México, DF, 11 de abril de 2007.
Servicio informativo núm. 59
LAS VOCES LEGÍTIMAS
Distintos secretarios del gabinete legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, así como políticos afines a su gobierno, han estado presentes en estos días, con sus opiniones, en las páginas de la prensa mexicana, abordando diversos temas.
Servicio de Noticias ISA recoge aquí los aspectos más destacados que han quedado plasmados en esos espacios editoriales.
El lunes pasado, Gustavo Iruegas, secretario de Relaciones Internacionales del gobierno lopezobradorista, publicó en el diario La Jornada su artículo “Sin tiempo para las armas”, en el que, ante los llamados a que la movilización popular vaya más lejos en sus acciones contra el gobierno de facto de Felipe Calderón, se pregunta: ¿Cómo y cuánto?
Iruegas comienza apuntando: “No son pocos quienes consideran que, ante la desmedida voracidad de la oligarquía y de su gobierno de facto, ya es necesario que el pueblo tome medidas más enérgicas para someterlos. Se reconoce, sin embargo, que el día primero de diciembre las cosas estaban encaminadas a una masacre sin precedente en la historia de México. Se habían aprestado las instituciones armadas contra el pueblo enardecido, pero inerme. No se sugiere la lucha armada ni se hacen planteamientos desmesurados, pero se insiste en la necesidad de ir más lejos en la movilización popular”.
Con estos prolegómenos, el diplomático, conocedor por su profesión de la historia de los grupos revolucionarios en América Latina y observador cercano de los actuales avances electorales de la izquierda en la región, afirma que el caso de las luchas populares en México “es excepcional”.
“Resistiendo a un gobierno adulterino y procaz, que tiene su leitmotiv en la corrupción, que sirve a una oligarquía asociada a intereses extranjeros, esta lucha es singular: el objetivo es construir una nueva República basada en la ética, la democracia y la justicia; el método es el de la resistencia pacífica; activa, tenaz, intransigente; los instrumentos de lucha —la información, la opinión, la gestión, la administración y la oposición— son también los campos en disputa. Pero la movilización popular es el arma por excelencia de los movimientos de resistencia”.
Para Gustavo Iruegas, la movilización popular encierra diversas líneas de actuación: “las marchas de protesta sirven para demostrar la unidad en el rechazo; las concentraciones atestiguan la capacidad de convocatoria, facilitan la arenga, propician la consigna y alimentan el espíritu de lucha; los plantones obligan a la autoridad y a la oligarquía a reconocer la existencia y soportar la presencia de los resistentes; la interrupción de vías de comunicación exacerba el enojo de las autoridad y de las elites; la ocupación de espacios públicos y de locales sedes de autoridades espurias interrumpe el despacho corriente de los asuntos y demerita el desempeño de quienes detentan la autoridad; el cierre de aduanas, aeropuertos, refinerías, pozos petroleros, secretarías de Estado, juzgados y otros sitios de esa clase impiden, en la práctica, el ejercicio del gobierno. Hay otras muchas formas de resistencia, todas pacíficas, muchas en el borde de la ley, pero dentro de sus márgenes. La imaginación es el límite”.
Finalmente, el secretario de Relaciones Internacionales del gabinete legítimo concluye: “Se debe combatir con las armas propias, que son también las más poderosas: la razón, la verdad, la ética, la presencia y la intransigencia. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para las armas”.
Ese mismo día, Rogelio Ramírez de la O, asesor en materia económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, abordó en su espacio editorial del periódico El Universal el controvertido tema de los nichos de contribuyentes que una reforma fiscal debe privilegiar: ¿a los consumidores de acuerdo con lo que consuman o a los empresarios de acuerdo con sus ingresos?
“La pregunta que debe contestar el Congreso —señala Rogelio Ramírez— en la próxima discusión sobre reforma fiscal es si quiere afectar a los consumidores de ingresos bajos y medios o a los causantes de mayores ingresos. Éstos no sólo son grupos sociales distintos, sino que están en los extremos opuestos de la distribución del ingreso. Hay que adelantar que gravar el consumo necesariamente significa aplicar el IVA a alimentos y medicinas, pues hasta hoy estos productos disfrutan de una tasa cero. La propuesta del PAN (Partido Acción Nacional, en el gobierno) ha sido desde 2001 extender la tasa de IVA de 15% a todos los productos que hoy tienen tasa cero. Lo intentó en 2001 y en 2003, pero sin éxito por la oposición del Congreso, siendo decisivo para ello el grupo opositor del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Si ahora el PRI apoyara esta propuesta, tendría que explicar por qué hoy aprueba lo que en 2001 y 2003 reprobó”.
