Miguel Angel Granados Chapa
Pocos términos tan multívocos como el verbo reconocer del que el diccionario de la Real Academia Española enlista 17 acepciones diferentes. De modo que cuando se plantea si el PRD y el más amplio movimiento que sigue a Andrés Manuel López Obrador reconocen o no al gobierno de Felipe Calderón, y se opone a esa postura la de Cuauhtémoc Cárdenas y otros miembros —más o menos participantes— de ese partido se plantea un falso dilema.
Reconocer que en los hechos funciona un gobierno encabezado por Calderón es una operación mental a la que nadie puede sustraerse. Ese gobierno, como ha dicho Cárdenas, es reconocido por otros gobiernos, emite decretos, toma decisiones, maneja el presupuesto. Se puede añadir a esa lista de funciones una mucho más amplia que habla de la existencia de ese gobierno. Existencia que nadie en su sano juicio ignora. Nadie ha incurrido en la torpeza de negar ese funcionamiento. El propio López Obrador, cuando se refiere a decisiones gubernamentales y las critica y alerta contra ellas, implica su percepción de que el Gobierno actúa. Otra cosa es, sin embargo, que lo tenga por legítimo. El Gobierno existe, pero no es legítimo. Cárdenas, en cambio, se limita a la primera parte del binomio: admite el funcionamiento del Gobierno, pero se abstiene de manifestarse sobre la segunda porción, y remite a la historia el juicio sobre la condición ética y política del Gobierno cuya existencia nadie ignora.
La Convención Nacional Democrática declaró el 16 de septiembre pasado presidente legítimo a López Obrador y espurio a Calderón, debido a los procedimientos de que el aparato del Estado se valió para presentarlo como triunfador en las elecciones. Más recientemente, el congreso del PRD aprobó un acuerdo de no reconocer como gobernante legítimo a Calderón. Determinaciones de esa naturaleza no obligan a nadie, pero queda claro que se aparta de ese movimiento quien difiere de las posiciones oficiales de los órganos que lo integran. Ése es el caso de Cárdenas. Al expresarse como lo hizo, para lo cual tiene pleno derecho, no incurre en traición, pues no es vinculatorio sostener aquella posición. Pero subraya su distanciamiento de una corriente histórica de que fue personaje central y en cuyos márgenes ha ido quedando por decisión propia.
Otra cosa es la actuación de los gobernantes que forman parte del PRD y atienden los pronunciamientos de la Convención Nacional Democrática. Con buen sentido, en el seno de este movimiento unido en torno de López Obrador se admitió una doble vía de acción, practicada una por la militancia en la base, que rechaza todo cuanto haga el Gobierno, como hace la oposición extraparlamentaria en otros países, y otra por los miembros de ese movimiento que están investidos de poder y representación y deben atenerse por lo tanto a responsabilidades jurídicas y políticas que hacen indispensable, para su ejercicio, el trato con el Gobierno Federal y con el mismo Presidente de la República.
Los gobernadores en general no pueden sustraerse a participar en las diversas expresiones y mecanismos del pacto federal. No deben hacerlo, en consecuencia, tampoco los miembros del PRD o que llegaron a sus cargos con el impulso electoral de ese partido. El propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el más renuente a reconocer la legitimidad de Calderón, inevitablemente ha de mantener trato con él y sus colaboradores. De no hacerlo generaría consecuencias perniciosas para la Ciudad de México y aun para el interés partidario de quienes la gobiernan. Tuvo por ello que solicitar a Calderón el nombramiento del secretario de Seguridad Pública Joel Ortega, ya que su omisión al respecto podría inducir al Presidente a tomar directamente bajo su mando la fuerza pública capitalina, sobre la que tiene mando de acuerdo con la Constitución. La agenda de hoy nos ofrece otro ejemplo de los muchos en que la interactuación es indispensable: en la Cámara de Diputados se formalizará el techo de endeudamiento por mil 500 millones de pesos solicitado por el Gobierno de la Ciudad, que no puede ser gestionado directamente en San Lázaro sino con la intermediación del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda.
Los diputados del Frente Amplio que se ocupan a esta hora de aprobar la Ley de Ingresos no ignoran la fuente de esa legislación. Serían torpes hasta la ridiculez, e incurrirían en falta grave a sus deberes, si rehusaran discutir las iniciativas fiscales procedentes de Los Pinos porque la fuente es ilegítima. Otra cosa es que no olviden descalificar políticamente al remitente de los proyectos recordando el origen de su investidura.
Dos veces el Partido Acción Nacional juzgó ilegítimos a presidentes de la República elegidos con base en el fraude: Adolfo López Mateos y Carlos Salinas de Gortari merecieron la tachadura de espurios. El PAN no sacó de esa conclusión la consecuencia de que sus candidatos, u otros, habían obtenido la victoria que los hacía presidentes legítimos. Pero al tildar de lo contrario a los formalmente ejercedores del poder echaron mano de un recurso político valedero en toda democracia con reglas de competencia no aplicadas cabalmente.
Gobernadores como Zeferino Torreblanca y en mayor medida Juan Sabines no se limitan al obligado trato institucional con Calderón, sino que le hacen zalamerías. Sabines, como priista que fue y sigue siendo, sufre el virus del presidencialismo, que lo lleva a la incongruencia de desatender acuerdos del partido que lo hizo elegir.
