Desmantelar el Estado

Carlos Montemayor/III

Hemos comentado en las anteriores entregas que el Estado mexicano está en un proceso de desmantelamiento, ya que cierta vulnerabilidad del gobierno mexicano ha afectado la composición y la naturaleza misma del Estado. Tal proceso de desmantelamiento se asienta en un hecho esencial: no se trata de una reforma, variación, reforzamiento o modernización, sino de un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país.

Sin embargo, queda al parecer vigor en el Estado para seguir imponiéndose en ámbitos no copados por fuerzas o grupos sociales como las elites bancarias, empresariales, la Iglesia, los medios televisivos o las redes del narcotráfico, pongamos por caso. El Estado tiene capacidad para frenar los salarios de trabajadores, no para frenar los precios de las mercancías ni el costo de la operación de bancos; tiene capacidad para liberar de compromisos al gobierno y a la elite empresarial con la salud y las pensiones del trabajador, pero no puede impedir que las Afore incrementen en 200 por ciento las comisiones sobre pensiones de trabajadores; puede imponer la Ley del ISSSTE y amedrentar a los trabajadores inconformes que recurran a medios legales para ampararse; tiene capacidad para impedir que la tragedia de trabajadores mineros en Pasta de Conchos se convierta además en tragedia de funcionarios públicos y de empresarios; tiene capacidad para imponer la represión en Atenco, Sicartsa y Oaxaca, pero no para frenar la corrupción de las elites empresariales y políticas; tiene capacidad para doblegar a autoridades y a familiares de la señora Ernestina Ascensión Rosario, pero no para penalizar a los soldados culpables de la violación y el asesinato de esa anciana indígena. ¿Significa que una parte del Estado no está desmantelándose, entonces? O mejor, concretamente, ¿qué significa el actual desmantelamiento del Estado mexicano? Muy simple y complejo a la vez: su conversión en una gerencia regional de poderes financieros y cupulares. Si a esta conversión se le pretende confundir con la reforma del Estado, en precaria situación quedaremos todos los mexicanos.

Veamos esto con cierto detenimiento. El profesor Samuel Hungtington, de la Universidad de Harvard, es el ideólogo de la política de libre mercado de los gobiernos estadunidenses a partir de un espejismo: confundir el poder globalizador de consorcios trasnacionales con una fase superior e inevitable de la civilización occidental. A principios de la década de los 90 sus teorías sonaban novedosas porque en apariencia no planteaban el desarrollo reciente de la humanidad como un asunto de intereses comerciales y políticos, sino como un asunto de sustratos culturales diversos.

Pero en el Foro Económico Mundial, realizado en Nueva York en 2001, muy pocas semanas antes de las revelaciones de corrupción y fraudes colosales en una docena de las más importantes empresas trasnacionales estadunidenses, el señor Hungtington fue más allá, siempre al servicio de la expansión del libre comercio: los estados y los gobiernos sometidos a la globalización económica tienen que adelgazarse a tal punto que la única realidad política sea la que impongan los detentadores precisamente del poder financiero y comercial del mundo. A partir de aquí, Hungtington lanzó una nueva teoría: "es un hecho que la naturaleza de los estados se está modificando y que los estados están en proceso de desaparición. Por tanto, tenemos que buscar un concepto de autoridad diferente".

El profesor cree que los gobiernos deben estar al servicio de los intereses de las trasnacionales y, por tanto, como los estados resultan inservibles, habrá que buscar una autoridad alternativa: una autoridad gerencial y una nueva idea de soberanía y territorialidad. Tendríamos que hablar ahora no de estados soberanos, sino de gerencias regionales coordinadas por gerencias continentales o gerencias suprarregionales.

Sobre las ruinas del desmantelamiento del Estado, sobre la piel que la serpiente desecha, está consolidándose en México otro Estado que es gerencial, no político; que es elitista, no democrático; que está ciego al deterioro social y pronto al fortalecimiento de los grandes capitales desvinculados con el bienestar y desarrollo del país; dispuesto a un concepto de educación al servicio de la sociedad de elite y reacio a entenderla y asumirla como valor y patrimonio del país entero. Este desmantelamiento del Estado arroja otra composición en el país: hay un México ahora valioso y protegido que lo integra una elite quizás más vieja que nueva, y un México prescindible.

Habíamos dicho que este proceso no comienza con la actual administración federal; que no es el actual gobierno la causa de este desmantelamiento y conversión del Estado; que no podría tener la capacidad política, operativa ni ideológica para haber iniciado ni acelerado un proceso así. El desmantelamiento del Estado comenzó años atrás, particularmente con el encumbramiento del grupo económico y político que orientó o conformó Carlos Salinas de Gortari incluso antes de asumir la Presidencia de la República, en los últimos años de la administración de Miguel de la Madrid. En estos primeros seis meses de la gestión de Felipe Calderón se ha evidenciado el menoscabo y la transformación del Estado, impulsados por la acción política y económica de cuatro administraciones federales: parte de la correspondiente a Miguel de la Madrid, como hemos dicho, la de Salinas de Gortari, la de Ernesto Zedillo y la de Vicente Fox. Ahora, con Calderón, se inicia el quinto gobierno de lo mismo. En otros términos, los gobiernos del "cambio" vienen impulsando desde hace 20 años este proyecto de composición gerencial.

Ante el desmantelamiento del Estado o su transformación en gerencia regional, todos los grupos de poder han tomado su sitio y han impuesto sus reglas. ¿Ante este desmantelamiento intentará también tomar su sitio e imponer sus reglas la vasta fuerza ciudadana empobrecida y cada vez más distante de los intereses de la elite? ¿O asumirá pacífica y pasivamente su holocausto, su consumación? Al parecer, el naciente Estado gerencial está apostando a esto último y para ello afina reformas policiales, administrativas y legales.