Informe de seguimiento a un año
Elaborado por la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
En El Charco, un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros disparados al corazon de los famelicos
cuerpos enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indigena mezclada con las lagrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJERCITO MEXICANO SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?.
Mexico, D.F., a 7 de junio de 1999.
BREVE CRONOLOGIA
En la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.
Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.
Las personas detenidas fueron
Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio ALONSO TRINIDAD, Martin MACARIO SALAZAR, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, Alfonso Olivar MORALES, Javier ANGEL SEVERIANO, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Alonso MARTINEZ, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATARINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Miguel Angel GARCIA CRISTIANO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION o Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Juan GARCIA DE LOS SANTOS, Anastasio RAMIREZ SIMONA, Esteban LEONARDO EPITACIO, Efren CORTES CHAVEZ, Erika ZAMORA PARDO, ademas de los menores de edadFrancisco Cristino CRESCENCIO, Adrian PATRIARCA ANGUSTINO, Bernabe GARCIA DE JESUS, Pedro ESTEBAN AVILA y Meliton CASTRO MORALES.
Tomaron la declaracion preparatoria los agentes del Ministerio Publico Federal coordinados por el subdelegado de averiguaciones previas de la PGR, Miguel Angel ZARAGOZA REYES.
El 11 de junio, fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la PGR en Guerrero, Javier LOMELI, no encontro elementos para procesarlos.
Ellos fueron Alfonso OLIVAR MORALES, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATALINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION, Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Anastacio RAMIREZ SIMONA y Esteban LEOBARDO EPITACIO, Javier ANGEL SEVERIANO, Miguel Angel GARCIA CRISTINO y Martin MACARIO SALAZAR. Cabe señalar que Javier LOMELI, posteriormente fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordeno la liberacion de las 20 personas, incluyendo a 4 menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel HERNANDEZ ALBA, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares, solicito nuevamente 17 ordenes de reaprehension, mismas que giro la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl GUIDO GUZMAN.
Se abrio una nueva causa penal 17/98, por los delitos de motin, sedicion e invitacion a la rebelion, sumandoseles al proceso penal 109/A-1/98 que se le sigue a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ.
El 23 de junio fueron arrestados Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio TRINIDAD AMBROSIO, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO y Juan Carlos GARCIA DE LOS SANTOS, quienes dos dias mas tarde fueron trasladados del Hospital General de Acapulco al Cereso de Acapulco, despues de que se les girara nueva orden de aprehension por los delitos de rebelion y conspiracion. Tal diligencia se realizo en privado en el area de enfermeria del penal de Acapulco, en contradiccion con la Constitucion Politica Mexicana, que establece que debe ser publica.
El 27 de junio la juez Xochilt GUIDO GUZMAN dicto auto de formal prision a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelion, conspiracion e incitacion a la rebelion. Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo SAAVEDRA, ante Maximiliano TORAL PEREZ, juez cuarto de distrito de Acapulco, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelion, terrorismo, acopio de armas, portacion de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.
Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron,
a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.
El 13 -14 de junio fueron reconocidos 11 cadaveres y entregados a sus familiares, los que corresponden a Honorio GARCIA LORENZO, Mauro GONZALEZ CASTRO, originarios de Agua Cachagüe; Mario CHAVEZ GARCIA, Ricardo VICENTE, Fidencio MORALES CASTRO de 21 años, Jose FERNANDO NICASIO, Fernando FELIX GUADALUPE de 25 años de edad, de la comunidad de Ocote Amarillo; Daniel CRISOFORO del Coyul; Ricardo ZAVALA TAPIA de 24 años, del Distrito Federal, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO o Francisco PRISCILIANO de 41años de la comunidad El Potrero, Apolonio JIMENEZ GARCIA de 40 años, y Juan GARCIA DE LOS SANTOS de 23 años (al parecer, existe una contradiccion en dicho nombre, ya que en el expediente juridico aparece como asesinado, pero despues se reporta que se le dio libertad) de El Charco.
El 15 de junio el juez Maximiliano TORAL PEREZ, dicto auto de libertad a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, ya que su defensor de oficio, Hector HERNANDEZ, asento que los hechos no coinciden en la tipificacion de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, el juez les dicto auto de formal prision como responsables de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito. Pese a lo anterior tres dias despues a Efren CORTES CHAVEZ se le nego el derecho a la libertad bajo fianza, con el argumento de que liberarlo constituiria un peligro para la sociedad, ya que lo señala como presunto miembro del grupo armado. El defensor de oficio, interpuso el recurso de apelacion ante el tribunal unitario del vigesimo primer circuito, con sede en Chilpancingo.
El 22 de junio los menores que se encuentran en el Tutelar de Menores dieron sus testimonios al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Adrian PATRIARCA AGUSTINO, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, refirio que fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol. Despues lo trasladaron en helicoptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligandolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal.
Bernabe GARCIA DE JESUS, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que "cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladandome en helicoptero a Cruz Grande y luego a Acapulco". Meliton CASTRO MORALES de 15 años, originario de la comunidad El Coyul y Pedro ESTEBAN de 16 años de Ocote Amarillo, refirieron testimonios parecidos.
VERSIONES OFICIALES
19 al 22 de junio Jose Luis RAMOS RIVERA, subprocurador general de la Republica, dio a conocer la postura oficial de lo ocurrido "No hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturo a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI", ademas de que dio a conocer la existencia de un video. Indico que se realizo la prueba de absorción atomica a cada uno de los fallecidos y en todos los casos se comprobo que accionaron armas de fuego, y se les practico la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos, la cual resulto negativa. Se pronuncio en defensa del Ejercito Mexicano, diciendo que lo de El Charco fue un enfrentamiento, los militares hacian un recorrido en aplicacion de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, y descubrieron a unos hombres armados y al pedirles las armas estos comenzaron a disparar iniciando asi el enfrentamiento, el cual duro de las 450 de la madrugada a las 1100 de la mañana aproximadamente.
VERSIONES CONTRASTANTES
La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.
De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio "los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".
Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.
HOSTIGAMIENTO
Despues de la masacre, los vecinos de la comunidad El Charco, se desplazaron por el temor, ante el incremento de la militarizacion, con gran panico en las comunidades; quienes solicitaron el retiro del Ejercito.
11 de junio alrededor de las 0200 horas, un grupo de 20 personas, a bordo de una Suburban, irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia de Erika ZAMORA PARDO, ubicado en la comunidad de El Rosario, Municipio de Francisco I. Madero, estado de Hidalgo. En donde los amenazaron y robaron documentacion personal. Motivo por el cual su familia tuvo que huir de esa comunidad rumbo a la Ciudad de Mexico. La familia de Efren fue vigilada en Ayutla y Cruz Grande.
Se promovieron dos juicios de amparo contra actos de la justicia federal a favor de 14 campesinos, numero 648/98 promovido ante al juez tercero de distrito, Lucitania GARCIA ORTIZ, y el 649/98 contra actos de las autoridades federales.
30 de junio Ricardo MARTINEZ MARTINEZ, integrante del Bloque Universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM, informo que luego de la detencion de su compañera Erika ZAMORA PARDO y de la muerte de Ricardo ZAVALA TAPIA, se inicio una ola de intimidacion en contra de jovenes de la UNAM y de la UAM, ya que agentes de Gobernacion y militares, pretendian vincularlos con actos subversivos.
04 de julio El defensor de oficio Andres GARCIA BUSTAMANTE, promovio ante el juez segundo de distrito, Xochil GUIDO GUZMAN, testimoniales de los comisarios municipales de Ayutla de los Libres y de El Charco, a favor de 6 detenidos. Sin embargo solo Juan Garcia de los Santos y Eugenio Trinidad AMBROSIO, salieron de inmediato despues de las declaraciones hechas por los comisarios.
08 julio Efrain ZUÑIGA GALEANA, coordinador de los diputados federales priistas guerrerenses, declaro "que el EPR es el sector guerrillero del PRD, los dirigentes del PRD estan al servicio del EPR, son quienes los estan subsidiando".