Pocos términos tan multívocos como el verbo reconocer del que el diccionario de la Real Academia Española enlista 17 acepciones diferentes. De modo que cuando se plantea si el PRD y el más amplio movimiento que sigue a Andrés Manuel López Obrador reconocen o no al gobierno de Felipe Calderón, y se opone a esa postura la de Cuauhtémoc Cárdenas y otros miembros —más o menos participantes— de ese partido se plantea un falso dilema.
Reconocer que en los hechos funciona un gobierno encabezado por Calderón es una operación mental a la que nadie puede sustraerse. Ese gobierno, como ha dicho Cárdenas, es reconocido por otros gobiernos, emite decretos, toma decisiones, maneja el presupuesto. Se puede añadir a esa lista de funciones una mucho más amplia que habla de la existencia de ese gobierno. Existencia que nadie en su sano juicio ignora. Nadie ha incurrido en la torpeza de negar ese funcionamiento. El propio López Obrador, cuando se refiere a decisiones gubernamentales y las critica y alerta contra ellas, implica su percepción de que el Gobierno actúa. Otra cosa es, sin embargo, que lo tenga por legítimo. El Gobierno existe, pero no es legítimo. Cárdenas, en cambio, se limita a la primera parte del binomio: admite el funcionamiento del Gobierno, pero se abstiene de manifestarse sobre la segunda porción, y remite a la historia el juicio sobre la condición ética y política del Gobierno cuya existencia nadie ignora.
La Convención Nacional Democrática declaró el 16 de septiembre pasado presidente legítimo a López Obrador y espurio a Calderón, debido a los procedimientos de que el aparato del Estado se valió para presentarlo como triunfador en las elecciones. Más recientemente, el congreso del PRD aprobó un acuerdo de no reconocer como gobernante legítimo a Calderón. Determinaciones de esa naturaleza no obligan a nadie, pero queda claro que se aparta de ese movimiento quien difiere de las posiciones oficiales de los órganos que lo integran. Ése es el caso de Cárdenas. Al expresarse como lo hizo, para lo cual tiene pleno derecho, no incurre en traición, pues no es vinculatorio sostener aquella posición. Pero subraya su distanciamiento de una corriente histórica de que fue personaje central y en cuyos márgenes ha ido quedando por decisión propia.
Otra cosa es la actuación de los gobernantes que forman parte del PRD y atienden los pronunciamientos de la Convención Nacional Democrática. Con buen sentido, en el seno de este movimiento unido en torno de López Obrador se admitió una doble vía de acción, practicada una por la militancia en la base, que rechaza todo cuanto haga el Gobierno, como hace la oposición extraparlamentaria en otros países, y otra por los miembros de ese movimiento que están investidos de poder y representación y deben atenerse por lo tanto a responsabilidades jurídicas y políticas que hacen indispensable, para su ejercicio, el trato con el Gobierno Federal y con el mismo Presidente de la República.
Los gobernadores en general no pueden sustraerse a participar en las diversas expresiones y mecanismos del pacto federal. No deben hacerlo, en consecuencia, tampoco los miembros del PRD o que llegaron a sus cargos con el impulso electoral de ese partido. El propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el más renuente a reconocer la legitimidad de Calderón, inevitablemente ha de mantener trato con él y sus colaboradores. De no hacerlo generaría consecuencias perniciosas para la Ciudad de México y aun para el interés partidario de quienes la gobiernan. Tuvo por ello que solicitar a Calderón el nombramiento del secretario de Seguridad Pública Joel Ortega, ya que su omisión al respecto podría inducir al Presidente a tomar directamente bajo su mando la fuerza pública capitalina, sobre la que tiene mando de acuerdo con la Constitución. La agenda de hoy nos ofrece otro ejemplo de los muchos en que la interactuación es indispensable: en la Cámara de Diputados se formalizará el techo de endeudamiento por mil 500 millones de pesos solicitado por el Gobierno de la Ciudad, que no puede ser gestionado directamente en San Lázaro sino con la intermediación del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda.
Los diputados del Frente Amplio que se ocupan a esta hora de aprobar la Ley de Ingresos no ignoran la fuente de esa legislación. Serían torpes hasta la ridiculez, e incurrirían en falta grave a sus deberes, si rehusaran discutir las iniciativas fiscales procedentes de Los Pinos porque la fuente es ilegítima. Otra cosa es que no olviden descalificar políticamente al remitente de los proyectos recordando el origen de su investidura.
Dos veces el Partido Acción Nacional juzgó ilegítimos a presidentes de la República elegidos con base en el fraude: Adolfo López Mateos y Carlos Salinas de Gortari merecieron la tachadura de espurios. El PAN no sacó de esa conclusión la consecuencia de que sus candidatos, u otros, habían obtenido la victoria que los hacía presidentes legítimos. Pero al tildar de lo contrario a los formalmente ejercedores del poder echaron mano de un recurso político valedero en toda democracia con reglas de competencia no aplicadas cabalmente.
Gobernadores como Zeferino Torreblanca y en mayor medida Juan Sabines no se limitan al obligado trato institucional con Calderón, sino que le hacen zalamerías. Sabines, como priista que fue y sigue siendo, sufre el virus del presidencialismo, que lo lleva a la incongruencia de desatender acuerdos del partido que lo hizo elegir.
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