Tomado de Reforma
Por Carmen Aristegui F.
Esta semana se publicó un texto firmado por un conjunto de luminarias, ciudadanos y organizaciones diversas en torno al caso Lydia Cacho-Mario Marín. La lista de firmantes es larguísima y cargada de figuras nacionales e internacionales. Algunos de los promotores están vinculados notablemente al cine: Mandoki, Cuarón, González Iñárritu, Del Toro, Luna, García Bernal, etcétera. No en vano titularon el desplegado con la frase evocadora del "Había una vez..." completada de modo terrible como terrible es la historia: "Había una vez un pederasta que estaba protegido por sus muy poderosos amigos". Nos recuerdan la historia de la denuncia presentada por las víctimas del pederasta Jean Succar Kuri en el año 2003 y el tortuoso camino recorrido por esos niños y niñas frente a las extorsiones y negligencias de las autoridades mexicanas ante la situación del hombre rico y poderoso. La publicación del libro de Lydia Cacho Los demonios del Edén documenta la existencia de una red de pornografía infantil y corrupción de menores vinculada a Jean Succar Kuri, protegido del poderoso empresario Kamel Nacif. El señalamiento directo hecho por Lydia desató la ira de quien sabía que tenía favores por cobrar. En abierta colusión con el gobernador de Puebla -a quien ayudó durante su campaña política por la gubernatura- pusieron al aparato político y de justicia al servicio del escarmiento que querían aplicar a la periodista. Se recuerda también la divulgación del 14 de febrero del año pasado de las ya famosas grabaciones de Kamel Nacif hecha por W Radio y transcritas ese mismo día por La Jornada, que impactaron fuertemente a la opinión pública por la impudicia política y judicial que mostraban. El caso ha llegado a la Corte, quien se apresta a resolver sobre una segunda investigación encargada a una comisión especial, ahora encabezada Juan Silva Meza. A principios de semana los ministros empezarán a discutir el asunto. Nuevamente la Corte está frente a un caso de alto impacto social que ha sido seguido por millones de personas y que ha generado niveles de indignación suficientes como para que fueran las dos Cámaras las que solicitaran la intervención del Máximo Tribunal. El tema es fundamental porque: "Se está juzgando mucho más que una violación a los Derechos Humanos de una periodista que dio voz y protege a niños y niñas abusados. Lo que está en juego es saber de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos, esos que desde el poder ejecutivo y el judicial utilizan el Sistema de Justicia Penal para proteger redes criminales de todo tipo, incluyendo redes de pornografía infantil y corrupción de menores". A los ministros se les hace un abierto exhorto para que devuelvan a los mexicanos su derecho a confiar en los tribunales y les plantean que, hasta el momento, las repercusiones en contra de Lydia y de las víctimas parecerían darle la razón "a ocho de cada diez mexicanos que consideran inútil denunciar un delito porque las Instituciones del Estado no les darán protección". Ahí esta el tema. Una desconfianza y desencuentro con quienes se supone están para velar por el interés de los ciudadanos. Después del fallo de la Corte sobre la legislación de medios y telecomunicaciones y su estimulante efecto en una población agraviada, parecería que cada vez más personas en este país están apostando al papel de la Corte como una vía de reencuentro con los canales de la justicia. La expectativa por el caso Cacho-Marín es enorme, sobre todo porque las partes sustantivas del documento que van a discutir el lunes ya han sido divulgadas. Por lo pronto se sabe que la comisión especial, encabezada por Silva Meza, recomendará que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea sometido a juicio político en la Cámara de Diputados federal por ser quien, presuntamente, organizó la confabulación de servidores públicos que llevó a la periodista hasta la cárcel de la entidad. Se pedirá al pleno que, a su vez, solicite a la PGR se ejerza acción penal en contra de los procuradores de Quintana Roo y de Puebla que participaron en la confabulación. Se pedirá la destitución de la jueza Rosa Celia Pérez Camacho, que ordenó la captura, y también se pondrá a consideración del pleno la petición de desafuero y la consignación del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla por conductas irregulares. Se pedirá también acción en contra de los policías que detuvieron a la periodista.
Todo esto es fundamental pero nadie puede olvidar -y los ministros menos- el origen. Por eso es muy importante la parte del documento que pide exhortar al Congreso para que legisle a favor de la infancia y se creen tribunales especializados en abuso infantil y explotación sexual de menores. Se hará un llamado a los jueces de causas relacionadas con pederastia y abusos para que contemplen proteger las garantías constitucionales de las víctimas. La gran pregunta ahora es si también se incluirá algún tipo de pronunciamiento específico sobre la existencia de la red de redes. Aquella que protege y cobija a pederastas y explotadores. La que ronda los perímetros de las esferas del poder. Ésa que hace posible a los Succar de este mundo.