Para definir a quién gravar, el asesor económico lopezobradorista elabora varias preguntas con sus respectivas respuestas. “¿Quién está contribuyendo? El auditor fiscal de la Federación acaba de informar que en 2006 las retenciones hechas a asalariados representaron 46% de los pagos de ISR (impuesto sobre la renta), en tanto que los pagos de las empresas representaron 39%. Los asalariados pagaron 33 mil millones de pesos más que las empresas. La distribución de esta carga está en sentido inverso a la distribución del ingreso entre trabajadores y empresas. Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), el factor trabajo recibe 30% del ingreso nacional, en tanto que las empresas reciben 59.4%. Las proporciones de ingreso nacional entre trabajadores y empresas son en la mayor parte de los países de la OCDE consistentes con las proporciones de carga fiscal, pero no así en México”.
Segunda pregunta: ¿por qué la participación de las empresas es tan baja? “La respuesta está en varias facilidades en la ley que les permiten reducir su carga fiscal efectiva o, en lenguaje técnico, diferir el pago de impuestos. Estas facilidades han sido creadas a lo largo de décadas y su justificación aparente es estimular la inversión. Pero no hay evidencia de que estas facilidades hayan hecho que la inversión salte, pues de haberlo hecho habría mucho mayor crecimiento. Sin embargo, el crecimiento de los últimos seis años de 2.5% por año no da ningún apoyo a esta tesis. Más importante aún, no porque haya mayores estímulos fiscales habrá mayor inversión. Por el contrario, dichos estímulos son una distorsión aun mayor que la distorsión de la tasa cero del IVA en medicinas y alimentos”.
La tercera interrogante que plantea Ramírez de la O es: ¿estas facilidades en la ley pueden eliminarse sin causar un colapso de la inversión? “La respuesta es que la inversión no ha dependido de tales facilidades, sino de las perspectivas de crecimiento del mercado”. Y una cuarta pregunta: ¿la eliminación de estas facilidades podría contribuir más a los ingresos que el IVA en medicinas y alimentos? “La respuesta está en la estimación oficial del costo de las facilidades fiscales, de 5.4% del PIB, o cerca de 310 mil millones de pesos. De éstos, 58% son facilidades para ISR y 36% son facilidades para IVA. De las primeras, las mayores (35% de todo el gasto fiscal) son para las empresas y 23% son para las personas físicas”.
Con estas consideraciones, el economista y asesor del gabinete legítimo concluye: “Hay entonces razones para que quienes no están de acuerdo con el IVA en medicinas y alimentos hagan una propuesta nueva y distinta a la que se ha hecho rutinariamente. De paso, apoyarían a los grupos de ingreso bajo y medio que más sufrirían con el IVA o la tasa exenta. Las facilidades a final de cuentas son privilegios. Debemos decidir si queremos privilegios para los grandes grupos o para los consumidores más modestos”.
El mismo lunes, Mario Di Constanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno de López Obrador se estrenó como articulista del diario La Jornada con su artículo “Los diputados y la ASF, obligados a actuar”. Refiere en él el cúmulo de irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado al analizar el gasto público correspondiente al año 2005y enfatiza el hecho de que si no se quiere que los informes de la ASF se queden en simples papeles, el Poder Legislativo debe actuar para que se sancionen y castiguen dichas irregularidades.
Di Constanzo apoya su demanda en la propia legislación vigente, “en virtud de que los artículos 45 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior facultan y obligan a la Auditoría Superior de la Federación a presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar, si sus observaciones no son corregidas en 45 días”.
El funcionario lopezobradorista argumenta la gravedad de las irregularidades encontradas como razón que permite pensar que en esos 45 días no se habrá corregido anomalía alguna, por lo que es de prever que en apego a la ley, las denuncias correspondientes se justifiquen. Y concluye: “Así, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la Federación deben empezar a actuar para que ello no nada más se quede en una serie de hallazgos que se han vuelto comunes cada vez que la ASF entrega sus informes, sin que los funcionarios sean castigados”.
Un día después, el martes 11 de abril, la senadora de la República y luchadora social por la defensa de los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, dedicó su espacio de opinión del periódico El Universal al tema de los accidentes de trabajo en el medio laboral mexicano. Doña Rosario apuntó que “en 2005 hubo nada menos que 302 mil accidentes de ese tipo, y que el mismo año, 3 mil 594 empleados sufrieron la amputación de un miembro, debido a accidentes de trabajo. Conocemos también —agregó— la negligencia criminal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la que poco o nada le importan dichos accidentes, y a quien lo dude le recordamos un caso reciente: Pasta de Conchos.
