Plaza Pública - Miguel Ángel Granados Chapa
Es probable que hoy, precisamente cuando cumple un año el alzamiento popular en su contra, la Suprema Corte de Justicia acuerde indagar las violaciones a las garantías individuales perpetradas por el gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca en ese lapso. Hace doce años, cuando el tribunal constitucional tomó una decisión semejante por la matanza de campesinos en Aguas Blancas, al gobernador de Guerrero Rubén Figueroa le bastó saberse en entredicho ante el máximo órgano de la justicia federal para retirarse, meses antes de que concluyera la investigación curial, para librarse de las consecuencias de sus conclusiones.
Anteayer martes, el ministro Juan Silva Meza propuso al pleno aceptar el pedido de la Cámara de Diputados de desplegar el mecanismo previsto en el artículo 97 constitucional, como atribución excepcional a la Corte, para averiguar hechos que constituyan violaciones graves a las garantías individuales. Tres veces lo ha hecho el pleno: en el caso mencionado de Aguas Blancas, en el de Lydia Cacho sometida a atrocidades en Puebla, y en el de Atenco, donde las policías federal y mexiquense atropellaron a ciudadanos indefensos lo mismo que a presuntos responsables de delitos. La Corte se basó para su intervención en ese último caso en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los responsables últimos de las acciones policiales, el gobernador Enrique Peña Nieto y el secretario federal de Seguridad Pública, hoy procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. El ministro Silva Meza propuso anteayer seguir el mismo camino, que implica dar por sabidas las violaciones y sólo indagar su causa y sus protagonistas. Hoy el pleno resolverá la cuestión y es difícil que rehuya intervenir en el caso. El azar ha hecho que la decisión judicial se adopte exactamente un año después de que se concretó la demanda popular de que el Gobernador se retire.
El 22 de mayo de 2006 miembros de la Sección 22 del sindicato nacional del magisterio instalaron campamentos de protesta en el Centro Histórico de Oaxaca. Desde dos décadas atrás, la protesta magisterial en pos de mejores ingresos se había convertido en una suerte de acontecimiento de temporada, el dispositivo desplegado cada mayo para encontrar respuestas a sus demandas. Esta vez, sin embargo, se había añadido una que no estaba a la mano del Gobierno Estatal resolver, la rezonificación salarial, es decir la homologación de la paga a los maestros con la que se cubría a sus iguales en entidades vecinas como Chiapas. El Gobierno Federal, no obstante que el pedido le concernía directamente, se desentendió de él y estimó que la protesta magisterial atañía sólo al gobierno oaxaqueño.
Llegado a la gubernatura entre protestas en diciembre de 2004, y envalentonado por su proximidad al candidato presidencial priista Roberto Madrazo, Ruiz necesitaba evitar que se frustrara su esperada contribución al volumen de votos que Madrazo requería para abandonar la distante tercera posición que le auguraban las encuestas. Por lo tanto resolvió cortar de tajo la movilización de la 22, y envió a la Policía a desalojar sus campamentos el 14 de junio, tres semanas antes de la jornada electoral federal. La operación fracasó, no obstante el despliegue de fuerza, y al cabo de esa violenta jornada la protesta del magisterio estaba de nuevo vigente. A los reanudados plantones se unieron, además, grupos y movimientos que a partir de esa fecha constituyeron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oxaca (APPO) cuya demanda principal era entonces y es hoy el retiro de Ruiz.
El dos de julio alimentó esa expectativa pues más todavía que su candidato, sin serlo el gobernador quedó derrotado. Aunque se salvó de ser allí tercero como en casi todo el resto de la República, Madrazo fue superado con doscientos mil votos por López Obrador; Gabino Cue, contendiente de Ruiz en 2004, fue elegido senador y el PRI retuvo sólo dos de los once distritos federales de la entidad. Paradójicamente, esa flaqueza se convirtió en fortaleza a causa de la impugnación electoral planteada por López Obrador. Ante los pedidos y presiones federales para que se marchara tal como lo exigía la APPO, Ruiz expuso la teoría del dominó: si él caía, otros, incluido Calderón en diciembre, caerían también. Y hasta amenazó claramente con aliarse a López Obrador en su protesta contra el fraude electoral. Consiguió de ese modo congelar los intentos de echarlo del cargo y aun que se le confirmara en él. Con el voto de su partido y el del PAN, el Gobernador quedó a salvo cuando el Senado negó que hubieran desaparecido los poderes y fuera necesario nombrar un gobernador provisional. Mientras más se aproximaba la toma de posesión presidencial y más necesario se hacía el PRI para ese momento y para gobernar, más nítido se hizo el apoyo federal a Ruiz. El 29 de octubre fue enviada la Policía Federal Preventiva para apuntalarlo, y a la razzia de un mes más tarde, practicada en coalición con la Policía estatal, siguió la aceptación de Fox de recibir en cárceles federales a opositores del Gobernador, como si fueran delincuentes feroces.
Sí lo eran, en cambio, según la CNDH, “autoridades y servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal” que violaron, “por acción u omisión...los derechos relativos a la libertad, a la seguridad pública y a la integridad personal, a la propiedad y la posesión, a la legalidad y a la seguridad jurídica y a la vida de 20 personas”.