15 de agosto. Ampliacion de declaracion con efectivos del Ejercito mexicano, con el mayor de infanteria del 78 Batallon de Infanteria, Jose GARNICA MARQUEZ y el soldado raso Jose Monico quienes coincidieron en señalar que el general Juan Alfredo OROPEZA GARNICA estaba al filo de las 700 horas frente a la escuela del El Charco.
20 de agosto fueron detenidos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, indigenas mixtecos, cuando se presentaron a declarar a favor de Efren CORTES CHAVEZ y Erika ZAMORA PARDO. En el Juzgado Tercero de Distrito se habia autorizado el amparo contra la orden de aprehension, pero al no depositarse la garantia se anulo y procedieron las ordenes de aprehension. Se encuentran acusados de rebelion y conspiracion, segun el expediente 1798, causa 49/98, en el Segundo Juzgado de Distrito con sede en Acapulco. El 26 de agosto se les dicto auto de formal prision.
INDEFENSION JURIDICA.
25 de agosto Fue detenido el abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, Asesor Juridico de la OCSS, quien atendia el caso de los presos a consecuencia de los hechos en El Charco. Se le acusa de despojo, robo y daños, a raiz de una toma de tierras que realizo un grupo de colonos en los Mogotes, Municipio de Coyuca de Benitez, en enero de 1997. Cabe señalar que el Juez Sexto Penal del Distrito Judicial de Galeana, Adolfo VAN METEER ROQUE, quien le dicto el auto de formal prision por los delitos de despojo, robo y daños, sin derecho a fianza, es el mismo que anteriormente, el 4 de diciembre de 1995, en la causa penal numero 145-1/994, ventilada ante el mismo juzgado sexto de lo penal, ya habia sentenciado en contra del señor Ranulfo SAMANO BARBOSA por el delito de despojo del mismo bien inmueble objeto del proceso penal. Destacamos que dicha persona es quien se presento como quejoso en contra del Lic. Jose SANCHEZ SANCHEZ.
NEGLIGENCIA MEDICA.
16 de agosto fue visitado el menor Francisco CRISTINO CRESENCIO, detenido en el Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo por el doctor Rafael Gomar Yabra, especialista en traumatologia, miembro de la Oficina de Socorro Internacional en Mexico e integrante de la Caravana Vicente Guerrero; alerto que el niño corre el peligro de perder la movilidad del brazo de por vida, debido a la negligencia de las autoridades al negarle la atencion medica adecuada y oportuna. El medico señaloel 16 de agosto observe, que a pesar de la gravedad de las lesiones, probablemente una fractura supracondilia, solo tenia una ferula posterior de yeso rota e inservible, fijada con una venda elastica deshilachada que le retire porque le estaba molestando. El niño presenta severas secuelas neurologicas con gran deterioro funcional del brazo y atrofia muscular avanzada. Por lo tanto no se le ha prestado atencion medica ni psicologica para la recuperacion emocional de un pequeño que solo habla mixteco, y que fue arrancado de su en torno familiar y social en un escenario de violencia militar gubernamental. No hay fundamento para su detencion ya que sus 4 compañeros detenidos por los mismos delitos ya fueron liberados. El 5 de septiembre, Pedro Julio VALDEZ VILCHIS, director general de Comunicación Social del gobierno del estado, nego los hechos. Sin embargo, el menor presentaba limitacion del movimiento de la articulacion del codo izquierdo y semiparalisis de la muñeca y mano izquierda, ya que no puede realizar los movimientos de extension de dicha mano, tambien presentaba hemiatrofia muscular (hipotrofia) de antebrazo y mano izquierda.
Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.
Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.
Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.
Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.
Inicialmente Francisco se encontro incomunicado. Presento su declaracion preparatoria ante el Ministerio Publico Militar. Su familia solo pudo visitarlo pocas veces por falta de recursos. Se le dicto sentencia de 9 meses. Fue liberado el 26 de mayo de 1999.
SEGUIMIENTO DURANTE 1999
Enero aparecio en un diario de Acapulco, una resolucion apocrifa de la CNDH; donde se señala que los hechos ocurridos fueron un enfrentamiento del Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) contra el Ejercito Mexicano. Tambien se desmintio que el Ejercito haya usado granadas de fragmentacion. Que las pruebas hechas a los detenidos salieron positivas, y que en el examen de orina realizado a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, aparecen residuos de cocaina. Mas tarde, la CNDH desmintio esa Resolucion diciendo que el documento publicado es apocrifo.
10 de marzo La juez segundo de distrito, Xochitl GUIDO GUZMAN, sentencio a 5 años de prision a Erika ZAMORA PARDO y Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de conspiracion e invitacion a la rebelion. A Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, indigenas mixtecos se les sentencio a un año de prision y multa de 9 mil 506 pesos 25 centavos, por los delitos de portacion de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada y el Ejercito (cabe señalar que al considerar el beneficio de la pena de 38 dias de trabajo, se debio otorgar su libertad condicional, hecho que ocurrio hasta el 12 de mayo, cuando fueron liberados mediante el pago de una fianza de $ 1000.00 mil pesos cada uno, por resolucion del Tribunal unitario con sede en Chilpancingo). Una semana despues se les dicto otra sentencia a Erika ZAMORA de 3 años y medio a Efren CORTES de 1 año y medio por portacion de arma. Acumulandoseles asi, 8 años y medio a Erika ZAMORA y 6 años y medio a Efren CORTES.
Por la sentencia dictada contra Efren CORTES y Erika ZAMORA, se interpuso apelacion, lo que trajo como consecuencia que se determinara una nueva revision al caso, razon por la cual se giraron ordenes de reaprehension contra los indigenas mixtecos Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNADEZ FRANCISCO, recien liberados.
A un año de la masacre del Charco continuan en prision los 4 indigenas mixtecos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, la estudiante Erika ZAMORA PARDO y el dirigente del PRD, Efren CORTES CHAVEZ, en el Cereso de Acapulco.
OTRAS REPERCUSIONES
Las familias de los detenidos que quedan en indefension economica
Bernardino GARCIA FRANCISCO, 38 años, Comunidad El Paraiso, medico tradicional, integrante de la Organizacion Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT).
Esposa, Maria Claudia PAULA GARCIA (37 años); hijos Florencio (20 años), Eudocio (18), Teresa Felipa (17), Rodrigo (14), Angel (11), Eudes (9), Octavio (4) y Florentino (1)
Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, 43 años, Comunidad El Paraiso.
Esposa, Teresa Margarita Carmen (38); hijosJaime (10), Hermelinda (8), Bonifacio (6), Floriberto (4), Gabriel (3) y Alejandro (1año 9 meses).
Sabino ADELAIDO GARCIA, 30 años, Comunidad El Potrero.
Esposa, Benicia Castro de los Santos (26); hijosLuis (5) y Adelaida (1 año 9 meses ).
Esteban EDUARDO EPITACIO, 43 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Maria Rosa Catarina; (40 años), hijosCristina (28), Valeria (20), Florencia (10), Leobardo (8), Arnulfo (5) y Fulgencio (4).
Alfonso OLIVIA MORALES, 22 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Elena Victoria Sabina (21); hijosNabor (11 meses).
Anastacio RAMIREZ SIMONA, 26 años, Comunidad La Concordia.
Esposa, Victoria Angel Verenciana (24); hijosAgripino (12), Leonilda (7), Carolina (3) y Norberto (1año 6 meses).
Numero de personas afectadas por la detencion arbitraria de los 6 indigenas12 adultos y 27 niños.
LAS VIUDAS DE EL CHARCO.
Catorce mujeres, indigenas mixtecas, se vieron obligadas a trabajar en casa, en el campo, y ahora tambien debieron darse a la tarea de exigir justicia.
Catalina LEOBARDO AURELIA, de 24 años y madre de 6 niños, vecina de Ocote Amarillo, quien perdio a su esposo, Fernando FELIX GUADALUPE, de 25 años, dice "ahora mi trabajo es 4 veces mas que antes y con menos dinero que antes". Ella camina 5 horas desde su comunidad hasta la cabecera de Ayutla, para pedir la indemnizacion por la muerte de su esposo, la que no le quieren dar, diciendole que su esposo murio en enfrentamiento ya que ellos atacaron a las tropas del Ejercito Mexicano. La situacion de las 8 viudas es igual, piden apoyo para mantener a sus hijos y el Gobierno se lo niega. Ahora empiezan a hablar; dicen que la necesidad las obliga a ponerse al frente.
