Tomado de Milenio Diario.
Se ha pretendido hacer del reconocimiento o rechazo de la investidura que detenta el señor Felipe Calderón, el tema central de la agenda política del PRD con vista a la renovación de su dirigencia nacional en marzo próximo. Nada más pueril, espurio e ilegítimo que tratar de meter en esa trampa al principal partido de la izquierda mexicana.
En primer término, el tema no es una preocupación central para la militancia de base del PRD. El 80% de los perredistas afiliados sostiene la postura de que el señor Calderón es producto de un fraude y no debe ser reconocido como Presidente legítimo de México. En este sector de base no hay motivo para una tregua, revisión o cambio en la denominación de origen del actual gobierno de facto. Se equivocan quienes piensan que esta creencia generalizada es producto de la postura de un hombre. Es exactamente a la inversa: AMLO insiste en el desconocimiento porque el rechazo es una realidad a nivel de las bases del PRD.
Pero no es la única razón. Una tercera parte del electorado que votó el 2 de julio de 2006 sigue pensando que esas elecciones fueron fraudulentas y que el perredismo hace bien en no reconocer al gobierno surgido de ellas. Más aún, el no reconocimiento del señor Calderón le ha permitido al PRD ser calificado por 40% del electorado como el “verdadero” y “principal” partido de oposición en el país, en contraposición al PRI, a quien sólo 15% de la ciudadanía le concede esa condición, y frente al resto del espectro partidista nacional.
En otras palabras, marcar y mantener una “sana distancia” frente a Felipe Calderón le ha permitido al PRD mantener la credibilidad y confianza de un sector de la ciudadanía que se siente insatisfecho, inconforme o desencantado por el desempeño económico del actual gobierno. No es precisamente un sector minoritario ni abiertamente identificado con la izquierda.
En segundo término, al no ser un tema ni una preocupación central de los militantes y simpatizantes del PRD, el asunto del reconocimiento queda circunscrito al ámbito de la élite dirigente del partido. Es decir, obedece a una agenda de interés personal o de grupo de aquellos que integramos la nomenclatura perredista: legisladores, autoridades gubernamentales, dirigentes estatales y municipales, activistas de corrientes internas y liderazgos partidistas.
Los intereses que están detrás del reconocimiento a Calderón en el PRD pueden agruparse en cuatro niveles. 1) El perredismo gubernamental (alcaldes y gobernadores) es proclive al reconocimiento presidencial dada su gran dependencia del presupuesto y de los programas federales, con el fin de sacar adelante sus propuestas de gobierno. No es fortuito que el gobierno local con mayores recursos propios, el GDF, sea el más resistente a las presiones políticas y presupuestales para reconocer a Felipe Calderón.
2) El perredismo electoral, impulsado por competencias políticas cada vez más cerradas, siente la imperiosa necesidad de moderar su discurso político, vincularse con sectores distintos al PRD y contemporizar con el poder presidencial. El caso de Michoacán es ilustrativo de esta dinámica.
3) El perredismo reformista, cuyo objetivo es la obtención del poder político de manera gradual y escalonada, es proclive a la negociación, al acuerdo y al reconocimiento del poder público —del signo que sea—, a cambio de avances relativos en propuestas de gobierno. El riesgo de esta estrategia de aggiornamento es el desfonde electoral o extravío del proyecto original; es decir, este perredismo podría quedarse sin partido y sin gobierno.
4) Sin embargo, el interés mayor para el reconocimiento presidencial no está en el PRD sino fuera del mismo. Proviene del Ejecutivo federal. ¿Quién gana más con el cambio de rumbo: el PRD o Felipe Calderón? La respuesta es evidente. Nada más legitimador para una Presidencia de facto que el reconocimiento de jure de su principal adversario. Por ello, la toma o expropiación política del PRD por parte de Calderón es un asunto de Estado, para lo cual intentará impulsar una candidatura sobre pedido o una dirigencia a modo, como lo está haciendo en su partido y en otras formaciones políticas que defienden la “sana cercanía” con el Ejecutivo federal.
El tema realmente de interés para el PRD y la sociedad mexicana no es tanto el rechazo o aceptación de Felipe Calderón como “Presidente de México”. Después de todo, ni Calderón dejará de ser espurio al ser reconocido por un grupo de perredistas, ni el PRD dejará de ser oposición porque desistió de llamar “ilegítimo” al titular del Ejecutivo.
El tema nodal es otro: qué tipo de oposición debe ejercerse en las actuales condiciones de desempleo, inseguridad, deterioro educativo, subasta de bienes nacionales, abandono del campo y degradación ambiental. Lo otro es, simple y sencillamente, un distractor.
