Luis Javier Garrido
El rechazo del gobierno a acatar el llamado que le hiciera el Congreso para dejar de utilizar de manera anticonstitucional al Ejército (24 de mayo), y el aval a todas estas políticas por los gobernadores de la Conago (29 de mayo), no hace más que llevar al país a una situación de ilegalidad.
1. La decisión no sorprende en absoluto puesto que resulta absurdo suponer que un gobierno de facto, surgido de un fraude electoral que quebrantó el orden constitucional, como lo demuestra el abogado Julio Scherer Ibarra en La guerra sucia de 2006, el libro que publicará junto con el periodista Jenaro Villamil (Grijalbo, 2007), y que pretende además tener como objetivo central desmantelar precisamente a esa Constitución, iba a buscar respetar el orden que pretende destruir, pero no puede, sin embargo ignorarse la gravedad de la situación a la que se ha llevado a México.
2. Las políticas neoliberales aspiran a sustentarse en la lógica del capital que busca la desregulación de los órdenes jurídicos nacionales y preconizan, por lo mismo, los acuerdos en vez del respeto a la ley, y esto en México ha llevado a una situación crítica, pues cuando se quiebra el "acuerdo en lo fundamental" que sustenta un orden constitucional no hay ya Estado y se vive en la barbarie.
3. La supuesta "guerra" de Calderón contra los narcos busca, como se sabe, hacerlo aparecer como el líder de una cruzada con el fin de legitimarlo, a la vez que crear un escenario de caos para permitirle imponer las contrarreformas neoliberales, pero en los hechos sólo ha llevado al país a un baño de sangre, a que el Ejército se siga desprestigiando y a evidenciar la corrupción del régimen cuyas estructuras financieras, burocráticas y de seguridad se encuentran penetradas por el narcopoder. De ahí que resulte ridícula la afirmación de Calderón del miércoles 31 de que ha "recuperado el control territorial del Estado".
4. Un gobierno que viola de manera continua e impune la Constitución, confiado en contar con el aval de "la clase política" y con el silencio cómplice de los tribunales, evidencia la quiebra moral del régimen, abre la vía a la violencia y se autocondena al fracaso, pues estará sometido siempre a quienes le permitieron instalarse en el poder.
5. La ilegalidad golpista con la que Calderón llegó al cargo que ostenta va a seguir siendo motivo de su debilidad en el tiempo que dure en Los Pinos, y en consecuencia de sus actos de sumisión a los poderes de facto y en especial al PRI salinista. Esto se está evidenciando ya con la lógica decidida por sus estrategas españoles Solá y Mouriño para las elecciones de Yucatán del 20 de mayo al crearse desde el gobierno las condiciones para la victoria de la candidata del PRI, es decir, para dejar perder una batalla a su partido a fin de ganar él la supuesta guerra que libra por su supervivencia en el cargo, con el argumento de que lo hace por el proyecto global al tratar de hacer aprobar el "paquete estratégico".
6. La lógica del think tank de los asesores extranjeros de Calderón es muy clara: cederles incluso la plaza a los priístas para poder salvarse él, como se lo reprochaba Manuel Espino (presidente nacional del PAN).
7. El propio Calderón está consciente de la ilegalidad con la que ocupa el cargo, de las acciones anticonstitucionales de su gobierno, y de su dependencia a los poderes que del exterior e interior del país lo están utilizando como un títere, y de ahí su insistencia en reiterar, como hizo el día 30, que "en México manda el Estado, no los poderes de facto". El Estado, habría que recordarle, es el orden jurídico, no el gobierno ni mucho menos los actos ilegales de prepotencia y de violencia de los militares.
8. Las advertencias de lo que viene se la seguirán haciendo a Calderón sus propios "aliados", es decir, aquellos que lo ven como su pelele. Roberto Madrazo (ex candidato presidencial del PRI) puso énfasis hace unos días al presentar su libro La traición en el hecho de que tras la elección del 2 de julio "tenía todos los elementos para anularla" por la magnitud del fraude, y de que a pesar de que López Obrador lo invitó a apoyar la exigencia del "voto por voto" no había aceptado "para no llevar al país al caos", por lo que estimaba que Calderón se la debía, aunque aclaró que no lo había hecho "por él", sino "por el país", sin precisar si en tal decisión obedeció órdenes de Salinas, según reportó Milenio Diario el jueves 31.
9. El de Calderón es un gobierno de facto y no de derecho, no nada más por su origen, sino también por sus actos, y la responsabilidad de muchos actores políticos para rencauzar a México y evitar se haga más crítica la situación, que es muy grande.
10. En un régimen en el que en cuestiones de enorme gravedad un gobierno que es ilegítimo viola impunemente la Constitución, lo hace avalado por "la clase política" y ante el silencio de la Suprema Corte, que tiene la obligación de velar por la constitucionalidad no sólo de las leyes, sino también de los actos de la administración, y en donde además las políticas oficiales buscan entregar los recursos estratégicos de la nación al extranjero y cancelarle derechos al pueblo, el país se halla fuera del marco legal y se torna legítima toda forma de lucha.