Quienes mas sufren las consecuencias son las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
CONCLUSIONES.
Los hechos que se presentaron en la Masacre de El Charco señalan que, dificilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento puesto que no se presento ningun herido por parte del Ejercito Federal, lo que sugiere fuertemente que
1. Los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosia y ventaja y no ponderaron las medidas de rendicion como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta resultando 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 de ellas heridas.
2. Llama poderosamente la atencion que el numero de muertos sea mayor al de los heridos, y que ningun militar resultara lesionado. Normalmente es de esperar que el numero de heridos sea mayor al de los muertos y, que cuando se trata de un enfrentamiento haya lesionados de ambos lados.
3. El Lugar de los hechos fue modificado inmediatamente por el Ejercito Mexicano impidiendo la preservacion de las evidencias, violando disposiciones en materia de procedimientos penales.
4. Las necropsias realizadas no consiñan todos los elementos que establecen los protocolos, son insuficientes para determinar las relaciones victima-victimario y el tipo de proyectiles utilizados.
5. Los detenidos fueron puestos a disposicion del Ministerio Publico Militar quien tomo declaraciones a los detenidos, violando la legislación penal y la constitucion.
6. Queda comprobado que los detenidos se mantuvieron en un lugar distinto al destinado ex profeso, lo que refuerza la version de los detenidos de que sufrieron coaccion para su declaracion, y apunta la validacion de los testimonios de tortura fisica y psicologica a la que aluden los detenidos (considerada por la jurisprudencia nacional en la materia), no obstante que los certificados medicos no se hayan consiñado lesiones visibles o externas.
7. Las acciones de la CNDH y las de la Coddehum han sido insuficientes y los derechos de los detenidos han quedado limitados ante la ausencia de un trabajo de campo mas acucioso.
8. Preocupa la detencion del abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, quien habia asumido la defensa de los detenidos de El Charco, bajo un proceso penal fuertemente cuestionado por sus irregularidades, lo que hablaria de una politica sistematica de aislamiento y represion.
9. los ataques y calumnias en contra de las ONG que han atendido el caso, señalandolas como parte de los grupos armados evidencia y refuerza dicha politica de aislamiento.
Finalmente, la Limeddh-FIDH recuerda que el caso de la Masacre de El Charco ha sido mencionada en el mas reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir; a quien hemos solicitado que en su proxima visita a Mexico, ha realizarse probablemente en julio de 1999, lo incluya en su agenda de trabajo al igual que la Masacre de Aguas Blancas, de Las Palancas, Cualac, en Guerrero, y Acteal y otras mas en Chiapas, Oaxaca y el resto del pais.
RECOMENDACIONES
1. Debe investigarse con profundidad la denuncia de ejecucion sumaria con tiro de gracia a Mario CHAVEZ GARCIA, Daniel CRISOFORO JIMENEZ, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO y Fernando FELIX GUADALUPE, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio GARCIA LORENZO quien fue el primero que al salir de la escuela se hinco, levanto las manos en señal de rendicion y dijo "Perdonenme, nosotros no tenemos armas, no tiren" y los militares dispararon contra el. Los estudios de necropsia establecen que algunos de los cuerpos presentan una sola herida de proyectil de arma de fuego, mientras que la mayoria de los cadaveres presentan heridas multiples. Por lo que se requeriria la renecropsia para establecer si hubo tiro de gracia, como lo refieren algunos testimonios, cuando menos, en los cadaveres señalados.
2. Debe investigarse a profundidad los hechos puesto que, según declaraciones militares, ellos estaban en la zona aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, al mando del General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA; sin embargo, operativos de este tipo no requieren el uso de armamento altamente sofisticado. Ademas de que los testimonios de los testigos afirman que participaron 30 tanques, algunos vehiculos Hummers y contaban con enorme armamento. Los militares que participaron en el operativo llegaron rodeando la zona, con horas de antelacion. Por otro lado, participo en este el General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA, Jefe de la 27 Zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km, por lo que no le corresponderia la zona para llevar a cabo un operativo.
3. Deben investigarse las denuncias coincidentes en las que se mencionan que a los detenidos se les traslado a la Zona Militar donde se les torturo y amenazo con desaparecer a sus familiares, obligandoles a firmar declaraciones fabricadas, en las que se declaraban miembros del ERPI e involucraban a dirigentes sociales como a Rocio MESINO de la OCSS, y al ex diputado Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, exiliado en Francia.
4. Deben investigarse las actuaciones del Ministerio Publico Militar, quien no tiene facultades para tomar declaraciones de civiles.
5. Debe de garantizarse el derecho al debido proceso y la valoracion de todos los elementos para que los jueces actuen con plena independencia como lo establecen las normas nacionales e internacionales.
6. De los resultados de la investigacion del caso, se debera sancionar a los responsables y proceder a la indemnizacion de las victimas y sus familiares.
7. A la CNDH solicitamos que agilice la investigacion, ya que a un año de los hechos, no ha emitido ninguna Recomendacion al respecto
Se agradece el apoyo técnico de Espacec.
La Masacre de El Charco,
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ocurrida el 07 de junio de 1998.
Informe de seguimiento a un año
Elaborado por la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
En El Charco, un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros disparados al corazon de los famelicos
cuerpos enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indigena mezclada con las lagrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJERCITO MEXICANO SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?.
Mexico, D.F., a 7 de junio de 1999.
BREVE CRONOLOGIA
En la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.
Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.
Las personas detenidas fueron
Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio ALONSO TRINIDAD, Martin MACARIO SALAZAR, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, Alfonso Olivar MORALES, Javier ANGEL SEVERIANO, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Alonso MARTINEZ, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATARINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Miguel Angel GARCIA CRISTIANO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION o Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Juan GARCIA DE LOS SANTOS, Anastasio RAMIREZ SIMONA, Esteban LEONARDO EPITACIO, Efren CORTES CHAVEZ, Erika ZAMORA PARDO, ademas de los menores de edadFrancisco Cristino CRESCENCIO, Adrian PATRIARCA ANGUSTINO, Bernabe GARCIA DE JESUS, Pedro ESTEBAN AVILA y Meliton CASTRO MORALES.
Tomaron la declaracion preparatoria los agentes del Ministerio Publico Federal coordinados por el subdelegado de averiguaciones previas de la PGR, Miguel Angel ZARAGOZA REYES.
El 11 de junio, fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la PGR en Guerrero, Javier LOMELI, no encontro elementos para procesarlos.
Ellos fueron Alfonso OLIVAR MORALES, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATALINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION, Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Anastacio RAMIREZ SIMONA y Esteban LEOBARDO EPITACIO, Javier ANGEL SEVERIANO, Miguel Angel GARCIA CRISTINO y Martin MACARIO SALAZAR. Cabe señalar que Javier LOMELI, posteriormente fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordeno la liberacion de las 20 personas, incluyendo a 4 menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel HERNANDEZ ALBA, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares, solicito nuevamente 17 ordenes de reaprehension, mismas que giro la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl GUIDO GUZMAN.
Se abrio una nueva causa penal 17/98, por los delitos de motin, sedicion e invitacion a la rebelion, sumandoseles al proceso penal 109/A-1/98 que se le sigue a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ.
El 23 de junio fueron arrestados Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio TRINIDAD AMBROSIO, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO y Juan Carlos GARCIA DE LOS SANTOS, quienes dos dias mas tarde fueron trasladados del Hospital General de Acapulco al Cereso de Acapulco, despues de que se les girara nueva orden de aprehension por los delitos de rebelion y conspiracion. Tal diligencia se realizo en privado en el area de enfermeria del penal de Acapulco, en contradiccion con la Constitucion Politica Mexicana, que establece que debe ser publica.
El 27 de junio la juez Xochilt GUIDO GUZMAN dicto auto de formal prision a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelion, conspiracion e incitacion a la rebelion. Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo SAAVEDRA, ante Maximiliano TORAL PEREZ, juez cuarto de distrito de Acapulco, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelion, terrorismo, acopio de armas, portacion de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.
Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron,
a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.