¿Cómo es posible que con los presupuestos tan grandes que se dan para todo lo que quieren tengan “solamente 313 inspectores para monitorear 815 mil centros de trabajo”?, se preguntó la senadora para agregar: “aparte de la incapacidad numérica (llamémosla así) de los inspectores, está lo otro, lo endémico, la corrupción de ambos bandos, la del que da y la del que recibe: el inmoral empresario (esto lo digo yo) que ‘gratifica’ y el inspector que en reciprocidad de igual inmoralidad, sin importar a ambos la seguridad y la vida de los trabajadores, tejen la trama siniestra que puede llevarlos hasta la muerte”.
“En el colmo de la inmoralidad —concluye—, el mal gobierno se jacta de ‘los bajos índices’ de accidentes laborales. Presume que México está por debajo de países europeos, aunque sabe muy bien que las empresas no informan de dichos accidentes.¡Y aún falta, y es bueno saberlo y recalcarlo! Quiero transcribir lo que afirmó una destacada investigadora y que fue publicado en la nota a la que hice referencia al inicio de estas líneas: ‘Las empresas que serán inspeccionadas son notificadas 24 horas antes. De esta forma se previenen y dejan de utilizar maquinaria insegura, solicitan al personal utilizar todos los aditamentos necesarios y hasta barren’”.
Finalmente, el día de hoy, Alejandro Encinas, ex alcalde de la Ciudad de México, sucesor en ese cargo de López Obrador y cercano a él en todo el periodo de luchas recientes, publica en El Universal una reflexión sobre los retos que su partido, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene en puerta, ante la cercanía de su X Congreso Nacional.
Encinas, quien recientemente ha sido señalado como “candidato natural” a presidir al PRD, señala: “Un tema nodal consiste en definir las bases que sustentarán el nuevo perfil partidario que permita diversificar su actividad política y retomar la iniciativa en el despliegue de acciones en el conjunto de la sociedad y en distintos frentes gremiales, para desde ahí capitalizar los avances alcanzados y refundar una organización de izquierda capaz de conducir los destinos del país. Refundar al PRD significa recuperar el espíritu democrático que le dio origen. Esto representa poner en juego todas sus capacidades y fuerza para lograr una transformación radical de las instituciones que sustentan al actual régimen”.
Para Alejandro Encinas: la disyuntiva del perredismo radica en que su próximo Congreso se avoque a “la discusión de su línea política, principios, programa y estatutos” o bien que “dicho evento se constituya en una medición de fuerzas entre las distintas corrientes políticas en vísperas de la renovación de su dirigencia nacional”.
“El primer escenario implica no solamente que los trabajos preparatorios abran al conjunto del partido —como hace tiempo no sucede— un debate real sobre los cambios que requieren su línea política y su vida interna, sino, además, que los órganos de dirección del partido definan qué tipo de congreso se pretende celebrar y cuáles son los acuerdos básicos que se espera alcanzar”, opina Encinas, aunque reconoce que dicha situación “se antoja difícil, pues a cuatro meses de su realización no se ve una discusión organizada —salvo algunas iniciativas de las direcciones del DF y otras entidades— y los esfuerzos partidarios se han orientado de nuevo a fortalecer las corrientes internas mediante las tareas de afiliación o en el mejor de los casos a la discusión de sus posicionamientos particulares, lo cual en sí mismo no es de lamentar, sino que suplanta de nueva cuenta el papel que debería cumplir la dirección partidaria”.
El reconocido dirigente perredista concluye su análisis señalando: “Craso error sería hacer del X Congreso Nacional una arena de medición de fuerzas, poniendo en el centro la disputa por la presidencia del partido. Ello haría perder una oportunidad para llevar a cabo las transformaciones necesarias y vulneraría aún más su precaria vida institucional y su unidad interna. Llegará el momento de elegir la nueva dirección política, donde el reto será lograr un proceso en el que participe en condiciones de equidad el conjunto de la militancia y construir una mayoría fuerte e incluyente que, reconociendo la diversidad del partido, le dé conducción. El asunto no es debatir quién va a llegar a la dirección del partido, sino qué tipo de partido se requiere y a dónde queremos que se dirija”.
He ahí, las voces legítimas de esta semana.
