Estas líneas las estoy redactando a unos minutos de escuchar en la radio en una de las estaciones del IMER, sobre la declaratoria de emergencia emitida por el Gobierno Federal ante una epidemia de influenza.
Dice un viejo refrán: Piensa mal y acertarás, y espero sinceramente que no sea este el caso.
En concreto, existe un serio peligro para los habitantes del Distrito Federal y del Estado de México, que es donde se ha anunciado esta alerta sanitaria que conlleva por lo pronto a la suspensión de clases en todos los niveles escolares.
Existe en nuestra actual Constitución, en su artículo 29, las reglas para suspender garantías individuales y sociales (o sea nuestros derechos) en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, como sería por ejemplo una epidemia.
Lo feo es que esta facultad para suspender garantías le corresponde ejercerla al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no le hace que sea espurio, con la anuencia de los secretarios del gabinete, el Procurador General de la República y la aprobación del Congreso de la Unión.
Ahora bien, nuestros derechos pueden suspenderse bien en todo el país o bien, solo en determinadas partes de éste, como sería en el presente caso el Distrito Federal y el Estado de México.
Y hay más: la suspensión de garantías conlleva un verdadero peligro para los ciudadanos, que desgraciadamente en la actualidad vivimos bajo un gobierno ilegítimo, pues la suspensión implica que se otorguen al Presidente las facultades necesarias para que se haga frente a la emergencia, o sea que se le convierta constitucionalmente en un dictador.
Ya existe un antecedente de esto en nuestra historia jurídica, después de que México declarara la Guerra a las Potencias del Eje, y entrara así a la Segunda Guerra Mundial, se declaró el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, por supuesto, en aquella época se trato de un mal necesario, pero que de todos modos nos dejó una secuela muy siniestra, que fueron las llamadas partidas secretas del Presidente, o sea, un dinero que cada año se ponía a disposición del Ejecutivo de la Unión, del cual no estaba obligado a rendir cuentas.
Así es que como ven, el peligro es real e inminente, tenemos que estar atentos para que no se use de pretexto una epidemia o cualquier otra eventualidad, como por ejemplo un desastre natural, para que el Gobierno Federal declare un Estado de Excepción en nuestro país o en una parte de éste.
Extrañamente esta emergencia epidemiológica coincide con una reticencia a la aprobación de las reformas en materia de seguridad pública, que como saben, entrañan serias violaciones en materia de derechos humanos, pues precisamente, se pretende que el Presidente goce de facultades amplísimas para decretar el estado de excepción ante algunos supuestos detallados en la iniciativa entre los cuales destaca el de sublevaciones populares.
Sin embargo, ojalá me equivoque.
L.D. Jesús Palma.
AMLO TV
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