El 13 -14 de junio fueron reconocidos 11 cadaveres y entregados a sus familiares, los que corresponden a Honorio GARCIA LORENZO, Mauro GONZALEZ CASTRO, originarios de Agua Cachagüe; Mario CHAVEZ GARCIA, Ricardo VICENTE, Fidencio MORALES CASTRO de 21 años, Jose FERNANDO NICASIO, Fernando FELIX GUADALUPE de 25 años de edad, de la comunidad de Ocote Amarillo; Daniel CRISOFORO del Coyul; Ricardo ZAVALA TAPIA de 24 años, del Distrito Federal, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO o Francisco PRISCILIANO de 41años de la comunidad El Potrero, Apolonio JIMENEZ GARCIA de 40 años, y Juan GARCIA DE LOS SANTOS de 23 años (al parecer, existe una contradiccion en dicho nombre, ya que en el expediente juridico aparece como asesinado, pero despues se reporta que se le dio libertad) de El Charco.
El 15 de junio el juez Maximiliano TORAL PEREZ, dicto auto de libertad a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, ya que su defensor de oficio, Hector HERNANDEZ, asento que los hechos no coinciden en la tipificacion de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, el juez les dicto auto de formal prision como responsables de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito. Pese a lo anterior tres dias despues a Efren CORTES CHAVEZ se le nego el derecho a la libertad bajo fianza, con el argumento de que liberarlo constituiria un peligro para la sociedad, ya que lo señala como presunto miembro del grupo armado. El defensor de oficio, interpuso el recurso de apelacion ante el tribunal unitario del vigesimo primer circuito, con sede en Chilpancingo.
El 22 de junio los menores que se encuentran en el Tutelar de Menores dieron sus testimonios al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Adrian PATRIARCA AGUSTINO, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, refirio que fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol. Despues lo trasladaron en helicoptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligandolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal.
Bernabe GARCIA DE JESUS, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que "cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladandome en helicoptero a Cruz Grande y luego a Acapulco". Meliton CASTRO MORALES de 15 años, originario de la comunidad El Coyul y Pedro ESTEBAN de 16 años de Ocote Amarillo, refirieron testimonios parecidos.
VERSIONES OFICIALES
19 al 22 de junio Jose Luis RAMOS RIVERA, subprocurador general de la Republica, dio a conocer la postura oficial de lo ocurrido "No hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturo a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI", ademas de que dio a conocer la existencia de un video. Indico que se realizo la prueba de absorción atomica a cada uno de los fallecidos y en todos los casos se comprobo que accionaron armas de fuego, y se les practico la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos, la cual resulto negativa. Se pronuncio en defensa del Ejercito Mexicano, diciendo que lo de El Charco fue un enfrentamiento, los militares hacian un recorrido en aplicacion de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, y descubrieron a unos hombres armados y al pedirles las armas estos comenzaron a disparar iniciando asi el enfrentamiento, el cual duro de las 450 de la madrugada a las 1100 de la mañana aproximadamente.
VERSIONES CONTRASTANTES
La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.
De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio "los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".
Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.
HOSTIGAMIENTO
Despues de la masacre, los vecinos de la comunidad El Charco, se desplazaron por el temor, ante el incremento de la militarizacion, con gran panico en las comunidades; quienes solicitaron el retiro del Ejercito.
11 de junio alrededor de las 0200 horas, un grupo de 20 personas, a bordo de una Suburban, irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia de Erika ZAMORA PARDO, ubicado en la comunidad de El Rosario, Municipio de Francisco I. Madero, estado de Hidalgo. En donde los amenazaron y robaron documentacion personal. Motivo por el cual su familia tuvo que huir de esa comunidad rumbo a la Ciudad de Mexico. La familia de Efren fue vigilada en Ayutla y Cruz Grande.
Se promovieron dos juicios de amparo contra actos de la justicia federal a favor de 14 campesinos, numero 648/98 promovido ante al juez tercero de distrito, Lucitania GARCIA ORTIZ, y el 649/98 contra actos de las autoridades federales.
30 de junio Ricardo MARTINEZ MARTINEZ, integrante del Bloque Universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM, informo que luego de la detencion de su compañera Erika ZAMORA PARDO y de la muerte de Ricardo ZAVALA TAPIA, se inicio una ola de intimidacion en contra de jovenes de la UNAM y de la UAM, ya que agentes de Gobernacion y militares, pretendian vincularlos con actos subversivos.
04 de julio El defensor de oficio Andres GARCIA BUSTAMANTE, promovio ante el juez segundo de distrito, Xochil GUIDO GUZMAN, testimoniales de los comisarios municipales de Ayutla de los Libres y de El Charco, a favor de 6 detenidos. Sin embargo solo Juan Garcia de los Santos y Eugenio Trinidad AMBROSIO, salieron de inmediato despues de las declaraciones hechas por los comisarios.
08 julio Efrain ZUÑIGA GALEANA, coordinador de los diputados federales priistas guerrerenses, declaro "que el EPR es el sector guerrillero del PRD, los dirigentes del PRD estan al servicio del EPR, son quienes los estan subsidiando".
15 de agosto. Ampliacion de declaracion con efectivos del Ejercito mexicano, con el mayor de infanteria del 78 Batallon de Infanteria, Jose GARNICA MARQUEZ y el soldado raso Jose Monico quienes coincidieron en señalar que el general Juan Alfredo OROPEZA GARNICA estaba al filo de las 700 horas frente a la escuela del El Charco.
20 de agosto fueron detenidos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, indigenas mixtecos, cuando se presentaron a declarar a favor de Efren CORTES CHAVEZ y Erika ZAMORA PARDO. En el Juzgado Tercero de Distrito se habia autorizado el amparo contra la orden de aprehension, pero al no depositarse la garantia se anulo y procedieron las ordenes de aprehension. Se encuentran acusados de rebelion y conspiracion, segun el expediente 1798, causa 49/98, en el Segundo Juzgado de Distrito con sede en Acapulco. El 26 de agosto se les dicto auto de formal prision.
INDEFENSION JURIDICA.
25 de agosto Fue detenido el abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, Asesor Juridico de la OCSS, quien atendia el caso de los presos a consecuencia de los hechos en El Charco. Se le acusa de despojo, robo y daños, a raiz de una toma de tierras que realizo un grupo de colonos en los Mogotes, Municipio de Coyuca de Benitez, en enero de 1997. Cabe señalar que el Juez Sexto Penal del Distrito Judicial de Galeana, Adolfo VAN METEER ROQUE, quien le dicto el auto de formal prision por los delitos de despojo, robo y daños, sin derecho a fianza, es el mismo que anteriormente, el 4 de diciembre de 1995, en la causa penal numero 145-1/994, ventilada ante el mismo juzgado sexto de lo penal, ya habia sentenciado en contra del señor Ranulfo SAMANO BARBOSA por el delito de despojo del mismo bien inmueble objeto del proceso penal. Destacamos que dicha persona es quien se presento como quejoso en contra del Lic. Jose SANCHEZ SANCHEZ.
NEGLIGENCIA MEDICA.
16 de agosto fue visitado el menor Francisco CRISTINO CRESENCIO, detenido en el Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo por el doctor Rafael Gomar Yabra, especialista en traumatologia, miembro de la Oficina de Socorro Internacional en Mexico e integrante de la Caravana Vicente Guerrero; alerto que el niño corre el peligro de perder la movilidad del brazo de por vida, debido a la negligencia de las autoridades al negarle la atencion medica adecuada y oportuna. El medico señaloel 16 de agosto observe, que a pesar de la gravedad de las lesiones, probablemente una fractura supracondilia, solo tenia una ferula posterior de yeso rota e inservible, fijada con una venda elastica deshilachada que le retire porque le estaba molestando. El niño presenta severas secuelas neurologicas con gran deterioro funcional del brazo y atrofia muscular avanzada. Por lo tanto no se le ha prestado atencion medica ni psicologica para la recuperacion emocional de un pequeño que solo habla mixteco, y que fue arrancado de su en torno familiar y social en un escenario de violencia militar gubernamental. No hay fundamento para su detencion ya que sus 4 compañeros detenidos por los mismos delitos ya fueron liberados. El 5 de septiembre, Pedro Julio VALDEZ VILCHIS, director general de Comunicación Social del gobierno del estado, nego los hechos. Sin embargo, el menor presentaba limitacion del movimiento de la articulacion del codo izquierdo y semiparalisis de la muñeca y mano izquierda, ya que no puede realizar los movimientos de extension de dicha mano, tambien presentaba hemiatrofia muscular (hipotrofia) de antebrazo y mano izquierda.
Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.
Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.
Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.
Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.
Inicialmente Francisco se encontro incomunicado. Presento su declaracion preparatoria ante el Ministerio Publico Militar. Su familia solo pudo visitarlo pocas veces por falta de recursos. Se le dicto sentencia de 9 meses. Fue liberado el 26 de mayo de 1999.
SEGUIMIENTO DURANTE 1999
Enero aparecio en un diario de Acapulco, una resolucion apocrifa de la CNDH; donde se señala que los hechos ocurridos fueron un enfrentamiento del Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) contra el Ejercito Mexicano. Tambien se desmintio que el Ejercito haya usado granadas de fragmentacion. Que las pruebas hechas a los detenidos salieron positivas, y que en el examen de orina realizado a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, aparecen residuos de cocaina. Mas tarde, la CNDH desmintio esa Resolucion diciendo que el documento publicado es apocrifo.
10 de marzo La juez segundo de distrito, Xochitl GUIDO GUZMAN, sentencio a 5 años de prision a Erika ZAMORA PARDO y Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de conspiracion e invitacion a la rebelion. A Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, indigenas mixtecos se les sentencio a un año de prision y multa de 9 mil 506 pesos 25 centavos, por los delitos de portacion de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada y el Ejercito (cabe señalar que al considerar el beneficio de la pena de 38 dias de trabajo, se debio otorgar su libertad condicional, hecho que ocurrio hasta el 12 de mayo, cuando fueron liberados mediante el pago de una fianza de $ 1000.00 mil pesos cada uno, por resolucion del Tribunal unitario con sede en Chilpancingo). Una semana despues se les dicto otra sentencia a Erika ZAMORA de 3 años y medio a Efren CORTES de 1 año y medio por portacion de arma. Acumulandoseles asi, 8 años y medio a Erika ZAMORA y 6 años y medio a Efren CORTES.
Por la sentencia dictada contra Efren CORTES y Erika ZAMORA, se interpuso apelacion, lo que trajo como consecuencia que se determinara una nueva revision al caso, razon por la cual se giraron ordenes de reaprehension contra los indigenas mixtecos Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNADEZ FRANCISCO, recien liberados.
A un año de la masacre del Charco continuan en prision los 4 indigenas mixtecos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, la estudiante Erika ZAMORA PARDO y el dirigente del PRD, Efren CORTES CHAVEZ, en el Cereso de Acapulco.
OTRAS REPERCUSIONES
Las familias de los detenidos que quedan en indefension economica
Bernardino GARCIA FRANCISCO, 38 años, Comunidad El Paraiso, medico tradicional, integrante de la Organizacion Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT).
Esposa, Maria Claudia PAULA GARCIA (37 años); hijos Florencio (20 años), Eudocio (18), Teresa Felipa (17), Rodrigo (14), Angel (11), Eudes (9), Octavio (4) y Florentino (1)
Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, 43 años, Comunidad El Paraiso.
Esposa, Teresa Margarita Carmen (38); hijosJaime (10), Hermelinda (8), Bonifacio (6), Floriberto (4), Gabriel (3) y Alejandro (1año 9 meses).
Sabino ADELAIDO GARCIA, 30 años, Comunidad El Potrero.
Esposa, Benicia Castro de los Santos (26); hijosLuis (5) y Adelaida (1 año 9 meses ).
Esteban EDUARDO EPITACIO, 43 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Maria Rosa Catarina; (40 años), hijosCristina (28), Valeria (20), Florencia (10), Leobardo (8), Arnulfo (5) y Fulgencio (4).
Alfonso OLIVIA MORALES, 22 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Elena Victoria Sabina (21); hijosNabor (11 meses).
Anastacio RAMIREZ SIMONA, 26 años, Comunidad La Concordia.
Esposa, Victoria Angel Verenciana (24); hijosAgripino (12), Leonilda (7), Carolina (3) y Norberto (1año 6 meses).
Numero de personas afectadas por la detencion arbitraria de los 6 indigenas12 adultos y 27 niños.
LAS VIUDAS DE EL CHARCO.
Catorce mujeres, indigenas mixtecas, se vieron obligadas a trabajar en casa, en el campo, y ahora tambien debieron darse a la tarea de exigir justicia.
Catalina LEOBARDO AURELIA, de 24 años y madre de 6 niños, vecina de Ocote Amarillo, quien perdio a su esposo, Fernando FELIX GUADALUPE, de 25 años, dice "ahora mi trabajo es 4 veces mas que antes y con menos dinero que antes". Ella camina 5 horas desde su comunidad hasta la cabecera de Ayutla, para pedir la indemnizacion por la muerte de su esposo, la que no le quieren dar, diciendole que su esposo murio en enfrentamiento ya que ellos atacaron a las tropas del Ejercito Mexicano. La situacion de las 8 viudas es igual, piden apoyo para mantener a sus hijos y el Gobierno se lo niega. Ahora empiezan a hablar; dicen que la necesidad las obliga a ponerse al frente.
Quienes mas sufren las consecuencias son las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".
CONCLUSIONES.
Los hechos que se presentaron en la Masacre de El Charco señalan que, dificilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento puesto que no se presento ningun herido por parte del Ejercito Federal, lo que sugiere fuertemente que
1. Los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosia y ventaja y no ponderaron las medidas de rendicion como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta resultando 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 de ellas heridas.
2. Llama poderosamente la atencion que el numero de muertos sea mayor al de los heridos, y que ningun militar resultara lesionado. Normalmente es de esperar que el numero de heridos sea mayor al de los muertos y, que cuando se trata de un enfrentamiento haya lesionados de ambos lados.
3. El Lugar de los hechos fue modificado inmediatamente por el Ejercito Mexicano impidiendo la preservacion de las evidencias, violando disposiciones en materia de procedimientos penales.
4. Las necropsias realizadas no consiñan todos los elementos que establecen los protocolos, son insuficientes para determinar las relaciones victima-victimario y el tipo de proyectiles utilizados.
5. Los detenidos fueron puestos a disposicion del Ministerio Publico Militar quien tomo declaraciones a los detenidos, violando la legislación penal y la constitucion.
6. Queda comprobado que los detenidos se mantuvieron en un lugar distinto al destinado ex profeso, lo que refuerza la version de los detenidos de que sufrieron coaccion para su declaracion, y apunta la validacion de los testimonios de tortura fisica y psicologica a la que aluden los detenidos (considerada por la jurisprudencia nacional en la materia), no obstante que los certificados medicos no se hayan consiñado lesiones visibles o externas.
7. Las acciones de la CNDH y las de la Coddehum han sido insuficientes y los derechos de los detenidos han quedado limitados ante la ausencia de un trabajo de campo mas acucioso.
8. Preocupa la detencion del abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, quien habia asumido la defensa de los detenidos de El Charco, bajo un proceso penal fuertemente cuestionado por sus irregularidades, lo que hablaria de una politica sistematica de aislamiento y represion.
9. los ataques y calumnias en contra de las ONG que han atendido el caso, señalandolas como parte de los grupos armados evidencia y refuerza dicha politica de aislamiento.
Finalmente, la Limeddh-FIDH recuerda que el caso de la Masacre de El Charco ha sido mencionada en el mas reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir; a quien hemos solicitado que en su proxima visita a Mexico, ha realizarse probablemente en julio de 1999, lo incluya en su agenda de trabajo al igual que la Masacre de Aguas Blancas, de Las Palancas, Cualac, en Guerrero, y Acteal y otras mas en Chiapas, Oaxaca y el resto del pais.