Servicio informativo núm. 59
LAS VOCES LEGÍTIMAS
Distintos secretarios del gabinete legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, así como políticos afines a su gobierno, han estado presentes en estos días, con sus opiniones, en las páginas de la prensa mexicana, abordando diversos temas.
Servicio de Noticias ISA recoge aquí los aspectos más destacados que han quedado plasmados en esos espacios editoriales.
El lunes pasado, Gustavo Iruegas, secretario de Relaciones Internacionales del gobierno lopezobradorista, publicó en el diario La Jornada su artículo “Sin tiempo para las armas”, en el que, ante los llamados a que la movilización popular vaya más lejos en sus acciones contra el gobierno de facto de Felipe Calderón, se pregunta: ¿Cómo y cuánto?
Iruegas comienza apuntando: “No son pocos quienes consideran que, ante la desmedida voracidad de la oligarquía y de su gobierno de facto, ya es necesario que el pueblo tome medidas más enérgicas para someterlos. Se reconoce, sin embargo, que el día primero de diciembre las cosas estaban encaminadas a una masacre sin precedente en la historia de México. Se habían aprestado las instituciones armadas contra el pueblo enardecido, pero inerme. No se sugiere la lucha armada ni se hacen planteamientos desmesurados, pero se insiste en la necesidad de ir más lejos en la movilización popular”.
Con estos prolegómenos, el diplomático, conocedor por su profesión de la historia de los grupos revolucionarios en América Latina y observador cercano de los actuales avances electorales de la izquierda en la región, afirma que el caso de las luchas populares en México “es excepcional”.
“Resistiendo a un gobierno adulterino y procaz, que tiene su leitmotiv en la corrupción, que sirve a una oligarquía asociada a intereses extranjeros, esta lucha es singular: el objetivo es construir una nueva República basada en la ética, la democracia y la justicia; el método es el de la resistencia pacífica; activa, tenaz, intransigente; los instrumentos de lucha —la información, la opinión, la gestión, la administración y la oposición— son también los campos en disputa. Pero la movilización popular es el arma por excelencia de los movimientos de resistencia”.
Para Gustavo Iruegas, la movilización popular encierra diversas líneas de actuación: “las marchas de protesta sirven para demostrar la unidad en el rechazo; las concentraciones atestiguan la capacidad de convocatoria, facilitan la arenga, propician la consigna y alimentan el espíritu de lucha; los plantones obligan a la autoridad y a la oligarquía a reconocer la existencia y soportar la presencia de los resistentes; la interrupción de vías de comunicación exacerba el enojo de las autoridad y de las elites; la ocupación de espacios públicos y de locales sedes de autoridades espurias interrumpe el despacho corriente de los asuntos y demerita el desempeño de quienes detentan la autoridad; el cierre de aduanas, aeropuertos, refinerías, pozos petroleros, secretarías de Estado, juzgados y otros sitios de esa clase impiden, en la práctica, el ejercicio del gobierno. Hay otras muchas formas de resistencia, todas pacíficas, muchas en el borde de la ley, pero dentro de sus márgenes. La imaginación es el límite”.
Finalmente, el secretario de Relaciones Internacionales del gabinete legítimo concluye: “Se debe combatir con las armas propias, que son también las más poderosas: la razón, la verdad, la ética, la presencia y la intransigencia. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para las armas”.
Ese mismo día, Rogelio Ramírez de la O, asesor en materia económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, abordó en su espacio editorial del periódico El Universal el controvertido tema de los nichos de contribuyentes que una reforma fiscal debe privilegiar: ¿a los consumidores de acuerdo con lo que consuman o a los empresarios de acuerdo con sus ingresos?
“La pregunta que debe contestar el Congreso —señala Rogelio Ramírez— en la próxima discusión sobre reforma fiscal es si quiere afectar a los consumidores de ingresos bajos y medios o a los causantes de mayores ingresos. Éstos no sólo son grupos sociales distintos, sino que están en los extremos opuestos de la distribución del ingreso. Hay que adelantar que gravar el consumo necesariamente significa aplicar el IVA a alimentos y medicinas, pues hasta hoy estos productos disfrutan de una tasa cero. La propuesta del PAN (Partido Acción Nacional, en el gobierno) ha sido desde 2001 extender la tasa de IVA de 15% a todos los productos que hoy tienen tasa cero. Lo intentó en 2001 y en 2003, pero sin éxito por la oposición del Congreso, siendo decisivo para ello el grupo opositor del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Si ahora el PRI apoyara esta propuesta, tendría que explicar por qué hoy aprueba lo que en 2001 y 2003 reprobó”.