Es probable que hoy, precisamente cuando cumple un año el alzamiento popular en su contra, la Suprema Corte de Justicia acuerde indagar las violaciones a las garantías individuales perpetradas por el gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca en ese lapso. Hace doce años, cuando el tribunal constitucional tomó una decisión semejante por la matanza de campesinos en Aguas Blancas, al gobernador de Guerrero Rubén Figueroa le bastó saberse en entredicho ante el máximo órgano de la justicia federal para retirarse, meses antes de que concluyera la investigación curial, para librarse de las consecuencias de sus conclusiones.
Anteayer martes, el ministro Juan Silva Meza propuso al pleno aceptar el pedido de la Cámara de Diputados de desplegar el mecanismo previsto en el artículo 97 constitucional, como atribución excepcional a la Corte, para averiguar hechos que constituyan violaciones graves a las garantías individuales. Tres veces lo ha hecho el pleno: en el caso mencionado de Aguas Blancas, en el de Lydia Cacho sometida a atrocidades en Puebla, y en el de Atenco, donde las policías federal y mexiquense atropellaron a ciudadanos indefensos lo mismo que a presuntos responsables de delitos. La Corte se basó para su intervención en ese último caso en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los responsables últimos de las acciones policiales, el gobernador Enrique Peña Nieto y el secretario federal de Seguridad Pública, hoy procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. El ministro Silva Meza propuso anteayer seguir el mismo camino, que implica dar por sabidas las violaciones y sólo indagar su causa y sus protagonistas. Hoy el pleno resolverá la cuestión y es difícil que rehuya intervenir en el caso. El azar ha hecho que la decisión judicial se adopte exactamente un año después de que se concretó la demanda popular de que el Gobernador se retire.
El 22 de mayo de 2006 miembros de la Sección 22 del sindicato nacional del magisterio instalaron campamentos de protesta en el Centro Histórico de Oaxaca. Desde dos décadas atrás, la protesta magisterial en pos de mejores ingresos se había convertido en una suerte de acontecimiento de temporada, el dispositivo desplegado cada mayo para encontrar respuestas a sus demandas. Esta vez, sin embargo, se había añadido una que no estaba a la mano del Gobierno Estatal resolver, la rezonificación salarial, es decir la homologación de la paga a los maestros con la que se cubría a sus iguales en entidades vecinas como Chiapas. El Gobierno Federal, no obstante que el pedido le concernía directamente, se desentendió de él y estimó que la protesta magisterial atañía sólo al gobierno oaxaqueño.
Llegado a la gubernatura entre protestas en diciembre de 2004, y envalentonado por su proximidad al candidato presidencial priista Roberto Madrazo, Ruiz necesitaba evitar que se frustrara su esperada contribución al volumen de votos que Madrazo requería para abandonar la distante tercera posición que le auguraban las encuestas. Por lo tanto resolvió cortar de tajo la movilización de la 22, y envió a la Policía a desalojar sus campamentos el 14 de junio, tres semanas antes de la jornada electoral federal. La operación fracasó, no obstante el despliegue de fuerza, y al cabo de esa violenta jornada la protesta del magisterio estaba de nuevo vigente. A los reanudados plantones se unieron, además, grupos y movimientos que a partir de esa fecha constituyeron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oxaca (APPO) cuya demanda principal era entonces y es hoy el retiro de Ruiz.
El dos de julio alimentó esa expectativa pues más todavía que su candidato, sin serlo el gobernador quedó derrotado. Aunque se salvó de ser allí tercero como en casi todo el resto de la República, Madrazo fue superado con doscientos mil votos por López Obrador; Gabino Cue, contendiente de Ruiz en 2004, fue elegido senador y el PRI retuvo sólo dos de los once distritos federales de la entidad. Paradójicamente, esa flaqueza se convirtió en fortaleza a causa de la impugnación electoral planteada por López Obrador. Ante los pedidos y presiones federales para que se marchara tal como lo exigía la APPO, Ruiz expuso la teoría del dominó: si él caía, otros, incluido Calderón en diciembre, caerían también. Y hasta amenazó claramente con aliarse a López Obrador en su protesta contra el fraude electoral. Consiguió de ese modo congelar los intentos de echarlo del cargo y aun que se le confirmara en él. Con el voto de su partido y el del PAN, el Gobernador quedó a salvo cuando el Senado negó que hubieran desaparecido los poderes y fuera necesario nombrar un gobernador provisional. Mientras más se aproximaba la toma de posesión presidencial y más necesario se hacía el PRI para ese momento y para gobernar, más nítido se hizo el apoyo federal a Ruiz. El 29 de octubre fue enviada la Policía Federal Preventiva para apuntalarlo, y a la razzia de un mes más tarde, practicada en coalición con la Policía estatal, siguió la aceptación de Fox de recibir en cárceles federales a opositores del Gobernador, como si fueran delincuentes feroces.
Sí lo eran, en cambio, según la CNDH, “autoridades y servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal” que violaron, “por acción u omisión...los derechos relativos a la libertad, a la seguridad pública y a la integridad personal, a la propiedad y la posesión, a la legalidad y a la seguridad jurídica y a la vida de 20 personas”.
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