RECOMENDACIONES
1. Debe investigarse con profundidad la denuncia de ejecucion sumaria con tiro de gracia a Mario CHAVEZ GARCIA, Daniel CRISOFORO JIMENEZ, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO y Fernando FELIX GUADALUPE, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio GARCIA LORENZO quien fue el primero que al salir de la escuela se hinco, levanto las manos en señal de rendicion y dijo "Perdonenme, nosotros no tenemos armas, no tiren" y los militares dispararon contra el. Los estudios de necropsia establecen que algunos de los cuerpos presentan una sola herida de proyectil de arma de fuego, mientras que la mayoria de los cadaveres presentan heridas multiples. Por lo que se requeriria la renecropsia para establecer si hubo tiro de gracia, como lo refieren algunos testimonios, cuando menos, en los cadaveres señalados.
2. Debe investigarse a profundidad los hechos puesto que, según declaraciones militares, ellos estaban en la zona aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, al mando del General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA; sin embargo, operativos de este tipo no requieren el uso de armamento altamente sofisticado. Ademas de que los testimonios de los testigos afirman que participaron 30 tanques, algunos vehiculos Hummers y contaban con enorme armamento. Los militares que participaron en el operativo llegaron rodeando la zona, con horas de antelacion. Por otro lado, participo en este el General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA, Jefe de la 27 Zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km, por lo que no le corresponderia la zona para llevar a cabo un operativo.
3. Deben investigarse las denuncias coincidentes en las que se mencionan que a los detenidos se les traslado a la Zona Militar donde se les torturo y amenazo con desaparecer a sus familiares, obligandoles a firmar declaraciones fabricadas, en las que se declaraban miembros del ERPI e involucraban a dirigentes sociales como a Rocio MESINO de la OCSS, y al ex diputado Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, exiliado en Francia.
4. Deben investigarse las actuaciones del Ministerio Publico Militar, quien no tiene facultades para tomar declaraciones de civiles.
5. Debe de garantizarse el derecho al debido proceso y la valoracion de todos los elementos para que los jueces actuen con plena independencia como lo establecen las normas nacionales e internacionales.
6. De los resultados de la investigacion del caso, se debera sancionar a los responsables y proceder a la indemnizacion de las victimas y sus familiares.
7. A la CNDH solicitamos que agilice la investigacion, ya que a un año de los hechos, no ha emitido ninguna Recomendacion al respecto
Comunicado del ERPI
COMUNICADO # 19
Al pueblo en general
A los medios de comunicación.
Este 7 de junio se cumplen ya 12 años de la masacre de El Charco municipio de Ayutla. Donde fueron asesinados por el Ejército Federal 7 civiles desarmados y 4 combatientes nuestros incluido el compañero Capitán José. La saña y alevosía con la que fueron asesinados campesinos desarmados y rendidos en la cancha de la escuela de la localidad se repite a diario en todo el país.
La masacre ocurrida hace 12 años fue un crimen de estado y como tal tiende a quedar en la impunidad. A ese genocidio se suman en Ayutla más de 20 asesinatos de líderes comunitarios y luchadores sociales, perpetrados por comandos militares y bandas paramilitares entrenadas, financiadas y armadas por el Ejército Mexicano y los 3 niveles de gobierno.
De manera que el secuestro, tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas en febrero de 2009 son los casos más conocidos de la guerra contra el pueblo que lleva acabo el mal gobierno contra quienes se organizan y luchan por sus derechos dentro del marco legal.
En Guerrero: la criminalización de la lucha social; el hostigamiento a la prensa crítica (caso de El Sur); el asesinato de militantes perredistas, en particular el del diputado Armando Chavarría; el control del PRD estatal en manos del CISEN; la descalificación y acoso a las organizaciones defensoras de derechos humanos (caso Tlachinollan); el terror social generado por la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad; el uso de los medios de comunicación electrónicos contra la lucha social, conducen al cierre de espacios para la lucha legal. Lo anterior es parte de una política de contrainsurgencia orquestada, planificada y dirigida desde las más altas esferas del poder en México. Con el objetivo de impedir cualquier cambio social en el país, ya sea por vías pacíficas o violentas. Está política fascista cree ver en todos los críticos del sistema, en el indígena que se organiza, en el estudiante que se moviliza, en el campesino que protesta y hasta al militante perredista crítico, a un enemigo. Y como tal los trata.
La masacre de El Charco, los asesinatos de decenas de líderes sociales y políticos de Ayutla, así como el asesinato de Armando Chavarría Barrera y otros líderes políticos son CRIMENES DE ESTADO. Y como tal el régimen nunca hará justicia. La justicia, la democracia y la libertad solo serán posibles con la construcción del poder popular y el cambio de régimen en México.
Ante la impunidad, ante los asesinatos masivos y selectivos y ante el cierre de espacios para la lucha legal, hacemos un llamado al pueblo de Guerrero y México, a nuestras comunidades insurgentes y bases de apoyo a ejercer la autodefensa en todas sus formas.
¡ CON EL PODER POPULAR EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ !
ATENTAMENTE
COMITÉ ESTATAL DE GUERRERO
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE (ERPI)
Estado de Guerrero a 6 de junio 2010.
Al pueblo en general
A los medios de comunicación.
Este 7 de junio se cumplen ya 12 años de la masacre de El Charco municipio de Ayutla. Donde fueron asesinados por el Ejército Federal 7 civiles desarmados y 4 combatientes nuestros incluido el compañero Capitán José. La saña y alevosía con la que fueron asesinados campesinos desarmados y rendidos en la cancha de la escuela de la localidad se repite a diario en todo el país.
La masacre ocurrida hace 12 años fue un crimen de estado y como tal tiende a quedar en la impunidad. A ese genocidio se suman en Ayutla más de 20 asesinatos de líderes comunitarios y luchadores sociales, perpetrados por comandos militares y bandas paramilitares entrenadas, financiadas y armadas por el Ejército Mexicano y los 3 niveles de gobierno.
De manera que el secuestro, tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas en febrero de 2009 son los casos más conocidos de la guerra contra el pueblo que lleva acabo el mal gobierno contra quienes se organizan y luchan por sus derechos dentro del marco legal.
En Guerrero: la criminalización de la lucha social; el hostigamiento a la prensa crítica (caso de El Sur); el asesinato de militantes perredistas, en particular el del diputado Armando Chavarría; el control del PRD estatal en manos del CISEN; la descalificación y acoso a las organizaciones defensoras de derechos humanos (caso Tlachinollan); el terror social generado por la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad; el uso de los medios de comunicación electrónicos contra la lucha social, conducen al cierre de espacios para la lucha legal. Lo anterior es parte de una política de contrainsurgencia orquestada, planificada y dirigida desde las más altas esferas del poder en México. Con el objetivo de impedir cualquier cambio social en el país, ya sea por vías pacíficas o violentas. Está política fascista cree ver en todos los críticos del sistema, en el indígena que se organiza, en el estudiante que se moviliza, en el campesino que protesta y hasta al militante perredista crítico, a un enemigo. Y como tal los trata.
La masacre de El Charco, los asesinatos de decenas de líderes sociales y políticos de Ayutla, así como el asesinato de Armando Chavarría Barrera y otros líderes políticos son CRIMENES DE ESTADO. Y como tal el régimen nunca hará justicia. La justicia, la democracia y la libertad solo serán posibles con la construcción del poder popular y el cambio de régimen en México.
Ante la impunidad, ante los asesinatos masivos y selectivos y ante el cierre de espacios para la lucha legal, hacemos un llamado al pueblo de Guerrero y México, a nuestras comunidades insurgentes y bases de apoyo a ejercer la autodefensa en todas sus formas.
¡ CON EL PODER POPULAR EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ !
ATENTAMENTE
COMITÉ ESTATAL DE GUERRERO
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE (ERPI)
Estado de Guerrero a 6 de junio 2010.
jueves, 2 de julio de 2009
Comunicado urgente por la detención de los hermanos Ponce Lola en Ayutla, Guerrero
COMUNICADO URGENTE
Zihuatanejo, Guerrero a 1 de Julio del 2009
Ante los hechos ocurridos hace unas horas de la detención arbitraria por elementos del Ejército a Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola de 28, 20 y 16 años hermanos de Manuel Ponce Rosas(asesinado por su trabajo a favor de los pueblos indígenas del estado) activista y líder de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) en la comunidad de Ocotlán, municipio de Ayutla, acusados con el cargo de portación de armas y trasladados a la PGR en Acapulco la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) exige:
1.-Su presentación inmediata de Victoriano Ponce Lola, Santiago Ponce Lola y Alicio Ponce Lola ya que los cargos que se les imputan pueden ser ficticios como es costumbre del gobierno crear delitos cuando el trabajo de los Defensores de Derechos Humanos es el ver por la seguridad y cumplimiento de la ciudadanía
2.-Liberación inmediata y una investigación exhaustiva ante estos hechos llevados a cabo por la mano opresora del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo
3.-Qué el Ejército deje de realizar acciones que le compete investigar a la autoridad civil en caso de ser ciertos los cargos, así mismo, se respeten sus derechos como ciudadanos a tener un abogado de oficio, realizar la correspondiente llamada a sus familiares y no ser detenidos mas de las 72 horas del tiempo que marca y establece la ley, y ser respetados en su integridad física
4.-Regreso del Ejército a sus cuarteles ya que es obvio con estos hechos la inseguridad ciudadana que se esta llevando a cabo así como la violación a los Derechos Humanos y las Garantías individuales como son las de libre transito
Es vergonzoso que el Estado Mexicano guarde silencio ante los atropellos que se realizan de manera ya cotidiana en contra de las comunidades y ciudades de la entidad guerrerense como de igual forma haga caso omiso ante los pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales sobre el caso impune de Manuel Ponce Rosas, líder de la OFPM el cual fue encontrado asesinado con rastros de tortura en el municipio de Ayutla.
La COMSG se solidariza con los familiares de Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola en este momento de incertidumbre que están pasando, con los integrantes de la OFPM, y los asesores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Responsabilizamos también a el Ejército, y los tres niveles de gobierno de cualquier acto en contra de las familias y los detenidos en su integridad física, moral y psicológica que pueda sucederles.
Y la Responsabilización directa a Zeferino Torreblanca Galindo por lo que pasará así como por su mala actuación como gobernante de esta entidad el cual solo pone en un estado de indefensión a sus gobernados permitiendo el Ejército en las calles.
COMSG
Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero
Responsables de la publicación:
Javier Monroy-TADECO
Luis Muños-CETEG
Hercilia Castro –RMI
Gonzalo Molina-Movimiento Vicente Guerrero de Tixtla
Zihuatanejo, Guerrero a 1 de Julio del 2009
Ante los hechos ocurridos hace unas horas de la detención arbitraria por elementos del Ejército a Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola de 28, 20 y 16 años hermanos de Manuel Ponce Rosas(asesinado por su trabajo a favor de los pueblos indígenas del estado) activista y líder de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) en la comunidad de Ocotlán, municipio de Ayutla, acusados con el cargo de portación de armas y trasladados a la PGR en Acapulco la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero (COMSG) exige:
1.-Su presentación inmediata de Victoriano Ponce Lola, Santiago Ponce Lola y Alicio Ponce Lola ya que los cargos que se les imputan pueden ser ficticios como es costumbre del gobierno crear delitos cuando el trabajo de los Defensores de Derechos Humanos es el ver por la seguridad y cumplimiento de la ciudadanía
2.-Liberación inmediata y una investigación exhaustiva ante estos hechos llevados a cabo por la mano opresora del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo
3.-Qué el Ejército deje de realizar acciones que le compete investigar a la autoridad civil en caso de ser ciertos los cargos, así mismo, se respeten sus derechos como ciudadanos a tener un abogado de oficio, realizar la correspondiente llamada a sus familiares y no ser detenidos mas de las 72 horas del tiempo que marca y establece la ley, y ser respetados en su integridad física
4.-Regreso del Ejército a sus cuarteles ya que es obvio con estos hechos la inseguridad ciudadana que se esta llevando a cabo así como la violación a los Derechos Humanos y las Garantías individuales como son las de libre transito
Es vergonzoso que el Estado Mexicano guarde silencio ante los atropellos que se realizan de manera ya cotidiana en contra de las comunidades y ciudades de la entidad guerrerense como de igual forma haga caso omiso ante los pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales sobre el caso impune de Manuel Ponce Rosas, líder de la OFPM el cual fue encontrado asesinado con rastros de tortura en el municipio de Ayutla.
La COMSG se solidariza con los familiares de Victoriano, Santiago y Alicio Ponce Lola en este momento de incertidumbre que están pasando, con los integrantes de la OFPM, y los asesores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Responsabilizamos también a el Ejército, y los tres niveles de gobierno de cualquier acto en contra de las familias y los detenidos en su integridad física, moral y psicológica que pueda sucederles.
Y la Responsabilización directa a Zeferino Torreblanca Galindo por lo que pasará así como por su mala actuación como gobernante de esta entidad el cual solo pone en un estado de indefensión a sus gobernados permitiendo el Ejército en las calles.
COMSG
Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero
Responsables de la publicación:
Javier Monroy-TADECO
Luis Muños-CETEG
Hercilia Castro –RMI
Gonzalo Molina-Movimiento Vicente Guerrero de Tixtla
martes, 30 de junio de 2009
Atentan contra Margarita Martín, la viuda de uno de los líderes mixtecos de Ayutla asesinados
Zacarías Cervantes (El Sur de Acapulco)
Después de una reunión que sostuvieron ayer en Ayutla con integrantes de la Fundación Appleton para el financiamiento de apoyos para Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl Lucas Lucía y para Margarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas, esta última sufrió un atentado a balazos la tarde de ayer cuando se dirigía a su comunidad, La Cortina, denunció anoche el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Margarita Martín de las Nievas y Guadalupe Castro Morales son viudas de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) de Ayutla, que fueron secuestrados el 13 de febrero pasado y sus cuerpos encontrados en una fosa clandestina el 21 de ese mismo mes cerca de la localidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, con huellas de tortura y ejecutados.
Tlachinollan informó anoche que a las 5 de la tarde, cuando Margarita Martín de las Nieves se dirigía a su comunidad, acompañada de su cuñado, Santiago Ponce Lorenzo, hermano de Manuel y de la esposa de éste, Modesta Laureano Petra, en el crucero de Ocotlán, que se encuentra entre la cabecera municipal de Ayutla y La Cortina, un hombre vestido con playera negra y sombrero negro les disparó en tres ocasiones; uno de los disparos pasó cerca de Margarita y dos en el lado donde iba Santiago.
Antes, los tres, Margarita, su cuñado y la esposa de éste, así como la viuda del presidente de la OFPM, Raúl Lucas Lucía, Guadalupe Castro Morales, habían estado en las oficinas de Tlachinollan en Ayutla, en donde se reunieron con miembros de los organismos de la Fundación Appleton para convenir en los apoyos que las viudas de los dos dirigentes de la OFPM recibirán por las gestiones de los organismos de derechos humanos. En el mismo lugar, las viudas se reunieron con representantes de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, a quienes expusieron la situación con motivo de los asesinatos de los dos dirigentes.
Después de la reunión, en la que estuvo también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, intentaron comunicarse vía telefónica con el comandante del primer sector de la región Costa Chica de la Policía Preventiva Estatal, Urbano Palacios García, para que acompañara a Margarita hasta La Cortina, ello como parte de los acuerdos a que llegaron este martes 23 de junio en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) con representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría Pública y Protección Civil del estado, en donde se asumió el compromiso de brindar las medidas cautelares a las viudas de los dos dirigentes de la OPFM.
Sin embargo Tlachinollan denunció anoche que el comandante policiaco que debería brindar seguridad no pudo ser localizado, pues su teléfono siempre estuvo fuera del área de servicio, a pesar de que se supone que ya había recibido instrucciones para que brindara la seguridad que le solicitaran.
Como a Margarita Martín de las Nieves ya se le estaba haciendo tarde, decidió trasladarse sólo con su cuñado y la esposa de éste, pero al pasar por el crucero de Ocotlán sufrieron el atentado.
Según el testimonio que narró Margarita al Centro de Derechos Humanos, ella vio por el espejo al hombre que les disparó y pudo ver que llevaba un arma larga y que todavía intentó seguirlos para continuar disparando.
Tlachinollan informó que fue hasta a las 8 y media de la noche de ayer mismo, cuando el comandante Palacios acudió a La Cortina para recoger los testimonios de Margarita y sus acompañantes, cuando toda la tarde no estuvo localizable porque su teléfono estaba fuera del área de servicio.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que estos hechos pudieron haberse evitado, si las autoridades estatales hubieran cumplido con el compromiso que asumieron en la reunión del martes 23 de brindar seguridad y las medidas cautelares a las viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía.