Para definir a quién gravar, el asesor económico lopezobradorista elabora varias preguntas con sus respectivas respuestas. “¿Quién está contribuyendo? El auditor fiscal de la Federación acaba de informar que en 2006 las retenciones hechas a asalariados representaron 46% de los pagos de ISR (impuesto sobre la renta), en tanto que los pagos de las empresas representaron 39%. Los asalariados pagaron 33 mil millones de pesos más que las empresas. La distribución de esta carga está en sentido inverso a la distribución del ingreso entre trabajadores y empresas. Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), el factor trabajo recibe 30% del ingreso nacional, en tanto que las empresas reciben 59.4%. Las proporciones de ingreso nacional entre trabajadores y empresas son en la mayor parte de los países de la OCDE consistentes con las proporciones de carga fiscal, pero no así en México”.
Segunda pregunta: ¿por qué la participación de las empresas es tan baja? “La respuesta está en varias facilidades en la ley que les permiten reducir su carga fiscal efectiva o, en lenguaje técnico, diferir el pago de impuestos. Estas facilidades han sido creadas a lo largo de décadas y su justificación aparente es estimular la inversión. Pero no hay evidencia de que estas facilidades hayan hecho que la inversión salte, pues de haberlo hecho habría mucho mayor crecimiento. Sin embargo, el crecimiento de los últimos seis años de 2.5% por año no da ningún apoyo a esta tesis. Más importante aún, no porque haya mayores estímulos fiscales habrá mayor inversión. Por el contrario, dichos estímulos son una distorsión aun mayor que la distorsión de la tasa cero del IVA en medicinas y alimentos”.
La tercera interrogante que plantea Ramírez de la O es: ¿estas facilidades en la ley pueden eliminarse sin causar un colapso de la inversión? “La respuesta es que la inversión no ha dependido de tales facilidades, sino de las perspectivas de crecimiento del mercado”. Y una cuarta pregunta: ¿la eliminación de estas facilidades podría contribuir más a los ingresos que el IVA en medicinas y alimentos? “La respuesta está en la estimación oficial del costo de las facilidades fiscales, de 5.4% del PIB, o cerca de 310 mil millones de pesos. De éstos, 58% son facilidades para ISR y 36% son facilidades para IVA. De las primeras, las mayores (35% de todo el gasto fiscal) son para las empresas y 23% son para las personas físicas”.
Con estas consideraciones, el economista y asesor del gabinete legítimo concluye: “Hay entonces razones para que quienes no están de acuerdo con el IVA en medicinas y alimentos hagan una propuesta nueva y distinta a la que se ha hecho rutinariamente. De paso, apoyarían a los grupos de ingreso bajo y medio que más sufrirían con el IVA o la tasa exenta. Las facilidades a final de cuentas son privilegios. Debemos decidir si queremos privilegios para los grandes grupos o para los consumidores más modestos”.
El mismo lunes, Mario Di Constanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno de López Obrador se estrenó como articulista del diario La Jornada con su artículo “Los diputados y la ASF, obligados a actuar”. Refiere en él el cúmulo de irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado al analizar el gasto público correspondiente al año 2005y enfatiza el hecho de que si no se quiere que los informes de la ASF se queden en simples papeles, el Poder Legislativo debe actuar para que se sancionen y castiguen dichas irregularidades.
Di Constanzo apoya su demanda en la propia legislación vigente, “en virtud de que los artículos 45 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior facultan y obligan a la Auditoría Superior de la Federación a presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar, si sus observaciones no son corregidas en 45 días”.
El funcionario lopezobradorista argumenta la gravedad de las irregularidades encontradas como razón que permite pensar que en esos 45 días no se habrá corregido anomalía alguna, por lo que es de prever que en apego a la ley, las denuncias correspondientes se justifiquen. Y concluye: “Así, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la Federación deben empezar a actuar para que ello no nada más se quede en una serie de hallazgos que se han vuelto comunes cada vez que la ASF entrega sus informes, sin que los funcionarios sean castigados”.
Un día después, el martes 11 de abril, la senadora de la República y luchadora social por la defensa de los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, dedicó su espacio de opinión del periódico El Universal al tema de los accidentes de trabajo en el medio laboral mexicano. Doña Rosario apuntó que “en 2005 hubo nada menos que 302 mil accidentes de ese tipo, y que el mismo año, 3 mil 594 empleados sufrieron la amputación de un miembro, debido a accidentes de trabajo. Conocemos también —agregó— la negligencia criminal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la que poco o nada le importan dichos accidentes, y a quien lo dude le recordamos un caso reciente: Pasta de Conchos.
