Hacia un Estado policial

Carlos Fazio

La administración espuria de Felipe Calderón marcha hacia la conformación de un Estado autoritario de nuevo tipo apoyado en la fuerza de las armas. La tácita equiparación de quienes encarnan la protesta social como presuntos terroristas y/o subversivos, plasmada en las reformas al Código Penal y en el castigo disciplinador y ejemplarizante aplicado a los presos políticos de Atenco, anuncian la disposición del Ejecutivo federal de transitar hacia un nuevo régimen de excepción que tiene como eje una guerra de baja intensidad de tipo contrainsurgente contra el pueblo organizado.

La aplicación en la práctica del Manual de disturbios civiles de la sección segunda (Inteligencia Militar) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional -divulgado en La Jornada por Gilberto López y Rivas, "Sedena: el manual de la represión", 4/5/07- exhibe y desnuda el accionar anticonstitucional de los estamentos castrenses y paramilitares oficiales en los casos Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Michoacán; Atenco, estado de México, y en la ciudad de Oaxaca, en 2006, donde echaron mano de la represión indiscriminada y mediante acciones deliberadamente aterrorizantes y desproporcionadas intentaron sembrar un miedo con efecto "ejemplarizante" en la población, apoyándose en acciones de inteligencia y una estrategia de comunicación mediática típica de las operaciones sicológicas encubiertas.

A ello habría que sumar las actuales provocaciones en curso contra campesinos indígenas de Montes Azules, en Chiapas, y ejidatarios y comuneros que se oponen a la construcción de la represa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero; los actos de hostigamiento de elementos del Ejército federal, inteligencia militar y espías y orejas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contra los delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y adherentes de la otra campaña en el estado de Nuevo León y otras partes del país, y las torturas, detenciones arbitrarias y robos -a la manera de botín de guerra- ejecutados por militares y miembros de la Agencia Federal de Investigación en Nocupétaro, Michoacán, en días recientes.

Tal pareciera que el Ejecutivo ha decidido cancelar los caminos de la lucha civil pacífica y que México transita hacia un régimen dual que combina la fachada de una democracia formal con el terrorismo de Estado.

Apoyado en una doctrina de seguridad nacional de tipo antisubversivo, la lógica del modelo tiene como objetivo la destrucción del "enemigo interno", concepto éste que en el desarrollo de un conflicto suele abarcar a todo actor de "desorden social".

Según el manual de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes alteren o perturben el orden público, se reúnan tumultuariamente, intimiden u obliguen a la autoridad a tomar alguna determinación y pongan en peligro la vida y la propiedad, podrían incurrir en el delito de motín y ser blanco de la acción represiva del Estado mediante el accionar de tropas especiales, paracaidistas y unidades blindadas provistas de escopetas, agentes químicos y fusiles de precisión.

Como antecedente, cabe consignar que, en su accionar, un Estado fascista instrumenta como eje de su política represiva la conformación de un vasto y complejo aparato de seguridad. Eso viene sucediendo de manera paulatina en México, donde las propias fuerzas armadas, dando la espalda a sus funciones establecidas en el artículo 89 constitucional, fracción VI, y en el 29, que establece que "en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", han venido modificando su carácter convirtiéndose en lo que bien puede calificarse como "gendarme" o "ejército de ocupación" en su propio país, cuya misión fundamental es impedir toda muestra de descontento, y sobre todo imposibilitar, por vía de la fuerza y el terror, cualquier cambio, por mínimo que éste sea, en la estructura social de la nación.

La tendencia hacia la conformación de un régimen de fuerza de nuevo tipo se ha venido confirmando con la militarización de la seguridad interior, vía la presunta "guerra" contra el crimen organizado y el proyecto de reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que comprende la creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarmerías supervisadas por el Ejército en localidades con menos de 20 mil habitantes.

Según se anunció el 4 de abril de 2007, la nueva estructura orgánica de la futura policía federal quedó integrada por seis divisiones, cuatro de cuyos jefes provienen del Cisen, en tanto que el coordinador de las fuerzas federales será el general Héctor Sánchez, ex jefe de la Sección Segunda de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Esa conformación de una policía federal con mandos provenientes de los servicios de inteligencia política y militar, aunada a la contrarreforma penal impulsada por Calderón -que incluye la intervención telefónica y el espionaje sobre los ciudadanos sin orden judicial, el ingreso a domicilios sin orden de cateo bajo la razón de flagrancia y la creación de una policía investigadora independiente del Ministerio Público-, así como el "paquete antiterrorista" aprobado por el Senado de la República el 26 de abril pasado, que incorpora el delito de "terrorismo internacional" al código penal, parece robustecer la hipótesis de que nos encaminamos hacia un Estado de tipo policial-militar, basado en leyes de excepción que criminalizan la protesta social.

Es decir, asistimos a un larvado proceso de fascistización del Estado, y si no se lo frena ahora, su consecuencia lógica puede ser la consolidación de un Estado terrorista en México.