Sin embargo, señaló que no hay un compromiso serio de las autoridades para brindar las medidas de protección para los familiares de las víctimas de los dos dirigentes asesinados en febrero pasado.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña recordó que el 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física y que tampoco éstas se han cumplido por parte de las autoridades estatales y federales.
Después de una reunión que sostuvieron ayer en Ayutla con integrantes de la Fundación Appleton para el financiamiento de apoyos para Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl Lucas Lucía y para Margarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas, esta última sufrió un atentado a balazos la tarde de ayer cuando se dirigía a su comunidad, La Cortina, denunció anoche el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Margarita Martín de las Nievas y Guadalupe Castro Morales son viudas de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) de Ayutla, que fueron secuestrados el 13 de febrero pasado y sus cuerpos encontrados en una fosa clandestina el 21 de ese mismo mes cerca de la localidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, con huellas de tortura y ejecutados.
Tlachinollan informó anoche que a las 5 de la tarde, cuando Margarita Martín de las Nieves se dirigía a su comunidad, acompañada de su cuñado, Santiago Ponce Lorenzo, hermano de Manuel y de la esposa de éste, Modesta Laureano Petra, en el crucero de Ocotlán, que se encuentra entre la cabecera municipal de Ayutla y La Cortina, un hombre vestido con playera negra y sombrero negro les disparó en tres ocasiones; uno de los disparos pasó cerca de Margarita y dos en el lado donde iba Santiago.
Antes, los tres, Margarita, su cuñado y la esposa de éste, así como la viuda del presidente de la OFPM, Raúl Lucas Lucía, Guadalupe Castro Morales, habían estado en las oficinas de Tlachinollan en Ayutla, en donde se reunieron con miembros de los organismos de la Fundación Appleton para convenir en los apoyos que las viudas de los dos dirigentes de la OFPM recibirán por las gestiones de los organismos de derechos humanos. En el mismo lugar, las viudas se reunieron con representantes de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, a quienes expusieron la situación con motivo de los asesinatos de los dos dirigentes.
Después de la reunión, en la que estuvo también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, intentaron comunicarse vía telefónica con el comandante del primer sector de la región Costa Chica de la Policía Preventiva Estatal, Urbano Palacios García, para que acompañara a Margarita hasta La Cortina, ello como parte de los acuerdos a que llegaron este martes 23 de junio en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) con representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría Pública y Protección Civil del estado, en donde se asumió el compromiso de brindar las medidas cautelares a las viudas de los dos dirigentes de la OPFM.
Sin embargo Tlachinollan denunció anoche que el comandante policiaco que debería brindar seguridad no pudo ser localizado, pues su teléfono siempre estuvo fuera del área de servicio, a pesar de que se supone que ya había recibido instrucciones para que brindara la seguridad que le solicitaran.
Como a Margarita Martín de las Nieves ya se le estaba haciendo tarde, decidió trasladarse sólo con su cuñado y la esposa de éste, pero al pasar por el crucero de Ocotlán sufrieron el atentado.
Según el testimonio que narró Margarita al Centro de Derechos Humanos, ella vio por el espejo al hombre que les disparó y pudo ver que llevaba un arma larga y que todavía intentó seguirlos para continuar disparando.
Tlachinollan informó que fue hasta a las 8 y media de la noche de ayer mismo, cuando el comandante Palacios acudió a La Cortina para recoger los testimonios de Margarita y sus acompañantes, cuando toda la tarde no estuvo localizable porque su teléfono estaba fuera del área de servicio.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que estos hechos pudieron haberse evitado, si las autoridades estatales hubieran cumplido con el compromiso que asumieron en la reunión del martes 23 de brindar seguridad y las medidas cautelares a las viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía.
Sin embargo, señaló que no hay un compromiso serio de las autoridades para brindar las medidas de protección para los familiares de las víctimas de los dos dirigentes asesinados en febrero pasado.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña recordó que el 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física y que tampoco éstas se han cumplido por parte de las autoridades estatales y federales.
jueves, 25 de junio de 2009
Por segunda vez, caravana de AI visitará a miembro de la OPIM preso en Ayutla
Prevén reunión con autoridades estatales los días 28 y 29
CITLAL GILES SANCHEZ
Como parte de las acciones de la campaña Exige Dignidad, que encabeza Amnistía Internacional (AI), se tiene programado que una caravana de activistas visite en los próximos días el municipio de Ayutla para exigir la liberación del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio, considerado por el organismo internacional como preso de conciencia.
Por segunda ocasión, una comisión de activistas regresarán a Ayutla para visitar a Hernández Abundio, quien no logró salir de la cárcel el 19 de marzo junto con los otros cuatro indígenas me’phaa acusados de matar a un informante del Ejército.
En febrero, AI estuvo por primera vez en Guerrero para entrevistarse con los cinco integrantes de la OPIM en ese entonces presos en el penal de Ayutla, así como con autoridades del gobierno estatal para exponer su preocupación por la situación de indefensión en que trabajan defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la información del organismo internacional, la visita está programada para los días 28 y 29 de junio, en la que participarán diversas organizaciones de derechos humanos de México y Guerrero.
La misión será entregar todos los mensajes y cartas de apoyo y solidaridad a Raúl Hernández, recabadas durante la campaña Alza tu voz por su libertad; además reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, refrendar el apoyo y la solidaridad y rechazar los obstáculos que tienen que sortear para desempeñar su trabajo.
De igual forma, dentro de las actividades de AI está reunirse nuevamente con autoridades del gobierno estatal, a quienes le expresarán las diversas preocupaciones en materia de defensa de los derechos humanos además de exigir la liberación inmediata del preso de conciencia.
El 29 de junio la caravana estará de regreso en la ciudad de México para analizar los resultados de la visita.
El 17 de abril de 2008 fueron encarcelados cinco integrantes de la OPIM acusados de asesinar a un informante del Ejército, pero se logró un amparo para cuatro de ellos, quienes salieron en libertad el 19 de marzo de este año. Hernández no alcanzó amparo debido a que hay dos supuestos testigos que aseguran fue el autor material del crimen.
CITLAL GILES SANCHEZ
Como parte de las acciones de la campaña Exige Dignidad, que encabeza Amnistía Internacional (AI), se tiene programado que una caravana de activistas visite en los próximos días el municipio de Ayutla para exigir la liberación del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio, considerado por el organismo internacional como preso de conciencia.
Por segunda ocasión, una comisión de activistas regresarán a Ayutla para visitar a Hernández Abundio, quien no logró salir de la cárcel el 19 de marzo junto con los otros cuatro indígenas me’phaa acusados de matar a un informante del Ejército.
En febrero, AI estuvo por primera vez en Guerrero para entrevistarse con los cinco integrantes de la OPIM en ese entonces presos en el penal de Ayutla, así como con autoridades del gobierno estatal para exponer su preocupación por la situación de indefensión en que trabajan defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la información del organismo internacional, la visita está programada para los días 28 y 29 de junio, en la que participarán diversas organizaciones de derechos humanos de México y Guerrero.
La misión será entregar todos los mensajes y cartas de apoyo y solidaridad a Raúl Hernández, recabadas durante la campaña Alza tu voz por su libertad; además reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, refrendar el apoyo y la solidaridad y rechazar los obstáculos que tienen que sortear para desempeñar su trabajo.
De igual forma, dentro de las actividades de AI está reunirse nuevamente con autoridades del gobierno estatal, a quienes le expresarán las diversas preocupaciones en materia de defensa de los derechos humanos además de exigir la liberación inmediata del preso de conciencia.
El 29 de junio la caravana estará de regreso en la ciudad de México para analizar los resultados de la visita.
El 17 de abril de 2008 fueron encarcelados cinco integrantes de la OPIM acusados de asesinar a un informante del Ejército, pero se logró un amparo para cuatro de ellos, quienes salieron en libertad el 19 de marzo de este año. Hernández no alcanzó amparo debido a que hay dos supuestos testigos que aseguran fue el autor material del crimen.
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