Por Carmen Aristegui F.
Esta semana se publicó un texto firmado por un conjunto de luminarias, ciudadanos y organizaciones diversas en torno al caso Lydia Cacho-Mario Marín. La lista de firmantes es larguísima y cargada de figuras nacionales e internacionales. Algunos de los promotores están vinculados notablemente al cine: Mandoki, Cuarón, González Iñárritu, Del Toro, Luna, García Bernal, etcétera. No en vano titularon el desplegado con la frase evocadora del "Había una vez..." completada de modo terrible como terrible es la historia: "Había una vez un pederasta que estaba protegido por sus muy poderosos amigos". Nos recuerdan la historia de la denuncia presentada por las víctimas del pederasta Jean Succar Kuri en el año 2003 y el tortuoso camino recorrido por esos niños y niñas frente a las extorsiones y negligencias de las autoridades mexicanas ante la situación del hombre rico y poderoso. La publicación del libro de Lydia Cacho Los demonios del Edén documenta la existencia de una red de pornografía infantil y corrupción de menores vinculada a Jean Succar Kuri, protegido del poderoso empresario Kamel Nacif. El señalamiento directo hecho por Lydia desató la ira de quien sabía que tenía favores por cobrar. En abierta colusión con el gobernador de Puebla -a quien ayudó durante su campaña política por la gubernatura- pusieron al aparato político y de justicia al servicio del escarmiento que querían aplicar a la periodista. Se recuerda también la divulgación del 14 de febrero del año pasado de las ya famosas grabaciones de Kamel Nacif hecha por W Radio y transcritas ese mismo día por La Jornada, que impactaron fuertemente a la opinión pública por la impudicia política y judicial que mostraban. El caso ha llegado a la Corte, quien se apresta a resolver sobre una segunda investigación encargada a una comisión especial, ahora encabezada Juan Silva Meza. A principios de semana los ministros empezarán a discutir el asunto. Nuevamente la Corte está frente a un caso de alto impacto social que ha sido seguido por millones de personas y que ha generado niveles de indignación suficientes como para que fueran las dos Cámaras las que solicitaran la intervención del Máximo Tribunal. El tema es fundamental porque: "Se está juzgando mucho más que una violación a los Derechos Humanos de una periodista que dio voz y protege a niños y niñas abusados. Lo que está en juego es saber de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos, esos que desde el poder ejecutivo y el judicial utilizan el Sistema de Justicia Penal para proteger redes criminales de todo tipo, incluyendo redes de pornografía infantil y corrupción de menores". A los ministros se les hace un abierto exhorto para que devuelvan a los mexicanos su derecho a confiar en los tribunales y les plantean que, hasta el momento, las repercusiones en contra de Lydia y de las víctimas parecerían darle la razón "a ocho de cada diez mexicanos que consideran inútil denunciar un delito porque las Instituciones del Estado no les darán protección". Ahí esta el tema. Una desconfianza y desencuentro con quienes se supone están para velar por el interés de los ciudadanos. Después del fallo de la Corte sobre la legislación de medios y telecomunicaciones y su estimulante efecto en una población agraviada, parecería que cada vez más personas en este país están apostando al papel de la Corte como una vía de reencuentro con los canales de la justicia. La expectativa por el caso Cacho-Marín es enorme, sobre todo porque las partes sustantivas del documento que van a discutir el lunes ya han sido divulgadas. Por lo pronto se sabe que la comisión especial, encabezada por Silva Meza, recomendará que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea sometido a juicio político en la Cámara de Diputados federal por ser quien, presuntamente, organizó la confabulación de servidores públicos que llevó a la periodista hasta la cárcel de la entidad. Se pedirá al pleno que, a su vez, solicite a la PGR se ejerza acción penal en contra de los procuradores de Quintana Roo y de Puebla que participaron en la confabulación. Se pedirá la destitución de la jueza Rosa Celia Pérez Camacho, que ordenó la captura, y también se pondrá a consideración del pleno la petición de desafuero y la consignación del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla por conductas irregulares. Se pedirá también acción en contra de los policías que detuvieron a la periodista.
Todo esto es fundamental pero nadie puede olvidar -y los ministros menos- el origen. Por eso es muy importante la parte del documento que pide exhortar al Congreso para que legisle a favor de la infancia y se creen tribunales especializados en abuso infantil y explotación sexual de menores. Se hará un llamado a los jueces de causas relacionadas con pederastia y abusos para que contemplen proteger las garantías constitucionales de las víctimas. La gran pregunta ahora es si también se incluirá algún tipo de pronunciamiento específico sobre la existencia de la red de redes. Aquella que protege y cobija a pederastas y explotadores. La que ronda los perímetros de las esferas del poder. Ésa que hace posible a los Succar de este mundo.
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