¿Cómo es posible que con los presupuestos tan grandes que se dan para todo lo que quieren tengan “solamente 313 inspectores para monitorear 815 mil centros de trabajo”?, se preguntó la senadora para agregar: “aparte de la incapacidad numérica (llamémosla así) de los inspectores, está lo otro, lo endémico, la corrupción de ambos bandos, la del que da y la del que recibe: el inmoral empresario (esto lo digo yo) que ‘gratifica’ y el inspector que en reciprocidad de igual inmoralidad, sin importar a ambos la seguridad y la vida de los trabajadores, tejen la trama siniestra que puede llevarlos hasta la muerte”.
“En el colmo de la inmoralidad —concluye—, el mal gobierno se jacta de ‘los bajos índices’ de accidentes laborales. Presume que México está por debajo de países europeos, aunque sabe muy bien que las empresas no informan de dichos accidentes.¡Y aún falta, y es bueno saberlo y recalcarlo! Quiero transcribir lo que afirmó una destacada investigadora y que fue publicado en la nota a la que hice referencia al inicio de estas líneas: ‘Las empresas que serán inspeccionadas son notificadas 24 horas antes. De esta forma se previenen y dejan de utilizar maquinaria insegura, solicitan al personal utilizar todos los aditamentos necesarios y hasta barren’”.
Finalmente, el día de hoy, Alejandro Encinas, ex alcalde de la Ciudad de México, sucesor en ese cargo de López Obrador y cercano a él en todo el periodo de luchas recientes, publica en El Universal una reflexión sobre los retos que su partido, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene en puerta, ante la cercanía de su X Congreso Nacional.
Encinas, quien recientemente ha sido señalado como “candidato natural” a presidir al PRD, señala: “Un tema nodal consiste en definir las bases que sustentarán el nuevo perfil partidario que permita diversificar su actividad política y retomar la iniciativa en el despliegue de acciones en el conjunto de la sociedad y en distintos frentes gremiales, para desde ahí capitalizar los avances alcanzados y refundar una organización de izquierda capaz de conducir los destinos del país. Refundar al PRD significa recuperar el espíritu democrático que le dio origen. Esto representa poner en juego todas sus capacidades y fuerza para lograr una transformación radical de las instituciones que sustentan al actual régimen”.
Para Alejandro Encinas: la disyuntiva del perredismo radica en que su próximo Congreso se avoque a “la discusión de su línea política, principios, programa y estatutos” o bien que “dicho evento se constituya en una medición de fuerzas entre las distintas corrientes políticas en vísperas de la renovación de su dirigencia nacional”.
“El primer escenario implica no solamente que los trabajos preparatorios abran al conjunto del partido —como hace tiempo no sucede— un debate real sobre los cambios que requieren su línea política y su vida interna, sino, además, que los órganos de dirección del partido definan qué tipo de congreso se pretende celebrar y cuáles son los acuerdos básicos que se espera alcanzar”, opina Encinas, aunque reconoce que dicha situación “se antoja difícil, pues a cuatro meses de su realización no se ve una discusión organizada —salvo algunas iniciativas de las direcciones del DF y otras entidades— y los esfuerzos partidarios se han orientado de nuevo a fortalecer las corrientes internas mediante las tareas de afiliación o en el mejor de los casos a la discusión de sus posicionamientos particulares, lo cual en sí mismo no es de lamentar, sino que suplanta de nueva cuenta el papel que debería cumplir la dirección partidaria”.
El reconocido dirigente perredista concluye su análisis señalando: “Craso error sería hacer del X Congreso Nacional una arena de medición de fuerzas, poniendo en el centro la disputa por la presidencia del partido. Ello haría perder una oportunidad para llevar a cabo las transformaciones necesarias y vulneraría aún más su precaria vida institucional y su unidad interna. Llegará el momento de elegir la nueva dirección política, donde el reto será lograr un proceso en el que participe en condiciones de equidad el conjunto de la militancia y construir una mayoría fuerte e incluyente que, reconociendo la diversidad del partido, le dé conducción. El asunto no es debatir quién va a llegar a la dirección del partido, sino qué tipo de partido se requiere y a dónde queremos que se dirija”.
He ahí, las voces legítimas de esta semana.
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