El rechazo del gobierno a acatar el llamado que le hiciera el Congreso para dejar de utilizar de manera anticonstitucional al Ejército (24 de mayo), y el aval a todas estas políticas por los gobernadores de la Conago (29 de mayo), no hace más que llevar al país a una situación de ilegalidad.
1. La decisión no sorprende en absoluto puesto que resulta absurdo suponer que un gobierno de facto, surgido de un fraude electoral que quebrantó el orden constitucional, como lo demuestra el abogado Julio Scherer Ibarra en La guerra sucia de 2006, el libro que publicará junto con el periodista Jenaro Villamil (Grijalbo, 2007), y que pretende además tener como objetivo central desmantelar precisamente a esa Constitución, iba a buscar respetar el orden que pretende destruir, pero no puede, sin embargo ignorarse la gravedad de la situación a la que se ha llevado a México.
2. Las políticas neoliberales aspiran a sustentarse en la lógica del capital que busca la desregulación de los órdenes jurídicos nacionales y preconizan, por lo mismo, los acuerdos en vez del respeto a la ley, y esto en México ha llevado a una situación crítica, pues cuando se quiebra el "acuerdo en lo fundamental" que sustenta un orden constitucional no hay ya Estado y se vive en la barbarie.
3. La supuesta "guerra" de Calderón contra los narcos busca, como se sabe, hacerlo aparecer como el líder de una cruzada con el fin de legitimarlo, a la vez que crear un escenario de caos para permitirle imponer las contrarreformas neoliberales, pero en los hechos sólo ha llevado al país a un baño de sangre, a que el Ejército se siga desprestigiando y a evidenciar la corrupción del régimen cuyas estructuras financieras, burocráticas y de seguridad se encuentran penetradas por el narcopoder. De ahí que resulte ridícula la afirmación de Calderón del miércoles 31 de que ha "recuperado el control territorial del Estado".
4. Un gobierno que viola de manera continua e impune la Constitución, confiado en contar con el aval de "la clase política" y con el silencio cómplice de los tribunales, evidencia la quiebra moral del régimen, abre la vía a la violencia y se autocondena al fracaso, pues estará sometido siempre a quienes le permitieron instalarse en el poder.
5. La ilegalidad golpista con la que Calderón llegó al cargo que ostenta va a seguir siendo motivo de su debilidad en el tiempo que dure en Los Pinos, y en consecuencia de sus actos de sumisión a los poderes de facto y en especial al PRI salinista. Esto se está evidenciando ya con la lógica decidida por sus estrategas españoles Solá y Mouriño para las elecciones de Yucatán del 20 de mayo al crearse desde el gobierno las condiciones para la victoria de la candidata del PRI, es decir, para dejar perder una batalla a su partido a fin de ganar él la supuesta guerra que libra por su supervivencia en el cargo, con el argumento de que lo hace por el proyecto global al tratar de hacer aprobar el "paquete estratégico".
6. La lógica del think tank de los asesores extranjeros de Calderón es muy clara: cederles incluso la plaza a los priístas para poder salvarse él, como se lo reprochaba Manuel Espino (presidente nacional del PAN).
7. El propio Calderón está consciente de la ilegalidad con la que ocupa el cargo, de las acciones anticonstitucionales de su gobierno, y de su dependencia a los poderes que del exterior e interior del país lo están utilizando como un títere, y de ahí su insistencia en reiterar, como hizo el día 30, que "en México manda el Estado, no los poderes de facto". El Estado, habría que recordarle, es el orden jurídico, no el gobierno ni mucho menos los actos ilegales de prepotencia y de violencia de los militares.
8. Las advertencias de lo que viene se la seguirán haciendo a Calderón sus propios "aliados", es decir, aquellos que lo ven como su pelele. Roberto Madrazo (ex candidato presidencial del PRI) puso énfasis hace unos días al presentar su libro La traición en el hecho de que tras la elección del 2 de julio "tenía todos los elementos para anularla" por la magnitud del fraude, y de que a pesar de que López Obrador lo invitó a apoyar la exigencia del "voto por voto" no había aceptado "para no llevar al país al caos", por lo que estimaba que Calderón se la debía, aunque aclaró que no lo había hecho "por él", sino "por el país", sin precisar si en tal decisión obedeció órdenes de Salinas, según reportó Milenio Diario el jueves 31.
9. El de Calderón es un gobierno de facto y no de derecho, no nada más por su origen, sino también por sus actos, y la responsabilidad de muchos actores políticos para rencauzar a México y evitar se haga más crítica la situación, que es muy grande.
10. En un régimen en el que en cuestiones de enorme gravedad un gobierno que es ilegítimo viola impunemente la Constitución, lo hace avalado por "la clase política" y ante el silencio de la Suprema Corte, que tiene la obligación de velar por la constitucionalidad no sólo de las leyes, sino también de los actos de la administración, y en donde además las políticas oficiales buscan entregar los recursos estratégicos de la nación al extranjero y cancelarle derechos al pueblo, el país se halla fuera del marco legal y se torna legítima toda forma de lucha.
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