Se ha pretendido hacer del reconocimiento o rechazo de la investidura que detenta el señor Felipe Calderón, el tema central de la agenda política del PRD con vista a la renovación de su dirigencia nacional en marzo próximo. Nada más pueril, espurio e ilegítimo que tratar de meter en esa trampa al principal partido de la izquierda mexicana.
En primer término, el tema no es una preocupación central para la militancia de base del PRD. El 80% de los perredistas afiliados sostiene la postura de que el señor Calderón es producto de un fraude y no debe ser reconocido como Presidente legítimo de México. En este sector de base no hay motivo para una tregua, revisión o cambio en la denominación de origen del actual gobierno de facto. Se equivocan quienes piensan que esta creencia generalizada es producto de la postura de un hombre. Es exactamente a la inversa: AMLO insiste en el desconocimiento porque el rechazo es una realidad a nivel de las bases del PRD.
Pero no es la única razón. Una tercera parte del electorado que votó el 2 de julio de 2006 sigue pensando que esas elecciones fueron fraudulentas y que el perredismo hace bien en no reconocer al gobierno surgido de ellas. Más aún, el no reconocimiento del señor Calderón le ha permitido al PRD ser calificado por 40% del electorado como el “verdadero” y “principal” partido de oposición en el país, en contraposición al PRI, a quien sólo 15% de la ciudadanía le concede esa condición, y frente al resto del espectro partidista nacional.
En otras palabras, marcar y mantener una “sana distancia” frente a Felipe Calderón le ha permitido al PRD mantener la credibilidad y confianza de un sector de la ciudadanía que se siente insatisfecho, inconforme o desencantado por el desempeño económico del actual gobierno. No es precisamente un sector minoritario ni abiertamente identificado con la izquierda.
En segundo término, al no ser un tema ni una preocupación central de los militantes y simpatizantes del PRD, el asunto del reconocimiento queda circunscrito al ámbito de la élite dirigente del partido. Es decir, obedece a una agenda de interés personal o de grupo de aquellos que integramos la nomenclatura perredista: legisladores, autoridades gubernamentales, dirigentes estatales y municipales, activistas de corrientes internas y liderazgos partidistas.
Los intereses que están detrás del reconocimiento a Calderón en el PRD pueden agruparse en cuatro niveles. 1) El perredismo gubernamental (alcaldes y gobernadores) es proclive al reconocimiento presidencial dada su gran dependencia del presupuesto y de los programas federales, con el fin de sacar adelante sus propuestas de gobierno. No es fortuito que el gobierno local con mayores recursos propios, el GDF, sea el más resistente a las presiones políticas y presupuestales para reconocer a Felipe Calderón.
2) El perredismo electoral, impulsado por competencias políticas cada vez más cerradas, siente la imperiosa necesidad de moderar su discurso político, vincularse con sectores distintos al PRD y contemporizar con el poder presidencial. El caso de Michoacán es ilustrativo de esta dinámica.
3) El perredismo reformista, cuyo objetivo es la obtención del poder político de manera gradual y escalonada, es proclive a la negociación, al acuerdo y al reconocimiento del poder público —del signo que sea—, a cambio de avances relativos en propuestas de gobierno. El riesgo de esta estrategia de aggiornamento es el desfonde electoral o extravío del proyecto original; es decir, este perredismo podría quedarse sin partido y sin gobierno.
4) Sin embargo, el interés mayor para el reconocimiento presidencial no está en el PRD sino fuera del mismo. Proviene del Ejecutivo federal. ¿Quién gana más con el cambio de rumbo: el PRD o Felipe Calderón? La respuesta es evidente. Nada más legitimador para una Presidencia de facto que el reconocimiento de jure de su principal adversario. Por ello, la toma o expropiación política del PRD por parte de Calderón es un asunto de Estado, para lo cual intentará impulsar una candidatura sobre pedido o una dirigencia a modo, como lo está haciendo en su partido y en otras formaciones políticas que defienden la “sana cercanía” con el Ejecutivo federal.
El tema realmente de interés para el PRD y la sociedad mexicana no es tanto el rechazo o aceptación de Felipe Calderón como “Presidente de México”. Después de todo, ni Calderón dejará de ser espurio al ser reconocido por un grupo de perredistas, ni el PRD dejará de ser oposición porque desistió de llamar “ilegítimo” al titular del Ejecutivo.
El tema nodal es otro: qué tipo de oposición debe ejercerse en las actuales condiciones de desempleo, inseguridad, deterioro educativo, subasta de bienes nacionales, abandono del campo y degradación ambiental. Lo otro es, simple y sencillamente, un distractor.
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